Lo verdaderamente escandaloso no es que existan denuncias. Lo escandaloso es que, después de tantos años, todavía tengamos que denunciar las mismas calamidades. Por Miguel Angel Rodríguez, abogado y director de Termómetro Digital. Ciudad de Colón. -Cuando la defensa de la vida de los privados de libertad tiene que llegar a instancias internacionales, algo profundamente grave está ocurriendo con las instituciones nacionales. Hay realidades que avergüenzan a una sociedad y silencios que comprometen a sus gobernantes. Lo que ocurre en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, reúne ambas circunstancias. Durante años, las denuncias sobre las condiciones de reclusión, la precariedad de los servicios sanitarios, las dificultades para recibir atención médica y los riesgos que enfrentan las personas privadas de libertad han formado parte de una realidad que las autoridades conocen, pero que continúa reclamando soluciones estructurales. Lo verdaderamente escandaloso no es que existan denuncias. Lo escandaloso es que, después de tantos años, todavía tengamos que denunciar las mismas calamidades. Y no se trata únicamente de versiones provenientes de familiares o abogados. El propio Ministerio de Salud reconoció, en una comunicación del 3 de octubre de 2026, la existencia de problemas críticos relacionados con la atención médica, los traslados a citas hospitalarias, el saneamiento ambiental y el control de vectores. El 25 de octubre volvió a anunciar coordinaciones para mejorar la atención sanitaria. Reuniones, coordinaciones, compromisos y anuncios. El conocido repertorio burocrático que suele aparecer cuando las deficiencias se vuelven imposibles de ocultar. Pero los enfermos no se curan con reuniones. Los medicamentos no llegan mediante comunicados. Y la dignidad humana no se restablece con fotografías de funcionarios sentados alrededor de una mesa. Hay un antecedente todavía más demoledor. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura documentó condiciones preocupantes en Nueva Esperanza, cuestionó sus condiciones mínimas de habitabilidad y recomendó acelerar la construcción de una nueva cárcel para proceder a la clausura del establecimiento existente. ¿Cuántas advertencias internacionales necesita el Estado panameño para comprender que mantener personas bajo su custodia implica asumir una responsabilidad efectiva por sus vidas? En medio de esta situación, el Frente de Abogados Colonenses (FACOL) ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la información comunicada por la organización, la CIDH ha requerido documentación adicional para evaluar la petición y ha concedido un plazo hasta el 10 de noviembre de 2026. Esta actuación representa una iniciativa institucional que merece atención, no por el protagonismo de quienes la promueven, sino por el problema humanitario que pretende enfrentar. Es importante precisar que solicitar información adicional no equivale a que las medidas cautelares hayan sido otorgadas. Sin embargo, permite avanzar en la documentación de los riesgos denunciados y en la evaluación internacional de su gravedad. Resulta preocupante que la protección de derechos fundamentales tenga que buscar respuestas fuera de nuestras fronteras cuando dentro del país existen autoridades penitenciarias, sanitarias, administrativas y judiciales obligadas a garantizarlos. ¿Dónde están los controles permanentes? ¿Dónde están los informes de seguimiento? ¿Cuántas solicitudes de atención médica permanecen sin respuesta? ¿Cuántos internos esperan tratamientos especializados? ¿Quién verifica que una persona enferma reciba oportunamente los medicamentos prescritos? Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad cuando una omisión institucional termina agravando una enfermedad o poniendo en peligro una vida? Conviene recordar algo que algunos funcionarios parecen olvidar. La privación de libertad no significa privación de humanidad. Una persona condenada pierde su libertad ambulatoria en los términos establecidos por la ley. No pierde su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal ni a recibir un trato digno. Mucho menos puede justificarse que quienes todavía gozan de presunción de inocencia sean sometidos a condiciones incompatibles con las garantías fundamentales que el propio Estado proclama defender. La cárcel no puede convertirse en un mecanismo de castigo adicional, mucho menos en un lugar donde la indiferencia administrativa termine produciendo consecuencias irreparables. Tampoco podemos ignorar la responsabilidad de quienes administran justicia. Los jueces no deberían permanecer indiferentes frente a denuncias sustentadas sobre situaciones que comprometan la integridad de personas sometidas a medidas de detención. La función jurisdiccional no termina con ordenar o mantener una privación de libertad. Los mecanismos de tutela judicial deben conservar eficacia cuando las condiciones materiales del encierro amenazan derechos fundamentales. Aquí tampoco cabe el acostumbrado argumento de la falta de presupuesto. Los problemas económicos pueden explicar determinadas limitaciones, pero jamás justificar la indiferencia frente a necesidades médicas urgentes ni la ausencia de condiciones mínimas de salubridad. En estos días de celebraciones patrias, mientras abundan los discursos sobre nuestra historia republicana, la soberanía y el respeto a las instituciones, sería conveniente recordar que el verdadero patriotismo también consiste en exigir que el Estado respete la dignidad de quienes se encuentran bajo su custodia. Porque una nación no se engrandece únicamente con desfiles, himnos y banderas. También se mide por la manera en que trata a sus ciudadanos más vulnerables. Y pocos ciudadanos son tan vulnerables como aquellos que dependen del Estado incluso para recibir un medicamento, acceder a una consulta médica o conseguir un traslado hospitalario. La iniciativa de FACOL constituye, en ese contexto, una oportunidad para reunir información verificable, identificar situaciones concretas de riesgo y exigir respuestas institucionales que puedan medirse en resultados. Pero no debería ser necesario esperar un pronunciamiento de la CIDH para actuar. Las autoridades panameñas tienen hoy la oportunidad de demostrar que todavía son capaces de responder a sus obligaciones sin necesidad de que un organismo internacional les recuerde lo que establece nuestra propia Constitución. Nueva Esperanza lleva un nombre que contrasta dolorosamente con las denuncias que rodean su realidad. Y mientras las autoridades continúen administrando el problema en lugar de resolverlo, ese nombre seguirá siendo una cruel ironía. Porque el mayor fracaso de un sistema penitenciario no consiste solamente en sus instalaciones deterioradas. Consiste en que el Estado termine acostumbrándose al sufrimiento de las personas que mantiene encerradas. Y cuando eso sucede, la vergüenza ya no está detrás de los barrotes. Está del lado de quienes tienen el poder y la obligación de hacer algo, pero no hacen lo suficiente. Foto: Abogado y autor, Miguel Angel Rodríguez | Termómetro Digtal.

Columna de Opinión | Archivos Abiertos Por:Grisel Bethancourt La tierra tembló y Remance volvió a hablar. No fue el oro enterrado en las montañas de Veraguas lo que salió a la superficie, sino una historia de abandono que Panamá arrastra desde hace casi tres décadas. El terremoto del 9 de octubre provocó un deslizamiento en la antigua explotación minera y dejó al descubierto una deuda ambiental que ningún gobierno había logrado resolver. Se regaron los residuos tóxicos. En agosto de 2022 publiqué en Archivos Abiertos la investigación La mina de oro, donde brilla el silencio de muchos. Documenté los antecedentes de una explotación aurífera que operó entre 1989 y 1999, testimonios sobre derrames tóxicos, mortandad de peces y camarones, y las preocupaciones de comunidades que durante años convivieron con el temor a la contaminación. Remance es una zona rural de difícil acceso. Sus caminos, la pobreza y las necesidades de sus habitantes contrastan con la riqueza que alguna vez salió de aquellas montañas. La explotación terminó, pero no dejó una transformación duradera en las condiciones de vida de la población. El oro salió de Remance. La pobreza permaneció. Hay una frase que recogí en agosto de 2022, durante mi investigación sobre Remance, y que hoy parece cobrar una vigencia inquietante. La ambientalista Raisa Banfield cuestionaba entonces las promesas de desarrollo asociadas a la actividad minera: “No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”. Cuatro años después, aquella observación merece volver al debate. Remance conoció la extracción de oro, pero sus comunidades no experimentaron una transformación duradera de sus condiciones de vida. La riqueza salió de las montañas mientras persistían la pobreza, los caminos difíciles y las necesidades de sus habitantes, así lo percibí en casa de Doña Cristina que resguarda al río Santa María. La protección del territorio también tiene una historia jurídica. En julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el proyecto de ley destinado a proteger la cuenca del río Santa María, pese a las objeciones del entonces presidente Laurentino Cortizo. Posteriormente, la Ley 339 declaró la cuenca Patrimonio Natural Nacional y área protegida. Su régimen legal, modificado en 2024, establece restricciones a la minería metálica y otras actividades que comprometan su conservación. Mientras tanto, Greenfield Resources Inc. buscaba obtener derechos de extracción en Remance. Su estudio de impacto ambiental fue rechazado y, posteriormente, tampoco prosperó la solicitud de concesión minera. Se cerró una puerta a la explotación, pero nadie había cerrado la herida ambiental. El 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente anunció un plan de remediación. Reconoció que Remance llevaba 27 años abandonada, sin cierre formal, y reportó presencia de metales en el suelo y elevados niveles de coliformes fecales en muestras de agua cruda. Aunque estos resultados aún no prueban del todo que el terremoto haya provocado un derrame de sustancias tóxicas hacia las fuentes hídricas, sí exigen una investigación ambiental rigurosa y resultados públicos. Porque la contaminación siempre estuvo latente. Tuvieron que transcurrir casi tres décadas y ocurrir un terremoto para que se anunciara una intervención. Y ahora preguntemos, ¿Quién fiscalizó la mina? ¿Quién debía garantizar su cierre? ¿Qué responsabilidad corresponde a los antiguos operadores y a las instituciones del Estado? Remance obliga a mirar hacia Donoso, donde el futuro de Cobre Panamá sigue rodeado de controversias. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestionó el informe gubernamental sobre el cierre minero y advirtió sobre los riesgos de vincular ese proceso con la continuidad de operaciones. La falta de información pública suficiente sobre las decisiones y sus consecuencias alimenta la desconfianza. Las comunidades necesitan conocer los estudios, las obligaciones de las empresas y las garantías ambientales que acompañarán cualquier decisión. Una decisión que está lastimosamente en manos de un solo actor: el presidente. Ahora, cuando se discute el futuro de Cobre Panamá, en Donoso, la pregunta de fondo sigue pendiente, queremos saber, dónde están los estudios que demuestren cuánto bienestar dejó la minería en las comunidades y qué costos ambientales tendrán que asumir cuando las operaciones terminen. El terremoto no creó la deuda ambiental de Remance. La dejó expuesta. El país tiene ante sí una oportunidad para exigir responsabilidades antes de que el abandono vuelva a convertirse en herencia. Remance no es solamente el pasado de la minería panameña. Puede ser el espejo donde Donoso termine mirándose. Foto Archivo.

