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Hace un año la muerte de Juan David García, un menor de edad desaparecido en Curundú, reveló las fallas profundas del mecanismo. Aunque el país estrenó en 2025 una nueva ley para reforzar el sistema, la falta de articulación, presupuesto y acompañamiento psicológico deja a las familias solas frente a la burocracia y el dolor. Por Grisel Bethancourt y Dilmar Rosas En Panamá, la desaparición de un menor de edad no solo representa una emergencia individual: expone las fisuras de un sistema que promete velocidad, coordinación y alcance, pero que opera en la fragmentación institucional. Mientras algunos niños son localizados en países vecinos, otros se pierden entre las decisiones tardías de sus responsables y el laberinto local burocrático de entidades que apenas empiezan a articularse.   Fue apenas el 8 de mayo de 2025 que el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó la Ley 469. Esta nueva ley subroga la Ley 230 del 24 de junio de 2021, que creó el Sistema Nacional de Alerta Amber.   Para entender el alcance real de la Alerta Amber en Panamá , es necesario ir más allá del marco legal y los comunicados oficiales. Este reportaje traza una radiografía del sistema: desde su activación hasta su ejecución. Buscamos responder una pregunta urgente: ¿está la Alerta Amber cumpliendo su propósito o se ha convertido en un reflejo más de las debilidades estructurales que afectan la protección de la niñez?   En un país donde la velocidad de la información convive con la lentitud de las respuestas institucionales, la desaparición de un niño, niña y adolescente (NNA) no sólo activa protocolos: sacude la conciencia colectiva.   Y así lo sintió el país cuando, después de doce días de haber sido reportado como desaparecido, el menor de edad Juan David García fue hallado asesinado en un edificio abandonado en el barrio de Curundú. Ante este caso que estremeció al país, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo admitió en declaraciones a la prensa panameña que “la “la Alerta Amber le falló a Juan David”.   La Alerta Amber, concebida como un mecanismo de reacción inmediata, promete movilizar recursos, medios de comunicación y ciudadanía en una carrera contra el tiempo. Pero más allá de su activación formal, ¿qué tan eficaz es este sistema en el contexto panameño?   Briceida González no sabía que su hijo Juan David estaba desaparecido. Lo supo cuando no volvió en su horario regular. Lo buscó. Lo denunció. Lo gritó. Pero nadie la escuchó. “Me decían que esperara. Que quizás regresaba solo. Pero yo sabía que algo estaba mal”, dijo.   Su testimonio no es una excepción. Es el reflejo de una falla estructural: en Panamá, la desaparición de un menor no se activaba de inmediato sin un protocolo articulado. La desaparición de una persona no está constituida en el código penal; existen delitos de privación de libertad, secuestro, abuso sexual o contra la vida. Al Ministerio Público le corresponde, después de conocido el hecho y bajo autorización de los familiares, activar la alerta en un periodo de una y máximo cuatro horas.    Sin embargo, hay otros factores que inciden en el tratamiento de desaparición: No hay acompañamiento psicológico. No hay contención institucional. Y eso, en los primeros minutos, puede costar vidas. Desde marzo de 2025, el Ministerio Público creó una unidad especializada para personas desaparecidas. Su objetivo: sistematizar los reportes, estandarizar procedimientos y aplicar mejores prácticas. Pero aún está en fase de consolidación.   Hasta el 25 de septiembre, se habían reportado 1,024 personas desaparecidas. De ellas, 940 han sido ubicadas, 656 son NNA. Quedan 84 pendientes por encontrar: 55 adultos y 29 menores de edad. “Los menores de edad están en un ciclo constante de reporte y ubicación”, señala el fiscal, Gustavo Barragán. Pero ¿quién acompaña a las familias durante ese ciclo? ¿Quién les explica qué hacer, cómo actuar, cómo sostenerse emocionalmente?   No hay que esperar 24 ó 48 horas para presentar una denuncia de persona desaparecida. Una vez  se tenga  información sobre un familiar que no se encuentra en las horas o tiempos que corresponde, se debe presentar la denuncia ante las oficinas de Atención Primaria del Ministerio Público.  De allí se activa el caso en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y se articula la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, las oficinas regionales, Policía Nacional y el Sistema de Alerta Amber, para ubicar al menor de edad.   “La desaparición constituye un tema social, socioeconómico, sociocultural, entonces también estamos haciendo los enlaces con los entes como lo es, el Ministerio de la Mujer, el Mides, la Senniaf, para articular de qué forma se debe atacar este fenómeno. Pero eso no basta. La ausencia de una figura jurídica específica deja vacíos operativos y emocionales”, dijo Barragán.   “La desaparición de un menor activa una herida traumática”, explica el psicólogo clínico Gilberto Domingo Ramos, “desde el momento en que los padres se dan cuenta de que su hijo no está, comienza un proceso de shock, ambigüedad y parálisis emocional”.   El acompañamiento psicológico debe comenzar desde el momento en que se reporta la desaparición. No después. “La resolución del caso no elimina el trauma. Solo lo transforma. Y si no se maneja clínicamente, puede alterar por completo la dinámica familiar”.   Pero ese acompañamiento no existe. No hay protocolos claros. No hay personal suficiente. No hay presupuesto. Y eso deja a las familias solas, rotas, culpables, sin herramientas para sanar.   La madre de Juan David recuerda que en su momento se le acercó un señor, y le dijo que él era de una fundación. “No recuerdo muy bien, porque yo me descompuse totalmente. Fue la única vez que escuché que alguien me dijo, usted va a tener acompañamiento, pero de ahí más nunca supe nada”. “Yo tengo que pagar por mis propios medios los psicólogos y bendito sea el Señor que al menos yo puedo tenerlo, yo puedo pagarlo, pero es muy triste.  A esas familias que quizá no pueden, pues no esperen nada de nadie”, reiteró Briceida González, entre lágrimas. Juan David García fue encontrado sin vida el 16 de octubre del año pasado. La madre con apoyo de los medios de comunicación, con información recabada por ella misma e intuición, trató de seguir la pista de los autores del crimen tras la desaparición del joven.    Muchos adolescentes desaparecen por conflictos familiares, manipulación emocional o vínculos con adultos en redes sociales. Pero en vez de recibir contención, son estigmatizados. “Se dice que se fue con el novio, que está en pandillas. Y se les revictimiza antes de entender lo que realmente está pasando”, advierte el psicólogo Ramos.   La falta de análisis crítico impide entender las causas profundas. ¿Por qué se van? ¿Qué les falta en casa? ¿Qué buscan afuera? Sin esa información, no hay prevención. Solo reacción.   La vulnerabilidad digital que nadie regula…ni supervisa   Plataformas como Roblox, Minecraft, WhatsApp y comunidades de fandom como K-pop o anime se han convertido en espacios donde adultos manipulan menores de edad. Los niños hablan en códigos que los padres no entienden. Y ahí pueden esconderse señales de peligro.      Esta preocupación no es aislada: en agosto de 2025, la eurodiputada Cristina Maestre presentó una pregunta formal al Parlamento Europeo sobre los casos de grooming y explotación sexual infantil en Roblox, citando múltiples denuncias y demandas judiciales en Estados Unidos. La consulta cuestiona si la empresa prioriza su reputación sobre la protección de menores y exige que se aplique el Reglamento de Servicios Digitales para mitigar riesgos sistémicos.    En Panamá, donde el uso de estas plataformas es masivo entre niños y adolescentes, aún no existen protocolos específicos que articulen prevención digital con el sistema de protección infantil.   Cuando un menor de edad regresa tras una desaparición, el entorno educativo debe estar preparado para recibirlo sin estigmas. Pero eso no ocurre. Es muy difícil para un niño volver al aula y enfrentar miradas, comentarios, juicios. Y si no se maneja bien, puede generar imitaciones o nuevas evasiones.   Estudios regionales en El Salvador y Honduras han documentado cómo, tras ser localizados, muchos menores de edad abandonan nuevamente el sistema educativo por falta de contención emocional, estigmatización social o ausencia de acompañamiento institucional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone intervenciones psicosociales y transferencias condicionadas para evitar la deserción, mientras que el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) en Honduras busca detectar casos críticos antes de que se repitan. Sin embargo, los desafíos persisten: el trauma no termina cuando el niño regresa, y la escuela puede convertirse en un nuevo espacio de exclusión si no se prepara para recibirlo.   En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial –OIJ- recibe las denuncias de personas desaparecidas. El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Torres Jiménez quién ha estudiado temas de seguridad en América Latina, señala que en ese país la búsqueda de menores de edad no está ligado a la Alerta Amber, considera que es preocupante la desaparición de menores de edad por diferentes causas, como problemas en el entorno familiar, la evasión con adultos, raptos, secuestros, entre otros.    En Panamá, la Ley 469 establece por primera vez la obligación de recolectar y analizar datos: edad, circunstancias, causas probables. Antes, se subía la alerta y se bajaba cuando el niño aparecía. No había análisis crítico, ni georeferencia, ni articulación entre autoridades. Ahora sí. Pero aún no está implementado, según declaraciones de la directora ejecutiva de la Alerta Amber en Panamá.   El 18 de agosto de este año fue ratificada como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Amber, la subcomisionada de la Policía Nacional, Sumilexy Miller. Desde esa fecha se realizaron gestiones para obtener una entrevista para este reportaje. No fue posible a pesar de las reiteradas solicitudes inicialmente al Ministerio de Seguridad, a la Policía Nacional y a la propia oficina del Sistema de la Alerta Amber. Por respeto al rigor periodístico, se tomó como referencia una entrevista que concedió al noticiero matutino de Telemetro.   Para este reportaje quisimos conocer de la nueva dirección de la Alerta Amber trasladada del Ministerio de Gobierno al de Seguridad, cuáles son las vulnerabilidades existentes que rodean la desaparición de un menor de edad, las cifras de casos que maneja esta oficina, en qué tiempo es dada a conocer la Alerta Amber, cómo es la coordinación con el Ministerio Público y demás instituciones, sobre las adecuaciones existentes, presupuestos, entre otros datos de funcionalidad para la eficiencia de la recuperación de menores de edad desaparecidos.   ¿Qué falta?   Falta articulación. Falta presupuesto. Falta personal. Falta formación. Falta voluntad política. Falta cultura de protección. Falta entender que la desaparición de un menor no es solo un hecho policial. Es una herida social. Es una falla del sistema. Es una deuda del Estado.   La Alerta Amber no es una varita mágica. Es una herramienta para ayudar a combatir un problema que parece creciente en Panamá. Herramienta que se creó desde el dolor tras el secuestro y asesinato en Estados Unidos de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Su caso conmovió a ese país y motivó a la comunidad y a las autoridades a establecer un sistema de difusión inmediata para localizar a los menores desaparecidos. Desde entonces, el modelo se ha expandido internacionalmente como un mecanismo de reacción rápida, que moviliza medios de comunicación, fuerzas de seguridad y ciudadanía en una carrera contra el tiempo para proteger la vida de niños y adolescentes.   A pesar de que la nueva ley que regula la Alerta Amber en Panamá contempla la participación activa de las empresas telefónicas en la difusión de alertas —mediante mensajes de texto y correos electrónicos a la ciudadanía—, a la fecha de esta publicación, los celulares en Panamá aún no reciben notificaciones oficiales cuando un menor de edad desaparece. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) está encargada de supervisar esta implementación. Esta ausencia limita el alcance ciudadano de la Alerta Amber y retrasa la capacidad de respuesta colectiva ante casos de menores de edad desaparecidos.   En Panamá, el acompañamiento psicológico a las familias durante la desaparición de un menor de edad no está contemplado como parte operativa del sistema. No hay equipos especializados activados en paralelo a la búsqueda, ni protocolos de atención emocional inmediata. Esta omisión refleja una falla estructural: el enfoque sigue siendo policial, sin una respuesta integral que incluya contención, orientación o seguimiento. Frente a esa carencia, es necesario ampliar la red de actores involucrados, incluyendo profesionales del área social, educativa y comunitaria, que puedan aportar desde sus espacios a la protección real de la niñez.   Pero para que eso ocurra, el Estado debe articular. Debe coordinar. Debe invertir. Debe escuchar.  El Ministerio Público recibió recortes a su presupuesto 2026, que afectarán proyectos como la creación de una nueva fiscalía para personas desaparecidas, informó el Fiscal Barragán.     “Que ningún niño más sufra lo que sufrió mi hijo.” Esa fue la frase que Briceida González pronunció tras el crimen de Juan David. Lo dijo frente a autoridades, sin guión, sin protocolo. No pidió justicia: la exigió. Su voz no fue parte de un comunicado institucional, pero quedó registrada como testimonio de lo que ocurre cuando el sistema no llega a tiempo.   No fue una consigna. Fue una alerta. Esa que con su hijo no se activó a tiempo.  Es una publicación auspiciada por el Fondo de Producción Periodística CentroAmericano 2025 de Free Press Unlimited.

