"Código 43" nace tras revelarse el seguimiento de activistas, gremialistas, sindicalistas, campesinos, indígenas, universitarios y del movimiento social panameño, bajo la estructura conocida como el DNIP, el cual confecciona expedientes con fichas que subraya específicamenteen la ideología, política y acceso a su círculo íntimo parental. Por Grisel Bethancourt Felipe Cabeza Dixon, Abundio Concepción y Dalia Morales, son dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí, fueron objeto de “análisis de perfil específico” elaborados por la inteligencia policial. Sus fotografías, datos personales, actividades y relaciones aparecen en documentos marcados como de “acceso restringido” e identificados con un mismo código de origen: Código 43. Las tres fichas respaldan la denuncia interpuesta por Pueblo Unido por la Vida de una operación policial de filtración de Inteligencia, sobre la recopilación y confección de expedientes con información que alcanzó a miembros de las juntas directivas de las asociaciones docentes. Los documentos obtenidos por Archivos Abiertos no permiten establecer todavía cuántos educadores fueron registrados, pero revelan un método aplicado en distintas provincias para seleccionar, identificar y perfilar a figuras relevantes del movimiento magisterial. El hallazgo adquiere otra dimensión al cruzarlo con la destitución de 298 docentes ordenada por el Ministerio de Educación después de la huelga realizada en 2025 contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Cabeza, abogado y dirigente en Colón, figura entre los educadores separados de sus cargos. Dalia Morales también fue destituida y tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para conseguir su reintegro, igual situación enfrenta Abundio Concepción de la Asociación de Educadores Veragüuenses. Participación de AEVE en marchas. Foto Cortesía. La coincidencia abre una pregunta que ninguna institución ha respondido: ¿el Meduca escogió a los docentes únicamente mediante los registros de asistencia de los planteles o recibió información recopilada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial? Este hecho que revela que dirigentes docentes tenían un dossier en el Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial ( DNIP) obligan a reconstruir las fechas, los destinatarios y el recorrido de cada informe para determinar si ambas actuaciones estuvieron conectadas. Los documentos estuvieron confeccionados desde el 2025 y la mayoría obtenida tienen registro de mayo. Ya para junio de 2026 habían destituido 32 docentes de Veraguas, el bastión de lucha con fuerza y mayor formación magisterial, según datos públicos. ¿Qué delito se investigaba? La Ley 18, que regula a la Policía Nacional, le atribuye funciones a la DNIP de recopilación de análisis e información relacionadas con delitos comunes. También dispone que los datos sobre seguridad interna o externa sean remitidos al organismo competente, Dirección de Investigación Judicial. Esa delimitación conduce a una pregunta elemental: ¿qué delito justificaba elaborar perfiles sobre dirigentes docentes y juntas directivas de asociaciones magisteriales? Estas organizaciones no actuaban al margen de la ley. Son asociaciones reconocidas jurídicamente y, cuando fueron perfiladas, participaban en las protestas contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones a los jubilados. La inconformidad con una ley y la participación en una huelga no convierten, por sí solas, a una persona en objetivo de inteligencia policial. Las fichas tampoco describen únicamente incidentes ocurridos durante las manifestaciones. Contienen fotografías, datos personales, cargos gremiales, descripciones y relaciones destinadas a individualizar a cada dirigente. La Policía no registraba solamente lo sucedido en la vía pública: construía perfiles sobre quiénes encabezaban las organizaciones, qué espacios ocupaban y con quiénes se relacionaban, entre ellos sus parientes. Dentro de la experiencia conozco la lógica de un expediente. Dirigimos las comunicaciones del Ministerio Público, cubrimos durante años la fuente judicial y realizamos servicio especial en operativos en la antigua Policía Técnica Judicial. No cabe duda que los recursos policiales no fueron destinados para perseguir el delito común. Si no ideológico y político contra el movimiento social. Para esta investigación también consulté a exjefes de inteligencia policial que atendieron casos de crimen organizado. Su lectura coincide en un punto: una operación desplegada en varias provincias, con formatos definidos, documentos restringidos y circulación organizada de informes, no se explica únicamente por la iniciativa de los agentes enviados al terreno. La cadena conduce hacia arriba. De la inteligencia a la carpetilla penal Las carpetillas muestran otro recorrido. El mayor Carlos Carvajal remitía informes