Agentes descubiertos: así infiltró la Policía el movimiento social en Panamá
Al menos 26 agentes del Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) han sido identificados y denunciados por movimientos sociales por infiltrarse en sus filas, elaborar perfiles y generar situaciones confusas que luego derivaron en denuncias impulsadas por los propios agentes contra universitarios, sindicalistas, ambientalistas, líderes indígenas y otros. Este es su modus operandi, contado por sus propias víctimas.
Por: Grisel Bethancourt y Rekha Chandiramani
En una fotografía aparece Raisa Banfield junto a su hija en una manifestación en el contexto del rechazo al contrato minero a finales de 2023. Hoy reconoce a uno de ellos como policía infiltrado en una acción "individual, voluntaria y legítima". "Ellos están ahí haciendo la fachada de que están protestando conmigo", dice Banfield, exdirectora general del Centro de Incidencia Ambiental y exvicealcaldesa capitalina.
Banfield recordó esa pequeña y sencilla manifestación frente al Ministerio de Ambiente como la puerta de entrada del sargento José Urriola Bethancourt, a quien reconoció luego de la denuncia pública del esquema de vigilancia encubierta que revelaron organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida el pasado 8 de septiembre. Según su relato, esa fue la primera vez que se infiltraron en su entorno. "Luego escalaron al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, escalaron a Ya es Ya, a Pueblo Unido y a todos los movimientos sociales que estaban manifestándose.
Banfield afirma que la exposición al riesgo no comenzó con la lucha contra la minería.
"Realmente, cuando uno sale a protestar, sale a un evento, a una manifestación pública, y estás cuestionando al sistema, al statu quo, al poder, siempre estás expuesta", sostiene. Dice que ha sido consciente de esa situación desde hace veinte años, con las distintas causas que han afectado a las comunidades más vulnerables.
"Uno sabe, se siente perseguido. Yo estaba en la lista de pinchados. He sido perseguida hasta mi casa por carros sin placa".
Señala que la gravedad cambia cuando hay pruebas de que personas contratadas por el ente previsto para cuidar a la población se infiltran en causas sociales y ambientales legítimas. "Es nuestro derecho, en democracia, utilizar lo más valioso que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad, para ejercer ese derecho de cuestionar, de protestar e incluso de denunciar sobre una base legal, porque el fallo nos dio la razón", afirma. Le resulta especialmente grave que esas personas se acerquen a su círculo íntimo: "Sentir que esas personas se te pegan, entran en tu intimidad, en tu círculo cero, para conocer tus movimientos o quién sabe qué más".
Para Banfield, "es una vergüenza que la Policía, la institución de «Proteger y Servir. Dios y Patria», se preste para esa cochinada traidora, porque no están para defender los intereses del país, sino los intereses de los poderosos".
La denuncia pública del esquema fue presentada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante el Ministerio Público el 8 de septiembre. Los movimientos sociales acusan a 26 agentes de distintos rangos de ser parte del entramado de infiltración. La información recopilada demuestra presuntas intromisiones que alcanzaron ámbitos familiares y personales, incluyendo hijos, esposas, padres y madres de integrantes del movimiento social. Entre las víctimas hay extranjeros, mujeres, niños, niñas y adultos mayores perfilados por ser familiares de las víctimas directas.
La Policía Nacional respondió con un comunicado tardío —publicado la noche del jueves del 10 de septiembre en el que reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos". Sin embargo, la pertenencia a movimientos sindicales no es causal de por sí para estas prácticas.
Más testimonios
Renata Sponer, coordinadora del colectivo Ya es Ya, reconstruye cómo José Urriola Bethancourt —identificado en la denuncia como sargento primero, posición número 22646— ingresó al movimiento ambientalista, ganó la confianza de los miembros más activos y sembró la división interna antes de ser señalado como policía «encubierto».