¿Dónde duerme la niñez migrante? Frío, calor, peligros, hambre y miedo acompañan la ruta de la migración inversa. Solo el abrazo de madre se convierte en refugio ante la adversidad cuando la inocencia infantil soporta el peso de la migración. Por Grisel Bethncourt y Sharon Pringle Félix El sueño de Camila (*nombre figurado) no es ficción, es un hecho real: las aves, cual depredadores, se asientan cerca del lugar donde pernoctan; una bebé descansa en los brazos de su madre venezolana, en el corazón de un refugio para migrantes en Panamá. Quizá no muchos se han puesto a pensar: ¿en qué lugar duerme la niñez migrante? Para Camila, el contraste entre la inocencia del sueño y la crudeza del entorno, convocan a una   pesadilla.  El 20 de enero de 2025, madre e hija quedaron atrapadas en la encrucijada de un bloqueo que les impedía avanzar. La migración inversa , como fenómeno inesperado, supuso un desafío no solo para las autoridades, organismos, y organizaciones no gubernamentales, por tanto, la desprotección a las personas en retorno conlleva la vulneración de su bienestar. El refugio en Las Blancas, Darién, parecía un mal sueño: olores fuertes, ruidos, rostros agotados. Adrianyela, la madre de Camila, rememora las precarias condiciones: “Dormíamos en casitas de madera; pusimos cartón y las cobijas que nos daban. El calor era insoportable. Mi hija desarrolló una pañalitis muy fuerte, parecía una quemadura. Había muchos zancudos, basura acumulada, malos olores y hasta culebras alrededor. Estuve 22 días allí. En general la condición era deplorable”. El regreso a la selva del Darién era un golpe inesperado. Madre e hija en un albergue temporal, sin poder salir, mientras esperaban decisiones del gobierno panameño para ajustarse a las medidas anti-migratorias impuestas por Estados Unidos. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, y cada día se sentía como un kilómetro, más en un camino que parecía interminable.  Cuenta la madre, que para el desayuno servían arepas duras con huevo frío, jamón y queso; muchas veces esa comida le caía mal a su hija y la vomitaba. “Esto fue difícil porque detalló que “durante los días de semana hubo atención médica, pero los fines de semana no había personal médico; las personas migrantes quedaban con la compañía de guardias”. La niña enfermó varias veces en ese tiempo. Tuvo fiebre, resfriado, mucha tos y aquella pañalitis donde la piel se le infectó, botaba sangre y pus. Adrianyela señaló este episodio como bastante angustiante. “ Yo intentaba cuidarla: la bañaba, le quitaba el pañal para que no se rascara, le daba su  leche  y la entretenía con el teléfono”. Recuerda a lo lejos ver a niños y niñas en los juegos con el personal de UNICEF. Y así, entre el zumbido de los mosquitos, la repetición de los platos y las miradas perdidas de los adultos, Camila seguía durmiendo. Soñaba, aunque su entorno fuera más pesadilla que descanso. Otro sueño americano fallido que golpeó la vida de una niña de dos años en su inocencia, como aturde la vida de 3 mil 717 menores de edad que han cruzado en retorno el territorio panameño hasta septiembre de 2025, —según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad—, sin comprender el miedo ni el agotamiento que arrastran sus padres.       Todo comenzó en Lajas Blancas, donde logramos establecer contacto telefónico con quienes vivían el cansancio del viaje y la incertidumbre del destino. Calles polvorientas, albergues improvisados, noches sin dormir: cada instante estaba marcado por la angustia y la espera. Cruzando México, Centro y Suramérica, el periplo exigía resiliencia y coraje, pero también dejaba ver la fragilidad de la infancia frente a un mundo que no da tregua.  Es una historia de coraje, supervivencia y esperanza en cada kilómetro recorrido: desde México hasta Lajas Blancas, en la selva del Darién, y más allá, atravesando otra ruta hacia Venezuela. Cada paso, revela la fuerza de quienes no se rinden, la fragilidad de la infancia y la lucha de la humanidad frente a la adversidad, dejando una huella imborrable en quienes viven el sueño que tantas veces parece inalcanzable. Foto Archivos Abiertos: Estación Temporal de Migrantes en Lajas Blancas, Darién, ya clausurado /Archivo. Migrar no es un delito Adrianyela explicó que la idea de dejar Venezuela e irse a Estados Unidos surgió, sobre todo, por cómo estaba el país. Tomó la decisión de buscar una mejor calidad de vida debido a la difícil situación económica. Trabajaba limpiando casas y así  buscaba el pan de cada día para darle de comer a sus hijos menores de edad, pero casi nunca alcanzaba. Nunca pasaron  hambre, pero la comida era poca. Entonces decidió llevarse solo a la hija más pequeña; los otros estaban grandes y, como ella recalcó “gracias a Dios, contaba con el apoyo de mi mamá". Detrás de cada migrante existe un porqué. El segundo motivo para i rse, más allá de lo económico, fue reencontrarse con su pareja, quien le animó hasta que finalmente tomó la decisión. Sin embargo, solo llegó hasta México, él le había prometido reencontrarse en Estados Unidos. El cruce por el Darién con su hija en brazos, fue duro: lluvias, barro, personas muertas arrastradas por los ríos, accidentes. Ella solo le pedía a Dios fuerzas para salir de allí con su hija. Salió hacia Colombia por San Antonio, luego llegó a Necoclí. Era de noche; al día siguiente se compraban las cosas y salían.  En la selva había varios campamentos; ellas durmieron en dos de ellos. Allí los recibió un guía y comenzaron el trayecto para entrar a la selva. Al principio, viajaba solo con su hija, pero en el camino se organizaron en un grupo: seis mujeres y tres menores de edad. Económicamente era costoso. Solo el paquete de viaje desde Necoclí hasta Acandí costó 350 dólares. En la selva estuvo dos días y medio. Había lluvia, barro, mosquitos, malos olores, basura, ropa botada y, tristemente, cuerpos en descomposición. Incluso llegó a pisar a un niño fallecido. “Fue muy impactante”. Este episodio le afectó bastante, pero siguió adelante. El viaje entre Colombia y Panamá fue entre el 26 y el 27 de octubre de 2024, por la selva del Darién por donde caminaron 267,929 personas según estadísticas migratorias de nuestro país. Luego de transitar las fronteras centroamericanas, llegó a Tapachula, México en 15 días. En suma, estuvo en México unos cuatro meses.  Foto Archivos Abiertos: Llegada de migrantes irregulares a Lajas Blancas / Archivo. El juego por la supervivencia La supervivencia de una mujer migrante junto a su hija, es como  un videojuego, cargado de sorpresas y tensiones. Al llegar a México, la recibió una compañera que ya estaba allá. Al día siguiente buscó un apartamento y dio, gracias a Dios. Todo ese tiempo su pareja le enviaba dinero para cubrir los gastos. Un buen día el dinero dejó de llegar, otra prueba. La madre de Camila lloraba pensando qué iba a hacer, cómo alimentaría a su hija o cómo pagaría el alquiler. Además, para el 20 de enero de 2025, ya habían cerrado la frontera estadounidense y muchos venezolanos perdieron la esperanza de entrar a dicho país. En medio de esa zozobra, y como ella repite “Gracias a Dios”, un mexicano y su pareja le ayudaron. Fue así que vivió un tiempo con ellos y "luego pude avanzar un poco más".  La creatividad de salir adelante la hizo vender dulces y otras cosas en algunos lugares para sobrevivir. Recuerda que lograba ganarse 300 o 400 pesos, que apenas alcanzaban para comida y pañales. Aún así, nunca les faltó comida en dicho país. “Ella era tan pequeña que no entendía lo que pasaba, y eso me dio fuerzas para seguir adelante”, aseguró Adrianyela.  El amor prometido del hombre se extinguió en una comunicación telefónica, quedando todo a la suerte y el amparo de Dios. Despertar de un sueño El regreso fue como despertar de un sueño insólito. Después del veinte de enero, inició un proceso muy largo: pasó en inmigración desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, esperando que me dijeran algo de un avión que les llevaría de México a Caracas. Les hacían mostrar papeles y pasaportes una y otra vez, les mentían diciendo que si los tenías, algo bueno pasaría. La espera para la madre fue como una película de terror, y de repente, comenzó a sentirse fatal, buscó ayuda y poco a poco, pudo llegar a Costa Rica. No iba sola en esta aventura, le acompañaba una madre venezolana que llevaba a sus tres hijos menores de edad, y en el camino se hicieron amigas de otras migrantes , y así se juntaron en grupitos para no sentirse tan solas. En Paso Canoas,  Costa Rica les recibieron en el albergue del CATEM -Centro de Atención para Migrantes-, donde les dijeron que Panamá tenía un convenio para enviar migrantes, mediante un vuelo humanitario a Caracas. Allí permanecimos unos 15 o 20 días; recibimos alimentación, ropa, cobijas y atención médica. Todo parecía organizado, pero después informaron que debían salir hacia el aeropuerto de Panamá para esperar ese vuelo. Al final fue una forma de desalojar el albergue tico en Paso Canoas. Así fue que abordaron autobuses que les devolvía al refugio de Lajas Blancas.   “Éramos solo mujeres con nuestros hijos, todas buscando cómo protegernos mutuamente", recuerda la madre migrante. Así, con mi compañera de viaje compartimos lo poquito que teníamos: un bocado de comida, un sorbo de agua, un poco de ánimo. El camino era difícil, una y otra vez, hasta que retornaron al Darién, noches enteras sin probar bocado, la niña con fiebre, el hambre que calaba hasta los huesos, dijo conmovida la madre de Camila. Aunque tenía la certeza de que experimentaba momentos difíciles, cada paso de este viaje de regreso, fue tan duro como cuando empezó la travesía, lo diferente esta vez, es saber que estaba caminando hacia su hogar, como si una fuerza invisible le guiara. Un primer informe de Fe y Alegría Panamá, que data entre enero y marzo de 2025, reflejó que llegaron migrantes “en goteo”, un aumento del llamado flujo inverso (norte-sur) de los que quedaron atrapados (entre Panamá y México). Especificaron que se estableció  “una zona de retención” desde Darién. Es una zona donde se vivió un “estado de excepción” no declarado, donde los derechos de los migrantes y nacionales estuvieron en riesgo. La nueva política anti migratoria cerró la válvula para miles de personas que nunca pudieron llegar a Estados Unidos. Lo que ha producido hasta la fecha el paso por Panamá de 18 mil 275 personas este año, de ellas 17 mil 132 de Venezuela, un 20 por ciento se trata de niños, niñas y adolescentes. Estadísticas del Ministerio de Seguridad. Ruta inversa utilizada por migrantes a inicio de 2025. La humanización de la infancia migrante Las vivencias de Adrianyela en la ruta quedaron plasmadas en la mirada de su hija, como si fueran un eco distante. “Muy duros”, comenta, evocando los instantes de travesía. En una ocasión, por ejemplo, carecían de fondos para continuar o alimentarse. Les tocó pernoctar en las afueras de una estación de buses, a la intemperie, con los pequeños cerca. Allí, un joven hondureño les obsequió una pizza, y al día siguiente, algo de dinero para seguir adelante. Fueron noches en la calle, sin asearse, desplazándose con suciedad. "Era muy intenso", reiteró.  La gente siente compasión al ver a un niño con hambre o sucio. En diversos lugares, cuenta la madre de Camila, obtuvieron asistencia humanitaria de individuos: les ofrecieron comida, les llevaron a un hotel para asearse y proseguir. “No fue obra de organizaciones sino de ciudadanos solidarios”, aclaró. En tanto, Camila, ante estos eventos reaccionaba con melancolía. Lloraba con frecuencia, indagaba: "¿Dónde está mamá?" Manifestaba que ese sitio no era su hogar, y así preguntaba por su abuela-mamá y sus dos hermanos, con el ánimo desplomado. Adrianyela no siempre sabía qué contestarle, y para serenarla, la estrechaba, la mimaba, le proporcionaba su leche, la aseaba cuando podía. También le reproducía caricaturas en el móvil. La niña permanecía aferrada a ella, mientras la madre le aseguraba que pronto se reencontrarían. La psicóloga clínica Edith Shiro, especialista en crecimiento postraumático y resiliencia, explica que las experiencias traumáticas en la niñez dejan huellas profundas, incluso cuando no se expresan de forma evidente. Los niños, dice, absorben lo vivido y lo incorporan en su desarrollo emocional y cognitivo. Los vómitos, las dolencias físicas o los cambios de conducta no son simples síntomas aislados: son, muchas veces, la manera en que el cuerpo manifiesta un trauma que no encuentra palabras. En el caso de la niñez migrante, Shiro sostiene que, ante situaciones extremas, se aferra con más fuerza a sus cuidadores como única garantía de seguridad. Esa búsqueda de cercanía y protección se convierte en un sostén vital, un ancla que les permite resistir la vulnerabilidad y la incertidumbre del camino. El retorno forzado de cientos de migrantes no se entiende solo por decisiones individuales, sino por un entramado de políticas y carencias estructurales que atraviesa la región. Las defensorías de Panamá, Costa Rica y  Colombia en su informe 2025 , advierten que el endurecimiento de medidas en Estados Unidos, sumado a la falta de coordinación entre los países de tránsito, ha empujado a miles a regresar sin garantías mínimas de seguridad ni dignidad. En ese trayecto inverso, la vulnerabilidad se convierte en terreno fértil para redes criminales que aprovechan el vacío institucional. Frente a este panorama, el informe llama a los Estados a abandonar respuestas aisladas y adoptar un enfoque regional capaz de articular esfuerzos humanitarios. Recomienda la creación de mecanismos permanentes de coordinación, con participación de organismos internacionales y sociedad civil, que atiendan de forma integral la movilidad. Solo así, insisten, podrá garantizarse protección real, acceso continuo a servicios esenciales y rutas seguras para quienes se ven obligados a volver sobre sus pasos. La posibilidad de soñar En medio de la incertidumbre y la ansiedad en Lajas Blancas donde la atrapaba en la idea de que nunca les sacarían de ese albergue con un vuelo humanitario. En un de repente, un barco se puso a disposición para la repatriación, con un precio de 150 dólares por persona, y los niños pagaban la mitad. Fueron semanas enteras esperando un vuelo humanitario que nunca llegó; encima, pedían pasaporte hasta a los más pequeños, y muchos no lo tenían. La incertidumbre era palpable. De repente, apareció el barco como opción, y como en un juego del azar, quien lograba juntar la plata se animaba a embarcarse, a pesar de los riesgos.  “No podía esperar más; necesitaba irme a casa y estar con mi familia e hijos. Hice esfuerzos para pagar y así salir”, detalla Adrianyela.  El viaje arrancó en Miramar, hacia donde fueron trasladados desde Darién a la distante provincia de Colón, -354.7 kilómetros por carretera-. En la tarde subieron al barco y pasaron la noche en alta mar, camino a La Miel, aguas turbulentas del atlántico en la comarca Güna Yala. El trayecto fue pesado: el barco se movía un montón y casi nadie pudo pegar un ojo, aunque la comida estaba incluida, narró. De ahí, tomaron una lancha hasta Capurganá, Colombia, donde el mal tiempo los tuvo esperando dos días antes de poder seguir para Necoclí.  Capurganá alivió las lágrimas y la incertidumbre. Después de días de cansancio, un baño de mar pareció solventar lo perdido en la extensa marcha. Fueron minutos de felicidad para Camila, un respiro en medio del miedo, donde el juego con las olas devolvió, aunque brevemente, la inocencia robada por la migración. La pesadilla no terminó al salir de Panamá. Los recuerdos se entrelazaban y desanudaban cada tanto, desde el adiós a los hijos al irse; en México, la soledad caló hondo: navidades sin la familia, con un plato solo en la mesa, encerrados entre cuatro paredes, y en la selva, la promesa de que “falta una hora” sonaba a cada rato, mientras pasaban tres, cuatro, cinco horas y solo se veía monte.  Las ganas de volver a casa y estar con la familia eran más fuertes que el cansancio o los gastos. Ahora miraba atrás la madre de Camila, con su bebé en brazos, y la esperanza parecía irse apagando con cada paso. Hoy, de vuelta en Venezuela, la vida se va armando de a poco.  “Yo dije: voy a salir a buscar trabajo, no me puedo quedar de brazos cruzados, a descansar lo que pude llamar, yo tengo que seguir luchando por mis hijos. Bueno, gracias a Dios metí mi currículo y ya un domingo en la noche me escriben para empezar a trabajar. Ya hoy día tengo cinco meses de haber llegado a Venezuela y gracias a Dios pues sigo en el mismo trabajo, confirmó la Adrianyela. Llegaron un miércoles y la vida ya tenía trazada su victoria. La resiliencia fue la clave para superar los problemas". Adrianyela y su hija son parte del flujo inverso que entre febrero y abril reflejaron el regreso de 6 mil 562 personas por vía marítima: Mil 636 en febrero y 2 mil 784 en marzo, según otro informe de Movimientos Mixtos Frontera Col-Pan. Los datos se dividen entre los informes migratorios colombianos y los aportados por una fuente oficial de Seguridad de Panamá. Este medio hizo la solicitud por Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sin embargo, el Servicio Nacional de Migración no aportó las estadísticas del retorno inverso. La fe de Adrianyela En la ruta migratoria Adrianyela y su hija no anduvieron en solitario. En el transcurso del viaje surgió una red humana tejida por la familia, personas bondadosas, periodistas que estuvieron presentes y pequeñas manos que brindaron apoyo. Cada acción, cada comentario y cada asistencia inesperada se convirtieron en un respaldo para no rendirse.  “Cuando veía a las personas desprendidas que me ayudaban, yo dije: Dios, gracias por ponerme esas personas tan maravillosas. Créeme que realmente, pues, yo no lo esperaba”, confesó la madre de la niña.  Incluso, añadió que una reportera se convirtió en un enlace para que la historia llegara más allá, hasta Venezuela, donde se convirtió en la voz de muchos. Todo inició en México cuando apareció una familia de Honduras; en Panamá otra persona, y a través de ellas se crearon vínculos con organizaciones y medios informativos. Fue por una oenegé que conoció a quienes la entrevistaron para un portal de noticias. “Me hicieron muchísimas entrevistas varios periodistas. Me grabaron un vídeo, me preguntaron infinidad de cosas”, rememoró.   El recorrido también se caracterizó por la conexión con los seres queridos, incluso a distancia. El padre, aunque lejos, brindó apoyo en medio del viaje. Esa red, a pesar de la lejanía física, sostuvo lo más importante: la esperanza de seguir adelante.  Para la Fundación Fe y Alegría, los puntos de atrapamiento social seguirán creciendo y desplazándose desde México hacia el sur impactando a países como Costa Rica y Panamá con población no nacional, de igual manera, a los países que recibirán a sus connacionales deportados o retornados. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que el 37% de estas personas reporta necesidades económicas críticas, frente al 13% registrado en la ruta sur-norte. La realidad del ahora  Adrianyela tiene 26 años, una bebé y una historia que contar. Es fuerte, lo sabe, soportó  el camino. “Si, uno hace ejercicio, se quema la grasa y hace mucho…  Panamá dejó una marca agridulce en esta madre e hija: país de paso, país de regreso, país testigo. Allí los peligros eran una constante: asaltos, abusos, tiroteos, muertes. “Mucha gente fue asaltada, violada, asesinada. Las cosas estaban muy difíciles". Y la pequeña Camila estuvo muy cerca de todo eso. Camila hoy duerme, como cualquier niña. ya no en tránsito, pero con un futuro menos incierto, pero al menos más segura. Al llegar a Venezuela, la emoción de la abuela de la niña era desbordante, lágrimas. Camila no tuvo palabras, sus ojos saltones hablaban por ella sobre su gozo, y Adrianyela, concluyó “fue un buen encuentro. A la vez triste, a la vez feliz”. La doctora Edith Shiro advierte que los traumas en la niñez suelen ser invisibles al inicio, pero con el tiempo se revelan en ansiedad, depresión o miedos irracionales . Estas experiencias afectan la confianza y las relaciones futuras, por lo que requieren acompañamiento constante. Subraya que una niña de dos años necesita apoyo emocional y orientación cercana de los adultos para sobrellevarlo. La autora del libro: El inesperado regalo del trauma, una guía para el crecimiento postraumático, concluyó: “Esas experiencias tan difíciles, duran para toda la vida, eso hay que observarlo, eso hay que sanarlo”. Sin dudas, la experiencia de migrar de esta madre e hija dejó heridas que no se olvidan, pero también la seguridad de que cada día cuenta. Eso sí, la decisión es clara: esa travesía no se va a repetir. Foto de Portada es Cortesía. *Camila es un nombre figurado para la protección de la identidad de la menor de edad,

