La mina de oro, donde brilla el silencio de muchos

La minería en Panamá en el primer trimestre de 2022 presentó un aumento en su valor agregado bruto de 9.2 por ciento, sus actividades como la concesión en Remance en Veraguas se desarrolla en comunidades con grave signos de pobreza. El oro es mudo testigo de las grandes concesiones mineras y las instituciones prefieren guardar silencio ante la Ley No. 171 y nuevos estilos de gobernanza ambiental.

Por Grisel Bethancourt

El 4 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó la protección ambiental del Río Santa María, el fallo correspondía a una demanda contra la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo que había objetado por inexequible (inconstitucional) la Ley No. 171 aprobada por la Asamblea Nacional; el alcance de la decisión en el artículo 8, prohíbe los estudios de exploración minera, de hidroeléctricas y cualquier actividad que afecte la cuenca hidrográfica.

El fallo fue celebrado en La Gorda en Veraguas, poblado donde reside doña Cristina de Hernández, miembro del Comité Campesino de Remance, que prefiere la conservación del río Santa María y rechaza toda actividad minera.

En el lugar perteneciente al distrito de San Francisco de la Montaña, opera la concesión minera del Estado identificada como Greenfield Mining, para la extracción metálica de minerales (oro y otros).

El distrito de Remance es el epicentro del proyecto de minería promovido por la empresa Greenfield Resources Inc., donde viven 1,618 habitantes, es una zona rural ubicada en la sabana veragüense, considerada por las autoridades distritales como un área pobre conjuntamente con San Juan y San José custodias del río Santa María, su principal cuenca hídrica.

Localización en Veraguas del proyecto minero Greenfield Mining, ubicado

en el corregimiento de Remance

Sin embargo, frente al fallo, especialistas en materia de economía, descentralización, participación ciudadana y gobiernos locales cuestionan cómo el gobierno central y el Ejecutivo toman las decisiones que impactan a los territorios, donde el gobierno local no tenga una respuesta o un planteamiento para contrarrestarlo, no solo en minería sino desconociendo la autonomía de los gobiernos locales sin haberles consultado.

Los antecedentes de la actividad minera en Remance se remontan a 1989 cuando durante 10 años se registró la actividad extractiva que produjo beneficios de 75,000 oz de oro (Au); a mediados de los noventa los derrames tóxicos contaminaron las quebradas y ríos, donde hubo una mortandad de animales marinos de subsistencia como peces y camarones, y mucha gente adulta comenzó a enfermar.

“Se murieron los quinchos –armadillos-, muchos animalitos”, doña Cristina.

Actualmente la Cuenca del río Santa María está bajo la declaración de Patrimonio Natural Nacional y área protegida bajo la categoría de “Reserva Hidrológica”; para el Ministerio de Ambiente todo proyecto, obra o actividad que se desee desarrollar en la zona hídrica, deberá contar con el aval ministerial y las mismas deben ser concordantes con los objetivos por los cuales se estableció el sitio.

Foto. Cuenca del río Santa María en Veraguas

Poderes públicos en entredicho

En el marco de la demanda fallada a favor de la Ley No. 171, se pudo observar el planteamiento del procurador general de la Nación, Javier Caraballo que evidencia el poco interés de ejercer los poderes públicos en armónica colaboración, al referirse a la adopción de la Ley No. 171 y a la cual consideró no existía un vicio de inexequibilidad.

Caraballo contempló que la Asamblea Nacional se orientó a las medidas de conservación citadas en el artículo 120 de la Constitución Política y no a su infracción. Explicó el procurador, que el artículo 51 de la Ley General de Ambiente establece que las áreas protegidas pueden ser establecidas por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios internacionales ratificados por Panamá.

Por su parte, Cortizo en su objeción sostuvo que se invadía el ámbito de competencias del Órgano Ejecutivo en la medida que la Asamblea o el legislador intervenía las funciones de declarar la protección del río Santa María y establecía normas para su administración.