Urriola llegó recomendado por otra compañera de confianza a mediados de 2024, cuando el movimiento antiminero se reactivaba ante la amenaza de reapertura de la mina. Pero su infiltración habría iniciado desde 2023, según otras dos fuentes —una de ellas Raisa Banfield— que lo reconocieron desde el Campamento Nueva Soberanía, apostado afuera del Ministerio de Ambiente en vigilias permanentes antes y después del fallo sobre el contrato de la canadiense First Quantum Minerals. Esas vigilias derivaron de marchas, cierres y huelgas nacionales que duraron 40 días entre octubre y noviembre de 2023. Como era una convocatoria abierta, la sola identificación con la causa y acompañar al grupo que hacía vigilia le permitió introducirse entre los activistas más comprometidos.
La referencia entonces fue que "era alguien muy activo que había militado con otros grupos y quería sumarse a Ya es Ya". Renata lo había visto marchar con ellos, cargando carteles y banderas. Lo agregó al chat del colectivo, aunque mantuvo sospechas desde el inicio y por eso no lo invitaba a representar al colectivo en actividades. Sin embargo, él ya estaba dentro del chat y ampliaba su participación cada vez más.
"José se caracterizaba por estar siempre dispuesto. Al principio quería participar y sumar a muchas personas al movimiento. Hablaba de un grupo activo en Panamá Oeste en 2023, decía tener conexiones con ellos y quería crear un capítulo de Ya es Ya en esa región. También mostraba interés cuando surgía la oportunidad de participar en giras y conocer otros escenarios o grupos. Participó en una gira a Río Indio como integrante de Ya es Ya y fue a Bocas con un dirigente estudiantil. Viajó por su cuenta a áreas vinculadas con la minería, como Cañazas, donde intentó organizar una acción propagandística en una fiesta de quince años", contó.
Lo describe como una persona "siempre positiva, amable y tratando de ser correcta, que se expresa bastante bien, pero es muy poco definida. Como sin rostro, una persona que no se deja definir". Le intriga, hasta hoy, cómo dividía su tiempo entre la compañía de logística que decía tener, el fingido ambientalismo y las largas horas de reuniones, muchas en días de semana, en las que participaba como representante del colectivo en la Alianza Pueblo Unido.
Clare Herridges, una ciudadana estadounidense residente en Panamá, también de Ya es Ya, lo recuerda como un joven de unos 35 años que “pasaba de un grupo a otro” y que incluso estuvo frente a Mi Ambiente durante las protestas antes de incorporarse permanentemente en Ya es ya por, donde estuvo casi año y medio. Su tono cortés y suave no levantaba sospechas —dice Clare— era parte de su perfil como agente encubierto, seleccionado por su inteligencia emocional, adaptabilidad y control de impulsos. Su misión: “escuchar mucho y observar todo para extraer información de valor”. Herridges hoy interpreta varios episodios como señales de su rol: su impaciencia cuando no se le delegaba más actividades en Ya es Ya, su frase “el conocimiento no depende de la edad sino de la preparación”, y aquella vez que escribió “ni siquiera levanté la mano, me sentí en la política”, reflejo de alguien ajeno a las dinámicas horizontales y potencialmente formado en la jerarquía vertical policial. "Entraba a las marchas desde una esquina, tomaba el mismo afiche, posaba ante las cámaras de la policía como queriendo decirles “estoy cumpliendo mi labor”. “Se trató de mostrar como amigo”, alerta Herridges, “lo que me advierte de personas que el futuro se acerquen fingiendo entrega a la colectividad”.
Urriola, quien se presentaba como José Bethancourt, su apellido materno, empezó a sembrar desconfianza entre los miembros del colectivo, creando tensiones con la Alianza. Eventualmente alegó estudios y ocupaciones para empezar a alejarse. Tras la revelación pública, Renata lo confrontó y este lo negó, incluso dijo que su papà demandaria. Luego Renata lo sacó del chat.
Al tratar de contactarlo vía telefónica desde este medio para obtener su versiòn, no contestó las llamadas.