La minería en Panamá en el primer trimestre de 2022 presentó un aumento en su valor agregado bruto de 9.2 por ciento, sus actividades como la concesión en Remance en Veraguas se desarrolla en comunidades con grave signos de pobreza. El oro es mudo testigo de las grandes concesiones mineras y las instituciones prefieren guardar silencio ante la Ley No. 171 y nuevos estilos de gobernanza ambiental. Por Grisel Bethancourt El 4 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó la protección ambiental del Río Santa María, el fallo correspondía a una demanda contra la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo que había objetado por inexequible (inconstitucional) la Ley No. 171 aprobada por la Asamblea Nacional; el alcance de la decisión en el artículo 8, prohíbe los estudios de exploración minera, de hidroeléctricas y cualquier actividad que afecte la cuenca hidrográfica. El fallo fue celebrado en La Gorda en Veraguas, poblado donde reside doña Cristina de Hernández, miembro del Comité Campesino de Remance, que prefiere la conservación del río Santa María y rechaza toda actividad minera. En el lugar perteneciente al distrito de San Francisco de la Montaña, opera la concesión minera del Estado identificada como Greenfield Mining, para la extracción metálica de minerales (oro y otros). El distrito de Remance es el epicentro del proyecto de minería promovido por la empresa Greenfield Resources Inc., donde viven 1,618 habitantes, es una zona rural ubicada en la sabana veragüense, considerada por las autoridades distritales como un área pobre conjuntamente con San Juan y San José custodias del río Santa María, su principal cuenca hídrica. Localización en Veraguas del proyecto minero Greenfield Mining, ubicado en el corregimiento de Remance Sin embargo, frente al fallo, especialistas en materia de economía, descentralización, participación ciudadana y gobiernos locales cuestionan cómo el gobierno central y el Ejecutivo toman las decisiones que impactan a los territorios, donde el gobierno local no tenga una respuesta o un planteamiento para contrarrestarlo, no solo en minería sino desconociendo la autonomía de los gobiernos locales sin haberles consultado. Los antecedentes de la actividad minera en Remance se remontan a 1989 cuando durante 10 años se registró la actividad extractiva que produjo beneficios de 75,000 oz de oro (Au); a mediados de los noventa los derrames tóxicos contaminaron las quebradas y ríos, donde hubo una mortandad de animales marinos de subsistencia como peces y camarones, y mucha gente adulta comenzó a enfermar. “Se murieron los quinchos –armadillos-, muchos animalitos”, doña Cristina. Actualmente la Cuenca del río Santa María está bajo la declaración de Patrimonio Natural Nacional y área protegida bajo la categoría de “Reserva Hidrológica”; para el Ministerio de Ambiente todo proyecto, obra o actividad que se desee desarrollar en la zona hídrica, deberá contar con el aval ministerial y las mismas deben ser concordantes con los objetivos por los cuales se estableció el sitio. Foto. Cuenca del río Santa María en Veraguas Poderes públicos en entredicho En el marco de la demanda fallada a favor de la Ley No. 171, se pudo observar el planteamiento del procurador general de la Nación, Javier Caraballo que evidencia el poco interés de ejercer los poderes públicos en armónica colaboración, al referirse a la adopción de la Ley No. 171 y a la cual consideró no existía un vicio de inexequibilidad. Caraballo contempló que la Asamblea Nacional se orientó a las medidas de conservación citadas en el artículo 120 de la Constitución Política y no a su infracción. Explicó el procurador, que el artículo 51 de la Ley General de Ambiente establece que las áreas protegidas pueden ser establecidas por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios internacionales ratificados por Panamá. Por su parte, Cortizo en su objeción sostuvo que se invadía el ámbito de competencias del Órgano Ejecutivo en la medida que la Asamblea o el legislador intervenía las funciones de declarar la protección del río Santa María y establecía normas para su administración. La ex vicealdesa del distrito de Panamá y ambientalista, Raisa Banfield considera que hay una ausencia de políticas coherentes, falta de respeto a los acuerdos, lo que genera un país que toma decisiones de acuerdo a los intereses del poder, como sucedió con el Pacto del Bicentenario donde hubo un consenso de declarar la moratoria minera y no llegamos a feliz término. El alcalde del distrito de San Francisco en Veraguas, José Valencia explicó cómo se empezó a trabajar el anteproyecto de ley junto con el doctor Evidelio Adames protector del río Santa María y un personal técnico ad honorem. Lo hicimos porque a ninguna autoridad le interesaba llevar adelante este tema tan importante, dijo el alcalde; llegamos a un acuerdo con el diputado Eugenio Bernal para presentar el anteproyecto en la Asamblea de Diputados y que fuese declarada ley, y fue a través del Consejo Provincial donde se hizo la entrega de la iniciativa. Foto. Cortesía. Alcalde del distrito de San Francisco, José Valencia Muy cerca del río Santa María está el proyecto minero Greenfield Mining, se ubica en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. La concesión para exploración de minerales metálicos (oro y otros), fue otorgada a la empresa Greenfield Resources Inc. por la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias y publicada en Gaceta Oficial No. 21,127 de 24 de septiembre de 2012. En el contrato No. 12, artículo tercero se resolvió continuar el trámite de solicitud de concesión para la extracción de minerales cuyo vencimiento era en el 2016; no fue hasta el 17 de febrero de 2021 que fue revivida la actividad en la zona minera de Remance, publicada en la Gaceta No. 29220, con la firma del ministro Ramón Martínez, que incorporó a Greenfield Resources Inc. al régimen de concesiones mineras de la zona de Veraguas. Mientras que en la comunidad de La Gorda, Cristina y su familia están claros que no es la mina la garante del progreso en la población, si no su gobierno local y que por el momento el río Santa María no estará en peligro después del rechazo hace tres meses del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, por varias inconsistencias que podrían producir afectaciones graves. “No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”, cuestiona Banfield frente a los argumentos que la minería será una actividad sostenida. Cristina de Hernández es oriunda de La Gorda y forma parte del Comité Campesino de Remance Concesiones del Estado vs los Municipios Actualmente existen quince concesiones de extracción de minerales metálicos otorgados por la Dirección de Recursos Minerales del MICI, pero hay quienes sostienen que los gobiernos locales deben jugar un papel dirigido a fomentar el equilibrio entre el MICI y el Ministerio de Ambiente para el desarrollo sostenible de los distritos donde hay concesiones que impactan territorios. Infografía. Distribución de las concesiones del Estado para la minería metálica en Panamá. Datos Mici “Los gobiernos locales son importantes en la gestión ambiental y con el desarrollo sostenible, deben tener conocimientos jurídicos, mayores presupuestos, al Municipio le toca fomentar la participación ciudadana y hacer consultas, es un deber constitucional”, considera el abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, hijo. El abogado Mitchell es consciente que normalmente los alcaldes no se atreven a contradecir los poderes. El verdadero papel del alcalde es el equilibrio del distrito y recordó que el Municipio se define como autónomo, cuando vemos en la práctica debemos saber de qué partido es el alcalde para saber cómo se va a comportar. "No firmé encuesta"... Foto. Cristina de Hernández narra solicitud de firma de una encuesta En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría III del proyecto Greenfield Mining, el alcalde de San Francisco de Veraguas, José Valencia reveló que al aplicarse las encuestas de participación ciudadana alzó su voz de protesta luego que no les informaron de la encuesta. “Si es cierto, la muestra fue muy pequeña”, definió así la cantidad de personas encuestadas en doce comunidades de tres corregimientos incluyendo la cabecera del distrito, San Francisco. En total el EIA realizó la encuesta a 360 personas, dirigida a los actores y beneficiarios del proyecto, directos o indirectos, en donde los resultados demostraron que en La Gorda solo 25 personas fueron encuestadas, a pesar de ser una comunidad adyacente a la mina correspondiendo al 13 por ciento; en San Francisco solo tres personas fueron consultadas, 1.6 por ciento; siendo el área de El Naranjal con la mayor cantidad de encuestados, correspondiente al 22 por ciento con un total de 41 personas. Cantidad de personas consultadas en el Estudio de Impacto Ambiental Nilva Góngora es socióloga y especialista en el tema minero, explicó que la encuesta alcanzó el 47 por ciento de respuestas negativas para la extracción mineral del proyecto Greenfield Mining, lo que considera un hallazgo importante. Lo que se traduce en una división de la opinión en las comunidades sobre el proyecto. “Es un informe muy escueto para ser un estudio Categoría III, además de esta rama de la actividad económica es muy impactante en lo social y ambiental, por lo que no da contundencia”, describió la socióloga. Observó Góngora que la encuesta de Participación Pública contenida en el EIA del proyecto, tiene sus falencias, es muy poco profesional y solo le convenía que contestaran. Para la docente universitaria los datos dan cuenta que vas a tener un problema de rechazo al proyecto y sugirió que debían conocer la historia, preguntarse que la gente sabe; así mismo notó, que no hay ningún compromiso de cómo se van a mitigar los problemas de la población asociada. Según el alcalde Valencia, la muestra fue muy pequeña, no fue abarcadora, esta debió abarcar a más pobladores tanto de las áreas aledañas a la cuenca hidrográfica y de las comunidades donde se pretende hacer la explotación minera. La excusa de la pandemia La excusa perfecta radicó en que al momento de efectuar la encuesta de participación pública en Remance para el proyecto Greenfield Mining, estaban en medio de la pandemia de Covid 19 por lo que el Municipio fue obviado del proceso, contó el alcalde de San Francisco. Comunidad de La Gorda donde se realizó el foro público participación ciudadana y la encuesta para la EIA del proyecto minero Greenfield Mining Olmedo Carrasquilla de Voces Ecológicas de Veraguas formó parte de un colectivo denominado “Coalición de la Pandemia Minera”, en el espacio se reveló cómo la industria utilizó la crisis sanitaria del Covid 19 para llegar a poblaciones empobrecidas entre estas Remance, en la provincia de Veraguas en Panamá. Carrasquilla señala en el informe de nueve países, que en Panamá el gobierno impulsó el extractivismo minero, donde se realizaron estudios de impacto ambiental con el desconocimiento de los gobiernos locales y con encuestas sociológicas a los pobladores. William Hughes, catedrático de economía y escritor de la obra “Minería, Desarrollo o Destrucción”, quien estudió en sitio los detalles de la concesión de la mina Santa Rosa en Remance, Veraguas y narró las vicisitudes de la población con el envenenamiento de las aguas de afluentes y quebradas, sostuvo que la pandemia produjo la relevancia de la minería para que esta vez se reactivara. En medio de la pandemia de Covid 19 en 2021, en La Gorda fue contratado un personal del proyecto Greenfield Mining para realizar una encuesta en diversas poblaciones impactadas por la mina. Cristina solo se excusó con el hombre que llegó a su casa: “No te puedo dar mi firma, no firmo”. Argumentó la adulta mayor qué, cómo saben que no se leer pensaron que podían envolverme, a ella nunca le plantearon lo que decía el cuestionario de dicha encuesta que se encuentra dentro del Plan de Participación Pública del EIA, y que posteriormente el 8 de febrero de este año, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones elaboraron un informe técnico demostrando las falencias y afectaciones futuras por una posible actividad minera en el distrito de Remance. Hasta el año 2010 en el último censo de población, el 15.4% de la población de San Francisco presentaba analfabetismo de un total de aproximadamente 20 mil personas en esta condición en la provincia de Veraguas. Una de ellas es Cristina, oriunda de este distrito. El silencio de Greenfield En este reportaje solicitamos a la empresa Greenfield Resources Inc. responder una serie de preguntas correspondientes al EIA, en cuanto a la demografía, niveles de alfabetización de los encuestados y la posición por el rechazo del EIA a cargo del Ministerio de Ambiente y otras nueve instituciones, pero tras dos intentos de envío de correos a su representante legal y abogada en el proceso, como de comunicaciones vía whatsapp no fue posible obtener una respuesta. José Hernández del Comité Campesino de Remance por su parte, quien participó en marzo de este año en el foro público en la casa comunal de La Gorda, poblador del lugar, reconoce que es la única vez que vio personal de la mina en su comunidad. Reconoce que La Gorda pasa por la pobreza, falta de luz, carreteras, transporte, salud y oportunidades que no le dan las autoridades del corregimiento. Foto. José Hernández de 68 años es oriundo de La Gorda y participó en el foro público Las contradicciones de la minería La presencia del proyecto Greenfield Mining en Remance deja interrogantes de lo que ocurrirá en el futuro, al mantenerse vigente la concesión minera en Veraguas. Tampoco se conoce cómo se desarrollará las actividades en la mina con el reciente fallo de la Ley No. 171 que prohíbe la exploración minera, ley que aún tiene pendiente su reglamentación. Mientras la Ley No. 171 garantiza la gobernanza como un órgano dentro del río Santa María, a través del Consejo Directivo de la Cuenca, se enfatiza que queda prohibida la minería, las hidroeléctricas para la protección de este bien hidrográfico que recorre 3,400 km2 en varias zonas centrales del país. El doctor y epidemiólogo, Evidelio Adames conservacionista de la cuenca y gestor de la Ley aún no comprende cómo se había ignorado la restauración de la sábana veragüense y el sistema de la cuenca. Se requiere oxígeno y agua limpia recuerda Adames; y cómo se pretende dar una concesión minera en las faldas del río Santa María, sin tener el control de los metales y derrames tóxicos, en áreas de pendientes y que pueden poner en riesgo al río. Para el epidemiólogo lo que se quiere es dar cumplimiento a las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como país. Así mismo defiende el sistema de gobernanza donde 18 organismos, entre ellos, siete instituciones no pierden su rol. Es un órgano colaborativo y nadie pierde su poder, para hacer cumplir los objetivos del milenio, para que se promuevan y con la concesión como que no cuadra. El Ministerio de Ambiente confirmó que le corresponde emitir la reglamentación de esta Ley, por tratarse de un área protegida. En este sentido, la reglamentación, entre otros aspectos, debe señalar la forma como serán escogidos los representantes de los centros académicos universitarios, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones comunitarias de base, quienes también forman parte del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María, que se crearía con esta Ley. El abogado Mitchell ante la falta de un sistema jurídico respetado en el país, sostiene que se sufre la inseguridad jurídica ante el embate de empresas y desmanes que solo pueden incumplir con la complicidad de los diferentes gobiernos. “Nosotros sabemos que se trata de desarrollar y vender la idea de sacar riquezas en mancuerna del gobierno con empresarios”, concluye Hughes, quien apuesta por evitar las concesiones mineras y dar alternativas a la gente de las comunidades con proyectos agroindustriales sostenibles, para la autosuficiencia alimentaria, reducir las posibilidades de pobreza, mejorar sus condiciones y evitar las concesiones mineras. El distrito de San Francisco en Veraguas mantiene un presupuesto de $73 mil para el Municipio, además de $53 mil de la descentralización lo cual no alcanza para suplir los proyectos carreteros, luz, equipamientos de escuela, entre otras necesidades de 20 comunidades, que incluyen a la zona minera de La Gorda. Pese a la aplicación de nuevas leyes, compromisos internacionales ambientales, la protección de zonas protegidas de la Cuenca y a nivel arqueológico, el Ministerio de Comercio e Industrias guardó silencio, no respondió las interrogantes de la Ley No. 171, al rechazo del EIA del proyecto minero en Remance, frente a la negativa de muchas voces que sostienen el cuidado del medio ambiente frente a las concesiones mineras y un nuevo estilo de gobernanza ambiental para la cuenca del río Santa María. Investigación auspiciada por el Programa "Construyendo experiencia investigativa y conexiones a partir de la rendición de cuentas transnacional", implementado por IRI (Instituto Republicano Internacional). Infografías: Diseñador Manuel Fernández. Fotografías: Olmedo Carrasquilla.