La ex vicealdesa del distrito de Panamá y ambientalista, Raisa Banfield considera que hay una ausencia de políticas coherentes, falta de respeto a los acuerdos, lo que genera un país que toma decisiones de acuerdo a los intereses del poder, como sucedió con el Pacto del Bicentenario donde hubo un consenso de declarar la moratoria minera y no llegamos a feliz término.

El alcalde del distrito de San Francisco en Veraguas, José Valencia explicó cómo se empezó a trabajar el anteproyecto de ley junto con el doctor Evidelio Adames protector del río Santa María y un personal técnico ad honorem.

Lo hicimos porque a ninguna autoridad le interesaba llevar adelante este tema tan importante, dijo el alcalde; llegamos a un acuerdo con el diputado Eugenio Bernal para presentar el anteproyecto en la Asamblea de Diputados y que fuese declarada ley, y fue a través del Consejo Provincial donde se hizo la entrega de la iniciativa.

Foto. Cortesía.

Alcalde del distrito de San Francisco,

José Valencia

Muy cerca del río Santa María está el proyecto minero Greenfield Mining, se ubica en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. La concesión para exploración de minerales metálicos (oro y otros), fue otorgada a la empresa Greenfield Resources Inc. por la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias y publicada en Gaceta Oficial No. 21,127 de 24 de septiembre de 2012.

En el contrato No. 12, artículo tercero se resolvió continuar el trámite de solicitud de concesión para la extracción de minerales cuyo vencimiento era en el 2016; no fue hasta el 17 de febrero de 2021 que fue revivida la actividad en la zona minera de Remance, publicada en la Gaceta No. 29220, con la firma del ministro Ramón Martínez, que incorporó a Greenfield Resources Inc. al régimen de concesiones mineras de la zona de Veraguas.

Mientras que en la comunidad de La Gorda, Cristina y su familia están claros que no es la mina la garante del progreso en la población, si no su gobierno local y que por el momento el río Santa María no estará en peligro después del rechazo hace tres meses del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, por varias inconsistencias que podrían producir afectaciones graves.

“No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”, cuestiona Banfield frente a los argumentos que la minería será una actividad sostenida.

Cristina de Hernández es oriunda de La Gorda y forma parte del Comité

Campesino de Remance

Concesiones del Estado vs los Municipios

Actualmente existen quince concesiones de extracción de minerales metálicos otorgados por la Dirección de Recursos Minerales del MICI, pero hay quienes sostienen que los gobiernos locales deben jugar un papel dirigido a fomentar el equilibrio entre el MICI y el Ministerio de Ambiente para el desarrollo sostenible de los distritos donde hay concesiones que impactan territorios.

Infografía. Distribución de las concesiones del Estado para la minería metálica en Panamá. Datos Mici

“Los gobiernos locales son importantes en la gestión ambiental y con el desarrollo sostenible, deben tener conocimientos jurídicos, mayores presupuestos, al Municipio le toca fomentar la participación ciudadana y hacer consultas, es un deber constitucional”, considera el abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, hijo.

El abogado Mitchell es consciente que normalmente los alcaldes no se atreven a contradecir los poderes. El verdadero papel del alcalde es el equilibrio del distrito y recordó que el Municipio se define como autónomo, cuando vemos en la práctica debemos saber de qué partido es el alcalde para saber cómo se va a comportar.

"No firmé encuesta"...

Foto. Cristina de Hernández narra solicitud de firma de una encuesta

En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría III del proyecto Greenfield Mining, el alcalde de San Francisco de Veraguas, José Valencia reveló que al aplicarse las encuestas de participación ciudadana alzó su voz de protesta luego que no les informaron de la encuesta.

“Si es cierto, la muestra fue muy pequeña”, definió así la cantidad de personas encuestadas en doce comunidades de tres corregimientos incluyendo la cabecera del distrito, San Francisco.

En total el EIA realizó la encuesta a 360 personas, dirigida a los actores y beneficiarios del proyecto, directos o indirectos, en donde los resultados demostraron que en La Gorda solo 25 personas fueron encuestadas, a pesar de ser una comunidad adyacente a la mina correspondiendo al 13 por ciento; en San Francisco solo tres personas fueron consultadas, 1.6 por ciento; siendo el área de El Naranjal con la mayor cantidad de encuestados, correspondiente al 22 por ciento con un total de 41 personas.