Ileana Corea, también activista de Ya es Ya y militante de Juventudes Revolucionarias (JR), relata cómo Urriola operó dentro de las organizaciones antimineras y cómo ella misma fue víctima de perfilamiento policial, incluyendo un intento de allanamiento que un juez finalmente rechazó por falta de elementos.
Según Ileana, Urriola se acercó a las organizaciones bajo la premisa de la lucha ambiental y la solidaridad con los campesinos de Río Indio. "Se acercó generando simpatía; creo que eso es importante identificarlo", señala. Buscaba simpatizar con ciertos miembros, mostraba preocupación por lo que la organización haría en determinados momentos y preguntaba, por ejemplo: "¿Ustedes van a ir a Río Indio? ¿De qué parte o de dónde o de quién viene ese bus? ¿Qué van a hacer allá?".
Junto con esas preguntas, dice Ileana, estaba la simpatía: "Se acercaba con un lenguaje de jóvenes, risueño y un poco más moderno, para parecer uno más del resto. Parecía una persona en la que se podía confiar porque era chévere, tranquila y todo lo demás". El acercamiento se hizo directamente a Ya es Ya, organización que tuvo un aporte muy grande en propaganda antes y durante la crisis de 2023. "La horizontalidad de la organización, por supuesto, permitió algo así", admite.
Ileana recuerda su "necesidad impetuosa" de estar en las reuniones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de dar balances e invitar todo el tiempo a JR a participar en actividades. "Decía: 'Vengan a las actividades, tengan un vocero. El compañero tal de la Alianza me comentó que sería importante que ustedes vinieran'". También recuerda su cercanía física: "Lo tenía todo el tiempo a mi lado, metiéndome conversación. Me decía cosas como: 'Mira, aquel es un policía'. Generaba el clima de estar detrás de nosotros o apoyándonos porque éramos jóvenes". Ese comportamiento lo repetía con otros compañeros de JR, pero no con sindicalistas ni con integrantes de otras organizaciones.
Urriola mostraba cierto nivel de formación sobre el tema ambiental. "Se notaba lectura y preparación. Podía hablar del proceso de lavado, de las tinas, de los materiales o minerales que salen después de la explotación y de lo que se hace con los residuos". Para Ileana, eso forma parte del engranaje del espionaje: "Genera seguridad entre quienes lo rodean: uno piensa que esa persona está allí porque conoce la materia".
Jorge Guzmán, miembro del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso) y de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), también conoció a José. Lo describe como "parco, receptivo y que intervenía poco". Ingresó presentándose como integrante de la organización ambientalista Ya es Ya. Explicó que apareció durante la lucha contra la minería y aumentó significativamente su presencia durante las movilizaciones contra la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Participó en actividades, movilizaciones y espacios internos aprovechándose de la confianza y amplitud propias de una alianza social. Incluso una vez le dijo que quería ser su asistente. También recuerda sus viajes a Bocas del Toro y Río Indio.
La infiltración también se dio a través de la creación de una “falsa ONG ambientalista” que según la denuncia, habrían creado dos agentes para socavar la resistencia al proyecto del embalse en Río Indio. Dos agentes identificados por los movimientos sociales se habrían hecho pasar por activistas del “Centro de Acción Solidaria” para crear una conexión con los campesinos que se oponen desde hace más de dos décadas al desplazamiento de construirse el mega embalse para el Canal de Panamá.
De la infiltración a la judicialización
Lo que no dice la Policía panameña en su comunicado es que las infiltraciones se habrían hecho para crear la situación, apariencia o momento previo a la denuncia que luego algún agente —el propio infiltrado, otro de rango superior o uno anónimo denominado «fuente humana»— haría posteriormente, adjuntando informes financieros, de seguimiento o «pruebas» que están fuera de lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.
Esta investigación tuvo acceso a información que explica cómo y contra quién se abrieron dossieres a nivel nacional. Bajo la clasificación de “Acceso restringido” por el Departamento de Orden Público de la DNIP, donde recopilaron información a través de la infiltración y que se encuentran bajo documentos que utiliza un registro “Código 43”.