financieros y esquemas de investigación de sindicalistas también con perfiles a un fiscal Anticorrupción. Ese envío coloca información producida por inteligencia policial en dirección al ámbito judicial. El Ministerio Público cuenta con mecanismos para recibir noticias criminales y dirigir investigaciones sensitivas. La Dirección de Investigación Judicial actúa como auxiliar en las pesquisas penales. Por eso debe aclararse bajo qué denuncia, expediente u orden fiscal una estructura de inteligencia policial elaboraba esquemas investigativos y los remitía a una fiscalía. La pregunta ya no es solamente por qué estas personas fueron vigiladas. También hay que determinar si se buscaba construir una ruta para transformar la protesta, la dirigencia sindical o la oposición a una política pública en casos penales revestidos de legalidad. SUNTRACS mantiene dirigentes con perfiles en el DNIP. En sus casos judicializados, arrestados, asilados y exiliados. Foto Cortesía. El DNIP forma parte de la estructura de la Policía Nacional, encabezada por su director general, Jaime Fernández que inauguró un nuevo departamento policíal. Corresponde establecer qué conocimiento tuvo Fernández sobre la confección de los perfiles, quién autorizó la operación y a qué instancias fueron remitidos sus resultados. La responsabilidad institucional también alcanza al Ministerio de Seguridad, dirigido por el Comisionado Frank Ábrego, y al Ejecutivo, bajo cuya autoridad opera la Fuerza Pública. Sus cargos los obligan a explicar cómo funcionó dentro de una institución oficial un mecanismo territorial para perfilar a dirigentes de organizaciones legalmente reconocidas. Las instituciones deben responder Archivos Abiertos envió cuestionarios a la Policía Nacional hace una semana sin responder, al Ministerio Público y al Ministerio de Educación el día de ayer, para conocer quién ordenó la elaboración de los perfiles, cuál fue su fundamento legal y qué uso se dio a la información recopilada. También consultó si los documentos fueron compartidos entre instituciones y si tuvieron alguna relación con la selección de los 298 docentes destituidos y del intercambio de información hacia fiscales. Al cierre de esta publicación, las respuestas estaban pendientes. La salida de la ministra Lucy Molinar que ocupaba el cargo durante las destituciones no elimina la responsabilidad institucional. Los registros administrativos, correos, memorandos, listados e informes utilizados para tomar aquellas decisiones deben permanecer en los archivos del Ministerio de Educación. Los tres perfiles permiten establecer una certeza, que dirigentes magisteriales de Colón, Veraguas y Chiriquí fueron registrados mediante el mismo tipo de documento y bajo una clasificación restringida junto a estudiantes, sindicalistas, ambientalistas. La versión sobre el seguimiento a las juntas directivas ya no descansa únicamente en la palabra de una fuente; cuenta con evidencia documental que reproduce el mecanismo en tres provincias. Falta determinar quién escogió a las personas, quién autorizó la confección y reserva de las fichas, qué dependencias recibieron sus resultados y cuál era el propósito final de la información. Mientras el Meduca destituía docentes por participar en la huelga contra la Ley 462, la DNIP confeccionaba perfiles sobre algunos de sus principales dirigentes, lo que obliga al Procurador a investigar. Mi colega, el periodista Rolando Rodríguez, ha definido este escenario en el programa 180 Minutos de Radio Red con dos palabras: “Estado policíaco”. La expresión cobra peso cuando los organismos de seguridad dejan de concentrarse en conductas delictivas y dirigen su capacidad de vigilancia hacia ciudadanos organizados que cuestionan una decisión del poder. Código 43 no es una simple anotación interna. Es la puerta para investigar si desde el Estado se convirtió la dirigencia social en objetivo de inteligencia, la disidencia en sospecha y la protesta en expediente.

Al menos 26 agentes del Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) han sido identificados y denunciados por movimientos sociales por infiltrarse en sus filas, elaborar perfiles y generar situaciones confusas que luego derivaron en denuncias impulsadas por los propios agentes contra universitarios, sindicalistas, ambientalistas, líderes indígenas y otros. Este es su modus operandi, contado por sus propias víctimas. Por: Grisel Bethancourt y Rekha Chandiramani En una fotografía aparece Raisa Banfield junto a su hija en una manifestación en el contexto del rechazo al contrato minero a finales de 2023. Hoy reconoce a uno de ellos como policía infiltrado en una acción "individual, voluntaria y legítima". "Ellos están ahí haciendo la fachada de que están protestando conmigo", dice Banfield, exdirectora general del Centro de Incidencia Ambiental y exvicealcaldesa capitalina. Banfield