Cantidad de personas consultadas en el

Estudio de Impacto Ambiental

Nilva Góngora es socióloga y especialista en el tema minero, explicó que la encuesta alcanzó el 47 por ciento de respuestas negativas para la extracción mineral del proyecto Greenfield Mining, lo que considera un hallazgo importante. Lo que se traduce en una división de la opinión en las comunidades sobre el proyecto.

“Es un informe muy escueto para ser un estudio Categoría III, además de esta rama de la actividad económica es muy impactante en lo social y ambiental, por lo que no da contundencia”, describió la socióloga.

Observó Góngora que la encuesta de Participación Pública contenida en el EIA del proyecto, tiene sus falencias, es muy poco profesional y solo le convenía que contestaran.

Para la docente universitaria los datos dan cuenta que vas a tener un problema de rechazo al proyecto y sugirió que debían conocer la historia, preguntarse que la gente sabe; así mismo notó, que no hay ningún compromiso de cómo se van a mitigar los problemas de la población asociada.

Según el alcalde Valencia, la muestra fue muy pequeña, no fue abarcadora, esta debió abarcar a más pobladores tanto de las áreas aledañas a la cuenca hidrográfica y de las comunidades donde se pretende hacer la explotación minera.

La excusa de la pandemia

La excusa perfecta radicó en que al momento de efectuar la encuesta de participación pública en Remance para el proyecto Greenfield Mining, estaban en medio de la pandemia de Covid 19 por lo que el Municipio fue obviado del proceso, contó el alcalde de San Francisco.

Comunidad de La Gorda donde se realizó el foro público

participación ciudadana y la encuesta para la EIA del

proyecto minero Greenfield Mining

Olmedo Carrasquilla de Voces Ecológicas de Veraguas formó parte de un colectivo denominado “Coalición de la Pandemia Minera”, en el espacio se reveló cómo la industria utilizó la crisis sanitaria del Covid 19 para llegar a poblaciones empobrecidas entre estas Remance, en la provincia de Veraguas en Panamá.

Carrasquilla señala en el informe de nueve países, que en Panamá el gobierno impulsó el extractivismo minero, donde se realizaron estudios de impacto ambiental con el desconocimiento de los gobiernos locales y con encuestas sociológicas a los pobladores.

William Hughes, catedrático de economía y escritor de la obra “Minería, Desarrollo o Destrucción”, quien estudió en sitio los detalles de la concesión de la mina Santa Rosa en Remance, Veraguas y narró las vicisitudes de la población con el envenenamiento de las aguas de afluentes y quebradas, sostuvo que la pandemia produjo la relevancia de la minería para que esta vez se reactivara.

En medio de la pandemia de Covid 19 en 2021, en La Gorda fue contratado un personal del proyecto Greenfield Mining para realizar una encuesta en diversas poblaciones impactadas por la mina. Cristina solo se excusó con el hombre que llegó a su casa: “No te puedo dar mi firma, no firmo”.

Argumentó la adulta mayor qué, cómo saben que no se leer pensaron que podían envolverme, a ella nunca le plantearon lo que decía el cuestionario de dicha encuesta que se encuentra dentro del Plan de Participación Pública del EIA, y que posteriormente el 8 de febrero de este año, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones elaboraron un informe técnico demostrando las falencias y afectaciones futuras por una posible actividad minera en el distrito de Remance.

Hasta el año 2010 en el último censo de población, el 15.4% de la población de San Francisco presentaba analfabetismo de un total de aproximadamente 20 mil personas en esta condición en la provincia de Veraguas. Una de ellas es Cristina, oriunda de este distrito.

El silencio de Greenfield

En este reportaje solicitamos a la empresa Greenfield Resources Inc. responder una serie de preguntas correspondientes al EIA, en cuanto a la demografía, niveles de alfabetización de los encuestados y la posición por el rechazo del EIA a cargo del Ministerio de Ambiente y otras nueve instituciones, pero tras dos intentos de envío de correos a su representante legal y abogada en el proceso, como de comunicaciones vía whatsapp no fue posible obtener una respuesta.