Entre la lista preliminar se encuentran: Yamir Córdoba, Abdiel Bethancourt, Abundio Concepción -docente destituido de AEVE-, Agustín Sosa Peñalba, Alejandro John Hule, Anthony Guevara Prado, Ariel Muñoz; Dalia Morales (docente de Asoprof reintegrada por orden de un tribunal); Eduardo Gil Quiroz, Felipe Cabeza Dixon (docente destituido en Colón); Humberto Luis Montero Taylor, Ileana Corea García, Irving Pinzón Acevedo, Jaime Caballero Quiroz -judicializado bajo medida de casa por cárcel-; John Hughes Reyes, Kevin Sánchez, Francisco Smith (judicializado con medida cautelar); Audrey Blaxter, Raisa Banfield. Juntas directivas de Sindicatos registrados en MITRADEL, asociaciones de educadores, oenegés y otras organizaciones ambientales.
Las fichas confeccionadas por esos agentes policiales datan de septiembre de 2025 según se desprende del informe, pero la mayoría son más recientes, de mayo de 2026, desde que Orden Público pasó de ser una seccional a un departamento de la DNIP, bajo la jefatura del mayor Carlos Carvajal. En los documentos resaltan movimientos migratorios, actividad sindical y política, participación en huelgas, protestas, cierres de vías, movilizaciones y actividades sindicales.
***
Inteligencia e investigación no son lo mismo. La primera busca información para prevenir amenazas y es responsabilidad, la otra reúne pruebas para demostrar un delito ante un juez. Pero ambas necesitan orden previa de un fiscal, tiene que estar autorizada por un juez de garantías y está destinada a desarticular grupos de delincuencia organizada según las leyes.
El comunicado tardío de la Policía reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos".
Resaltan tres casos claros. El de Ileana Corea, que conserva el expediente del perfilamiento policial realizado a miembros de Juventudes Revolucionarias. En su caso, un policía de rango bajo —cree que un cabo primero o segundo— acudió a su vecindario, probablemente vestido de civil, con una foto en la mano. Empezó a preguntar: «¿Esta muchacha vive aquí? ¿La han visto?». Interrogó a los vecinos, tomó fotos de la entrada y anotó la descripción. «Dejan preparado todo el panorama para que se realice el allanamiento».
Luego, el día de la protesta en la Universidad de Panamá, en enero de 2025, confirma que nunca tuvo contacto más que verbal con ese policía. «Creo que el único contacto fue verbal, cuando le hice un llamado al orden porque estaba bastante exaltado, como se observa en los videos. El resto de mis compañeros sí tuvo contacto físico con él y por eso surgió primero la posibilidad del allanamiento y luego lo que procedía». Como en su caso no existía ese contacto, el juez no legalizó el allanamiento. «No había elementos para intentar imputar cargos».
Pero el perfilamiento se hizo igual. «Allí estaba toda mi información: fecha de nacimiento, edad, cédula, fotografías, datos electorales y datos de mi hermano. Todo estaba allí». Los otros jóvenes fueron perfilados por agentes policiales entre el 1 y el 2 de febrero, con número de casa, color, lugar y hora en las que estarían, y solicitaron al juez un allanamiento «a las 5 am porque salían de sus casas antes de las 6 am» por ser estudiantes universitarios de turno matutino, según el documento al que tuvo acceso este medio, en el que se acusaba de oficio a Ahmed Winter Tejada y otros jóvenes por delitos contra la vida y la integridad personal y contra la administración pública en modalidad de delitos contra un servidor público, Demetrio Ernesto Martínez Franco, un subcomisionado que ingresó a los estamentos en 2001 según registros oficiales de la planilla del Ministerio de Seguridad.
El informe, fechado el 25 de enero de 2025 contra los jóvenes, fue confeccionado por la unidad Sergio Andrade de la DNIP, reconocido en el aparato de inteligencia policial, que dio seguimiento al estudiante universitario en su residencia, aportando todos sus datos generales para ser allanado y arrestado. Así como la DNIP confeccionó informes «investigativos» de otros seis estudiantes que participaban en la protesta estudiantil en los predios de la Universidad de Panamá, para la misma fecha descrita, según establece la carpetilla firmada por el fiscal de Atención Primaria, Guillermo Vargas Mayers.