recordó esa pequeña y sencilla manifestación frente al Ministerio de Ambiente como la puerta de entrada del sargento José Urriola Bethancourt, a quien reconoció luego de la denuncia pública del esquema de vigilancia encubierta que revelaron organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida el pasado 8 de septiembre. Según su relato, esa fue la primera vez que se infiltraron en su entorno. "Luego escalaron al movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, escalaron a Ya es Ya, a Pueblo Unido y a todos los movimientos sociales que estaban manifestándose. Banfield afirma que la exposición al riesgo no comenzó con la lucha contra la minería. "Realmente, cuando uno sale a protestar, sale a un evento, a una manifestación pública, y estás cuestionando al sistema, al statu quo, al poder, siempre estás expuesta", sostiene. Dice que ha sido consciente de esa situación desde hace veinte años, con las distintas causas que han afectado a las comunidades más vulnerables. "Uno sabe, se siente perseguido. Yo estaba en la lista de pinchados. He sido perseguida hasta mi casa por carros sin placa". Señala que la gravedad cambia cuando hay pruebas de que personas contratadas por el ente previsto para cuidar a la población se infiltran en causas sociales y ambientales legítimas. "Es nuestro derecho, en democracia, utilizar lo más valioso que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad, para ejercer ese derecho de cuestionar, de protestar e incluso de denunciar sobre una base legal, porque el fallo nos dio la razón", afirma. Le resulta especialmente grave que esas personas se acerquen a su círculo íntimo: "Sentir que esas personas se te pegan, entran en tu intimidad, en tu círculo cero, para conocer tus movimientos o quién sabe qué más". Raisa Banfield, exalcaldesa y activista ambiental fue abordada por dos personas jóvenes. Ahora identificados son el sargento 1° José Urriola B. y Para Banfield, "es una vergüenza que la Policía, la institución de «Proteger y Servir. Dios y Patria», se preste para esa cochinada traidora, porque no están para defender los intereses del país, sino los intereses de los poderosos". La denuncia pública del esquema fue presentada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante el Ministerio Público el 8 de septiembre. Los movimientos sociales acusan a 26 agentes de distintos rangos de ser parte del entramado de infiltración. La información recopilada demuestra presuntas intromisiones que alcanzaron ámbitos familiares y personales, incluyendo hijos, esposas, padres y madres de integrantes del movimiento social. Entre las víctimas hay extranjeros, mujeres, niños, niñas y adultos mayores perfilados por ser familiares de las víctimas directas. Informe/denuncia de los movimientos sociales sobre presunta red de espionaje institucional contra movimientos sociales La Policía Nacional respondió con un comunicado tardío —publicado la noche del jueves del 10 de septiembre en el que reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos". Sin embargo, la pertenencia a movimientos sindicales no es causal de por sí para estas prácticas. Más testimonios Renata Sponer, coordinadora del colectivo Ya es Ya, reconstruye cómo José Urriola Bethancourt —identificado en la denuncia como sargento primero, posición número 22646— ingresó al movimiento ambientalista, ganó la confianza de los miembros más activos y sembró la división interna antes de ser señalado como policía «encubierto». Urriola llegó recomendado por otra compañera de confianza a mediados de 2024, cuando el movimiento antiminero se reactivaba ante la amenaza de reapertura de la mina. Pero su infiltración habría iniciado desde 2023, según otras dos fuentes —una de ellas Raisa Banfield— que lo reconocieron desde el Campamento Nueva Soberanía, apostado afuera del Ministerio de Ambiente en vigilias permanentes antes y después del fallo sobre el contrato de la canadiense First Quantum Minerals. Esas vigilias derivaron de marchas, cierres y huelgas nacionales que duraron 40 días entre octubre y noviembre de 2023. Como era una convocatoria abierta, la sola identificación con la causa y acompañar al grupo que hacía vigilia le permitió introducirse entre los activistas más comprometidos. La referencia entonces fue que "era alguien muy activo que había militado con otros grupos y quería sumarse a Ya es Ya". Renata lo había visto marchar con ellos, cargando carteles y banderas. Lo agregó al chat del colectivo, aunque mantuvo sospechas desde el inicio y por eso no lo invitaba a representar al colectivo en actividades. Sin embargo, él ya estaba dentro del chat y ampliaba su participación cada vez más. Infiltración en comunidades campesinas. "José se caracterizaba por estar siempre dispuesto. Al principio quería participar y sumar a muchas personas al movimiento. Hablaba de un grupo activo