Por Grisel Bethancourt Anoche me costó escribir. Había escuchado tantos testimonios de dolor, tantas historias de familias que lo perdieron todo, que por momentos sentí que ya no me quedaban palabras. Escuché a una colega quebrarse en su crónica narrativa sobre las penurias del sur de Veraguas y algo dentro de mí también se rompió. Pero ese dolor no pertenece solo a un lugar., el se extiende por comunidades de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé como otros puntos del país golpeados por el terremoto de la gran falla de Azuero-Soná y por las réplicas que todavía mantienen a muchas familias en zozobra. Quizá por eso hoy necesito volver a la memoria. Soy capitalina, pero una parte de mi infancia y adolescencia transcurrió en la campiña azuerense. Todavía recuerdo el olor de la tierra santeña, el mugido de las vacas, el gallo anunciando la madrugada y la amabilidad de las familias campesinas. Mis veranos pasaban en Tres Quebradas, y los 6 de enero tenían para mí el sabor entrañable de las fiestas de Reyes en Macaracas o los 16 de julio en las patronales de la Virgen del Carmen cuyas misas se celebran en esa pequeña parroquia que guió por muchos años el padre español Conde. Es la foto de portada. En aquella casa estaban Papá Mencho y Mamá Lía. Él, el señor de la casa, mientras fumaba una pipa de tabaco, hablaba de las tierras de Bombacho. Ella cocinaba en leña y fogón, y de allí salían esos olores y sabores ahumados que nunca se olvidan, mientras se conversaba o en el portal o debajo de un gran tamarindo. Eran días sencillos, pero plenos. Días de campo, de familia, de trabajo, de afecto. Días que hoy regresan con fuerza mientras veo imágenes de caminos abiertos, viviendas agrietadas, casas derrumbadas y familias tratando de salvar lo poco que les quedó. También conocí el esfuerzo de esa vida campesina. Supe lo que era buscar agua en pozo, andar a caballo, dormir en catre de lona y caminar por caminos fangosos. Vi al campesino levantarse antes del amanecer para ordeñar las vacas, cosechar el tomate o el maíz y llenar los garrafones de leche. Vi la relación profunda con la tierra, con los animales, con el trabajo duro que no descansa. Por eso hoy duele tanto mirar esta tragedia. Porque detrás de cada casa afectada hay años de sacrificio, de ahorro, de lucha silenciosa de hombres y mujeres. La campiña que me regaló tantos recuerdos hoy llora. Y llora no solo por las grietas en la tierra o por las paredes que cayeron. Llora por la incertidumbre de las familias que duermen bajo lona y plástico mientras la lluvia arrecia, llora por los niños, los enfermos y los ancianos que siguen esperando atención, medicamentos, refugio, leche, pañales, comida. Llora porque en medio de una emergencia nacional, todavía a cuatro días hay comunidades que sienten que la ayuda no termina de llegar con la rapidez, la presencia y la dignidad que merecen. Durante estos días me llamó la atención no ver suficiente presencia institucional en algunas de las zonas más golpeadas, tampoco los contigentes policiales, por lo menos no con la cercanía humana que una tragedia como esta exige. Y duele más cuando desde el propio ámbito oficial surgen voces como la de un diputado reconociendo que no todo se está haciendo bien en su gobierno y es una pena. Eso deja mal parado al gobierno, al trabajo del COE y a una estructura de respuesta que debería estar completamente volcada sobre la gente, no sobre los discursos. En una catástrofe no basta con anunciar recursos, mover camiones o hacer balances. La gente necesita sentir que el Estado está allí, al lado suyo, caminando el lodo, escuchando, atendiendo, resolviendo. Necesita presencia y respuesta. Necesita que alguien llegue a decir: aquí estamos, no están solos. Lo más duro de esta tragedia es que ha puesto en evidencia algo que el país conoce demasiado bien: la distancia entre lo que se anuncia y lo que realmente vive la gente en el territorio. Mientras unos hablan de ayuda humanitaria por toneladas, otros siguen tratando de protegerse de la lluvia con toldillos de lona y plástico. Mientras se reparten cifras, hay familias que solo piensan en cómo pasar la noche o en qué van a darles de comer a sus hijos. En medio de ese panorama, el pueblo panameño ha mostrado su mejor rostro. Han sido ciudadanos, iglesias, grupos organizados, artistas, transportistas y voluntarios quienes han salido a llevar alimentos, agua, esperanza y compañía; esa solidaridad conmueve profundamente. Panamá ha sido noble, generoso y sensible ante el dolor ajeno, pero esa solidaridad no puede sustituir la responsabilidad del Estado. Pienso en Salmonete, en Veraguas. Pienso en las familias expuestas a la lluvia anoche que a gritos pedíanque los salvaranporque se hunde la tierra con las fuertes réplicas, las casas bajo tierra y ellos en un alto, en comunidades que enfrentan no solo la pérdida material, sino también el miedo constante de que la tierra vuelva a moverse más fuerte. Pienso en cada madre que trata de dar calma a sus hijos sin tener siquiera un techo seguro. Pienso en cada adulto mayor que mira en silencio lo que quedó de su casa. Y pienso también en Papá Mencho y Mamá Lía, en aquella cocina de fogón, en la tierra de mis recuerdos, en la nobleza de esa campiña que tantas alegrías me regaló. Tal vez por eso esta tragedia me golpea tan hondo. Porque no estoy mirando un desastre lejano. Estoy viendo sufrir a una tierra que también siento mía. La gente no necesita más promesas ni explicaciones tardías. Necesita presencia, acompañamiento y respuesta. Necesita ver a las autoridades en el terreno, escuchar una palabra de aliento y recibir la ayuda sin demoras ni distinciones. Solo me falta el violín y un trovador para que intérprete este lamento santeño, herrerano o veraguense. A esos campesinos, a sus esposas, hijos y nietos, les envío un abrazo solidario. Panamá no puede mirar hacia otro lado. Estas familias merecen ser atendidas con dignidad y urgencia. Merecen volver a levantarse. Hoy llora la campiña. La mía, la tuya, la nuestra. Y lo mínimo que el país y el Estado debe ofrecerle es presencia y respuesta.

Omar Darío Cardona, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, plantea que algunos movimientos posteriores al terremoto podrían formar parte de una ruptura de la falla todavía en desarrollo. Desde Bogotá, conversó con Archivos Abiertos sobre la distancia que favoreció a la capital, la vulnerabilidad de las viviendas afectadas y la preparación ante el riesgo. Por Grisel Bethancourt El terremoto pasó, pero la tranquilidad no vuelve al mismo ritmo. Las sacudidas posteriores mantienen la incertidumbre entre quienes sintieron por primera vez un movimiento de esa fuerza. En las comunidades afectadas, las preguntas también son prácticas. Cuánto daño tiene la casa, cuándo se podrá regresar y qué hacer si la tierra vuelve a moverse mientras continúan las evaluaciones. Omar Darío Cardona quien recuerda que hace dos meses hubo una catástrofe en Colombia considera que la secuencia sísmica de Panamá está despertando interés entre especialistas internacionales. Su atención se concentra en las características de los eventos posteriores y en su ubicación. Algunos movimientos, plantea, podrían formar parte de un proceso de ruptura todavía en desarrollo, una interpretación que deberá examinarse con mayor detalle a partir de los registros científicos. Desde Bogotá, el experto colombiano conversó con Archivos Abiertos sobre el epicentro, la distancia respecto de las grandes estructuras de la capital, la debilidad de las viviendas en las zonas afectadas y la preparación de las personas. Sus observaciones conectan lo que sucede bajo tierra con una discusión sobre cómo se construye y cómo se aprende a enfrentar una emergencia. Cardona es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona y su formación igualmente incluye estudios de posgrado relacionados con riesgo de desastres e ingeniería sísmica en Estados Unidos, Inglaterra y Macedonia. Su trabajo combina investigación, evaluación del riesgo y experiencia en la gestión pública. Fue director nacional de gestión del riesgo de desastres de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. También participó en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y en el desarrollo de modelos para evaluar amenazas, vulnerabilidad y riesgo. En 2004 recibió el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas por sus contribuciones en este campo. Doctor Omar Darío Cardona, ingeniero sísmico de Colombia. Foto Cortesía. Su conocimiento de Panamá incluye proyectos sobre riesgo sísmico. Durante la entrevista recordó estudios realizados en David y destaca el trabajo del Instituto de Geociencias y las investigaciones de la Universidad de Panamá. Esa experiencia le permite situar el terremoto dentro de una conversación más amplia sobre la amenaza y la exposición de las comunidades. Reconoce que el país cuenta con trabajo científico sobre estos fenómenos. El sismo ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía. En su reporte corregido, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estableció una magnitud de 7.5, una profundidad de cuatro kilómetros y un epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. La poca profundidad es uno de los elementos que Cardona destaca en su análisis. Un terremoto superficial, explica, ocurre cuando la ruptura se produce a pocos kilómetros de la superficie terrestre. En eventos de gran magnitud con esa característica, pueden registrarse numerosas réplicas y algunas alcanzar magnitudes importantes. La explicación ayuda a entender por qué los movimientos posteriores no tienen que ser necesariamente leves, aunque se les identifique con una palabra que a veces parece restarles importancia. Cardona compara esa situación con la de terremotos profundos, cuyos eventos posteriores pueden ser numerosos, pero pequeños. En el caso que analiza en Panamá, señala que no se deben descartar movimientos de cierta importancia. Su planteamiento no establece cuándo ocurrirían ni cuál sería su magnitud y describe condiciones que justifican mantener la atención sobre la actividad y las medidas de prevención. La pregunta científica que propone va más allá de contar réplicas. Al examinar la distribución de los movimientos sísmicos en el tiempo y su ubicación, algunos especialistas podrían interpretar que la dislocación de la falla no ha concluido. Bajo esa lectura, ciertos eventos formarían parte de una continuación de la ruptura y no solamente de los reajustes posteriores al terremoto principal. Lo describe como si la falla no hubiera terminado de rasgar o de moverse. La imagen permite acercar una explicación técnica al público, pero necesita conservar su carácter de hipótesis. Cardona plantea una posibilidad que merece estudio; no presenta una conclusión definitiva sobre toda la secuencia ni anuncia un terremoto futuro de determinada magnitud. Carretera impactada por el terremoto de 7.5 Esa distinción importa en un momento en que una frase puede circular rápidamente y aumentar la preocupación. Decir que la ruptura podría continuar describe una interpretación científica pendiente de precisar. Afirmar que el terremoto no ha terminado convertiría esa posibilidad en una certeza. La información debe permitir que la población comprenda el riesgo sin atribuir a los especialistas predicciones que no han hecho. Distancia de la capital del epicentro En el análisis de las consecuencias, Cardona destaca una condición favorable para la ciudad de Panamá. La capital quedó relativamente lejos de la zona epicentral. Esa separación aparece en su explicación sobre el comportamiento de las grandes estructuras y los rascacielos. El impacto, insiste, debe examinarse teniendo presente dónde ocurrió el terremoto y qué poblaciones estaban más cerca. Como referencia geográfica, a la cabecera de Herrera y Azuero, se encuentra a unos 250 kilómetros por carretera de la ciudad de Panamá. Ese recorrido permite ubicar la separación entre ambas ciudades, pero no corresponde a la distancia directa entre la capital y el epicentro. La observación del ingeniero sobre las grandes estructuras se refiere a su lejanía de la zona donde se originó el evento. La distancia favorable tampoco permite asegurar cómo habría respondido cada edificio ante un terremoto más cercano. Cardona no afirma que los rascacielos habrían colapsado. Su comentario pone el acento en una condición que benefició a la capital, mientras recuerda que el comportamiento de las edificaciones forma parte de un análisis de ingeniería y requiere examinar sus características particulares. En las pequeñas poblaciones de Azuero, su preocupación se dirige a la cercanía a la ruptura y a las condiciones de las construcciones. Considera que las evaluaciones detalladas permitirán conocer mejor la dimensión de los daños. Las imágenes ofrecen una primera aproximación a lo ocurrido, pero no sustituyen las inspecciones necesarias para establecer la condición de las estructuras. El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias y Sinaproc, con corte a las 6:30 de la tarde del sábado 10 de octubre, registraba al menos 600 viviendas afectadas. El Ministerio de Educación reportaba 419 centros educativos oficiales con daños. Hasta ese momento, las autoridades no informaban de fallecidos ni desaparecidos; las evaluaciones seguían abiertas. Los recuentos provinciales reunían a más de 1,200 personas afectadas o alojadas en albergues. En Los Santos se contabilizaban 721 personas de 182 familias; en Colón, 201 personas, y en Bocas del Toro, 28. En Mariato, Veraguas, unas 255 personas permanecían en dos albergues. Son registros de situaciones distintas que todavía no representan un balance definitivo de todos los damnificados. Herrera reportaba 206 residencias afectadas; Veraguas, 202, y Coclé, 149. En Chiriquí se contabilizaban 49 viviendas dañadas, diez de ellas con afectaciones totales. El panorama da contexto a la preocupación de Cardona por las construcciones vulnerables. Sin embargo, determinar por qué sufrió daños cada vivienda requiere una evaluación particular y no puede resolverse únicamente a partir de una fotografía. Las afectaciones se extendían por las diez provincias, con daños de distinta gravedad en viviendas, escuelas, instalaciones de salud, carreteras y otras estructuras. El balance incluía Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, Chiriquí, Colón, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Darién. También registraba centros educativos afectados en las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala. Personal de salud atienden en una carpa a neonatos. En Los Santos, cinco comunidades permanecían incomunicadas por daños en puentes, carreteras y deslizamientos. El acueducto rural de Tonosí está fuera de servicio y se reportaban problemas de suministro eléctrico. Esas condiciones muestran cómo la emergencia se prolonga después de la sacudida, cuando el acceso a las comunidades y la recuperación de servicios se vuelven parte de la respuesta. Cardona advierte sobre edificaciones que no se construyeron pensando en normas sísmicas y sobre viviendas levantadas de manera relativamente informal. Su preocupación está en la capacidad de esas estructuras para resistir un movimiento fuerte. Que una comunidad tenga casas pequeñas, en lugar de grandes edificios, no elimina la necesidad de examinar cómo fueron diseñadas y construidas. Una vivienda dañada representa mucho más que una estructura pendiente de revisión. Compromete el lugar donde una familia guarda sus pertenencias y organiza su vida. La inspección tiene, por eso, una consecuencia concreta. Debe aportar información sobre la condición de la casa y sobre las decisiones necesarias para que sus habitantes no tengan que resolver el regreso solamente desde el miedo o la necesidad. La preocupación del especialista también alcanza los daños que todavía puedan identificarse. Durante la conversación expresó alivio ante la información que manejaba sobre la ausencia de un número elevado de víctimas, pero insistió en esperar evaluaciones más completas. Su observación recuerda que un balance preliminar describe lo conocido hasta un momento determinado y puede cambiar conforme se llegue a otras comunidades. Miedo a los sismos El miedo ocupa otro tramo de la entrevista. El susto, el pánico y las preocupaciones, sostiene Cardona, no son reacciones exclusivas de los panameños. Se presentan en cualquier parte del mundo. Sin embargo, vivir por primera vez una sacudida de esa fuerza añade una dificultad para quienes no tienen una experiencia previa que les permita reconocer lo que están enfrentando. El ingeniero lo explica mediante la reacción de una persona que piensa que nunca había sentido algo semejante. Esa sorpresa influye en la forma de vivir la emergencia. Los movimientos posteriores pueden mantener la inquietud, mientras la falta de familiaridad con el fenómeno deja preguntas sobre qué hacer, dónde permanecer y cómo responder cuando vuelve a sentirse una sacudida. Cardona compara esa experiencia con la de países como el suyo o donde las personas han vivido más sismos a lo largo de su vida. Menciona Colombia, otros países centroamericanos y Chile. Su comparación se concentra en la experiencia acumulada y en la educación. Haber sentido terremotos antes no elimina el miedo, pero puede acompañarse de aprendizajes que ayuden a reconocer riesgos y actuar. Uno de los ejemplos que utiliza es observar las salidas de emergencia al entrar a un edificio. Cuenta que él suele mirar por dónde podría salir cuando ingresa a un lugar y relaciona esa costumbre con la educación que recibió en el colegio. La prevención aparece en su relato como un hábito que se incorpora mucho antes de una emergencia. Catedral de Penonomé. Ese aprendizaje necesita espacio en la vida cotidiana. Conocer una salida cuando todavía hay calma es distinto de buscarla en medio del susto. La experiencia que describe Cardona muestra el papel de la escuela en la preparación, pero también el de las personas que administran y utilizan los edificios. La seguridad requiere que esos conocimientos puedan ponerse en práctica. En Panamá, señala, existen estudios sobre amenaza sísmica y proyectos de evaluación del riesgo. Los períodos largos sin eventos importantes no permiten concluir que una zona esté exenta de sufrirlos. Una falla puede pasar muchos años sin producir un terremoto de gran magnitud; esa ausencia de experiencias recientes puede influir en la percepción de la población y en la atención que dedica a prepararse. Por eso insiste en la gestión del riesgo de desastres y en la aplicación de normas estructurales y de construcción sismorresistente. Su argumento vincula la seguridad de los edificios con la de sus ocupantes. Las decisiones sobre cómo construir tienen consecuencias para quienes viven en una casa, estudian en una escuela, reciben atención médica o trabajan dentro de una estructura. La entrevista deja una discusión que deberá continuar cuando disminuya la atención sobre las réplicas. El conocimiento científico ayuda a entender la amenaza, pero la protección también depende de cómo se construye, se inspecciona y se prepara a la población. El terremoto obliga a examinar esa relación y a reconocer dónde siguen existiendo debilidades. La secuencia sísmica permanece bajo observación. Cardona plantea preguntas sobre la ruptura, destaca la distancia que favoreció a la capital y advierte sobre las viviendas vulnerables. En las comunidades afectadas, esas explicaciones se encuentran con una necesidad inmediata. Conocer qué ocurrió importa; contar con una evaluación de la casa y con condiciones para recuperar la seguridad también.