Por Miguel Ángel Rodríguez Fu | Especial Archivos Abiertos   El artículo 341 del Código Procesal Penal panameño, al regular la figura de la adhesión de la querella a la acusación del Ministerio Público, plantea un problema interpretativo que no ha sido suficientemente explorado en la doctrina nacional. Su tenor literal establece que, en caso de adhesión, el querellante no podrá ofrecer prueba distinta de la ofrecida por el fiscal.   La jurisprudencia ha entendido esta disposición como una restricción absoluta, reduciendo al querellante adherido a un rol de mero coadyuvante procesal. Sin embargo, una lectura dogmática, vinculada a los principios del sistema acusatorio y al marco convencional, permite plantear que dicha interpretación no agota el sentido normativo de la disposición ni responde a la finalidad garantista del proceso penal. Desde una perspectiva de teoría del proceso, la adhesión implica un acto de conformidad con la acusación pública y no necesariamente una renuncia a los derechos sustantivos de la víctima. Luigi Ferrajoli recuerda que la víctima, en tanto sujeto de derechos fundamentales, no puede ser relegada a una posición de mera pasividad frente al monopolio estatal de la acción penal, pues ello contradice el principio de igualdad de armas y vacía de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva. Claus Roxin, en su análisis de la posición procesal de la víctima, sostiene que aun en los sistemas donde predomina la acción pública, el Estado debe garantizar espacios de participación activa a las víctimas, especialmente en lo relativo a la producción y contradicción de prueba.   La regla contenida en el artículo 341 debe ser comprendida en armonía con los principios de pertinencia, utilidad y legalidad que rigen la admisión de la prueba. Si una prueba resulta incongruente, superflua o ilícita, será el juez de garantías quien deba excluirla, sin que sea necesario suprimir de plano la facultad del querellante de proponerla. De este modo, la prohibición absoluta carece de justificación dogmática, en tanto que el ordenamiento ya ofrece filtros suficientes para evitar la dispersión o el abuso en la proposición de medios de prueba. La adhesión debe verse, por tanto, como un mecanismo de coordinación y coherencia procesal, no como una renuncia total a los derechos de la víctima.   Un problema específico se presenta cuando el Ministerio Público recaba en la fase de investigación elementos de convicción relevantes que, por error, negligencia o falta de estrategia, no incorpora a su acusación. Negar al querellante adherido la posibilidad de solicitar la práctica de esas pruebas, que ya forman parte de la investigación, equivale a validar una omisión del fiscal en detrimento de la víctima y del principio de búsqueda de la verdad material. Desde el punto de vista del control de convencionalidad, tal interpretación no resulta compatible con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado en múltiples pronunciamientos ( v.gr . Caso González y otras – Campo Algodonero vs. México, 2009) la obligación estatal de garantizar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal.   En este sentido, la dogmática penal contemporánea, como lo desarrolla Jesús-María Silva Sánchez, enfatiza que el proceso penal debe concebirse no solo como un instrumento de persecución estatal, sino como un espacio de concreción de derechos fundamentales.   La víctima, como sujeto activo en el proceso, no puede ser limitada de manera irrazonable en su derecho a contribuir a la actividad probatoria, siempre que no se rompa la congruencia procesal ni se afecten los derechos de defensa del imputado.   La conclusión que se impone es que el artículo 341 no puede interpretarse de manera literal y restrictiva, como una prohibición absoluta de la facultad probatoria del querellante adherido. Debe entenderse como una regla de coherencia que impide la introducción de pruebas nuevas que alteren sustancialmente el marco acusatorio, pero no como una barrera para la incorporación de pruebas ya recabadas durante la investigación y omitidas en la acusación fiscal. Solo una interpretación de este tipo resulta compatible con los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, igualdad de armas y acceso a la justicia, así como con los estándares interamericanos en materia de derechos de las víctimas.   Ilustración Freepik.

Migrantes en grave situación en Miramar y Palenque. La migración inversa revela una frontera olvidada: hombres, mujeres y niños atrapados en la costa de Colón. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos La frontera sur de Panamá se ha convertido en una trampa de retorno. Lo que antes era un flujo desbordado de migrantes que cruzaban el Darién rumbo a Norteamérica, hoy se ha transformado en una ola de regreso forzado: más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos entre enero y agosto de 2025 , según el informe conjunto de las Defensorías de Costa Rica, Panamá y Colombia. La drástica reducción del 97% en el paso irregular hacia el norte —producto de las restricciones en la selva del Darién y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos— no trajo alivio, sino un fenómeno más silencioso y desgarrador: miles de familias migrantes están atrapadas en comunidades fronterizas sin dinero, sin agua potable y sin protección institucional. Colón: Miramar y Palenque, comunidades al límite En los poblados costeros de Miramar y Palenque, en la provincia de Colón , la crisis alcanza niveles alarmantes. Allí, no existe presencia permanente de autoridades competentes , lo que ha dejado en manos de los moradores la organización y el cobro del transporte hacia Colombia. El traslado en lancha, que cuesta entre 270 y 280 dólares por persona, se convierte en una barrera imposible para más de la mitad de los migrantes. Quienes no logran reunir el dinero deben permanecer semanas varados en condiciones extremas: duermen en balcones y aceras, consumen agua turbia que provoca enfermedades digestivas y reciben alimentación insuficiente de Migración, una sola vez al día y sin cobertura para todos. La ausencia institucional no solo condena a miles de familias a la precariedad, sino que abre un vacío para el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes . Un migrante lo resumió con crudeza: “Dormimos en la calle. El agua sale con barro. Necesitamos agua potable, porque a veces ni agua hay”. Tres meses de espera en Miramar y un refugio de riesgo En Miramar se conoció de personas varadas hasta tres meses sin ayuda ni recursos económicos  para continuar el viaje. La mayoría son hombres que no han sido priorizados en los llamados “viajes humanitarios”  organizados por el Estado, enfocados en mujeres y niños. Esta exclusión ha generado tensión creciente  entre los que permanecen en la comunidad sin respuesta. Durante la misión, las Defensorías visitaron un edificio abandonado conocido como “la casa rosada” , que había sido destinado como albergue comunitario. Hoy, sin condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad ni salubridad, el lugar es usado como refugio improvisado por hombres y mujeres. El informe alerta sobre inseguridad y riesgo de explotación sexual en el inmueble y sus alrededores. Un costo imposible y una espera sin salida El informe revela que el 55% de los migrantes no tiene recursos para pagar la lancha hacia Colombia . Algunos relataron que han tenido que cargar maletas o realizar trabajos improvisados para que los dejen subir con descuento. La situación golpea con especial crudeza a mujeres y niñas, quienes enfrentan violencia sexual, trata de personas y discriminación en la ruta. El riesgo se multiplica por la falta de presencia estatal y el abandono de comunidades que, siendo ya pobres, ahora cargan con el peso de una crisis humanitaria regional. Mapa ilustrativo de las rutas inversas hacia el Sur. Informe   Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional El drama humanitario en cifras y testimonios El 49% de los entrevistados señaló no tener un lugar donde dormir; El 28% denunció falta de baños; El agua no es potable y provoca problemas digestivos; Niños y niñas menores de 6 años viajan sin pagar, pero igualmente expuestos; La alimentación oficial llega solo una vez al día y no siempre alcanza. Llamado urgente a la región Las Defensorías advierten que la migración inversa no es un fenómeno pasajero , sino una consecuencia directa de las políticas restrictivas de tránsito en la región. Por ello, recomiendan adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional que garantice protección, albergue digno y mecanismos permanentes de coordinación entre Costa Rica, Panamá, Colombia y los países de destino. Sin medidas inmediatas, los poblados de Colón — Miramar y Palenque — seguirán convertidos en territorios olvidados, donde la vulnerabilidad de las familias migrantes y la pobreza local alimentan un círculo de violencia y abandono. El retorno forzado  no es solo un dato estadístico: es un espejo roto donde las promesas de asilo, refugio y mejores condiciones de vida se estrellan. Y donde los más vulnerables —niños, niñas y mujeres— pagan el precio más alto de un sistema que los expulsa dos veces. Foto ilustrativa portada de Freepik.