en Panamá Oeste en 2023, decía tener conexiones con ellos y quería crear un capítulo de Ya es Ya en esa región. También mostraba interés cuando surgía la oportunidad de participar en giras y conocer otros escenarios o grupos. Participó en una gira a Río Indio como integrante de Ya es Ya y fue a Bocas con un dirigente estudiantil. Viajó por su cuenta a áreas vinculadas con la minería, como Cañazas, donde intentó organizar una acción propagandística en una fiesta de quince años", contó. Lo describe como una persona "siempre positiva, amable y tratando de ser correcta, que se expresa bastante bien, pero es muy poco definida. Como sin rostro, una persona que no se deja definir". Le intriga, hasta hoy, cómo dividía su tiempo entre la compañía de logística que decía tener, el fingido ambientalismo y las largas horas de reuniones, muchas en días de semana, en las que participaba como representante del colectivo en la Alianza Pueblo Unido. Clare Herridges, una ciudadana estadounidense residente en Panamá, también de Ya es Ya, lo recuerda como un joven de unos 35 años que “pasaba de un grupo a otro” y que incluso estuvo frente a Mi Ambiente durante las protestas antes de incorporarse permanentemente en Ya es Ya por, donde estuvo casi año y medio. Su tono cortés y suave no levantaba sospechas —dice Clare— era parte de su perfil como agente encubierto, seleccionado por su inteligencia emocional, adaptabilidad y control de impulsos. Su misión: “escuchar mucho y observar todo para extraer información de valor”. Herridges hoy interpreta varios episodios como señales de su rol: su impaciencia cuando no se le delegaba más actividades en Ya es Ya, su frase “el conocimiento no depende de la edad sino de la preparación”, y aquella vez que escribió “ni siquiera levanté la mano, me sentí en la política”, reflejo de alguien ajeno a las dinámicas horizontales y potencialmente formado en la jerarquía vertical policial. "Entraba a las marchas desde una esquina, tomaba el mismo afiche, posaba ante las cámaras de la policía como queriendo decirles “estoy cumpliendo mi labor”. “Se trató de mostrar como amigo”, alerta Herridges, “lo que me advierte de personas que el futuro se acerquen fingiendo entrega a la colectividad”. Sargento 1° José Urriola o José Bethancourt siempre participaba con pancartas como ambientalista contra la minería. Urriola, quien se presentaba como José Bethancourt, su apellido materno, empezó a sembrar desconfianza entre los miembros del colectivo, creando tensiones con la Alianza. Eventualmente alegó estudios y ocupaciones para empezar a alejarse. Tras la revelación pública, Renata lo confrontó y este lo negó, incluso dijo que su papà demandaria. Luego Renata lo sacó del chat. Al tratar de contactarlo vía telefónica desde este medio para obtener su versiòn, no contestó las llamadas. Ileana Corea, también activista de Ya es Ya y militante de Juventudes Revolucionarias (JR), relata cómo Urriola operó dentro de las organizaciones antimineras y cómo ella misma fue víctima de perfilamiento policial, incluyendo un intento de allanamiento que un juez finalmente rechazó por falta de elementos. Según Ileana, Urriola se acercó a las organizaciones bajo la premisa de la lucha ambiental y la solidaridad con los campesinos de Río Indio. "Se acercó generando simpatía; creo que eso es importante identificarlo", señala. Buscaba simpatizar con ciertos miembros, mostraba preocupación por lo que la organización haría en determinados momentos y preguntaba, por ejemplo: "¿Ustedes van a ir a Río Indio? ¿De qué parte o de dónde o de quién viene ese bus? ¿Qué van a hacer allá?". Junto con esas preguntas, dice Ileana, estaba la simpatía: "Se acercaba con un lenguaje de jóvenes, risueño y un poco más moderno, para parecer uno más del resto. Parecía una persona en la que se podía confiar porque era chévere, tranquila y todo lo demás". El acercamiento se hizo directamente a Ya es Ya, organización que tuvo un aporte muy grande en propaganda antes y durante la crisis de 2023. "La horizontalidad de la organización, por supuesto, permitió algo así", admite. Ileana recuerda su "necesidad impetuosa" de estar en las reuniones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de dar balances e invitar todo el tiempo a JR a participar en actividades. "Decía: 'Vengan a las actividades, tengan un vocero. El compañero tal de la Alianza me comentó que sería importante que ustedes vinieran'". También recuerda su cercanía física: "Lo tenía todo el tiempo a mi lado, metiéndome conversación. Me decía cosas como: 'Mira, aquel es un policía'. Generaba el clima de estar detrás de nosotros o apoyándonos porque éramos jóvenes". Ese comportamiento lo repetía con otros compañeros de JR, pero no con sindicalistas ni con integrantes de otras organizaciones. Urriola mostraba cierto nivel de formación sobre el tema ambiental. "Se