José Hernández del Comité Campesino de Remance por su parte, quien participó en marzo de este año en el foro público en la casa comunal de La Gorda, poblador del lugar, reconoce que es la única vez que vio personal de la mina en su comunidad.

Reconoce que La Gorda pasa por la pobreza, falta de luz, carreteras, transporte, salud y oportunidades que no le dan las autoridades del corregimiento.

Foto. José Hernández de 68 años es oriundo de La Gorda

y participó en el foro público

Las contradicciones de la minería

La presencia del proyecto Greenfield Mining en Remance deja interrogantes de lo que ocurrirá en el futuro, al mantenerse vigente la concesión minera en Veraguas. Tampoco se conoce cómo se desarrollará las actividades en la mina con el reciente fallo de la Ley No. 171 que prohíbe la exploración minera, ley que aún tiene pendiente su reglamentación.

Mientras la Ley No. 171 garantiza la gobernanza como un órgano dentro del río Santa María, a través del Consejo Directivo de la Cuenca, se enfatiza que queda prohibida la minería, las hidroeléctricas para la protección de este bien hidrográfico que recorre 3,400 km2 en varias zonas centrales del país.

El doctor y epidemiólogo, Evidelio Adames conservacionista de la cuenca y gestor de la Ley aún no comprende cómo se había ignorado la restauración de la sábana veragüense y el sistema de la cuenca.

Se requiere oxígeno y agua limpia recuerda Adames; y cómo se pretende dar una concesión minera en las faldas del río Santa María, sin tener el control de los metales y derrames tóxicos, en áreas de pendientes y que pueden poner en riesgo al río. Para el epidemiólogo lo que se quiere es dar cumplimiento a las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como país.

Así mismo defiende el sistema de gobernanza donde 18 organismos, entre ellos, siete instituciones no pierden su rol. Es un órgano colaborativo y nadie pierde su poder, para hacer cumplir los objetivos del milenio, para que se promuevan y con la concesión como que no cuadra.

El Ministerio de Ambiente confirmó que le corresponde emitir la reglamentación de esta Ley, por tratarse de un área protegida. En este sentido, la reglamentación, entre otros aspectos, debe señalar la forma como serán escogidos los representantes de los centros académicos universitarios, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones comunitarias de base, quienes también forman parte del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María, que se crearía con esta Ley.

El abogado Mitchell ante la falta de un sistema jurídico respetado en el país, sostiene que se sufre la inseguridad jurídica ante el embate de empresas y desmanes que solo pueden incumplir con la complicidad de los diferentes gobiernos.

“Nosotros sabemos que se trata de desarrollar y vender la idea de sacar riquezas en mancuerna del gobierno con empresarios”, concluye Hughes, quien apuesta por evitar las concesiones mineras y dar alternativas a la gente de las comunidades con proyectos agroindustriales sostenibles, para la autosuficiencia alimentaria, reducir las posibilidades de pobreza, mejorar sus condiciones y evitar las concesiones mineras.

El distrito de San Francisco en Veraguas mantiene un presupuesto de $73 mil para el Municipio, además de $53 mil de la descentralización lo cual no alcanza para suplir los proyectos carreteros, luz, equipamientos de escuela, entre otras necesidades de 20 comunidades, que incluyen a la zona minera de La Gorda.

Pese a la aplicación de nuevas leyes, compromisos internacionales ambientales, la protección de zonas protegidas de la Cuenca y a nivel arqueológico, el Ministerio de Comercio e Industrias guardó silencio, no respondió las interrogantes de la Ley No. 171, al rechazo del EIA del proyecto minero en Remance, frente a la negativa de muchas voces que sostienen el cuidado del medio ambiente frente a las concesiones mineras y un nuevo estilo de gobernanza ambiental para la cuenca del río Santa María.

Investigación auspiciada por el Programa "Construyendo experiencia investigativa y conexiones a partir de la rendición de cuentas transnacional", implementado por IRI (Instituto Republicano Internacional).

Infografías: Diseñador Manuel Fernández.

Fotografías: Olmedo Carrasquilla.