En la segunda entrega de CÓDIGO 43, Archivos Abiertos reconstruye, a partir de hechos y testimonios, la historia del ambientalista y fotógrafo Aubrey Baxter. Su caso reúne tres episodios vinculados con la actuación policial: la pérdida de la visión en un ojo, la impunidad que rodea la agresión y la infiltración contra el movimiento Ya es Ya por su lucha contra la minería y en defensa del ambiente. Por: Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos En octubre de 2023, miles de panameños salieron a defender el territorio frente a la minería a cielo abierto. La aprobación de la Ley 406, que renovó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, convirtió el rechazo a la mina de Donoso en una lucha nacional. El colectivo ambiental Ya es Ya Panamá llevó esa defensa hasta uno de los símbolos de la soberanía panameña. Una caminata partió desde la antigua Escuela de Balboa hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se instaló el Campamento Soberanía junto a diversas organizaciones que conforman Panamá sin Minería. Aubrey Baxter (AB) recibió una antorcha encendida como símbolo de la llama eterna del monumento a los mártires del 9 de enero. AB —La vigilia empezó con la idea de tomar toda esa energía transmitida por los mártires del ‘64. La antorcha representaba a una generación pasándole a otra generación la responsabilidad de defender la soberanía. Desde los primeros días del campamento aparecieron dos personas, un hombre y una mujer interesados en sumarse a la causa antiminera. Insistieron hasta entrar. La convocatoria estaba abierta y el movimiento había nacido de manera espontánea. Nadie sabía entonces que aquella cercanía abriría la puerta a una infiltración policial. Foto: Cortesía, Aubrey Baxter documentando las marchas del movimiento social. Fotoperiodista y defensor de las especies, Aubrey Baxter relaciona la protección ambiental y de los animales -su pasión- con el territorio donde conviven comunidades y otras formas de vida. AB —Yo vengo de proteger especies, de proteger los ecosistemas donde viven y los territorios donde convivimos con otras especies. Desde ahí entendí el daño de la minería. Había que lograr que la gente también lo entendiera. La movilización creció de manera orgánica y unió a ambientalistas, estudiantes, docentes, campesinos y trabajadores. Ya es Ya Panamá, el colectivo que representa organizó marchas y participaron en la divulgación de información y en la respuesta a mensajes falsos que buscaban desacreditar las protestas pacíficas y enfrentar a la ciudadanía con el Suntracs. AB —Había que responder de inmediato a las mentiras y a los comunicados falsos. Era un movimiento de la población. Había participación de muchos grupos y nosotros estábamos de acuerdo porque las razones eran las correctas. Así explicó Baxter el acercamiento con el movimiento obrero durante las protestas, también modificó la percepción de quienes habían recibido durante años una imagen negativa de sus integrantes. AB —Para mí, el Suntracs es una organización a la que hay que apoyar y hablar de lo que ha sufrido. Es el mismo sufrimiento. El 19 de octubre de 2023, Aubrey cubría una manifestación en los alrededores de la Asamblea Nacional y la plaza 5 de Mayo. Anochecer, casi las 6:30 de la tarde, la protesta había concluido, pero él permaneció observando y fotografiando el despliegue de los agentes. A unos cinco metros de distancia, un policía de Control de Multitudes disparó un proyectil con carga de gas pimienta que le provocó la pérdida de la visión en uno de sus ojos. ¡Perdí mi ojo, perdí mi ojo! quedó registrado en un impactante video. AB —La manifestación había terminado una hora antes. Yo solamente estaba viendo qué hacían los policías cuando desarmaban la cerca. Para Baxter no es fácil referirse a este episodio, que apagó para siempre parte de su visión. No habla del tema de forma amplía, ahora tiene más reservas y durante 48 minutos de conversación supimos que se trata no de evadir el hecho, si no de la autoprotección luego de un estrés postraumático sufrido, al ser impactado por un disparo de perdigón. Todavía parece no asimilarlo, aunque no pierde la sonrisa, posiblemente con más confianza se refiere de a poco de lo que ocurre en estos momentos contra los activistas ambientales. Foto Cortesía, Aubrey Baxter, al perder la visión. Al retomar la conversación, hablamos de lo que pasó tras su recuperación y que el país viera la desproporcionada agresión policial de las Unidades Antidisturbios. Baxter acudió a la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional (DRP). Esperaba que la institución investigara la actuación de uno de sus agentes, pero archivaron su caso. Allí comenzó otro recorrido. AB —La primera línea de revictimización fue poner la denuncia en la DRP. Ahí entiendes qué pasa con las personas que sufren una vulneración de sus derechos o una violación de la ley. Te das cuenta de que hay una manera de decidir qué se acepta, qué no se acepta y qué ocurre con las investigaciones. No pasó nada. Hasta hoy existe un silencio cómplice en la Policía, sin identificar al responsable. El proceso continuó en el Ministerio Público entre cambios de fiscales, demoras y gastos legales. La fiscal del caso fue trasladada cuando la investigación estaba en curso. Otra recibió el expediente, pero no mantuvo el mismo contacto con la víctima. El caso terminó archivado por lesiones personales. AB —Todo lo relacionado con mi caso me produce bastante ansiedad. Molestan muchas cosas, muchas tácticas que se usaron dentro de la investigación. Aubrey no acostumbra a exponer esa experiencia abiertamente en sus redes. Prefiere compartir contenidos de personas a las que respeta y conversar sobre su caso en espacios más cercanos. El caso para el Ministerio Público es como si no existiera, no tuvo la difusión como otros de alto perfil. AB —Si hablo de mi caso, lo hago de persona a persona. En las plataformas entran las opiniones, los bots y muchas cosas que influyen en cómo manejo mis ansiedades. Por eso, de mi boca no siempre salen directamente estos temas hacia las redes. Mientras su denuncia recorría las instituciones, un policía había conseguido entrar en los espacios de confianza de Ya es Ya. La investigación Agentes Descubiertos identificó al sargento primero José Urriola B. o como se hacía llamar José Angel Bethancourt, según se descifra una secuencia de fotografías, giras, conferencias, como uno de los agentes que penetraron organizaciones sociales y ambientales. La otra mujer que llegó al campamento desapareció. Aubrey no lo menciona por su nombre. Se refiere a él como “esta persona”. Y describe lo que recuerda de José -el encubierto-. La infiltración alcanzó un lugar donde podía hablar con personas que conocían su historia y entendían las razones de su activismo. AB —Hubo desconfianza desde el principio. Yo no hablo de mis cosas personales con cualquiera. Sí pudo tener acceso a reuniones y a información sobre cómo iba mi caso, a ciertas cosas que eran estratégicas. Preguntaba quién había sido la persona que me disparó y si se había identificado al responsable. —Era el grupo donde me sentía en un lugar seguro. Podía conversar con personas que entendían de dónde venía y por qué documentaba. Esa es la parte que siento más invadida. —Todo lo que escuchó, el nivel de seguridad que tenía ese espacio y las consecuencias que hemos tenido nos obligan a cambiar. Ahora tenemos que hablar de seguridad, incluso de seguridad cibernética. Somos más conscientes de que estamos siendo vulnerados de una forma muy agresiva. Estamos siendo muy violentados. La presencia del agente no sólo comprometió información de su caso. También alteró la confianza entre quienes sostenían una causa común. Después de descubrirlo a través de miembros de la Alianza Pueblo Unido, el colectivo tuvo que revisar sus conversaciones, sus medidas de seguridad y la forma de relacionarse con quienes buscaban acercarse. Aubrey conecta la infiltración de Ya es Ya con el seguimiento a sindicalistas, estudiantes, docentes, campesinos, indígenas, estudiantes y otros defensores ambientales. En su relato, las causas no aparecen separadas. Todas terminan bajo una misma vigilancia. AB —Es bien sensible lo que está pasando. Es preocupante porque las organizaciones sociales son un pilar. Se están cediendo derechos que fueron conseguidos después de muchas luchas. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que comenzamos a perder esos espacios de libertad. La Policía lo alcanzó primero durante una cobertura. Después, la búsqueda de justicia lo devolvió a una estructura policial que no identificó al agente responsable. La tercera vulneración ocurrió dentro de un espacio que consideraba seguro, su colectivo. Tampoco el Estado lo aceptó con una discapacidad visual. Mientras era espiado junto a sus compañeros de lucha ambiental, sin tener ningún tipo de investigación. AB —Aquí la justicia no es ciega. Aquí la justicia tiene ojos, y las dos miran. El disparo no terminó aquella tarde del 19 de octubre. El Estado decidió vulnerar su situación actual sin resultados, con una investigación archivada y en la penetración de policías que se presentaron bajo el espionaje como si fueran parte de la misma misión: defender el territorio y su ambiente. Recientemente el ministro de Seguridad, Frank Ábrego justificó la acción de infiltración policial debido a que los sindicalistas enfrentan un proceso, dijo que la mayoría de la directiva del Suntracs, bajo la investigación del caso Red Frogs. Archivos Abiertos envió a la Policía un cuestionario sobre la actuación del Departamento de Orden Público para el reportaje Agentes Descubiertos y a la fecha no ha sido respondido. Aubrey Baxter sigue documentando la defensa de las especies y de los territorios donde habitan. Ha recorrido Donoso para contar cómo viven las comunidades campesinas las consecuencias de la minería a cielo abierto. También trabaja con equipos de periodismo audiovisual que acercan las voces de quienes se oponen a los embalses en Río Indio. Los ambientalistas lograron que la concesión a la mina de Donoso fuera declarada inconstitucional. Pero las actuaciones del gobierno contrarias a derecho hacen que la lucha persista. Después del disparo y de descubrir a un policía dentro de Ya es Ya, y otros detrás de ambientalistas creando dossieres, aún vuelve una pregunta: ¿por qué infiltraron a un colectivo dedicado a defender el ambiente? Aubrey reflexiona y nos dice: AB —Soy un libro abierto. Cientos de ambientalistas en América Latina sufren persecución estatal y privada. América Latina concentró el 85 % de los asesinatos de defensores del medio ambiente a nivel mundial durante el último año documentado. Lo encabezan Brasil, Colombia y Honduras. Las causas están ligadas a conflictos por la tierra y ríos, el extractivismo, la impunidad estatal, falta de protección y la contratación del crimen organizado, según el reciente informe de Global Witness. Fotografía de portada y galería son Cortesía del entrevistado.