notaba lectura y preparación. Podía hablar del proceso de lavado, de las tinas, de los materiales o minerales que salen después de la explotación y de lo que se hace con los residuos". Para Ileana, eso forma parte del engranaje del espionaje: "Genera seguridad entre quienes lo rodean: uno piensa que esa persona está allí porque conoce la materia". Jorge Guzmán, miembro del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso) y de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), también conoció a José. Lo describe como "parco, receptivo y que intervenía poco". Ingresó presentándose como integrante de la organización ambientalista Ya es Ya. Explicó que apareció durante la lucha contra la minería y aumentó significativamente su presencia durante las movilizaciones contra la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Participó en actividades, movilizaciones y espacios internos aprovechándose de la confianza y amplitud propias de una alianza social. Incluso una vez le dijo que quería ser su asistente. También recuerda sus viajes a Bocas del Toro y Río Indio. Pueblo Unido por la Vida es un blanco de la DNIP. La infiltración también se dio a través de la creación de una “falsa ONG ambientalista” que según la denuncia, habrían creado dos agentes para socavar la resistencia al proyecto del embalse en Río Indio. Dos agentes identificados por los movimientos sociales se habrían hecho pasar por activistas del “Centro de Acción Solidaria” para crear una conexión con los campesinos que se oponen desde hace más de dos décadas al desplazamiento de construirse el mega embalse para el Canal de Panamá. De la infiltración a la judicialización Lo que no dice la Policía panameña en su comunicado es que las infiltraciones se habrían hecho para crear la situación, apariencia o momento previo a la denuncia que luego algún agente —el propio infiltrado, otro de rango superior o uno anónimo denominado «fuente humana»— haría posteriormente, adjuntando informes financieros, de seguimiento o «pruebas» que están fuera de lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Esta investigación tuvo acceso a información que explica cómo y contra quién se abrieron dossieres a nivel nacional. Bajo la clasificación de “Acceso restringido” por el Departamento de Orden Público de la DNIP, donde recopilaron información a través de la infiltración y que se encuentran bajo documentos que utiliza un registro “Código 43”. Entre la lista preliminar se encuentran: Yamir Córdoba, Abdiel Bethancourt, Abundio Concepción -docente destituido de AEVE-, Agustín Sosa Peñalba, Alejandro John Hule, Anthony Guevara Prado, Ariel Muñoz; Dalia Morales -docente de Asoprof reintegrada por orden de un tribunal-; Eduardo Gil Quiroz, Felipe Cabeza Dixon -docente destituido en Colón-; Humberto Luis Montero Taylor, Ileana Corea García, Irving Pinzón Acevedo, Jaime Caballero Quiroz -judicializado bajo medida de casa por cárcel-; John Hughes Reyes, Kevin Sánchez, Francisco Smith -judicializado con medida cautelar-; Audrey Blaxter, Raisa Banfield. Juntas directivas de Sindicatos registrados en MITRADEL, asociaciones de educadores, oenegés y otras organizaciones ambientales. Las fichas confeccionadas por esos agentes policiales datan de septiembre de 2025 según se desprende del informe, pero la mayoría son más recientes, de mayo de 2026, desde que Orden Público pasó de ser una seccional a un departamento de la DNIP, bajo la jefatura del mayor Carlos Carvajal. En los documentos resaltan movimientos migratorios, actividad sindical y política, participación en huelgas, protestas, cierres de vías, movilizaciones y actividades sindicales. *** Inteligencia e investigación no son lo mismo. La primera busca información para prevenir amenazas y es responsabilidad, la otra reúne pruebas para demostrar un delito ante un juez. Pero ambas necesitan orden previa de un fiscal, tiene que estar autorizada por un juez de garantías y está destinada a desarticular grupos de delincuencia organizada según las leyes. El comunicado tardío de la Policía reconoce las operaciones, pero llama "agentes encubiertos" a los oficiales, cuya misión —dicen— es "para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional". Unas líneas más abajo, reconocen que "la mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos". Resaltan tres casos claros. El de Ileana Corea, que conserva el expediente del perfilamiento policial realizado a miembros de Juventudes Revolucionarias. En su caso, un policía de rango bajo —cree que un cabo primero o segundo— acudió a su vecindario, probablemente vestido de civil, con una foto en la mano. Empezó a preguntar: «¿Esta muchacha vive aquí? ¿La han visto?». Interrogó a los vecinos, tomó fotos de la entrada y anotó la descripción. «Dejan preparado todo el panorama para que se realice el allanamiento». Luego, el día de la protesta