La justicia de consumo debe ser rápida, accesible y sin ritualismos innecesarios. La ciudadanía merece un procedimiento que garantice derechos, no que los bloquee. Por Miguel Angel Rodríguez, Periodista y Abogado. El procedimiento administrativo que tramita la ACODECO, concebido como vía expedita y accesible para garantizar los derechos de los consumidores, ha degenerado en una práctica excesivamente formalista. La exigencia de poderes otorgados a abogados para la mínima gestión, la corrección de “puntos y comas” en escritos o la imposición de ritualismos innecesarios constituyen una contradicción con el principio constitucional de tutela judicial y administrativa efectiva , así como con la finalidad protectora del régimen de consumo. En la práctica, quienes acuden a esta instancia son ciudadanos de escasos recursos que no pueden costear un litigio civil, mientras que los sectores con mayor poder adquisitivo, con capacidad de contratar abogados y asumir costos procesales, impulsan sus pretensiones en el ámbito judicial. Este diseño reproduce una desigualdad: los pobres enfrentan una justicia supuestamente “social” con exigencias propias de una casación, mientras los adinerados acceden a la jurisdicción civil, más flexible y mejor asesorada. Desde el punto de vista doctrinal, el principio de informalismo a favor del administrado es recogido por García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, quienes sostienen que en el procedimiento administrativo lo sustantivo debe prevalecer sobre lo accesorio y que los defectos formales no pueden convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de derechos. En la misma línea, Zanobini advertía que el formalismo rígido en la actuación administrativa desnaturaliza la función del Estado como garante de los derechos ciudadanos. La Ley 38 de 2000 de Panamá recoge este principio en su artículo 34, al consagrar los principios de economía, celeridad, eficacia e informalidad, prohibiendo la exigencia de requisitos no previstos expresamente en la ley. La doctrina comparada en Colombia y Costa Rica ha desarrollado también la suplencia de la queja deficiente, que obliga a la administración a interpretar el escrito del ciudadano con amplitud, privilegiando el acceso a una decisión de fondo. En cuanto a la jurisprudencia interamericana, la Corte IDH, en Cantos vs. Argentina, señaló que los costos y formalidades desproporcionadas que impiden el acceso real a la justicia vulneran los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En Baena Ricardo y otros vs. Panamá, el Tribunal enfatizó que las garantías del debido proceso se extienden también al ámbito administrativo, imponiendo a la autoridad el deber de resolver sin trabas innecesarias y con respeto a la defensa. En Apitz Barbera y otros (“Corte Primera”) vs. Venezuela, la Corte reafirmó que el formalismo no puede convertirse en un obstáculo que vacíe de contenido el derecho de acceso a la justicia. Y en Yatama vs. Nicaragua, reiteró que las formalidades deben interpretarse de manera que no anulen el ejercicio efectivo de los derechos políticos y procesales de las personas, prohibiendo que tecnicismos terminen por privar al administrado de un recurso efectivo. Estos criterios han sido aplicados en múltiples casos para invalidar actuaciones estatales basadas en rigorismos procesales innecesarios. La conclusión que se impone es que la actuación de la ACODECO, al exigir poderes innecesarios, correcciones de minucias o subsanaciones irrelevantes, contraviene tanto la Constitución panameña —que reconoce el derecho de petición y la resolución pronta en 30 días (artículo 41), así como el debido proceso (artículo 32)— como la Ley 38 de 2000 y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La desformalización no significa anarquía, sino coherencia con el mandato de eficacia y con la teleología protectora del procedimiento en materia de consumo. Humanizar el trámite administrativo en la ACODECO, reduciendo tecnicismos innecesarios y garantizando la suplencia a favor del ciudadano, constituye un imperativo constitucional, doctrinal e interamericano para hacer efectivo el acceso a la justicia social. Foto Ilustrativa de Portada / Freepik

Por Grisel Bethancourt, directora Archivos Abiertos La Ley de Acceso a la Información y el Acuerdo de Escazú fueron concebidos como herramientas ciudadanas para abrir las puertas del Estado y garantizar la transparencia en la gestión pública. En Panamá, ambos mecanismos deberían permitir a periodistas, investigadores y a la sociedad en general acceder a datos fundamentales para entender cómo se toman decisiones que afectan nuestras vidas. Sin embargo, la práctica revela otra realidad: los muros burocráticos y el incumplimiento de estas normas mantienen un desierto informativo que erosiona la democracia. Hoy, leí en Concolón, la segunda entrega de la investigación periodística sobre la actuación de la minera en Panamá, es un ejemplo elocuente. La opacidad, el irrespeto al periodismo y la violación sistemática de la ley por parte de instituciones que deberían responder con transparencia demuestran que la información pública sigue siendo escondida. No es un caso aislado. En distintos frentes, a los periodistas de investigación nos cuesta cinco o diez veces más obtener datos que por ley deberían estar disponibles. Esa es la razón por la que aprendemos a rastrear, a cruzar documentos y a descifrar huellas que el poder intenta borrar. El problema es que como sociedad hemos normalizado esta situación. La mirada crítica hacia el incumplimiento de la ley no se está dando con la fuerza que requiere. Conformarnos con una única versión de los hechos no es periodismo. Nuestra obligación es confrontar fuentes, cuestionar discursos oficiales y demostrar con pruebas lo que se pretende ocultar. Aunque a veces parezca que trabajamos en la invisibilidad, cuando las investigaciones se publican tienen impacto real. Trascienden fronteras, generan debates y muestran que el periodismo independiente en Panamá existe, resiste y se impone. Pero también es cierto que este esfuerzo necesita acompañamiento: los gremios periodísticos deben asumir el desafío de exigir que la Ley de Transparencia y el Acuerdo de Escazú se cumplan; y los funcionarios, por mandato legal, tienen la obligación de responder a la ciudadanía. El periodismo de calidad, crítico y transformador no puede sostenerse en un país donde se esconde la información pública. Requiere un entorno en el que las leyes se hagan cumplir y donde la transparencia no sea una excepción, sino una regla. Foto Ilustrativa: Freepik

El 9 de enero de 2011, cinco jóvenes murieron calcinados dentro de una celda cerrada con candado en el Centro de Cumplimiento de la Jurisdicción de Menores en Tocumen. Morir allí fue el primer crimen. El segundo, vino desde el Estado. Por Grisel Bethancourt “ Eso está cerrado, nos estamos quemando, viejo, nos estamos quemando ” , gritaban desde la celda. Las llamas tomaban fuerza, y desde una rejilla se escuchaban los lamentos desesperados. Del otro lado, los policías miraban y se burlaban desde la ventana. Se  asomaban el dolor, la desesperación y la indolencia institucional. Sus manos aferradas al ventanal de hierro, sus cuerpos en llamas, no fueron suficientes para que los policías abrieran la puerta. Uno de ellos, con la piel deteriorada, logró salir cuando finalmente la celda fue abierta. El resto murió allí. Años después, tras una larga y dolorosa espera, tres unidades fueron condenados: Maikol González, Joel Rodríguez y Eduardo Barreno . No fue justicia plena, pero fue al menos una señal: el Estado reconocía el crimen. Hoy, esa señal se diluye entre cenizas. Catorce años después, la decisión presidencial de rebajar las penas a los responsables reabre la herida con gasolina. Un acto que no solo escupe sobre la memoria de los asesinados, sino que premia con impunidad a los autores de uno de los crímenes más atroces cometidos dentro del sistema penal panameño. El abogado Carlos Herrera hijo lo dijo con claridad:“La decisión del Presidente nos deja un profundo sentimiento de decepción y de percepción de impunidad, pues vemos que al final estas personas no solamente no han ni cumplirán con sus condenas, sino que además jamás pedirán siquiera un perdón o disculpas por sus crímenes”. Pero la impunidad no termina allí. Según reveló La Estrella de Panamá , los responsables siguieron cobrando sus salarios como si trabajaran, sin ser separados de sus cargos. En algunos casos incluso accedieron a sus jubilaciones. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién firmó ese silencio cómplice? ¿Quién decidió que nada pasaba? Ahora se estudia presentar una demanda de inconstitucionalidad  contra el Decreto presidencial. Aunque la facultad de conceder rebajas existe en la Constitución, no se habrían cumplido los requisitos legales. Los condenados ni siquiera cumplieron un tercio de sus penas, argumenta Herrera. Panamá no puede mirar hacia otro lado. La impunidad también mata. Y lo que ocurrió en Tocumen no fue un caso aislado ni cerrado: es un espejo de cómo opera el sistema. Un sistema que olvida, que perdona al poder, que abandona a las víctimas. Cinco muchachos asesinados por fuego bajo custodia del Estado. Y hoy, como si eso no bastara, se ejecuta un acto de perdón sin justicia, sin arrepentimiento, sin verdad. Este medio pidió hablar con una de las madres de los cinco jóvenes, pero se nos comunicó que nunca ha dado declaraciones. A esos jóvenes los asesinaron dos veces: primero en una celda, después desde el Palacio. Foto IIustrativa de Freepik

La migración irregular en Panamá sigue siendo un tema candente, aunque poco visibilizado en los medios locales. Mientras que la atención se centra en el flujo migratorio hacia el norte, un fenómeno menos conocido está ocurriendo en las costas del distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón. Cientos de personas, en su mayoría venezolanos están llegando a esta zona para embarcarse en una travesía marítima hacia otros destinos, a pesar de los peligros del mar y la variabilidad climática. Por Grisel Bethancourt, directora y editora de Archivos Abiertos. Las costas de Colón, donde la vida se teje entre redes de pesca, sembradíos humildes y los tambores rituales del Congo y los palenques, hoy conocen otro ritmo, uno más silencioso y desgarrador. A la orilla del mar Caribe, donde la brisa trae ecos de fiestas ancestrales y memoria afrocolonial, ahora llegan cuerpos exhaustos y miradas perdidas. Migrantes que alguna vez soñaron con el Norte, pero que tras cruzar selvas y fronteras llegan a estos puertos y aguas, vencidos por la desesperanza. El mar  es ahora vía de escape, y los pueblos de Santa Isabel conviven con una nueva forma: la de los que regresan sin haber llegado.   Este flujo migratorio se ha devuelto debido a las políticas de cierre de la frontera estadounidense con el gobierno de Donald Trump desde enero de 2025, lo que ha generado un impacto significativo en la región con la deportación de migrantes. Panamá ha asumido ese compromiso con el cierre de su frontera inhóspita en Darién. Aunque no es comparable a la situación que se vivió en Bajo Chiquito, en la selva panameña frontera con Colombia, este flujo inverso del norte al sur está afectando a muchas personas que se encuentran varadas en nuestro territorio en precarias condiciones de salud, alimentación y por falta de recursos. La situación es crítica y requiere atención inmediata. Migrantes llegan a la ciudad de Panamá, son albergados en este centro católico que les ayuda con donaciones para retornar a Colombia por mar desde Miramar.   