"Código 43" nace tras revelarse el seguimiento de activistas, gremialistas, sindicalistas, campesinos, indígenas, universitarios y del movimiento social panameño, bajo la estructura conocida como el DNIP, el cual confecciona expedientes con fichas que subraya específicamenteen la ideología, política y acceso a su círculo íntimo parental. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos Felipe Cabeza Dixon, Abundio Concepción y Dalia Morales, son dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí, fueron objeto de “análisis de perfil específico” elaborados por la inteligencia policial. Sus fotografías, datos personales, actividades y relaciones aparecen en documentos marcados como de “acceso restringido” e identificados con un mismo código de origen: Código 43. Las tres fichas respaldan la denuncia interpuesta por Pueblo Unido por la Vida de una operación policial de filtración de Inteligencia, sobre la recopilación y confección de expedientes con información que alcanzó a miembros de las juntas directivas de las asociaciones docentes. Los documentos obtenidos por Archivos Abiertos no permiten establecer todavía cuántos educadores fueron registrados, pero revelan un método aplicado en distintas provincias para seleccionar, identificar y perfilar a figuras relevantes del movimiento magisterial. El hallazgo adquiere otra dimensión al cruzarlo con la destitución de 298 docentes ordenada por el Ministerio de Educación después de la huelga realizada en 2025 contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Cabeza, abogado y dirigente en Colón, figura entre los educadores separados de sus cargos. Dalia Morales también fue destituida y tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para conseguir su reintegro, igual situación enfrenta Abundio Concepción de la Asociación de Educadores Veragüuenses. Participación de AEVE en marchas. Foto Cortesía. La coincidencia abre una pregunta que ninguna institución ha respondido: ¿el Meduca escogió a los docentes únicamente mediante los registros de asistencia de los planteles o recibió información recopilada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial? Este hecho que revela que dirigentes docentes tenían un dossier en el Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial ( DNIP) obligan a reconstruir las fechas, los destinatarios y el recorrido de cada informe para determinar si ambas actuaciones estuvieron conectadas. Los documentos estuvieron confeccionados desde el 2025 y la mayoría obtenida tienen registro de mayo. Ya para junio de 2026 habían destituido 32 docentes de Veraguas, el bastión de lucha con fuerza y mayor formación magisterial, según datos públicos. ¿Qué delito se investigaba? La Ley 18, que regula a la Policía Nacional, le atribuye funciones a la DNIP de recopilación de análisis e información relacionadas con delitos comunes. También dispone que los datos sobre seguridad interna o externa sean remitidos al organismo competente, Dirección de Investigación Judicial. Esa delimitación conduce a una pregunta elemental: ¿qué delito justificaba elaborar perfiles sobre dirigentes docentes y juntas directivas de asociaciones magisteriales? Estas organizaciones no actuaban al margen de la ley. Son asociaciones reconocidas jurídicamente y, cuando fueron perfiladas, participaban en las protestas contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones a los jubilados. La inconformidad con una ley y la participación en una huelga no convierten, por sí solas, a una persona en objetivo de inteligencia policial. Las fichas tampoco describen únicamente incidentes ocurridos durante las manifestaciones. Contienen fotografías, datos personales, cargos gremiales, descripciones y relaciones destinadas a individualizar a cada dirigente. La Policía no registraba solamente lo sucedido en la vía pública: construía perfiles sobre quiénes encabezaban las organizaciones, qué espacios ocupaban y con quiénes se relacionaban, entre ellos sus parientes. Dentro de la experiencia conozco la lógica de un expediente. Dirigimos las comunicaciones del Ministerio Público, cubrimos durante años la fuente judicial y realizamos servicio especial en operativos en la antigua Policía Técnica Judicial. No cabe duda que los recursos policiales no fueron destinados para perseguir el delito común. Si no ideológico y político contra el movimiento social. Para esta investigación también consulté a exjefes de inteligencia policial que atendieron casos de crimen organizado. Su lectura coincide en un punto: una operación desplegada en varias provincias, con formatos definidos, documentos restringidos y circulación organizada de informes, no se explica únicamente por la iniciativa de los agentes enviados al terreno. La cadena conduce hacia arriba. De la inteligencia a la carpetilla penal Las carpetillas muestran otro recorrido. El mayor Carlos Carvajal remitía informes financieros y esquemas de investigación de sindicalistas también con perfiles a un fiscal Anticorrupción. Ese envío coloca información producida por inteligencia policial en dirección al ámbito judicial. El Ministerio Público cuenta con mecanismos para recibir noticias criminales y dirigir investigaciones sensitivas. La Dirección de Investigación Judicial actúa como auxiliar en las pesquisas penales. Por eso debe aclararse bajo qué denuncia, expediente u orden fiscal una estructura de inteligencia policial elaboraba esquemas investigativos y los remitía a una fiscalía. La pregunta ya no es solamente por qué estas personas fueron vigiladas. También hay que determinar si se buscaba construir una ruta para transformar la protesta, la dirigencia sindical o la oposición a una política pública en casos penales revestidos de legalidad. SUNTRACS mantiene dirigentes con perfiles en el DNIP. En sus casos judicializados, arrestados, asilados y exiliados. Foto Cortesía. El DNIP forma parte de la estructura de la Policía Nacional, encabezada por su director general, Jaime Fernández que inauguró un nuevo departamento policíal. Corresponde establecer qué conocimiento tuvo Fernández sobre la confección de los perfiles, quién autorizó la operación y a qué instancias fueron remitidos sus resultados. La responsabilidad institucional también alcanza al Ministerio de Seguridad, dirigido por el Comisionado Frank Ábrego, y al Ejecutivo, bajo cuya autoridad opera la Fuerza Pública. Sus cargos los obligan a explicar cómo funcionó dentro de una institución oficial un mecanismo territorial para perfilar a dirigentes de organizaciones legalmente reconocidas. Las instituciones deben responder Archivos Abiertos envió cuestionarios a la Policía Nacional hace una semana sin responder, al Ministerio Público y al Ministerio de Educación el día de ayer, para conocer quién ordenó la elaboración de los perfiles, cuál fue su fundamento legal y qué uso se dio a la información recopilada. También consultó si los documentos fueron compartidos entre instituciones y si tuvieron alguna relación con la selección de los 298 docentes destituidos y del intercambio de información hacia fiscales. Al cierre de esta publicación, las respuestas estaban pendientes. La salida de la ministra Lucy Molinar que ocupaba el cargo durante las destituciones no elimina la responsabilidad institucional. Los registros administrativos, correos, memorandos, listados e informes utilizados para tomar aquellas decisiones deben permanecer en los archivos del Ministerio de Educación. Los tres perfiles permiten establecer una certeza, que dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí fueron registrados mediante el mismo tipo de documento y bajo una clasificación restringida junto a estudiantes, sindicalistas, ambientalistas. La versión sobre el seguimiento a las juntas directivas ya no descansa únicamente en la palabra de una fuente; cuenta con evidencia documental que reproduce el mecanismo en tres provincias. Falta determinar quién escogió a las personas, quién autorizó la confección y reserva de las fichas, qué dependencias recibieron sus resultados y cuál era el propósito final de la información. Mientras el Meduca destituía docentes por participar en la huelga contra la Ley 462, la DNIP confeccionaba perfiles sobre algunos de sus principales dirigentes, lo que obliga al Procurador a investigar. Mi colega, el periodista Rolando Rodríguez, ha definido este escenario en el programa 180 Minutos de Radio Red con dos palabras: “Estado policíaco”. La expresión cobra peso cuando los organismos de seguridad dejan de concentrarse en conductas delictivas y dirigen su capacidad de vigilancia hacia ciudadanos organizados que cuestionan una decisión del poder. Código 43 no es una simple anotación interna. Es la puerta para investigar si desde el Estado se convirtió la dirigencia social en objetivo de inteligencia, la disidencia en sospecha y la protesta en expediente.

Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos Fabián Castillo, campesino de Uracillo, se opuso al ingreso de personal de la Autoridad del Canal de Panamá a la tierra donde cultiva. Lo detuvieron y, después, un juez de paz le impuso una orden de alejamiento. El caso no terminó allí: la justicia dejó sin efecto esa medida. A muchos kilómetros, desde un podio en Nueva York, Río Indio puede resumirse en una obra necesaria para el futuro del Canal. Desde Uracillo tiene el rostro de un hombre que terminó ante la justicia por defender su tierra. Ese caso me devuelve a una pregunta sencilla: ¿para quién gobierna un presidente? En una democracia se elige a alguien que tendrá adversarios. Es normal. Su obligación, sin embargo, es conducir el país para todos, incluidos quienes se oponen a sus decisiones. Hace tiempo que esa confianza viene fracturándose en Panamá. Veo a un Gobierno dispuesto a escuchar a los sectores empresariales, mientras responde a trabajadores y campesinos con ultimátums, amenazas, destituciones o palabras que los ponen bajo sospecha. No digo esto desde la comodidad de una comparación histórica. Viví las marchas universitarias contra la dictadura y llevé a ellas la ausencia de un familiar desaparecido forzosamente. Entre 1968 y 1989 hubo panameños encarcelados, asesinados y desaparecidos: personas de izquierda y de derecha, civiles y miembros del clero. Algunos recuerdan hoy su lucha desde el civilismo. Yo recuerdo también a las mujeres de blanco, las otras trincheras y el costo que dejaron aquellos años. No estamos en aquella época. Precisamente por eso hay que cuidar las garantías antes de que parezca normal atropellarlas. Traigo esa memoria porque escuché al presidente José Raúl Mulino hablar ante la Asamblea General de la ONU de paz, derecho internacional, ambiente y confianza. Un presidente tiene derecho a defender allí su visión del mundo, aunque muchos no la compartamos. Pero el discurso también permite ver a quién decide escuchar y a quién convierte en problema. Mulino cuestionó el "multiculturalismo progresista" y presentó Río Indio como respuesta a las necesidades de agua del Canal. Apenas terminó de hablar del proyecto, advirtió que no se debía ceder ante organizaciones que buscaban «la extorsión bajo el disfraz de luchas sociales». Mencionó a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. No dijo cuáles eran esas organizaciones ni mostró pruebas de la acusación. Dejó la palabra extorsión suspendida sobre quienes reclaman. Ahí el discurso internacional se volvió un asunto de casa. Si existen delitos, que se investiguen. Pero acudir a la OIT para denunciar posibles violaciones laborales es un derecho. El presidente puede hablar ante la ONU; los trabajadores también pueden acudir a un organismo internacional cuando sienten que en Panamá se les cierran las puertas. ¿Desde cuándo ese derecho necesita pasar primero por el filtro del Gobierno? Lo mismo ocurre con Río Indio. Podemos discutir cuánta agua necesita el Canal. También debemos mirar lo que el proyecto exige a las comunidades: dejar sus casas, sus cultivos y los cementerios donde están sus familiares. El Canal contempla el reasentamiento y ya se han fijado plazos para nuevas inhumaciones en cementerios de la zona. Llamar "progreso" a todo eso sin detenerse en la vida de quienes serán afectados es una forma de no verlos. Esta semana, habitantes de la cuenca se manifestaron contra lo que denuncian como una política de desalojo de la ACP y del Gobierno. Hubo familias que salieron a rechazar el desarraigo que temen y a recordar cuánto tiempo llevan sin ser escuchadas. Fabián Castillo es parte de esa realidad, aunque en el discurso presidencial los habitantes de la cuenca apenas aparezcan detrás de la promesa de agua para el comercio mundial. Ellos son el otro Panamá que nunca se mencionó. El presidente dijo ante la ONU que la confianza se gana cuando las instituciones cumplen. Estoy de acuerdo. Que empiece por Uracillo: que explique las decisiones sobre Río Indio, respete las garantías de quienes se oponen y deje de tratarlos como enemigos. Después tendrá que mirar al resto del país: al que protesta porque no tiene agua ni trabajo; al que no le alcanza el salario para comprar alimentos; al que busca medicinas e insumos en un sistema de salud debilitado; al que vive pendiente de la violencia mientras algunos diputados se ocupan de ajustar las reglas políticas a su medida, al que le quieren imponer el extractivismo. Ese Panamá también existe. Fue el que quedó fuera del discurso. Código 43 surge de los dossieres abiertos a sindicalistas, ambientalistas, docentes, campesinos, indígenas, estudiantes y líderes gremiales a los cuales la Policía Nacional infiltró.

El anuncio hace una semana del informe final de la mina de cobre creó más dudas que respuestas, un traje realizado a la medida que durará décadas, mientras el pueblo mira, el presidente sostiene el tiempo y su fino reloj como si la minera fuera la dueña de la llave de la casa. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos A Tres Patines le habría gustado este expediente. Una mina debe ponerse en marcha para cerrarla; el cierre necesita producir y la producción necesita otro acuerdo. Ante el juez de La Tremenda Corte, semejante explicación habría requerido varias aclaraciones. En Panamá, el tema de First Quantum Minerals requiere un nuevo marco jurídico. Imagino al personaje haciendo cuentas para explicarle al tribunal que cuanto más trabaje la mina, más cerca estaremos de verla descansar. El candado puede esperar. El informe de la comisión interministerial ya está entregado. Los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro recomiendan evaluar un acuerdo que permita financiar el cierre con actividad del sitio, lo llaman ordenado y advierten que tomará décadas. El documento no fija veinticinco o treinta años, pero la pregunta cabe: ¿vamos a pasar tres décadas cerrando? Un niño podría hacerse adulto mientras seguimos oyendo que la mina está de salida. Menuda despedida. Navarro menciona los relaves, las aguas que tratar y los riesgos que vigilar. "Lo que está prohibido es NO HACER NADA", afirmó. La frase apura al país, aunque la urgencia parece detenerse ante el despacho presidencial. Los ministros reclaman actuar, la empresa se dispone a negociar y José Raúl Mulino conserva la decisión y el momento de anunciarla. Hasta el suspenso tiene dueño, mientras los ciudadanos seguimos esperando el próximo capítulo sin que se respete la gesta del 2023 contra la minería. Moltó presenta la falta de decisión como un costo económico que afecta a los ciudadanos; Chapman insiste en proteger el presupuesto nacional. Entre pérdidas y gastos, la discusión va quedando encajonada a aceptar un acuerdo o asumir una cuenta enorme. Quiero saber cuánto corresponde pagar por sus obligaciones y cómo se le exigirá a la empresa. Porque aquí el argumento parece salido del personaje: para que cerrar no nos cueste, permitamos que el negocio siga trabajando. First Quantum respondió dispuesta a negociar un marco jurídico justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución. Su comunicado recoge la posibilidad de operar para financiar el cierre. La empresa entendió enseguida la oportunidad. Ahí veo la mancuerna con el Gobierno en donde uno propone evaluar el acuerdo y la otra ofrece sentarse a confeccionarlo. Todavía desconocemos las cláusulas, pero el cliente ya llegó a la sastrería y solicita un traje duradero. Conviene vigilar quién toma las medidas. Si primero se escoge el negocio y después se buscan las reglas para acomodarlo, lo triste y desafortunado es que la Constitución termina tratada como tela elástica. Que no se nos olvide que la Corte declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato minero. La comisión sostiene ahora que el fallo no resolvió el destino físico del sitio ni prohibió la actividad minera. Esa interpretación merece discusión pública, con la sentencia abierta sobre la mesa. Hacer otro contrato sobre las ruinas jurídicas del anterior exige explicar qué se corrigió y quién podrá exigir que se cumpla. La sastrería puede ofrecer mejores costuras, pero el país tiene derecho a revisar el traje antes de pagarlo. Mulino hizo suyos los seis criterios de la comisión, anunció que revisará el informe con su gabinete y sus abogados, y que comunicará personalmente la decisión. El país queda esperando, sin fecha, solo recordar que el panameño no es de palo y el 17% de aceptación que tiene seguirá disminuyendo. En 2014, Bob Woodward reunido con un centenar de periodistas en DC nos instó a buscar la verdad. Lo decía desde la experiencia de un periodista que lleva un Watergate para toda la vida. Nos toca contrastar las palabras con los documentos, decirles que este trabalenguas de cerrar para ordenar es abrir nuevamente y seguir preguntando, aunque el poder prefiera administrar las respuestas. Entonces le preguntó a usted, dígame, señor Mulino, ¿para ponerle el candado a la mina primero hay que entregarle la llave a la empresa? Código 43 surge de los dossieres abiertos a sindicalistas, ambientalistas, docentes, campesinos, indígenas, estudiantes y líderes gremiales a los cuales la Policía Nacional infiltró.