en la Universidad de Panamá, en enero de 2025, confirma que nunca tuvo contacto más que verbal con ese policía. «Creo que el único contacto fue verbal, cuando le hice un llamado al orden porque estaba bastante exaltado, como se observa en los videos. El resto de mis compañeros sí tuvo contacto físico con él y por eso surgió primero la posibilidad del allanamiento y luego lo que procedía». Como en su caso no existía ese contacto, el juez no legalizó el allanamiento. «No había elementos para intentar imputar cargos». Pero el perfilamiento se hizo igual. «Allí estaba toda mi información: fecha de nacimiento, edad, cédula, fotografías, datos electorales y datos de mi hermano. Todo estaba allí». Los otros jóvenes fueron perfilados por agentes policiales entre el 1 y el 2 de febrero, con número de casa, color, lugar y hora en las que estarían, y solicitaron al juez un allanamiento «a las 5 am porque salían de sus casas antes de las 6 am» por ser estudiantes universitarios de turno matutino, según el documento al que tuvo acceso este medio, en el que se acusaba de oficio a Ahmed Winter Tejada y otros jóvenes por delitos contra la vida y la integridad personal y contra la administración pública en modalidad de delitos contra un servidor público, Demetrio Ernesto Martínez Franco, un subcomisionado que ingresó a los estamentos en 2001 según registros oficiales de la planilla del Ministerio de Seguridad. El informe, fechado el 25 de enero de 2025 contra los jóvenes, fue confeccionado por la unidad Sergio Andrade de la DNIP, reconocido en el aparato de inteligencia policial, que dio seguimiento al estudiante universitario en su residencia, aportando todos sus datos generales para ser allanado y arrestado. Así como la DNIP confeccionó informes «investigativos» de otros seis estudiantes que participaban en la protesta estudiantil en los predios de la Universidad de Panamá, para la misma fecha descrita, según establece la carpetilla firmada por el fiscal de Atención Primaria, Guillermo Vargas Mayers. El segundo caso es el de Marco Andrade, secretario general de la central sindical CONUSI, investigado por presunto manejo irregular de fondos destinados a capacitaciones, con cargos por peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. En su expediente aparece un análisis financiero firmado por el jefe de Orden Público de la DNIP, Carlos Carvajal, y por una sargento adscrita a esa dirección. El documento contiene esquemas de supuestas transacciones financieras, fue entregado al Ministerio Público, específicamente al fiscal Anticorrupción, Eduardo Rodríguez, el 26 de junio de 2026 y terminó incorporado al proceso. Este caso se inició por la denuncia de una "fuente humana". Un tercer caso es el del Hospital del Niño. En febrero de 2025 estalló una protesta en los predios de la construcción del hospital que detonó un operativo mediático-policial nunca antes visto. Los videos publicados por la propia Policía mostraban a una persona dentro del proyecto, vestida con uniforme de trabajo de construcción, arrojando un bloque de cemento a la vía. Un policía resultó herido. Hubo más de 500 detenidos y 83 obreros judicializados. Sin embargo, según el propio Suntracs, el que arrojó el bloque nunca fue identificado ni judicializado y no pertenece a sus filas. Denuncian que fue un posible infiltrado. https://x.com/BarriosDurospty/status/2098503882888663318?s=20 Para este reportaje consultamos a dos comisionados retirados que pidieron mantener su nombre en reserva, adscritos a unidades de información e investigación de los estamentos de seguridad. Ambos tienen conocimientos de derecho penal y coinciden en que algunas actuaciones atribuidas a la DNIP podrían constituir investigaciones ilícitas y vulnerar garantías fundamentales. La diferencia también está escrita en la ley. La Dirección de Investigación Judicial fue creada mediante la Ley 69 de 2007, que establece sus funciones dentro de la investigación penal y su papel como auxiliar del Ministerio Público. La DNIP, en cambio, funciona bajo una norma interna de la Policía Nacional, dentro del marco general de la Ley 18 de 1997. Esto significa que la DNIP puede recopilar y analizar información sobre pandillas, rutas del narcotráfico, movimientos financieros o amenazas contra la seguridad. Esos datos pueden orientar una investigación, pero no se convierten automáticamente en pruebas o indicios, ni autorizan a Inteligencia a asumir las funciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Si un agente de la DNIP encuentra una evidencia física durante una verificación, debe preservar el lugar y entregarla a la DIJ o a los peritos forenses. Manipularla, levantar actas o participar en diligencias judiciales puede afectar la cadena de custodia y abrir dudas sobre la legalidad de la prueba, según explicó uno de los comisionados retirados que habló con este