El impacto en Miramar y Palenque Amed Meza, alcalde del distrito de Santa Isabel, se confesó preocupado y con angustia dijo  en una entrevista en el Podcast Espontáneo , que la situación en Miramar y Palenque es alarmante. "Nos sentimos abandonados por parte del gobierno central". La acumulación de basura en el vertedero, que está casi colapsando, es un problema adicional que agrava la situación. Meza también destacó que más de 200 migrantes se encuentran en Miramar y otro grupo incontable en la comunidad de Palenque, y que el 60% de ellos no tiene recursos para retornar a su país de origen.   Los migrantes hablan de la desesperación y de promesas , y aseguran de un posible retorno humanitario, bajo la responsabilidad del gobierno de Panamá, pero oficialmente no se ha anunciado. Una migrante y su hija salen desde la Terminal de Albrook hacia Colón, al lograr la donación de sus pasajes. Foto: Centro San Juan Pablo II. La situación está afectando significativamente a la comunidad local. Los recursos del Municipio se han tenido que desviar hacia la recolección de basura y los viajes humanitarios, dejando sin prioridad a Santa Isabel. Esto ha generado un sentimiento de abandono y desprotección en la comunidad. Santa Isabel, distrito de la provincia de Colón tiene una población de 4,069 personas.   El alcalde teme que el vertedero sea cerrado ante el colapso por los desechos sólidos que deja esta marea de personas que transitan en Palenque y Miramar. Además hay mujeres embarazadas y clanes familiares con menores de edad. Entrevista https://www.instagram.com/reel/DMGH-w6xyQA/?igsh=eHB4bWthdWR6b2Jy   Cifras alarmantes del flujo inverso Actualmente, los movimientos de retorno desde Centroamérica hacia Sudamérica están cobrando creciente relevancia, especialmente a través de la ruta del mar Caribe.   Según datos proporcionados por el ejecutivo, cerca de 11,810 personas han ingresado a Panamá en la ruta inversa hacia el Sur. Esta cifra requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno. Los datos de Movimientos Mixtos Frontera Col-Pan, entre febrero y abril se registraron el regreso de 6.562 personas por vía marítima: 1.636 en febrero, 2.784 en marzo —lo que representa un aumento del 70%— y 2.142 en abril, con una leve disminución del 11%. Desde inicios de febrero, un promedio diario de 81 personas ha estado llegando a los municipios colombianos de Capurganá, Necoclí y Turbo, lo que evidencia un flujo constante de retornos que desafía la narrativa tradicional del Darién como ruta exclusivamente de salida. La necesidad de visibilizar el tema Es importante conocer más sobre la realidad de las comunidades afectadas, como Miramar, y entender sus necesidades y preocupaciones. La falta de visibilidad local y atención a este tema puede agravar la situación y generar más problemas en el futuro.   La migración irregular es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de sus causas y consecuencias. Es importante que se desarrollen políticas y programas que aborden las necesidades de los migrantes y las comunidades afectadas, y que se promueva la comprensión y la empatía hacia aquellos que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Ante este panorama, los atardeceres en Santa Isabel ya no traen promesas, solo el silencio de quienes no saben si partirán mañana o si el mar volverá a negarse. Hoy descansan los cientos de migrantes varados, niños, niñas y adultos, sumidos en la incertidumbre.

Foto A medida que la crisis continúa en esta región del país, las recientes restricciones impuestas por el gobierno panameño sobre las comunicaciones e Internet han suscitado preocupaciones sobre las violaciones de derechos fundamentales y el incumplimiento de convenios internacionales. Cuando las calles se llenaron de voces que clamaban por justicia y dignidad, las autoridades, en un intento de controlar la narrativa, limitaron el acceso a la información. Desde que el gobierno declaró un estado de urgencia en respuesta a la creciente violencia y las tensiones sociales en Bocas del Toro, se han generalizado las restricciones a las plataformas de comunicación, y el plazo se amplió hasta el 29 de junio. Estas medidas limitan el acceso a Internet y dificultan la capacidad de los ciudadanos para comunicarse entre sí y con el mundo exterior. Las autoridades justifican estas acciones como necesarias para mantener el orden público y prevenir la desinformación; sin embargo, expertos en derechos humanos y diversas voces argumentan que esta situación representa una grave violación de derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá, protege este derecho, así como el derecho a recibir información. Las restricciones actuales no solo obstaculizan la libre expresión, sino que también atentan contra el derecho de las personas a estar informadas sobre las circunstancias que rodean la crisis en su región. La censura en las comunicaciones no solo silenciaron a los manifestantes, sino que también afectaron la libertad de los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de los comercios o entes de gobierno, sí salvaguardaron la telefonía en los servicios de salud. La imposición de bloqueos en las redes, la censura de noticias y la restricción del acceso a ciertos lugares impiden que la verdad llegue con claridad a la ciudadanía y al mundo exterior. La información, que debería ser un puente de transparencia y denuncia, se convirtió en un arma de control. Sin la posibilidad de comunicar libremente, la voz del pueblo quedó acallada. El periodista de La Estrella de Panamá, Juan Alberto Cajar, reconoce que su cobertura tuvo limitaciones, y observó una pérdida paulatina de los derechos de las personas y de las garantías al aplicarse el artículo 55 de la Constitución Nacional —que declara el estado de urgencia—, la libertad de comunicación puede estar sujeta a ciertas limitaciones establecidas por la ley, en casos donde sea necesario para proteger otros derechos o intereses de orden públicos. "Es una provincia militarizada, sitiada, en un estado de excepción, con una cobertura difícil y desafiante, con peligros y límites en el ejercicio del periodismo". Juan Alberto Cajar, periodista de La Estrella. Cajar es uno de los tres reporteros que viajaron desde la capital para una cobertura especial e hicieron un equipo para obtener información desde distintos puntos de ubicación donde se registraron cruentas protestas. Con su equipo de protección identificados como "Press" y cascos, tuvieron que sobrellevar a una población desconfiada de los medios tradicionales para poder penetrar el epicentro de la lucha social, pero que de un día para otro vieron limitadas sus comunicaciones por una orden gubernamental en Changuinola. Periodista Juan Alaberto Cajar durante la cobertura en Bocas del Toro. Foto Cortesía. En Bocas del Toro no hay telefonía celular, ni el acceso a la satelital, algunos mantienen redes internacionales conectadas a Costa Rica y baja cobertura del servicio Internet para Todos. Génesis de una resistencia Bocas del Toro, ese rincón caribeño lleno de vida, color y tradición, no fue la excepción. Allí, el descontento popular no surgió de la nada; fue el eco de la desigualdad, las promesas incumplidas y una lucha constante por la dignidad y la justicia. Un pueblo que en su memoria lleva el saldo de dos muertos y decenas de heridos durante el 2012, bajo el entonces gobierno de Ricardo Martinelli y el Ministerio de Seguridad de José Raúl Mulino. En medio de ese torbellino, emergió la figura de Francisco Smith, dirigente del mayor sindicato bananero de la región, en Chiquita Brands. Su arresto fue visto como una injusticia, un acto que encendió aún más las pasiones de quienes luchaban por sus derechos, en torno a una jubilación especial. La lucha de los trabajadores, sus voces alzadas en demanda de mejores condiciones, se convirtió en símbolo de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar más opresión. Pero esa resistencia no quedó allí. La exacerbación de los ánimos llevó a saqueos y cierres de calles que parecían convertirse en ríos de protesta, en un grito colectivo que no podía ser silenciado. La rabia contenida estalló en acciones que desbordaron los límites, en un ciclo de confrontación que parecía no tener fin. Pobladores de Almirante durante el bloqueo de las vías. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Un vehículo es incendiado en Changuinola. Foto Cortesía Minseg. La represión policial, en su afán de mantener el orden, solo avivó la llama del descontento. Lo que denominaron "Operación Omega", también violentó las garantías del Estado, con detenciones de la cual surgieron imágenes de hombres detenidos casi desnudos, lo que profundizó la brecha entre el pueblo y las autoridades, con un saldo de 280 personas aprehendidas bajo la llamada de una operación por aire, mar y tierra. Pero quizás uno de los capítulos más complejos y dolorosos fue la resistencia indígena, arraigada en su forma particular de lucha, que deja extraoficialmente dos muertes —un joven de 24 años y una niña de 1 año— sin la aún confirmación del Ministerio Público de ambos decesos. La ley 462 no solo representa una lucha por la seguridad social de los trabajadores de las capitales y áreas urbanas; también es una normativa que es aplicada a los ciudadanos originarios. Esto afecta las futuras jubilaciones de una juventud educada de las comarcas y de la clase trabajadora, quienes consideran esta ley una afrenta a su vida en la adultez mayor. Ilegalidades y herramienta de control Además, si bien es comprensible que en situaciones de emergencia se requieran medidas extraordinarias, estas deben ser proporcionales y de duración limitada. Sin embargo, muchos observadores consideran que las restricciones impuestas en Bocas del Toro parecen ser más una herramienta de control que una respuesta legítima a un problema urgente. Esta realidad plantea interrogantes sobre la legalidad de las acciones del gobierno y si cumplen con los estándares internacionales que rigen el uso de tecnologías de comunicación en tiempos de crisis. La periodista colombiana, especialista en protección de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, considera que "a los manifestantes se les ha dado tratamiento de 'enemigos', y por tanto, la acción de la fuerza pública ha estado encaminada a su 'derrota' y no al control y protección en el desarrollo de las protestas." "El estado de excepción decretado en Bocas del Toro y la acción militar y policial demuestran que en esa región la fuerza pública se ha constituido en una fuerza de ocupación que ha sustituido de facto el poder civil. Es decir, ha tomado el control del territorio por encima de las autoridades civiles. Desde el punto de vista del derecho internacional, este control implica que las fuerzas ocupantes ejercen autoridad y administración sobre el territorio ocupado, desplazando totalmente el poder civil hacia el militar. No es una dictadura civil, es una toma militar", argumenta Duque. El impacto de estas