La sombra que judicializa la protesta
"Código 43" nace tras revelarse el seguimiento de activistas, gremialistas, sindicalistas, campesinos, indígenas, universitarios y del movimiento social panameño, bajo la estructura conocida como el DNIP, el cual confecciona expedientes con fichas que subraya específicamenteen la ideología, política y acceso a su círculo íntimo parental.
Por Grisel Bethancourt
Felipe Cabeza Dixon, Abundio Concepción y Dalia Morales, son dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí, fueron objeto de “análisis de perfil específico” elaborados por la inteligencia policial. Sus fotografías, datos personales, actividades y relaciones aparecen en documentos marcados como de “acceso restringido” e identificados con un mismo código de origen: Código 43.
Las tres fichas respaldan la denuncia interpuesta por Pueblo Unido por la Vida de una operación policial de filtración de Inteligencia, sobre la recopilación y confección de expedientes con información que alcanzó a miembros de las juntas directivas de las asociaciones docentes. Los documentos obtenidos por Archivos Abiertos no permiten establecer todavía cuántos educadores fueron registrados, pero revelan un método aplicado en distintas provincias para seleccionar, identificar y perfilar a figuras relevantes del movimiento magisterial.
El hallazgo adquiere otra dimensión al cruzarlo con la destitución de 298 docentes ordenada por el Ministerio de Educación después de la huelga realizada en 2025 contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Cabeza, abogado y dirigente en Colón, figura entre los educadores separados de sus cargos. Dalia Morales también fue destituida y tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para conseguir su reintegro, igual situación enfrenta Abundio Concepción de la Asociación de Educadores Veragüuenses.
La coincidencia abre una pregunta que ninguna institución ha respondido: ¿el Meduca escogió a los docentes únicamente mediante los registros de asistencia de los planteles o recibió información recopilada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial?
Este hecho que revela que dirigentes docentes tenían un dossier en el Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial ( DNIP) obligan a reconstruir las fechas, los destinatarios y el recorrido de cada informe para determinar si ambas actuaciones estuvieron conectadas. Los documentos estuvieron confeccionados desde el 2025 y la mayoría obtenida tienen registro de mayo. Ya para junio de 2026 habían destituido 32 docentes de Veraguas, el bastión de lucha con fuerza y mayor formación magisterial, según datos públicos.
¿Qué delito se investigaba?
La Ley 18, que regula a la Policía Nacional, le atribuye funciones a la DNIP de recopilación de análisis e información relacionadas con delitos comunes. También dispone que los datos sobre seguridad interna o externa sean remitidos al organismo competente, Dirección de Investigación Judicial.
Esa delimitación conduce a una pregunta elemental: ¿qué delito justificaba elaborar perfiles sobre dirigentes docentes y juntas directivas de asociaciones magisteriales?
Estas organizaciones no actuaban al margen de la ley. Son asociaciones reconocidas jurídicamente y, cuando fueron perfiladas, participaban en las protestas contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones a los jubilados. La inconformidad con una ley y la participación en una huelga no convierten, por sí solas, a una persona en objetivo de inteligencia policial.
Las fichas tampoco describen únicamente incidentes ocurridos durante las manifestaciones. Contienen fotografías, datos personales, cargos gremiales, descripciones y relaciones destinadas a individualizar a cada dirigente. La Policía no registraba solamente lo sucedido en la vía pública: construía perfiles sobre quiénes encabezaban las organizaciones, qué espacios ocupaban y con quiénes se relacionaban, entre ellos sus parientes.
Dentro de la experiencia conozco la lógica de un expediente. Dirigimos las comunicaciones del Ministerio Público, cubrimos durante años la fuente judicial y realizamos servicio especial en operativos en la antigua Policía Técnica Judicial. No cabe duda que los recursos policiales no fueron destinados para perseguir el delito común. Si no ideológico y político contra el movimiento social. Para esta investigación también consulté a exjefes de inteligencia policial que atendieron casos de crimen organizado.