medio. Para los comisionados consultados, lo ocurrido muestra cómo una unidad de inteligencia puede cruzar la línea de la investigación judicial. También señalan que el debilitamiento de la DIJ ha permitido que la DNIP ocupe espacios que no le corresponden, mientras el Ministerio Público recurre a Inteligencia para suplir las carencias de su brazo investigador. Una orden fiscal tampoco resuelve el problema. Una disposición interna puede organizar el trabajo de la DNIP, pero no darle facultades que una ley reserva a otra dirección. "La DNIP no es policía judicial y una firma no le otorga competencias que la ley no le concede", sostiene uno de los comisionados consultados. La advertencia alcanza diligencias tan delicadas como los allanamientos, el registro de bienes o el manejo de información privada. Las labores de inteligencia no pueden utilizarse para evadir controles judiciales ni vulnerar la intimidad, el debido proceso o la inviolabilidad del domicilio. Ninguna investigación penal puede construirse al margen de esas garantías. El comisionado en retiro concluye que “no puede haber diligencias judiciales como allanamientos, levantamientos de actas o cadena de custodia realizadas por unidades de la DNIP (porque) la Ley 69 es clara al asignar las (funciones) exclusivamente a la DIJ. “La DNIP se consolidó como el órgano de inteligencia, cumpliendo (en teoría) funciones de análisis y prevención. La DIJ, lamentablemente, quedó en el abandono. El Ministerio Público dejó de mirarla, dejó de exigirle desarrollo y dejó de controlar sus capacidades reales, convirtiéndola poco a poco en una fuerza estancada, inoperante y rezagada frente a la complejidad delictiva actual”. Estado policial En 2014, el expresidente Ricardo Martinelli dijo en televisión abierta, en entrevista con Álvaro Alvarado: "Yo sí tengo el dossier y el pedigree, pues sé qué ha hecho todo el mundo". Esto levantó la ceja de Álvaro, que le preguntó cómo era posible. Martinelli evadió responder. Pero el desliz le pasó factura eventualmente cuando su némesis, Juan Carlos Varela, le sucedió en la Presidencia. Dos juicios por pinchazos. Como la justicia es ciega, la Corte lo declaró "no culpable" aunque abundaban las pruebas. El epicentro: el Consejo de Seguridad. Corría 2014. El entonces ministro de Seguridad de Martinelli, José Raúl Mulino, es hoy presidente del país desde 2024. Y su primer secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (de 2010 hasta marzo de 2012), Julio Moltó, es hoy ministro de Comercio e Industrias. Moltó ha negado su participación en el esquema. Quienes sí fueron condenados por escuchas telefónicas ilegales fueron los subsiguientes secretarios ejecutivos Gustavo Pérez y Alejandro Garúz. Pérez es hoy asesor de Mulino. El hoy presidente también ha sido revelador en su animadversiòn contra los sindicatos y lo que tilda de “grupos de izquierda radical”. El jueves 13 de febrero de 2025, durante la conferencia semanal de Mulino, un día después de los enfrentamientos entre trabajadores del Suntracs y la Policía en la avenida Balboa, les advirtió a los obreros: “Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley, y un gobierno dispuesto a no tolerar la anarquía pseudosindicalista”. Antes de eso, dijo que “utilizaría todo su poder para llevarlos (al Suntracs) a su mínima expresión”. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que empezó hace más de una década con los dossieres y pedigríes por pinchazos —escuchas telefónicas ilegales— toma ribetes de carne y hueso bajo la administración de José Raúl Mulino, heredero político de Martinelli. Bajo la dirección de Jaime Fernández en la Policía, se esquematiza un departamento de seguimiento, infiltración de movimientos sociales, seguimientos, fabricación de pruebas ilegales e ilegítimas y eventual judicialización de obreros, maestros, universitarios, activistas ambientales y cualquier blanco visible que se oponga al gobierno y sus proyectos extractivos y neoliberales. Estas denuncias no son más que un nuevo capítulo en la larga historia del macartismo en Panamá. Nació hace décadas y mató a prominentes patriotas, desde Victoriano Lorenzo y Pedro Prestán hasta Floyd Britton, Jorge Camacho o Juan Navas. El perfeccionamiento del Estado policial al servicio del neoliberalismo pasa por permear todas las capas de la vida pública, académica y privada. Desde infiltrar sindicatos hasta las aulas, como explica Corea. "Actualmente hay una gran cantidad de alumnos universitarios que trabajan para el Ministerio de Seguridad. Tengo claro que he visto dentro de las facultades a miembros de la institución estudiando allí". Menciona el caso de subtenientes o mayores que estudian en la universidad. "Lo hacen para luego abandonar la carrera policial y ubicarse en otro espacio. Durante todo ese tiempo, uno comparte con alguien vinculado a la seguridad del