restricciones no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. Como signatario de múltiples tratados de derechos humanos, Panamá tiene la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. El incumplimiento de estos compromisos podría acarrear sanciones o críticas internacionales, afectando la imagen del país y su relación con organismos defensores de los derechos humanos. El abogado y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, afirmó públicamente a un medio local que "el estado de urgencia decretado para Bocas del Toro podría acarrear demandas de inconstitucionalidad en el futuro." Las consecuencias de estas medidas restrictivas son profundas. El Sindicato de Periodistas de Panamá, único gremio periodístico que se ha pronunciado tras las medidas contra el corte de las telecomunicaciones en ese territorio, expresó que "en un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación." Los periodistas no tuvieron acceso en Bocas del Toro a fuentes oficiales, confirmó el periodista Cajar, para verificar hechos. A través de las redes sociales y plataformas de comunicación, periodistas en la capital confirmaron, junto con abogados penalistas en la provincia de Veraguas, las condiciones vulneradas de los detenidos bocatoreños 72 horas después de sus arrestos. La abogada Tagyana Corrales narró testimonios de vejámenes, torturas, afectaciones psicológicas y de salud, así como violaciones a los términos judiciales y la no aplicación de los habeas corpus a 71 detenidos. Las noticias oficiales emanan diariamente desde la capital a través del Ministerio de Seguridad con un informe de detenciones, judicializaciones, daños, recuperación de mercancía robada y control de las vías. No se habla de heridos, hospitalizados, investigaciones por abusos policiales, entre otras vulneraciones de derechos humanos. Detenciones policiales. Foto cortesía Minseg. Bocas del Toro se ve amenazada por la pérdida de sus garantías, bajo el pretexto de los disturbios y la supuesta estabilización que, en esta ocasión, apunta a las supuestas pandillas y políticos aún no identificados. La comunidad internacional, vigilante ante esta situación, ha instado a las autoridades panameñas a revertir estas restricciones y a garantizar el respeto a los derechos humanos. El Comité para la Protección de los Periodistas condena el corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente. Instan al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el hostigamiento, las amenazas contra periodistas por narar las protestas locales. En conclusión, la situación actual en nuestra región refleja una profunda preocupación por la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo por parte de las autoridades. El pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño -Celam- de la iglesia católica evidencia la gravedad de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, lo que requiere una atención urgente y un compromiso real para proteger la dignidad de todas las personas afectadas. Bombas lacrimógenas lanzadas a los manifestantes. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Por otro lado, la postura del presidente José Raúl Mulino respecto a la Ley 462 muestra una resistencia a escuchar las demandas legítimas de diversos sectores sociales, incluyendo trabajadores, docentes, sindicatos, universitarios, indígenas y la sociedad civil en general. Esta actitud puede profundizar el conflicto y generar un mayor descontento, afectando el compromsio de gobernabilidad colectiva. Los reproches en redes sociales se dirigen en un plano, que se gobierna para su círculo de poder y empresarial, aunque el mandatario enfatiza, en que gobierna para escuchar a la gente y no a dirigentes. En Bocas del Toro y otras regiones, la conculcación de garantías fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la información, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos ciudadanos. La comunidad internacional ha advertido sobre las posibles responsabilidades ante estas violaciones, por lo que es crucial que se abran espacios de diálogo y se busquen soluciones que garanticen justicia, respeto y derechos para todos. La provincia caribeña entra en una especie de normalidad y control policial, bajo la otra cara del obligado silencio y el estado de excepción.

Por Grisel Bethancourt Última entrega El silencio que rodea su desaparición pesa en el aire. La Comisión de la Verdad, en su informe de 2001, documentó que uno de los mayores obstáculos para localizar los restos de las víctimas fue su identificación. La Comisión, creada por el gobierno, buscaba que se conociera la verdad, que las familias pudieran saber qué ocurrió con sus seres queridos. “Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer lo acontecido a sus parientes, en caso de desaparición forzosa” , señala el informe. Se investigaron crímenes contra 110 personas, asesinadas y desaparecidas en todo el territorio durante la dictadura militar, entre 1968 y 1989, tras el golpe de Omar Torrijos. El caso del padre Jesús Héctor Gallego Herrera, de 33 años, se judicializó en 1991. La iglesia solicitó una reapertura y se abrió causa criminal contra militares como Melbourne Walker, Eugenio Magallón, Nivaldo Madriñán y Oscar Agrazal, miembros del S-2 y G-2. Desde entonces, reina el código del silencio. Sus restos han sido buscados en sitios como el antiguo Cuartel Los Pumas en Tocumen, Cañazas, San Francisco de la Montaña, el penal de Coiba y el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa. El Ministerio Público continúa la búsqueda en estos lugares, con la esperanza de encontrar alguna pista. Eugenio Magallón Romero, condenado a 15 años por su participación en la desaparición forzada del sacerdote, no ha colaborado con las autoridades. Los otros tres condenados ya fallecieron. Magallón fue declarado culpable en 1994, pero permaneció prófugo hasta su captura en 2025 en Chiriquí. Ahora cumple su condena en el Centro Penitenciario de Chiriquí. A pesar de los esfuerzos, Magallón Romero se ha negado a colaborar, lo que dificulta esclarecer completamente este caso emblemático. La búsqueda en los terrenos del INA en Divisa se reactivó en diciembre de 2024, tras nuevos indicios surgidos por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jesús Héctor Gallego Herrera, sacerdote colombiano que llegó a Panamá en 1967, dedicó su vida a Santa Fe de Veraguas. Allí promovió la organización de comunidades campesinas, creando cooperativas y sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Su trabajo generó tensiones con los sectores de poder, y fue detenido, torturado y desaparecido por miembros de la Guardia Nacional. El Ministerio Público mantiene su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Consideran su caso un crimen de lesa humanidad y llaman a quienes tengan información a colaborar con las investigaciones. Gallego se convirtió en un obstáculo para quienes explotaban a los campesinos, liberándolos de malos tratos y bajos salarios desde. Su doctrina de fe fue tildada de comunista por quienes temían su influencia. Kilmara Mendizabal, hermana de Marlene Mendizabal, asesinada en Veraguas, y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos Forzadamente, Héctor Gallego (COFADEPA-HG), denuncia que el Estado ha incumplido con su deber. Para ella, las autoridades solo hacen un “simulacro” para aparentar cumplimiento con la Corte Interamericana, mientras las víctimas y sus familias esperan la verdad.

Por Grisel Bethancourt y Carlos Rodríguez Segunda entrega En Santa Fe de Veraguas, Eric Concepción guarda en su memoria un recuerdo imborrable del desaparecido padre Jesús Héctor Gallego. Después de medio siglo, ya no lo busca con la esperanza de encontrarlo; vive con su recuerdo, convencido de que su amigo partió a la eternidad. Como muchos campesinos, anhela que la jerarquía de la iglesia pueda elevarlo a los altares, reconociendo su entrega y sacrificio. Como él, otros feligreses encienden veladoras en humildes altares improvisados en sus hogares. La imagen del padre Gallego es común en comunidades indígenas y rurales, donde su presencia aún se siente. Cada 9 de junio, en una romería que recorre las calles del distrito, sus seguidores veneran su memoria, honrando su legado de evangelización y lucha por la liberación de los pobres. Incluso hoy, su misión sigue viva en la historia de quienes creyeron en su causa. Hace 54 años, ese 9 de junio de 1971, el sacerdote nacido en Colombia, fue secuestrado por militares de la Guardia Nacional panameña, desaparecido y asesinado por defender a los campesinos y evangelizar a los marginados. Su trabajo es reconocido como un acto de valentía, un compromiso con los derechos humanos en las comunidades más apartadas, un ejemplo de entrega sin condiciones. El padre Gallego vivió un martirio que quedó marcado en la memoria de su comunidad. Esa noche, fue sacado de su casa por militares que, de forma abrupta, no dejaron rastro de su cuerpo. Entre los responsables, Eugenio Magallón, de 94 años, que cumple una condena de 15 años por su crimen, pero se ha negado a colaborar para  lograr la búsqueda de sus restos. La ausencia de sus restos impide a la iglesia cerrar un capítulo oscuro de su historia, prolongando el sufrimiento para su familia, la feligresía y la misma institución que profesa una fe sin haber sido declarado santo. Este año, en el contexto del Jubileo, la iglesia panameña incluyó al padre Gallego en un listado solicitado por la Pontificia Comisión para América Latina, reconociéndolo como uno de los testigos de la fe. Con el paso del tiempo, su sacrificio no ha sido olvidado; al contrario, su ejemplo sigue vivo en la memoria de muchos. La iglesia en Panamá anunció que, tras más de medio siglo, dará un paso decisivo: el obispo de Veraguas, Audilio Aguilar, solicitará elevarlo a los altares como mártir, presentando su causa ante los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña. Este acto marcará el inicio formal del proceso para reconocer su martirio y su misión de defensa y sacrificio de la fe. Mientras tanto, en la memoria colectiva y en la esperanza de justicia, el caso Gallego ha sido reabierto por el Ministerio Público, como un suspiro que busca salir de la penumbra. La Corte ha dictado un fallo que impulsa la búsqueda de sus restos, recordando la desaparición forzada que marcó su historia. Inspirados en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades retoman la esperanza de esclarecer la verdad y honrar su memoria. Sin embargo, la iglesia continúa reclamando su paradero, justicia y la verdad de lo ocurrido. El clamor popular se hace escuchar: ¿Héctor, dónde estás? El silencio de los militares ha sido el obstáculo más cruento en esta búsqueda, dejando una herida abierta en la historia y en el corazón de quienes aún esperan justicia. La memoria viva Hace cuatro años, comenzamos a recopilar testimonios de quienes siguen la causa del padre Gallego, personas que lo conocieron y fueron evangelizadas en las comunidades santafereñas, tanto como religiosos de diversas congregaciones. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe que trasciende las palabras y se convierte en acción, en un llamado a transformar la estructura misma de la sociedad. En cada relato, la memoria de su entrega permanece viva, como un eco que no se apaga con el tiempo. El expárroco de la iglesia La Santa Cruz de Chilibre, Patricio Hansen, nos recordó con reverencia que el padre Gallego creía firmemente que el evangelio era mucho más que palabras; era un llamado al cambio social, un compromiso que llevaba en su corazón. Con voz llena de respeto, reiteró las palabras que aquel sacerdote colombiano pronunció en sus momentos de mayor entrega: “Si me desaparezco, no me busquen”. En esa sentencia resonaba la esencia de su misión, donde la búsqueda de sus restos físicos no era lo más importante, sino la huella imborrable de su legado, la semilla de justicia y fe que sembró en tantos corazones. Foto. Grisel Bethancourt En Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar los secretos del tiempo, se alza el cerro Tute, testigo silencioso de historias pasadas. Allí permanecen los recuerdos de Héctor, Pacífico Castrellón, cuya piel curtida por el sol y el trabajo en la tierra reflejaba la fuerza de su espíritu. En aquel entonces, fue elegido como delegado de la Palabra, y en su presencia no solo había un sacerdote, sino un hermano que inspiraba confianza y esperanza. Cada día, quienes lo recuerdan se detienen en ese instante, las lágrimas amenazan con brotar, pues ya no está entre ellos, pero su memoria vive en el alma de quienes lucharon junto a él. Recordando su labor, muchos rememoran cómo, con su evangelización, logró despertar a su pueblo de la opresión de caciques y terratenientes, sembrando en sus corazones la semilla de la esperanza. Pedro Rodríguez Cruz, en su obra “Vida y obra del Padre Héctor Gallego, Una visión que trasciende”, describe cómo el religioso desaparecido “logró una conciencia en vida y sus secuestradores le dieron la oportunidad de llegar a una conciencia celestial, santificando su nombre y tratando de detener su trabajo pastoral de liberación en Santa Fe”. Su ejemplo sigue vivo, inspirando a quienes creen en la justicia y en la fuerza transformadora del evangelio. El escritor sostiene que el padre Gallego ofreció ideas y mensajes proféticos durante su misión en la Iglesia San Pedro Apóstol, en un contexto político que marcó un calvario para un sacerdote creyente y practicante de la “teología de la liberación”. En medio de esa coyuntura difícil, su entrega y su fe se convirtieron en un acto de resistencia, un testimonio de que la verdadera evangelización implica compromiso social y lucha por la justicia, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Por qué elevar su martirio ahora? Hace una semana, Radio Veraguas fue el escenario del anuncio del obispo Aguilar, quien dedicó palabras de reconocimiento y admiración al Padre Gallego. En su relato, resaltó la valentía y entrega de aquel sacerdote, quien entregó su vida al servicio de las comunidades más alejadas del distrito de Santa Fe. “El Padre Gallego en su labor promovía la organización de sindicatos y cooperativas en las zonas apartadas, en defensa de los derechos humanos y la justicia social” , afirmó con claridad el obispo Audilio Aguilar. Sus palabras reflejaban un profundo respeto por la labor incansable del sacerdote, un ejemplo de compromiso social y espiritual. Es importante recordar que la doctrina social de la iglesia, impulsada por los papas Juan XXIII en la encíclica  Mater et Magistra  y fortalecida en la conferencia del CELAM en Medellín en 1968, contenía documentos que abogaban por cambios profundos en el continente americano. Estos textos promovían la organización de bases de la iglesia, los trabajadores y campesinos en cooperativas, como recoge la obra de Rodríguez Cruz. En aquel entonces, narra el escritor, los grupos comunales de oración, liderados por dirigentes de base, comenzaron a ahorrar, comprar y vender productos en sus comunidades. Surgió así un sistema colectivo de cooperación y ayuda mutua, que buscaba fortalecer a las comunidades desde su propia iniciativa y fe. Desde el Arzobispado de Panamá, una fuente consultada explica que el proceso de reconocimiento de la muerte del Padre Gallego ha sido largo y complejo. La desaparición de sus restos aún no cuenta con una certificación oficial que garantice su ubicación, aunque se asume que ya no están. La iglesia ha tenido que esperar con paciencia la certeza de su fallecimiento, y en su caso, la posibilidad de elevarlo a mártir se fundamenta en su entrega total y en la defensa de la fe en un país donde hubo persecución. Foto Ilustrativa. Durante la homilía en la 52ª edición de la Cita Eucarística, el Arzobispo José Domingo Ulloa afirmó que el legado del Padre Gallego “nos desafía y nos impulsa a seguir trabajando incansablemente por aquellos a los que se entregó en forma total”. Sus palabras invitan a continuar su ejemplo de entrega y compromiso. El teólogo y docente de la Universidad Santa María La Antigua, Elías Cornejo, explica que el proceso de reconocimiento de mártir se da porque el sacerdote fue un testigo de fe con su vida. La causa del Padre Gallego es fundamental para los futuros procesos de beatificación, pues su ejemplo y sacrificio representan un paso importante en ese camino. Cornejo recuerda el caso de monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue declarado mártir en 2015 por el papa Francisco. Romero, conocido por su vida dedicada a ayudar a los pobres y defender sus derechos en El Salvador, fue asesinado por militares en 1980. La declaración de martirio allanó el camino para su beatificación, reconociendo su entrega total a la causa de la justicia y la fe. Finalmente, el teólogo y coordinador de Fe y Alegría remarcó que el Padre Gallego siguió los cuatro signos de los tiempos de América Latina, establecidos en la Conferencia de Medellín y derivados del Concilio Vaticano II. Estos signos, descritos por el arzobispo Marcos Gregorio Mc Grath, en aquel entonces obispo de Veraguas, enfatizaban una iglesia servidora del hombre, basada en el cambio, la valorización de lo temporal y lo personal, y con un enfoque global. En Santa Fe, doña Margarita González, que estuvo cercana al padre Gallego, lo recuerda como un ángel. Para Edwin Cisneros, fue un guía espiritual. Su amigo Jacinto Peña, la última persona en verlo antes de su secuestro, afirma que fue un profeta. Pacífico Castrellón sabe que, en el corazón, sigue siendo su hermano en la fe. Y Eric Concepción espera que algún día sea declarado santo por la iglesia. Para la iglesia el reconocimiento del martirio de Jesús Héctor Gallego no solo es un acto de justicia, sino también un llamado a seguir su ejemplo de fe, entrega y compromiso con los más vulnerables.

Primera Entrega Hace más de medio siglo, en la noche del 9 de junio de 1971, la historia de un sacerdote colombiano quedó marcada por la violencia y la injusticia en Panamá. El Padre Jesús Héctor Gallego fue arrebatado de su hogar por militares de la Guardia Nacional, en un acto que aún hoy permanece envuelto en sombras. Su desaparición y posterior asesinato fueron motivados por su incansable labor en defensa de los campesinos y los marginados del distrito de Santa Fe de Veraguas, desde que llegó cuatro años antes a la Diócesis de la provincia, y por su compromiso evangelizador en comunidades olvidadas y explotadas por el poder. La comunidad, testigo de su entrega, aún recuerda su valentía como un acto de fe y resistencia. El martirio del Padre Gallego dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Desde la noche en que fue secuestrado, su cuerpo nunca fue hallado, y la incertidumbre se convirtió en un peso que aún persiste. Eugenio Magallón, uno de los responsables, cumple condena, pero se niega a colaborar, dejando en la penumbra la ubicación de sus restos . La iglesia, por su parte, no ha podido cerrar ese capítulo oscuro, y la esperanza de justicia sigue viva en el corazón de quienes anhelan conocer la verdad y honrar su memoria. A lo largo de los años, su ejemplo ha trascendido el tiempo. La iglesia en Panamá, en un acto de reconocimiento, incluyó a Gallego en una lista de testigos de la fe durante el Jubileo, elevando su figura como símbolo de sacrificio y compromiso. La comunidad religiosa ha decidido dar un paso más: solicitar su elevación como mártir, en un proceso que busca oficializar su entrega y su lucha por la justicia social y la fe. Monseñor Audilio Aguilar, obispo de la Diócesis de Veraguas, anunció que solicitará este año oficialmente el beneplácito de los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (C.E.P) que da pie el inicio del proceso de declaración como mártir de la Iglesia Católica al recordado sacerdote colombiano, Jesús Héctor Gallego. Este acto representa un reconocimiento a su vida y a su legado de resistencia. Si desaparezco no me busquen, sigan la lucha. Héctor Gallego. Reapertura del caso Mientras tanto, las autoridades han reabierto el caso, impulsadas por la justicia y la memoria. El Ministerio Público busca esclarecer la desaparición, siguiendo las recomendaciones internacionales para honrar su memoria y esclarecer la verdad. La Corte ha dictado fallos que reavivan la esperanza de encontrar sus restos y de hacer justicia, en un esfuerzo por cerrar heridas abiertas por décadas de silencio y olvido. Aunque buscan los restos en un punto inicial desde que se lo llevaron de Santa Fe, el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa, es un área donde se situa el Ministerio Público. Foto: Grisel Bethancourt, Santa Fe de Veraguas. La iglesia continúa clamando por la verdad, exigiendo justicia y el paradero de Héctor Gallego. El silencio de los militares se ha convertido en un obstáculo cruel, dejando una herida abierta en la historia y en los corazones de quienes aún esperan respuestas. La lucha por justicia se mantiene viva, alimentada por la fe y la memoria de un hombre que entregó su vida por los más vulnerables. Desde hace cuatro años, con diversas voces hemos rescatado testimonios de quienes conocieron y fueron evangelizados por el Padre Gallego. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe activa que buscaba transformar la realidad social. La memoria de su entrega permanece intacta, como un eco que resuena en cada relato, en cada corazón que aún lleva su ejemplo como faro de esperanza y justicia. Foto: Padre Héctor Gallego. Archivo. El expárroco Patricio Hansen recuerda con reverencia que Gallego creía que el evangelio era un llamado a cambiar la sociedad. Su frase, “Si me desaparezco, no me busquen”, refleja la esencia de su misión: dejar una huella imborrable en la lucha por la justicia, más allá de su presencia física. Su legado no solo fue en palabras, sino en acciones que sembraron semillas de esperanza en comunidades oprimidas. Aún existe un ambiente de impunidad, incongruencias en la justicia y la intermitencia de la iglesia por su búsqueda como la de otras víctimas desaparecidas de la dictadura militar entre 1968 a 1989. En los paisajes de Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar secretos ancestrales, permanecen los recuerdos de quienes lucharon junto a él.  Es un reportaje basado en testimonios tomados desde hace cuatro años y actualizado en el 2025, en una investigación de la vida, obra y trabajo de fe del padre Héctor Gallego en Santa Fe de Veraguas, contenido en el Documental: "50 Misas de Cuerpo Ausente". Escrito por Grisel Bethancourt con la colaboración especial del periodista Carlos Rodríguez.