Su lectura coincide en un punto: una operación desplegada en varias provincias, con formatos definidos, documentos restringidos y circulación organizada de informes, no se explica únicamente por la iniciativa de los agentes enviados al terreno.
La cadena conduce hacia arriba.
De la inteligencia a la carpetilla penal
Las carpetillas muestran otro recorrido. El mayor Carlos Carvajal remitía informes financieros y esquemas de investigación de sindicalistas también con perfiles a un fiscal Anticorrupción. Ese envío coloca información producida por inteligencia policial en dirección al ámbito judicial.
El Ministerio Público cuenta con mecanismos para recibir noticias criminales y dirigir investigaciones sensitivas. La Dirección de Investigación Judicial actúa como auxiliar en las pesquisas penales. Por eso debe aclararse bajo qué denuncia, expediente u orden fiscal una estructura de inteligencia policial elaboraba esquemas investigativos y los remitía a una fiscalía.
La pregunta ya no es solamente por qué estas personas fueron vigiladas. También hay que determinar si se buscaba construir una ruta para transformar la protesta, la dirigencia sindical o la oposición a una política pública en casos penales revestidos de legalidad.
El DNIP forma parte de la estructura de la Policía Nacional, encabezada por su director general, Jaime Fernández que inauguró un nuevo departamento policíal. Corresponde establecer qué conocimiento tuvo Fernández sobre la confección de los perfiles, quién autorizó la operación y a qué instancias fueron remitidos sus resultados.
La responsabilidad institucional también alcanza al Ministerio de Seguridad, dirigido por el Comisionado Frank Ábrego, y al Ejecutivo, bajo cuya autoridad opera la Fuerza Pública. Sus cargos los obligan a explicar cómo funcionó dentro de una institución oficial un mecanismo territorial para perfilar a dirigentes de organizaciones legalmente reconocidas.
Las instituciones deben responder
Archivos Abiertos envió cuestionarios a la Policía Nacional hace una semana sin responder, al Ministerio Público y al Ministerio de Educación el día de ayer, para conocer quién ordenó la elaboración de los perfiles, cuál fue su fundamento legal y qué uso se dio a la información recopilada.
También consultó si los documentos fueron compartidos entre instituciones y si tuvieron alguna relación con la selección de los 298 docentes destituidos y del intercambio de información hacia fiscales. Al cierre de esta publicación, las respuestas estaban pendientes.
La salida de la ministra Lucy Molinar que ocupaba el cargo durante las destituciones no elimina la responsabilidad institucional. Los registros administrativos, correos, memorandos, listados e informes utilizados para tomar aquellas decisiones deben permanecer en los archivos del Ministerio de Educación.
Los tres perfiles permiten establecer una certeza, que dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí fueron registrados mediante el mismo tipo de documento y bajo una clasificación restringida junto a estudiantes, sindicalistas, ambientalistas. La versión sobre el seguimiento a las juntas directivas ya no descansa únicamente en la palabra de una fuente; cuenta con evidencia documental que reproduce el mecanismo en tres provincias.
Falta determinar quién escogió a las personas, quién autorizó la confección y reserva de las fichas, qué dependencias recibieron sus resultados y cuál era el propósito final de la información.
Mientras el Meduca destituía docentes por participar en la huelga contra la Ley 462, la DNIP confeccionaba perfiles sobre algunos de sus principales dirigentes, lo que obliga al Procurador a investigar.
Mi colega, el periodista Rolando Rodríguez, ha definido este escenario en el programa 180 Minutos de Radio Red con dos palabras: “Estado policíaco”. La expresión cobra peso cuando los organismos de seguridad dejan de concentrarse en conductas delictivas y dirigen su capacidad de vigilancia hacia ciudadanos organizados que cuestionan una decisión del poder.
Código 43 no es una simple anotación interna. Es la puerta para investigar si desde el Estado se convirtió la dirigencia social en objetivo de inteligencia, la disidencia en sospecha y la protesta en expediente.
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