Panamá mantiene un aumento en las cifras de violencia contra mujeres y niñas víctimas de femicidio. En ocho meses de este año hay un incremento del 45 % en comparación con el año anterior, mientras no se conoce si ellas tenían casos de violencia o habían sido amenazadas. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos En los primeros ocho meses de 2026, ventinueve (29) mujeres y niñas fueron asesinadas en Panamá. Dieciséis de esas muertes fueron clasificadas como femicidios y otras 13 como homicidios que no recibieron esa calificación, según las cifras preliminares del Ministerio Público. En promedio, una mujer o niña fue asesinada cada ocho días y nueve horas. El cálculo surge de dividir los 243 días de enero a agosto entre las 29 víctimas; además permite dimensionar la frecuencia de estas muertes, aunque los crímenes no ocurrieron a intervalos regulares. El corte corresponde al 31 de agosto y las cifras pueden cambiar conforme avancen las investigaciones. La comparación con el mismo periodo de 2025 muestra un deterioro. Los femicidios pasaron de nueve a 16, un aumento cercano al 78 %, mientras las otras muertes violentas de mujeres subieron de 11 a 13. En conjunto, ambas categorías sumaban 20 víctimas y llegaron a 29, un incremento del 45 %. La distinción importa. El Ministerio Público registra como muertes violentas aquellos homicidios de mujeres que, según la valoración del fiscal y la aplicación de la Ley 82, no fueron considerados femicidios. Todas son vidas perdidas, pero llamar femicidios a los 29 casos alteraría lo que indican las estadísticas. En el registro de femicidios, las provincias de Coclé y Panamá contabilizaron tres víctimas cada una. San Miguelito, que aparece separado de Panamá en los cuadros del Ministerio Público, también registró tres. Chiriquí y Panamá Oeste tuvieron dos cada una; Colón, Los Santos y Veraguas, una. Son cantidades de víctimas, no tasas ajustadas a la población de cada territorio. Patricia Ossa dedicó 17 años de su vida al Ministerio Público. El 18 de mayo de 2026 fue asesinada con un arma de fuego en Pueblo Nuevo. Según la Fiscalía, su expareja habría cometido el crimen dentro de un vehículo. Dos días después, un juez ordenó la detención provisional del hombre, imputado por femicidio y robo agravado. En julio, la institución presentó el "Protocolo Patricia", nombrado en su memoria para fortalecer las investigaciones de femicidio. La violencia también alcanzó a la niñez. Entre las víctimas de femicidio figuran una niña de entre 10 y 14 años y una adolescente de entre 15 y 17. En la categoría de otros homicidios aparecen tres menores de 15 años, incluida una víctima de entre cero y cuatro. Cinco de las 29 personas asesinadas eran menores de edad. Las armas de fuego fueron utilizadas en ocho femicidios y en 11 de los otros homicidios. En total, 19 de las 29 víctimas, casi dos de cada tres, murieron por disparos. Este informe también registra muertes por arma blanca, asfixia mecánica, golpes e incendiarismo. A las muertes se suman 18 víctimas de tentativa de femicidio, frente a 13 durante el mismo periodo de 2025. Estos casos se mantienen por separado. El aumento, cercano al 38 %, muestra que el número de fallecidas no recoge toda la violencia extrema que enfrentan las mujeres. Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada el 26 de mayo de 2026 en el sector dos de Samaria, en San Miguelito. Su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda. Presentaba señales de golpes y su pareja fue aprehendida como presunto responsable. El caso fue reportado como un posible femicidio. El problema tiene una trayectoria documentada, para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su noveno Informe de Calidad de Vida de Panamá, ¡cuéntame!, se registran 239 femicidios entre 2015 y 2025, con datos del Ministerio Público. En ese histórico de cifras de víctimas advierte que “la violencia contra las mujeres constituye uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos”. Ese balance corresponde a femicidios, no a todos los homicidios de mujeres. Aracelly de León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá en una entrevista con La Prensa del 26 de abril de este año, explicó que antes de un femicidio suelen acumularse distintas formas de violencia. También cuestionó la insuficiencia de las medidas de protección, como una advertencia a lo que antecede a un crimen. La periodista y feminista Sharon Pringle Félix cuestiona la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres, donde "el Estado está fallando al prevenir porque no estamos en clave de prevención". Advierte que las medidas de protección no bastan cuando el agresor puede acercarse a la víctima y atacarla. Pringle también reclama transparencia para conocer qué ocurrió antes de cada crimen. "Las autoridades deben informar sobre el contexto previo de las víctimas", señala. Para ella, es necesario esclarecer cuántas denuncias fueron desatendidas y cuántas alertas tempranas fallaron, para exigir cuentas a las instituciones responsables. El panorama mundial refuerza esa preocupación. ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimaron que cerca de 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024, unas 137 cada día. El informe, publicado en 2025, subraya la importancia de prevenir una violencia que puede estar precedida por abusos. La Convención de Belém do Pará exige a los Estados actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En Panamá quedan preguntas que los cuadros no responden. ¿Cuántas víctimas habían denunciado amenazas? ¿Cuántas tenían medidas de protección? ¿Qué pasó después de pedir ayuda? Responderlas requiere revisar los casos y la actuación de las instituciones. El aumento está documentado. Falta conocer qué ocurrió antes de cada muerte y si hubo oportunidades de protección que se perdieron.

Al menos 26 agentes del Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) han sido identificados y denunciados por movimientos sociales por infiltrarse en sus filas, elaborar perfiles y generar situaciones confusas que luego derivaron en denuncias impulsadas por los propios agentes contra universitarios, sindicalistas, ambientalistas, líderes indígenas y otros. Este es su modus operandi, contado por sus propias víctimas. Por: Grisel Bethancourt y Rekha Chandiramani En una fotografía aparece Raisa Banfield junto a su hija en una manifestación en el contexto del rechazo al contrato minero a finales de 2023. Hoy reconoce a uno de ellos como policía infiltrado en una acción "individual, voluntaria y legítima". "Ellos están ahí haciendo la fachada de que están protestando conmigo", dice Banfield, exdirectora general del Centro de Incidencia Ambiental y exvicealcaldesa capitalina. Banfield recordó esa pequeña y sencilla manifestación frente al Ministerio de Ambiente como la puerta de entrada del sargento José Urriola Bethancourt, a quien reconoció luego de la denuncia pública del esquema de vigilancia encubierta que revelaron organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida el pasado 8 de septiembre. Según su relato, esa fue la primera vez que se infiltraron en su entorno. "Luego escalaron al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, escalaron a Ya es Ya, a Pueblo Unido y a todos los movimientos sociales que estaban manifestándose. Banfield afirma que la exposición al riesgo no comenzó con la lucha contra la minería. "Realmente, cuando uno sale a protestar, sale a un evento, a una manifestación pública, y estás cuestionando al sistema, al statu quo, al poder, siempre estás expuesta", sostiene. Dice que ha sido consciente de esa situación desde hace veinte años, con las distintas causas que han afectado a las comunidades más vulnerables. "Uno sabe, se siente perseguido. Yo estaba en la lista de pinchados. He sido perseguida hasta mi casa por carros sin placa". Señala que la gravedad cambia cuando hay pruebas de que personas contratadas por el ente previsto para cuidar a la población se infiltran en causas sociales y ambientales legítimas. "Es nuestro derecho, en democracia, utilizar lo más valioso que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad, para ejercer ese derecho de cuestionar, de protestar e incluso de denunciar sobre una base legal, porque el fallo nos dio la razón", afirma. Le resulta especialmente grave que esas personas se acerquen a su círculo íntimo: "Sentir que esas personas se te pegan, entran en tu intimidad, en tu círculo cero, para conocer tus movimientos o quién sabe qué más". Raisa Banfield, exalcaldesa y activista ambiental fue abordada por dos personas jóvenes. Ahora identificados son el sargento 1° José Urriola B. y Para Banfield, "es una vergüenza que la Policía, la institución de «Proteger y Servir. Dios y Patria», se preste para esa cochinada traidora, porque no están para defender los intereses del país, sino los intereses de los poderosos". La denuncia pública del esquema fue presentada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante el Ministerio Público el 8 de septiembre. Los movimientos sociales acusan a 26 agentes de distintos rangos de ser parte del entramado de infiltración. La información recopilada demuestra presuntas intromisiones que alcanzaron ámbitos familiares y personales, incluyendo hijos, esposas, padres y madres de integrantes del movimiento social. Entre las víctimas hay extranjeros, mujeres, niños, niñas y adultos mayores perfilados por ser familiares de las víctimas directas. Informe/denuncia de los movimientos sociales sobre presunta red de espionaje institucional contra movimientos sociales La Policía Nacional respondió con un comunicado tardío —publicado la noche del jueves del 10 de septiembre en el que reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos". Sin embargo, la pertenencia a movimientos sindicales no es causal de por sí para estas prácticas. Más testimonios Renata Sponer, coordinadora del colectivo Ya es Ya, reconstruye cómo José Urriola Bethancourt —identificado en la denuncia como sargento primero, posición número 22646— ingresó al movimiento ambientalista, ganó la confianza de los miembros más activos y sembró la división interna antes de ser señalado como policía «encubierto». Urriola llegó recomendado por otra compañera de confianza a mediados de 2024, cuando el movimiento antiminero se reactivaba ante la amenaza de reapertura de la mina. Pero su infiltración habría iniciado desde 2023, según otras dos fuentes —una de ellas Raisa Banfield— que lo reconocieron desde el Campamento Nueva Soberanía, apostado afuera del Ministerio de Ambiente en vigilias permanentes antes y después del fallo sobre el contrato de la canadiense First Quantum Minerals. Esas vigilias derivaron de marchas, cierres y huelgas nacionales que duraron 40 días entre octubre y noviembre de 2023. Como era una convocatoria abierta, la sola identificación con la causa y acompañar al grupo que hacía vigilia le permitió introducirse entre los activistas más comprometidos. La referencia entonces fue que "era alguien muy activo que había militado con otros grupos y quería sumarse a Ya es Ya". Renata lo había visto marchar con ellos, cargando carteles y banderas. Lo agregó al chat del colectivo, aunque mantuvo sospechas desde el inicio y por eso no lo invitaba a representar al colectivo en actividades. Sin embargo, él ya estaba dentro del chat y ampliaba su participación cada vez más. Infiltración en comunidades campesinas. "José se caracterizaba por estar siempre dispuesto. Al principio quería participar y sumar a muchas personas al movimiento. Hablaba de un grupo activo en Panamá Oeste en 2023, decía tener conexiones con ellos y quería crear un capítulo de Ya es Ya en esa región. También mostraba interés cuando surgía la oportunidad de participar en giras y conocer otros escenarios o grupos. Participó en una gira a Río Indio como integrante de Ya es Ya y fue a Bocas con un dirigente estudiantil. Viajó por su cuenta a áreas vinculadas con la minería, como Cañazas, donde intentó organizar una acción propagandística en una fiesta de quince años", contó. Lo describe como una persona "siempre positiva, amable y tratando de ser correcta, que se expresa bastante bien, pero es muy poco definida. Como sin rostro, una persona que no se deja definir". Le intriga, hasta hoy, cómo dividía su tiempo entre la compañía de logística que decía tener, el fingido ambientalismo y las largas horas de reuniones, muchas en días de semana, en las que participaba como representante del colectivo en la Alianza Pueblo Unido. Clare Herridges, una ciudadana estadounidense residente en Panamá, también de Ya es Ya, lo recuerda como un joven de unos 35 años que “pasaba de un grupo a otro” y que incluso estuvo frente a Mi Ambiente durante las protestas antes de incorporarse permanentemente en Ya es Ya por, donde estuvo casi año y medio. Su tono cortés y suave no levantaba sospechas —dice Clare— era parte de su perfil como agente encubierto, seleccionado por su inteligencia emocional, adaptabilidad y control de impulsos. Su misión: “escuchar mucho y observar todo para extraer información de valor”. Herridges hoy interpreta varios episodios como señales de su rol: su impaciencia cuando no se le delegaba más actividades en Ya es Ya, su frase “el conocimiento no depende de la edad sino de la preparación”, y aquella vez que escribió “ni siquiera levanté la mano, me sentí en la política”, reflejo de alguien ajeno a las dinámicas horizontales y potencialmente formado en la jerarquía vertical policial. "Entraba a las marchas desde una esquina, tomaba el mismo afiche, posaba ante las cámaras de la policía como queriendo decirles “estoy cumpliendo mi labor”. “Se trató de mostrar como amigo”, alerta Herridges, “lo que me advierte de personas que el futuro se acerquen fingiendo entrega a la colectividad”. Sargento 1° José Urriola o José Bethancourt siempre participaba con pancartas como ambientalista contra la minería. Urriola, quien se presentaba como José Bethancourt, su apellido materno, empezó a sembrar desconfianza entre los miembros del colectivo, creando tensiones con la Alianza. Eventualmente alegó estudios y ocupaciones para empezar a alejarse. Tras la revelación pública, Renata lo confrontó y este lo negó, incluso dijo que su papà demandaria. Luego Renata lo sacó del chat. Al tratar de contactarlo vía telefónica desde este medio para obtener su versiòn, no contestó las llamadas. Ileana Corea, también activista de Ya es Ya y militante de Juventudes Revolucionarias (JR), relata cómo Urriola operó dentro de las organizaciones antimineras y cómo ella misma fue víctima de perfilamiento