El segundo caso es el de Marco Andrade, secretario general de la central sindical CONUSI, investigado por presunto manejo irregular de fondos destinados a capacitaciones, con cargos por peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. En su expediente aparece un análisis financiero firmado por el jefe de Orden Público de la DNIP, Carlos Carvajal, y por una sargento adscrita a esa dirección. El documento contiene esquemas de supuestas transacciones financieras, fue entregado al Ministerio Público, específicamente al fiscal Anticorrupción, Eduardo Rodríguez, el 26 de junio de 2026 y terminó incorporado al proceso. Este caso se inició por la denuncia de una "fuente humana".
Un tercer caso es el del Hospital del Niño. En febrero de 2025 estalló una protesta en los predios de la construcción del hospital que detonó un operativo mediático-policial nunca antes visto. Los videos publicados por la propia Policía mostraban a una persona dentro del proyecto, vestida con uniforme de trabajo de construcción, arrojando un bloque de cemento a la vía. Un policía resultó herido. Hubo más de 500 detenidos y 83 obreros judicializados. Sin embargo, según el propio Suntracs, el que arrojó el bloque nunca fue identificado ni judicializado y no pertenece a sus filas. Denuncian que fue un posible infiltrado.
Para este reportaje consultamos a dos comisionados retirados que pidieron mantener su nombre en reserva, adscritos a unidades de información e investigación de los estamentos de seguridad. Ambos tienen conocimientos de derecho penal y coinciden en que algunas actuaciones atribuidas a la DNIP podrían constituir investigaciones ilícitas y vulnerar garantías fundamentales.
La diferencia también está escrita en la ley. La Dirección de Investigación Judicial fue creada mediante la Ley 69 de 2007, que establece sus funciones dentro de la investigación penal y su papel como auxiliar del Ministerio Público. La DNIP, en cambio, funciona bajo una norma interna de la Policía Nacional, dentro del marco general de la Ley 18 de 1997.
Esto significa que la DNIP puede recopilar y analizar información sobre pandillas, rutas del narcotráfico, movimientos financieros o amenazas contra la seguridad. Esos datos pueden orientar una investigación, pero no se convierten automáticamente en pruebas o indicios, ni autorizan a Inteligencia a asumir las funciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Si un agente de la DNIP encuentra una evidencia física durante una verificación, debe preservar el lugar y entregarla a la DIJ o a los peritos forenses. Manipularla, levantar actas o participar en diligencias judiciales puede afectar la cadena de custodia y abrir dudas sobre la legalidad de la prueba, según explicó uno de los comisionados retirados que habló con este medio.
Para los comisionados consultados, lo ocurrido muestra cómo una unidad de inteligencia puede cruzar la línea de la investigación judicial. También señalan que el debilitamiento de la DIJ ha permitido que la DNIP ocupe espacios que no le corresponden, mientras el Ministerio Público recurre a Inteligencia para suplir las carencias de su brazo investigador.
Una orden fiscal tampoco resuelve el problema. Una disposición interna puede organizar el trabajo de la DNIP, pero no darle facultades que una ley reserva a otra dirección. "La DNIP no es policía judicial y una firma no le otorga competencias que la ley no le concede", sostiene uno de los comisionados consultados.
La advertencia alcanza diligencias tan delicadas como los allanamientos, el registro de bienes o el manejo de información privada. Las labores de inteligencia no pueden utilizarse para evadir controles judiciales ni vulnerar la intimidad, el debido proceso o la inviolabilidad del domicilio. Ninguna investigación penal puede construirse al margen de esas garantías.
