Cárcel Nueva Esperanza, la vergüenza que el Estado prefiere no mirar
Lo verdaderamente escandaloso no es que existan denuncias. Lo escandaloso es que, después de tantos años, todavía tengamos que denunciar las mismas calamidades.
Por Miguel Angel Rodríguez, abogado y director de Termómetro Digital.
Ciudad de Colón. -Cuando la defensa de la vida de los privados de libertad tiene que llegar a instancias internacionales, algo profundamente grave está ocurriendo con las instituciones nacionales.
Hay realidades que avergüenzan a una sociedad y silencios que comprometen a sus gobernantes. Lo que ocurre en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, reúne ambas circunstancias.
Durante años, las denuncias sobre las condiciones de reclusión, la precariedad de los servicios sanitarios, las dificultades para recibir atención médica y los riesgos que enfrentan las personas privadas de libertad han formado parte de una realidad que las autoridades conocen, pero que continúa reclamando soluciones estructurales.
Lo verdaderamente escandaloso no es que existan denuncias. Lo escandaloso es que, después de tantos años, todavía tengamos que denunciar las mismas calamidades.
Y no se trata únicamente de versiones provenientes de familiares o abogados. El propio Ministerio de Salud reconoció, en una comunicación del 3 de octubre de 2026, la existencia de problemas críticos relacionados con la atención médica, los traslados a citas hospitalarias, el saneamiento ambiental y el control de vectores. El 25 de octubre volvió a anunciar coordinaciones para mejorar la atención sanitaria.
Reuniones, coordinaciones, compromisos y anuncios. El conocido repertorio burocrático que suele aparecer cuando las deficiencias se vuelven imposibles de ocultar.
Pero los enfermos no se curan con reuniones. Los medicamentos no llegan mediante comunicados. Y la dignidad humana no se restablece con fotografías de funcionarios sentados alrededor de una mesa.
Hay un antecedente todavía más demoledor. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura documentó condiciones preocupantes en Nueva Esperanza, cuestionó sus condiciones mínimas de habitabilidad y recomendó acelerar la construcción de una nueva cárcel para proceder a la clausura del establecimiento existente.
¿Cuántas advertencias internacionales necesita el Estado panameño para comprender que mantener personas bajo su custodia implica asumir una responsabilidad efectiva por sus vidas?
En medio de esta situación, el Frente de Abogados Colonenses (FACOL) ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según la información comunicada por la organización, la CIDH ha requerido documentación adicional para evaluar la petición y ha concedido un plazo hasta el 10 de noviembre de 2026.
Esta actuación representa una iniciativa institucional que merece atención, no por el protagonismo de quienes la promueven, sino por el problema humanitario que pretende enfrentar.
Es importante precisar que solicitar información adicional no equivale a que las medidas cautelares hayan sido otorgadas. Sin embargo, permite avanzar en la documentación de los riesgos denunciados y en la evaluación internacional de su gravedad.
Resulta preocupante que la protección de derechos fundamentales tenga que buscar respuestas fuera de nuestras fronteras cuando dentro del país existen autoridades penitenciarias, sanitarias, administrativas y judiciales obligadas a garantizarlos.
¿Dónde están los controles permanentes? ¿Dónde están los informes de seguimiento? ¿Cuántas solicitudes de atención médica permanecen sin respuesta? ¿Cuántos internos esperan tratamientos especializados? ¿Quién verifica que una persona enferma reciba oportunamente los medicamentos prescritos?
Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad cuando una omisión institucional termina agravando una enfermedad o poniendo en peligro una vida?
Conviene recordar algo que algunos funcionarios parecen olvidar. La privación de libertad no significa privación de humanidad.
Una persona condenada pierde su libertad ambulatoria en los términos establecidos por la ley. No pierde su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal ni a recibir un trato digno.
Mucho menos puede justificarse que quienes todavía gozan de presunción de inocencia sean sometidos a condiciones incompatibles con las garantías fundamentales que el propio Estado proclama defender.
La cárcel no puede convertirse en un mecanismo de castigo adicional, mucho menos en un lugar donde la indiferencia administrativa termine produciendo consecuencias irreparables.
Tampoco podemos ignorar la responsabilidad de quienes administran justicia. Los jueces no deberían permanecer indiferentes frente a denuncias sustentadas sobre situaciones que comprometan la integridad de personas sometidas a medidas de detención.
La función jurisdiccional no termina con ordenar o mantener una privación de libertad. Los mecanismos de tutela judicial deben conservar eficacia cuando las condiciones materiales del encierro amenazan derechos fundamentales.
Aquí tampoco cabe el acostumbrado argumento de la falta de presupuesto. Los problemas económicos pueden explicar determinadas limitaciones, pero jamás justificar la indiferencia frente a necesidades médicas urgentes ni la ausencia de condiciones mínimas de salubridad.
En estos días de celebraciones patrias, mientras abundan los discursos sobre nuestra historia republicana, la soberanía y el respeto a las instituciones, sería conveniente recordar que el verdadero patriotismo también consiste en exigir que el Estado respete la dignidad de quienes se encuentran bajo su custodia.
Porque una nación no se engrandece únicamente con desfiles, himnos y banderas. También se mide por la manera en que trata a sus ciudadanos más vulnerables.
Y pocos ciudadanos son tan vulnerables como aquellos que dependen del Estado incluso para recibir un medicamento, acceder a una consulta médica o conseguir un traslado hospitalario.
La iniciativa de FACOL constituye, en ese contexto, una oportunidad para reunir información verificable, identificar situaciones concretas de riesgo y exigir respuestas institucionales que puedan medirse en resultados.
Pero no debería ser necesario esperar un pronunciamiento de la CIDH para actuar.
Las autoridades panameñas tienen hoy la oportunidad de demostrar que todavía son capaces de responder a sus obligaciones sin necesidad de que un organismo internacional les recuerde lo que establece nuestra propia Constitución.
Nueva Esperanza lleva un nombre que contrasta dolorosamente con las denuncias que rodean su realidad. Y mientras las autoridades continúen administrando el problema en lugar de resolverlo, ese nombre seguirá siendo una cruel ironía.
Porque el mayor fracaso de un sistema penitenciario no consiste solamente en sus instalaciones deterioradas.
Consiste en que el Estado termine acostumbrándose al sufrimiento de las personas que mantiene encerradas.
Y cuando eso sucede, la vergüenza ya no está detrás de los barrotes.
Está del lado de quienes tienen el poder y la obligación de hacer algo, pero no hacen lo suficiente.
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