policial, incluyendo un intento de allanamiento que un juez finalmente rechazó por falta de elementos. Según Ileana, Urriola se acercó a las organizaciones bajo la premisa de la lucha ambiental y la solidaridad con los campesinos de Río Indio. "Se acercó generando simpatía; creo que eso es importante identificarlo", señala. Buscaba simpatizar con ciertos miembros, mostraba preocupación por lo que la organización haría en determinados momentos y preguntaba, por ejemplo: "¿Ustedes van a ir a Río Indio? ¿De qué parte o de dónde o de quién viene ese bus? ¿Qué van a hacer allá?". Junto con esas preguntas, dice Ileana, estaba la simpatía: "Se acercaba con un lenguaje de jóvenes, risueño y un poco más moderno, para parecer uno más del resto. Parecía una persona en la que se podía confiar porque era chévere, tranquila y todo lo demás". El acercamiento se hizo directamente a Ya es Ya, organización que tuvo un aporte muy grande en propaganda antes y durante la crisis de 2023. "La horizontalidad de la organización, por supuesto, permitió algo así", admite. Ileana recuerda su "necesidad impetuosa" de estar en las reuniones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de dar balances e invitar todo el tiempo a JR a participar en actividades. "Decía: 'Vengan a las actividades, tengan un vocero. El compañero tal de la Alianza me comentó que sería importante que ustedes vinieran'". También recuerda su cercanía física: "Lo tenía todo el tiempo a mi lado, metiéndome conversación. Me decía cosas como: 'Mira, aquel es un policía'. Generaba el clima de estar detrás de nosotros o apoyándonos porque éramos jóvenes". Ese comportamiento lo repetía con otros compañeros de JR, pero no con sindicalistas ni con integrantes de otras organizaciones. Urriola mostraba cierto nivel de formación sobre el tema ambiental. "Se notaba lectura y preparación. Podía hablar del proceso de lavado, de las tinas, de los materiales o minerales que salen después de la explotación y de lo que se hace con los residuos". Para Ileana, eso forma parte del engranaje del espionaje: "Genera seguridad entre quienes lo rodean: uno piensa que esa persona está allí porque conoce la materia". Jorge Guzmán, miembro del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso) y de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), también conoció a José. Lo describe como "parco, receptivo y que intervenía poco". Ingresó presentándose como integrante de la organización ambientalista Ya es Ya. Explicó que apareció durante la lucha contra la minería y aumentó significativamente su presencia durante las movilizaciones contra la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Participó en actividades, movilizaciones y espacios internos aprovechándose de la confianza y amplitud propias de una alianza social. Incluso una vez le dijo que quería ser su asistente. También recuerda sus viajes a Bocas del Toro y Río Indio. Pueblo Unido por la Vida es un blanco de la DNIP. La infiltración también se dio a través de la creación de una “falsa ONG ambientalista” que según la denuncia, habrían creado dos agentes para socavar la resistencia al proyecto del embalse en Río Indio. Dos agentes identificados por los movimientos sociales se habrían hecho pasar por activistas del “Centro de Acción Solidaria” para crear una conexión con los campesinos que se oponen desde hace más de dos décadas al desplazamiento de construirse el mega embalse para el Canal de Panamá. De la infiltración a la judicialización Lo que no dice la Policía panameña en su comunicado es que las infiltraciones se habrían hecho para crear la situación, apariencia o momento previo a la denuncia que luego algún agente —el propio infiltrado, otro de rango superior o uno anónimo denominado «fuente humana»— haría posteriormente, adjuntando informes financieros, de seguimiento o «pruebas» que están fuera de lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Esta investigación tuvo acceso a información que explica cómo y contra quién se abrieron dossieres a nivel nacional. Bajo la clasificación de “Acceso restringido” por el Departamento de Orden Público de la DNIP, donde recopilaron información a través de la infiltración y que se encuentran bajo documentos que utiliza un registro “Código 43”. Entre la lista preliminar se encuentran: Yamir Córdoba, Abdiel Bethancourt, Abundio Concepción -docente destituido de AEVE-, Agustín Sosa Peñalba, Alejandro John Hule, Anthony Guevara Prado, Ariel Muñoz; Dalia Morales -docente de Asoprof reintegrada por orden de un tribunal-; Eduardo Gil Quiroz, Felipe Cabeza Dixon -docente destituido en Colón-; Humberto Luis Montero Taylor, Ileana Corea García, Irving Pinzón Acevedo, Jaime Caballero Quiroz -judicializado bajo medida de casa por cárcel-; John Hughes Reyes, Kevin Sánchez, Francisco Smith -judicializado con medida cautelar-; Audrey Blaxter, Raisa Banfield. Juntas directivas de Sindicatos registrados en MITRADEL, asociaciones de educadores, oenegés y otras organizaciones ambientales. Las fichas confeccionadas por esos agentes policiales datan de septiembre de 2025 según se desprende del informe, pero la mayoría son más recientes, de mayo de 2026, desde que Orden Público pasó de ser una seccional a un departamento de la DNIP, bajo la jefatura del mayor Carlos Carvajal. En los documentos resaltan movimientos migratorios, actividad sindical y política, participación en huelgas, protestas, cierres de vías, movilizaciones y actividades sindicales. *** Inteligencia e investigación no son lo mismo. La primera busca información para prevenir amenazas y es responsabilidad, la otra reúne pruebas para demostrar un delito ante un juez. Pero ambas necesitan orden previa de un fiscal, tiene que estar autorizada por un juez de garantías y está destinada a desarticular grupos de delincuencia organizada según las leyes. El comunicado tardío de la Policía reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos". Resaltan tres casos claros. El de Ileana Corea, que conserva el expediente del perfilamiento policial realizado a miembros de Juventudes Revolucionarias. En su caso, un policía de rango bajo —cree que un cabo primero o segundo— acudió a su vecindario, probablemente vestido de civil, con una foto en la mano. Empezó a preguntar: «¿Esta muchacha vive aquí? ¿La han visto?». Interrogó a los vecinos, tomó fotos de la entrada y anotó la descripción. «Dejan preparado todo el panorama para que se realice el allanamiento». Luego, el día de la protesta en la Universidad de Panamá, en enero de 2025, confirma que nunca tuvo contacto más que verbal con ese policía. «Creo que el único contacto fue verbal, cuando le hice un llamado al orden porque estaba bastante exaltado, como se observa en los videos. El resto de mis compañeros sí tuvo contacto físico con él y por eso surgió primero la posibilidad del allanamiento y luego lo que procedía». Como en su caso no existía ese contacto, el juez no legalizó el allanamiento. «No había elementos para intentar imputar cargos». Pero el perfilamiento se hizo igual. «Allí estaba toda mi información: fecha de nacimiento, edad, cédula, fotografías, datos electorales y datos de mi hermano. Todo estaba allí». Los otros jóvenes fueron perfilados por agentes policiales entre el 1 y el 2 de febrero, con número de casa, color, lugar y hora en las que estarían, y solicitaron al juez un allanamiento «a las 5 am porque salían de sus casas antes de las 6 am» por ser estudiantes universitarios de turno matutino, según el documento al que tuvo acceso este medio, en el que se acusaba de oficio a Ahmed Winter Tejada y otros jóvenes por delitos contra la vida y la integridad personal y contra la administración pública en modalidad de delitos contra un servidor público, Demetrio Ernesto Martínez Franco, un subcomisionado que ingresó a los estamentos en 2001 según registros oficiales de la planilla del Ministerio de Seguridad. El informe, fechado el 25 de enero de 2025 contra los jóvenes, fue confeccionado por la unidad Sergio Andrade de la DNIP, reconocido en el aparato de inteligencia policial, que dio seguimiento al estudiante universitario en su residencia, aportando todos sus datos generales para ser allanado y arrestado. Así como la DNIP confeccionó informes «investigativos» de otros seis estudiantes que participaban en la protesta estudiantil en los predios de la Universidad de Panamá, para la misma fecha descrita, según establece la carpetilla firmada por el fiscal de Atención Primaria, Guillermo Vargas Mayers. El segundo caso es el de Marco Andrade, secretario general de la central sindical CONUSI, investigado por presunto manejo irregular de fondos destinados a capacitaciones, con cargos por peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. En su expediente aparece un análisis financiero firmado por el jefe de Orden Público de la DNIP, Carlos Carvajal, y por una sargento adscrita a esa dirección. El documento contiene esquemas de supuestas transacciones financieras, fue entregado al Ministerio Público, específicamente al fiscal Anticorrupción, Eduardo Rodríguez, el 26 de junio de 2026 y terminó incorporado al proceso. Este caso se inició por la denuncia de una "fuente humana". Un tercer caso es el del Hospital del Niño. En febrero de 2025 estalló una protesta en los predios de la construcción del hospital que detonó un operativo mediático-policial nunca antes visto. Los videos publicados por la propia Policía mostraban a una persona dentro del proyecto, vestida con uniforme de trabajo de construcción, arrojando un bloque de cemento a la vía. Un policía resultó herido. Hubo más de 500 detenidos y 83 obreros judicializados. Sin embargo, según el propio Suntracs, el que arrojó el bloque nunca fue identificado ni judicializado y no pertenece a sus filas. Denuncian que fue un posible infiltrado. https://x.com/BarriosDurospty/status/2098503882888663318?s=20 Para este reportaje consultamos a dos comisionados retirados que pidieron mantener su nombre en reserva, adscritos a unidades de información e investigación de los estamentos de seguridad. Ambos tienen conocimientos de derecho penal y coinciden en que algunas actuaciones atribuidas a la DNIP podrían constituir investigaciones ilícitas y vulnerar garantías fundamentales. La diferencia también está escrita en la ley. La Dirección de Investigación Judicial fue creada mediante la Ley 69 de 2007, que establece sus funciones dentro de la investigación penal y su papel como auxiliar del Ministerio Público. La DNIP, en cambio, funciona bajo una norma interna de la Policía Nacional, dentro del marco general de la Ley 18 de 1997. Esto significa que la DNIP puede recopilar y analizar información sobre pandillas, rutas del narcotráfico, movimientos financieros o amenazas contra la seguridad. Esos datos pueden orientar una investigación, pero no se convierten automáticamente en pruebas o indicios, ni autorizan a Inteligencia a asumir las funciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Si un agente de la DNIP encuentra una evidencia física durante una verificación, debe preservar el lugar y entregarla a la DIJ o a los peritos forenses. Manipularla, levantar actas o participar en diligencias judiciales puede afectar la cadena de custodia y abrir dudas sobre la legalidad de la prueba, según explicó uno de los comisionados retirados que habló con este medio. Para los comisionados consultados, lo ocurrido muestra cómo una unidad de inteligencia puede cruzar la línea de la investigación judicial. También señalan que el debilitamiento de la DIJ ha permitido que la DNIP ocupe espacios que no le corresponden, mientras el Ministerio Público recurre a Inteligencia para suplir las carencias de su brazo investigador. Una orden fiscal tampoco resuelve el problema. Una disposición interna puede organizar el trabajo de la DNIP, pero no darle facultades que una ley reserva a otra dirección. "La DNIP no es policía judicial y una firma no le otorga competencias que la ley no le concede", sostiene uno de los comisionados consultados. La advertencia alcanza diligencias tan delicadas como los allanamientos, el registro de bienes o el manejo de información privada. Las labores de inteligencia no pueden utilizarse para evadir controles judiciales ni vulnerar la intimidad, el debido proceso o la inviolabilidad del domicilio. Ninguna investigación penal puede construirse al margen de esas garantías. El comisionado en retiro concluye que “no puede haber diligencias judiciales como allanamientos, levantamientos de actas o cadena de custodia realizadas por unidades de la DNIP (porque) la Ley 69 es clara al asignar las (funciones) exclusivamente a la DIJ. “La DNIP se consolidó como el órgano de inteligencia, cumpliendo (en teoría) funciones de análisis y prevención. La DIJ, lamentablemente, quedó en el abandono. El Ministerio Público dejó de mirarla, dejó de exigirle desarrollo y dejó de controlar sus capacidades reales, convirtiéndola poco a poco en una fuerza estancada, inoperante y rezagada frente a la complejidad delictiva actual”. Estado policial En 2014, el expresidente Ricardo Martinelli dijo en televisión abierta, en entrevista con Álvaro Alvarado: "Yo sí tengo el dossier y el pedigree, pues sé qué ha hecho todo el mundo". Esto levantó la ceja de Álvaro, que le preguntó cómo era posible. Martinelli evadió responder. Pero el desliz le pasó factura eventualmente cuando su némesis, Juan Carlos Varela, le sucedió en la Presidencia. Dos juicios por pinchazos. Como la justicia es ciega, la Corte lo declaró "no culpable" aunque abundaban las pruebas. El epicentro: el Consejo de Seguridad. Corría 2014. El entonces ministro de Seguridad de Martinelli, José Raúl Mulino, es hoy presidente del país desde 2024. Y su primer secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (de 2010 hasta marzo de 2012), Julio Moltó, es hoy ministro de Comercio e Industrias. Moltó ha negado su participación en el esquema. Quienes sí fueron condenados por escuchas telefónicas ilegales fueron los subsiguientes secretarios ejecutivos Gustavo Pérez y Alejandro Garúz. Pérez es hoy asesor de Mulino. El hoy presidente también ha sido revelador en su animadversiòn contra los sindicatos y lo que tilda de “grupos de izquierda radical”. El jueves 13 de febrero de 2025, durante la conferencia semanal de Mulino, un día después de los enfrentamientos entre trabajadores del Suntracs y la Policía en la avenida Balboa, les advirtió a los obreros: “Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley, y un gobierno dispuesto a no tolerar la anarquía pseudosindicalista”. Antes de eso, dijo que “utilizaría todo su poder para llevarlos (al Suntracs) a su mínima expresión”. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que empezó hace más de una década con los dossieres y pedigríes por pinchazos —escuchas telefónicas ilegales— toma ribetes de carne y hueso bajo la administración de José Raúl Mulino, heredero político de Martinelli. Bajo la dirección de Jaime Fernández en la Policía, se esquematiza un departamento de seguimiento, infiltración de movimientos sociales, seguimientos, fabricación de pruebas ilegales e ilegítimas y eventual judicialización de obreros, maestros, universitarios, activistas ambientales y cualquier blanco visible que se oponga al gobierno y sus proyectos extractivos y neoliberales. Estas denuncias no son más que un nuevo capítulo en la larga historia del macartismo en Panamá. Nació hace décadas y mató a prominentes patriotas, desde Victoriano Lorenzo y Pedro Prestán hasta Floyd Britton, Jorge Camacho o Juan Navas. El perfeccionamiento del Estado policial al servicio del neoliberalismo pasa por permear todas las capas de la vida pública, académica y privada. Desde infiltrar sindicatos hasta las aulas, como explica Corea. "Actualmente hay una gran cantidad de alumnos universitarios que trabajan para el Ministerio de Seguridad. Tengo claro que he visto dentro de las facultades a miembros de la institución estudiando allí". Menciona el caso de subtenientes o mayores que estudian en la universidad. "Lo hacen para luego abandonar la carrera policial y ubicarse en otro espacio. Durante todo ese tiempo, uno comparte con alguien vinculado a la seguridad del Estado, que observa nuestros movimientos como estudiantes y como organización". Lo he visto con más frecuencia en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas y Derecho. "Eso también puede servir como un vector para reproducir una ideología de derecha dentro del Estado y entre los funcionarios". En palabras de Ileana Corea, el objetivo del Estado no es solo espiar, sino fracturar. "Siento que el Gobierno busca precisamente que nuestras organizaciones empiecen a sospechar unas de otras: que yo sospeche de Ya es Ya, de otra persona, de Panamá Vale Más Sin Minería o de SUNTRACS; o que SUNTRACS sospeche de mí. Esa parece ser parte de la estrategia: provocar desconfianza entre nosotros y nosotras". Por eso insiste en que las organizaciones deben redoblar la atención sobre quiénes se acercan y con qué intenciones. "Si alguien tuvo una especie de revelación hace pocos días y ahora quiere ser ambientalista, resulta bastante sospechoso". También recomienda observar las redes sociales de quienes se aproximan: "Saber qué hacen, qué publican y desde cuándo existen esas cuentas. Esto debe hacerse sin caer en la paranoia". La seguridad, dice, debe discutirse internamente. "Si alguien llega a una organización, no debería entrar en poco tiempo a una reunión interna ni asumir rápidamente su vocería. Debe existir un periodo para conocer a esa persona, saber cuáles son sus intereses y de dónde surgen". Reconoce que suena fácil explicarlo, pero la situación que viven los movimientos sociales en Panamá obliga a cerrar filas sin desconfiar entre ellos. "No somos movimientos masivos ni multitudinarios, lo que puede permitirnos conocer mejor a las personas que se acercan". De acuerdo con Guzmán, esta infiltración es de extrema gravedad. "Organizarse, protestar, defender el ambiente, luchar por derechos laborales y sociales y cuestionar las políticas del Gobierno son actividades legítimas protegidas por el orden constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No constituyen actividades criminales que justifiquen infiltración y vigilancia clandestina". El también abogado califica estas prácticas como incompatibles con un Estado democrático de derecho, al convertir al movimiento social en "enemigo interno" y utilizar estructuras estatales para infiltrarlo, vigilarlo y obtener clandestinamente información sobre sus integrantes y familias. "Panamá no puede regresar a los métodos de vigilancia política y persecución propios de los períodos más oscuros de nuestra historia. Torrijos y Noriega, dictadura militar", recordó. *** Los movimientos sociales denunciaron el caso ante el Ministerio Público el pasado 8 de septiembre anexando un informe de más de 100 páginas con fotos de los agentes detectados en las manifestaciones, información de contexto y datos sobre las tareas asignadas, que comprenderían el rastreo en redes sociales, escucha de llamadas privadas, infiltración directa en asambleas gremiales y seguimiento físico. Al cierre de este reportaje, la denuncia no había sido admitida por la entidad, en contraste con las denuncias de los propios agentes contra los estudiantes y obreros, por ejemplo, que admitió sin cuestionar el origen de las denuncias. La denuncia formal es contra el Ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director nacional de Inteligencia Policial, Julio Cedeño. Además, incluye al mayor Carlos Carvajal como presunto articulador directo del entramado de inteligencia no autorizada y otra veintena de oficiales de menor rango, entre ellos el sargento primero José Urriola y al cabo segundo Bryan Rodríguez, como presuntos infiltrados de la red, que estaría compuesta por unos 40 agentes. El caso llegó a la oficina de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas a través de una denuncia presentada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), con sede en Guatemala. La Defensoría del Pueblo de Panamá también tiene la queja y el informe, configurando la necesidad de medidas de protección individual y colectiva que han solicitado las agrupaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante los organismos internacionales y locales, para todos los miembros de los colectivos afectados. La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá expresó su “profunda preocupaciòn ante las graves denuncias” de la presunta red clandestina de espionaje estatal, calificandola como una “pràctica incompatible con la democracia” que produce un “clima generalizado de temor que provoca un devastador efecto inhibidor y de autocensura para el conjunto de la ciudadanìa y la sociedad civil organizada”. En un comunicado exigieron a las autoridades el respeto de las libertades fundamentales, la admisión de la denuncia, una explicación oportuna y la investigación de los hechos. https://x.com/magcastill/status/2098390210887241837?s=20 Este reportaje se realizó bajo la Alianza Periodística de Archivos Abiertos y Con las Manos en la Data. Si valoras esta investigación, puedes apoyar nuestro trabajo con un aporte económico. Escríbenos a grissb@gmail.com

Las nuevas reformas al Código Electoral sugieren mayor fiscalización, equidad, transparencia y participación, sin embargo el aumento del porcentaje para la libre postulación pone trabas para los aspirantes independientes. Archivos Abiertos extrae los principales puntos de los dos proyectos presentados en la Asamblea Nacional. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos | 1 de septiembre de 2026 El Tribunal Electoral cumplió el plazo. El 31 de agosto, sus tres magistrados, Narciso J. Arellano Moreno, Alfredo Juncá y Luis A. Guerra, comparecieron ante la Asamblea Nacional para presentar dos proyectos por separado. Uno reforma el Código Electoral y el otro modifica los circuitos electorales para la elección de diputados en 2029. Aunque fueron entregadas el mismo día y forman parte de una reforma común, tendrán trámites legislativos separados. Las propuestas son el resultado de un año de discusiones en la octava Comisión Nacional de Reformas Electorales, instalada en marzo de 2025. Allí participaron partidos constituidos y en formación, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones públicas. Su presidente, el magistrado Arellano, informó que 59 artículos fueron aprobados y 46 rechazados en las mesas de trabajo. El proyecto principal contiene 169 artículos y cambia las condiciones para constituir partidos, competir por la libre postulación, financiar campañas y adjudicar curules en los circuitos plurinominales. También elimina la Comisión que discutió las reformas y deja en su lugar un foro consultivo cuya composición dependerá de la reglamentación del propio Tribunal. El documento está firmado por Narciso J. Arellano, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Ahora deberá pasar por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales y luego por el pleno de la Asamblea. Equidad, transparencia, cuentas y justicia La exposición de motivos sostiene que la propuesta se apoya en la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia electoral. También aborda el padrón, las incompatibilidades de los servidores públicos, la inteligencia artificial, el fuero y los procesos electorales. “Las reglas que determinan quiénes pueden participar, cómo se organizan las candidaturas, de qué manera se financian las campañas, cómo se contabilizan los votos y cómo se resuelven las controversias electorales deben responder a criterios de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad”, señala el documento. La intención declarada es corregir las asimetrías. La discusión será si las nuevas reglas reducen las ventajas existentes o terminan protegiendo a quienes ya cuentan con organización, recursos y presencia nacional. El 3 % y la libre postulación La reforma eleva del 2 % al 3 % de los votos válidos de la última elección el respaldo requerido para constituir un partido. El mismo porcentaje determinará su subsistencia, tomando la elección que resulte más favorable al colectivo. Aunque el aumento es de un punto porcentual, la exigencia crece 50 %. El Tribunal lo presenta como una forma de reducir la fragmentación y vincular el financiamiento público con organizaciones que tengan una base electoral efectiva. El 3 % también se aplicará a la libre postulación. Los aspirantes tendrán hasta el 31 de agosto del año anterior a las elecciones para reunir las firmas, pero alcanzar el porcentaje no garantizará aparecer en la papeleta. Solo serán reconocidas las tres nóminas o listas con mayor cantidad de respaldos. Así, una candidatura puede cumplir el umbral legal y quedar fuera si otras tres reúnen más firmas. La reforma no solo aumenta la cantidad exigida, sino que mantiene un segundo filtro para determinar quiénes podrán competir. El dinero y la competencia El artículo 210 propuesto asigna a los partidos el 93 % del financiamiento público preelectoral. De ese monto, el 25 % se repartirá en partes iguales y el 75 % de forma proporcional, según el promedio de votos obtenido por cada colectivo en las elecciones anteriores para presidente, diputados, alcaldes y representantes. La fórmula combina un reparto igualitario con otro basado en el rendimiento electoral previo. En la práctica, los partidos con mayor caudal de votos volverán a comenzar con ventaja frente a organizaciones pequeñas y candidatos independientes. El tope privado será de B/.10 millones para presidente y B/.300 mil para diputados de la República y del Parlacen. Para alcaldes y representantes será de B/.5 por elector, con mínimos y máximos según el cargo. Cada donación deberá acreditar su origen al momento del depósito. Ningún aporte en efectivo de una sola fuente podrá superar B/.1,000 y la suma de todos ellos tendrá como límite el 7 % del tope privado del cargo. También se prohíben aportes de contratistas y concesionarios del Estado, congregaciones religiosas y personas condenadas por corrupción, narcotráfico o lavado de activos. Sin embargo, el artículo 232-A permite al Tribunal reglamentar excepciones a la obligación de acreditar el origen de los fondos, por motivos de transparencia y fiscalización, señala el documento. Proyecto de Reformas Electorales. Cambios en los circuitos plurinominales En los circuitos plurinominales se mantienen el cociente y el medio cociente, pero los votos utilizados para ganar esas curules deberán descontarse antes de adjudicar los puestos pendientes por resto mayor. “Únicamente los votos que permanezcan como saldo” podrán utilizarse para repartir las curules restantes, indica el proyecto. La medida busca impedir que un mismo grupo de votos sea utilizado más de una vez y produzca una representación superior a la obtenida en las urnas. Las listas de libre postulación participarán sin una alianza equivalente que les permita sumar votos entre sí. La Comisión desaparece Uno de los cambios institucionales más relevantes es la derogación de la norma que reconoce la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Desde 1990, ese espacio reunió a partidos, sociedad civil y otros actores para evaluar las reglas y elaborar propuestas después de cada elección. El Tribunal argumenta que el mecanismo respondió a “una etapa particular” de la evolución democrática y que fue diseñado para una realidad histórica ya superada. En su lugar, el artículo 134 reconoce al Foro Ciudadano y de Libre Postulación como “organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo reglamente”. Será convocado durante los procesos de consulta y “cuando lo estime conveniente”. El articulado no define su composición ni garantiza puestos para organizaciones de la sociedad civil. El Foro será consultivo, dependerá de una reglamentación y será convocado por el Tribunal. La propuesta afirma que el cambio “no constituye un retroceso”. El segundo proyecto reorganiza el mapa electoral La Asamblea Nacional mantendría sus 71 diputados, pero el número de circuitos aumentaría de 39 a 41. Habría 30 circuitos uninominales, que escogerían un diputado cada uno, y 11 circuitos plurinominales, responsables de elegir los otros 41. Panamá perdería dos curules y pasaría de 25 a 23. San Miguelito bajaría de siete a seis diputados; los circuitos 8-3 y 8-4 perderían una curul cada uno, mientras Panamá Este aumentaría de cuatro a cinco. Esas dos curules se trasladarían a Panamá Oeste, que pasaría de ocho a diez diputados. Arraiján aumentaría de tres a cuatro y La Chorrera también pasaría de tres a cuatro. En Bocas del Toro y Chiriquí no se eliminan diputados. Lo que se propone es dividir circuitos que actualmente eligen dos representantes para convertirlos en circuitos uninominales separados. Es decir, cada nuevo circuito escogería su propio diputado. La Asamblea Nacional tendrá ahora la última palabra. Antes, será necesario confrontar el proyecto con los acuerdos y las actas de la Comisión, tras las advertencias de dirigentes políticos consultados sobre posibles diferencias a lo que aprobaron. Foto de Portada, Tribunal Electoral. Archivos Abiertos en una segunda entrega, buscará las opiniones de consultores y líderes de partidos.