El país que quedó fuera del discurso en la ONU
Por Grisel Bethancourt
Fabián Castillo, campesino de Uracillo, se opuso al ingreso de personal de la Autoridad del Canal de Panamá a la tierra donde cultiva. Lo detuvieron y, después, un juez de paz le impuso una orden de alejamiento. El caso no terminó allí: la justicia dejó sin efecto esa medida. A muchos kilómetros, desde un podio en Nueva York, Río Indio puede resumirse en una obra necesaria para el futuro del Canal. Desde Uracillo tiene el rostro de un hombre que terminó ante la justicia por defender su tierra.
Ese caso me devuelve a una pregunta sencilla: ¿para quién gobierna un presidente? En una democracia se elige a alguien que tendrá adversarios. Es normal. Su obligación, sin embargo, es conducir el país para todos, incluidos quienes se oponen a sus decisiones. Hace tiempo que esa confianza viene fracturándose en Panamá. Veo a un Gobierno dispuesto a escuchar a los sectores empresariales, mientras responde a trabajadores y campesinos con ultimátums, amenazas, destituciones o palabras que los ponen bajo sospecha.
No digo esto desde la comodidad de una comparación histórica. Viví las marchas universitarias contra la dictadura y llevé a ellas la ausencia de un familiar desaparecido forzosamente. Entre 1968 y 1989 hubo panameños encarcelados, asesinados y desaparecidos: personas de izquierda y de derecha, civiles y miembros del clero. Algunos recuerdan hoy su lucha desde el civilismo. Yo recuerdo también a las mujeres de blanco, las otras trincheras y el costo que dejaron aquellos años. No estamos en aquella época. Precisamente por eso hay que cuidar las garantías antes de que parezca normal atropellarlas.
Traigo esa memoria porque escuché al presidente José Raúl Mulino hablar ante la Asamblea General de la ONU de paz, derecho internacional, ambiente y confianza. Un presidente tiene derecho a defender allí su visión del mundo, aunque muchos no la compartamos. Pero el discurso también permite ver a quién decide escuchar y a quién convierte en problema.
Mulino cuestionó el "multiculturalismo progresista" y presentó Río Indio como respuesta a las necesidades de agua del Canal. Apenas terminó de hablar del proyecto, advirtió que no se debía ceder ante organizaciones que buscaban «la extorsión bajo el disfraz de luchas sociales». Mencionó a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. No dijo cuáles eran esas organizaciones ni mostró pruebas de la acusación. Dejó la palabra extorsión suspendida sobre quienes reclaman.
Ahí el discurso internacional se volvió un asunto de casa. Si existen delitos, que se investiguen. Pero acudir a la OIT para denunciar posibles violaciones laborales es un derecho. El presidente puede hablar ante la ONU; los trabajadores también pueden acudir a un organismo internacional cuando sienten que en Panamá se les cierran las puertas.
¿Desde cuándo ese derecho necesita pasar primero por el filtro del Gobierno?
Lo mismo ocurre con Río Indio. Podemos discutir cuánta agua necesita el Canal. También debemos mirar lo que el proyecto exige a las comunidades: dejar sus casas, sus cultivos y los cementerios donde están sus familiares. El Canal contempla el reasentamiento y ya se han fijado plazos para nuevas inhumaciones en cementerios de la zona. Llamar "progreso" a todo eso sin detenerse en la vida de quienes serán afectados es una forma de no verlos.
Esta semana, habitantes de la cuenca se manifestaron contra lo que denuncian como una política de desalojo de la ACP y del Gobierno. Hubo familias que salieron a rechazar el desarraigo que temen y a recordar cuánto tiempo llevan sin ser escuchadas. Fabián Castillo es parte de esa realidad, aunque en el discurso presidencial los habitantes de la cuenca apenas aparezcan detrás de la promesa de agua para el comercio mundial. Ellos son el otro Panamá que nunca se mencionó.
El presidente dijo ante la ONU que la confianza se gana cuando las instituciones cumplen.
Estoy de acuerdo. Que empiece por Uracillo: que explique las decisiones sobre Río Indio, respete las garantías de quienes se oponen y deje de tratarlos como enemigos.
Después tendrá que mirar al resto del país: al que protesta porque no tiene agua ni trabajo; al que no le alcanza el salario para comprar alimentos; al que busca medicinas e insumos en un sistema de salud debilitado; al que vive pendiente de la violencia mientras algunos diputados se ocupan de ajustar las reglas políticas a su medida, al que le quieren imponer el extractivismo. Ese Panamá también existe. Fue el que quedó fuera del discurso.
Código 43 surge de los dossieres abiertos a sindicalistas, ambientalistas, docentes, campesinos, indígenas, estudiantes y líderes gremiales a los cuales la Policía Nacional infiltró.
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