El comisionado en retiro concluye que “no puede haber diligencias judiciales como allanamientos, levantamientos de actas o cadena de custodia realizadas por unidades de la DNIP (porque) la Ley 69 es clara al asignar las (funciones) exclusivamente a la DIJ. “La DNIP se consolidó como el órgano de inteligencia, cumpliendo (en teoría) funciones de análisis y prevención. La DIJ, lamentablemente, quedó en el abandono. El Ministerio Público dejó de mirarla, dejó de exigirle desarrollo y dejó de controlar sus capacidades reales, convirtiéndola poco a poco en una fuerza estancada, inoperante y rezagada frente a la complejidad delictiva actual”.
Estado policial
En 2014, el expresidente Ricardo Martinelli dijo en televisión abierta, en entrevista con Álvaro Alvarado: "Yo sí tengo el dossier y el pedigree, pues sé qué ha hecho todo el mundo". Esto levantó la ceja de Álvaro, que le preguntó cómo era posible. Martinelli evadió responder. Pero el desliz le pasó factura eventualmente cuando su némesis, Juan Carlos Varela, le sucedió en la Presidencia. Dos juicios por pinchazos. Como la justicia es ciega, la Corte lo declaró "no culpable" aunque abundaban las pruebas. El epicentro: el Consejo de Seguridad.
Corría 2014. El entonces ministro de Seguridad de Martinelli, José Raúl Mulino, es hoy presidente del país desde 2024. Y su primer secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (de 2010 hasta marzo de 2012), Julio Moltó, es hoy ministro de Comercio e Industrias. Moltó ha negado su participación en el esquema. Quienes sí fueron condenados por escuchas telefónicas ilegales fueron los subsiguientes secretarios ejecutivos Gustavo Pérez y Alejandro Garúz. Pérez es hoy asesor de Mulino.
El hoy presidente también ha sido revelador en su animadversiòn contra los sindicatos y lo que tilda de “grupos de izquierda radical”. El jueves 13 de febrero de 2025, durante la conferencia semanal de Mulino, un día después de los enfrentamientos entre trabajadores del Suntracs y la Policía en la avenida Balboa, les advirtió a los obreros: “Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley, y un gobierno dispuesto a no tolerar la anarquía pseudosindicalista”. Antes de eso, dijo que “utilizaría todo su poder para llevarlos (al Suntracs) a su mínima expresión”.
A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que empezó hace más de una década con los dossieres y pedigríes por pinchazos —escuchas telefónicas ilegales— toma ribetes de carne y hueso bajo la administración de José Raúl Mulino, heredero político de Martinelli. Bajo la dirección de Jaime Fernández en la Policía, se esquematiza un departamento de seguimiento, infiltración de movimientos sociales, seguimientos, fabricación de pruebas ilegales e ilegítimas y eventual judicialización de obreros, maestros, universitarios, activistas ambientales y cualquier blanco visible que se oponga al gobierno y sus proyectos extractivos y neoliberales.
Estas denuncias no son más que un nuevo capítulo en la larga historia del macartismo en Panamá. Nació hace décadas y mató a prominentes patriotas, desde Victoriano Lorenzo y Pedro Prestán hasta Floyd Britton, Jorge Camacho o Juan Navas.
El perfeccionamiento del Estado policial al servicio del neoliberalismo pasa por permear todas las capas de la vida pública, académica y privada. Desde infiltrar sindicatos hasta las aulas, como explica Corea. "Actualmente hay una gran cantidad de alumnos universitarios que trabajan para el Ministerio de Seguridad. Tengo claro que he visto dentro de las facultades a miembros de la institución estudiando allí".
Menciona el caso de subtenientes o mayores que estudian en la universidad. "Lo hacen para luego abandonar la carrera policial y ubicarse en otro espacio. Durante todo ese tiempo, uno comparte con alguien vinculado a la seguridad del Estado, que observa nuestros movimientos como estudiantes y como organización". Lo he visto con más frecuencia en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas y Derecho. "Eso también puede servir como un vector para reproducir una ideología de derecha dentro del Estado y entre los funcionarios".
En palabras de Ileana Corea, el objetivo del Estado no es solo espiar, sino fracturar. "Siento que el Gobierno busca precisamente que nuestras organizaciones empiecen a sospechar unas de otras: que yo sospeche de Ya es Ya, de otra persona, de Panamá Vale Más Sin Minería o de SUNTRACS; o que SUNTRACS sospeche de mí. Esa parece ser parte de la estrategia: provocar desconfianza entre nosotros y nosotras".
Por eso insiste en que las organizaciones deben redoblar la atención sobre quiénes se acercan y con qué intenciones. "Si alguien tuvo una especie de revelación hace pocos días y ahora quiere ser ambientalista, resulta bastante sospechoso". También recomienda observar las redes sociales de quienes se aproximan: "Saber qué hacen, qué publican y desde cuándo existen esas cuentas. Esto debe hacerse sin caer en la paranoia".
La seguridad, dice, debe discutirse internamente. "Si alguien llega a una organización, no debería entrar en poco tiempo a una reunión interna ni asumir rápidamente su vocería. Debe existir un periodo para conocer a esa persona, saber cuáles son sus intereses y de dónde surgen". Reconoce que suena fácil explicarlo, pero la situación que viven los movimientos sociales en Panamá obliga a cerrar filas sin desconfiar entre ellos. "No somos movimientos masivos ni multitudinarios, lo que puede permitirnos conocer mejor a las personas que se acercan".
De acuerdo con Guzmán, esta infiltración es de extrema gravedad. "Organizarse, protestar, defender el ambiente, luchar por derechos laborales y sociales y cuestionar las políticas del Gobierno son actividades legítimas protegidas por el orden constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No constituyen actividades criminales que justifiquen infiltración y vigilancia clandestina".
El también abogado califica estas prácticas como incompatibles con un Estado democrático de derecho, al convertir al movimiento social en "enemigo interno" y utilizar estructuras estatales para infiltrarlo, vigilarlo y obtener clandestinamente información sobre sus integrantes y familias. "Panamá no puede regresar a los métodos de vigilancia política y persecución propios de los períodos más oscuros de nuestra historia. Torrijos y Noriega, dictadura militar", recordó.
***
Los movimientos sociales denunciaron el caso ante el Ministerio Público el pasado 8 de septiembre anexando un informe de más de 100 páginas con fotos de los agentes detectados en las manifestaciones, información de contexto y datos sobre las tareas asignadas, que comprenderían el rastreo en redes sociales, escucha de llamadas privadas, infiltración directa en asambleas gremiales y seguimiento físico. Al cierre de este reportaje, la denuncia no había sido admitida por la entidad, en contraste con las denuncias de los propios agentes contra los estudiantes y obreros, por ejemplo, que admitió sin cuestionar el origen de las denuncias.
La denuncia formal es contra el Ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director nacional de Inteligencia Policial, Julio Cedeño. Además, incluye al mayor Carlos Carvajal como presunto articulador directo del entramado de inteligencia no autorizada y otra veintena de oficiales de menor rango, entre ellos el sargento primero José Urriola y al cabo segundo Bryan Rodríguez, como presuntos infiltrados de la red, que estaría compuesta por unos 40 agentes.
El caso llegó a la oficina de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas a través de una denuncia presentada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), con sede en Guatemala. La Defensoría del Pueblo de Panamá también tiene la queja y el informe, configurando la necesidad de medidas de protección individual y colectiva que han solicitado las agrupaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante los organismos internacionales y locales, para todos los miembros de los colectivos afectados.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá expresó su “profunda preocupaciòn ante las graves denuncias” de la presunta red clandestina de espionaje estatal, calificandola como una “pràctica incompatible con la democracia” que produce un “clima generalizado de temor que provoca un devastador efecto inhibidor y de autocensura para el conjunto de la ciudadanìa y la sociedad civil organizada”. En un comunicado exigieron a las autoridades el respeto de las libertades fundamentales, la admisión de la denuncia, una explicación oportuna y la investigación de los hechos.
Comentarios