Estado, que observa nuestros movimientos como estudiantes y como organización". Lo he visto con más frecuencia en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas y Derecho. "Eso también puede servir como un vector para reproducir una ideología de derecha dentro del Estado y entre los funcionarios". En palabras de Ileana Corea, el objetivo del Estado no es solo espiar, sino fracturar. "Siento que el Gobierno busca precisamente que nuestras organizaciones empiecen a sospechar unas de otras: que yo sospeche de Ya es Ya, de otra persona, de Panamá Vale Más Sin Minería o de SUNTRACS; o que SUNTRACS sospeche de mí. Esa parece ser parte de la estrategia: provocar desconfianza entre nosotros y nosotras". Por eso insiste en que las organizaciones deben redoblar la atención sobre quiénes se acercan y con qué intenciones. "Si alguien tuvo una especie de revelación hace pocos días y ahora quiere ser ambientalista, resulta bastante sospechoso". También recomienda observar las redes sociales de quienes se aproximan: "Saber qué hacen, qué publican y desde cuándo existen esas cuentas. Esto debe hacerse sin caer en la paranoia". La seguridad, dice, debe discutirse internamente. "Si alguien llega a una organización, no debería entrar en poco tiempo a una reunión interna ni asumir rápidamente su vocería. Debe existir un periodo para conocer a esa persona, saber cuáles son sus intereses y de dónde surgen". Reconoce que suena fácil explicarlo, pero la situación que viven los movimientos sociales en Panamá obliga a cerrar filas sin desconfiar entre ellos. "No somos movimientos masivos ni multitudinarios, lo que puede permitirnos conocer mejor a las personas que se acercan". De acuerdo con Guzmán, esta infiltración es de extrema gravedad. "Organizarse, protestar, defender el ambiente, luchar por derechos laborales y sociales y cuestionar las políticas del Gobierno son actividades legítimas protegidas por el orden constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No constituyen actividades criminales que justifiquen infiltración y vigilancia clandestina". El también abogado califica estas prácticas como incompatibles con un Estado democrático de derecho, al convertir al movimiento social en "enemigo interno" y utilizar estructuras estatales para infiltrarlo, vigilarlo y obtener clandestinamente información sobre sus integrantes y familias. "Panamá no puede regresar a los métodos de vigilancia política y persecución propios de los períodos más oscuros de nuestra historia. Torrijos y Noriega, dictadura militar", recordó. *** Los movimientos sociales denunciaron el caso ante el Ministerio Público el pasado 8 de septiembre anexando un informe de más de 100 páginas con fotos de los agentes detectados en las manifestaciones, información de contexto y datos sobre las tareas asignadas, que comprenderían el rastreo en redes sociales, escucha de llamadas privadas, infiltración directa en asambleas gremiales y seguimiento físico. Al cierre de este reportaje, la denuncia no había sido admitida por la entidad, en contraste con las denuncias de los propios agentes contra los estudiantes y obreros, por ejemplo, que admitió sin cuestionar el origen de las denuncias. La denuncia formal es contra el Ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director nacional de Inteligencia Policial, Julio Cedeño. Además, incluye al mayor Carlos Carvajal como presunto articulador directo del entramado de inteligencia no autorizada y otra veintena de oficiales de menor rango, entre ellos el sargento primero José Urriola y al cabo segundo Bryan Rodríguez, como presuntos infiltrados de la red, que estaría compuesta por unos 40 agentes. El caso llegó a la oficina de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas a través de una denuncia presentada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), con sede en Guatemala. La Defensoría del Pueblo de Panamá también tiene la queja y el informe, configurando la necesidad de medidas de protección individual y colectiva que han solicitado las agrupaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida ante los organismos internacionales y locales, para todos los miembros de los colectivos afectados. La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá expresó su “profunda preocupaciòn ante las graves denuncias” de la presunta red clandestina de espionaje estatal, calificandola como una “pràctica incompatible con la democracia” que produce un “clima generalizado de temor que provoca un devastador efecto inhibidor y de autocensura para el conjunto de la ciudadanìa y la sociedad civil organizada”. En un comunicado exigieron a las autoridades el respeto de las libertades fundamentales, la admisión de la denuncia, una explicación oportuna y la investigación de los hechos. https://x.com/magcastill/status/2098390210887241837?s=20 Este reportaje se realizó bajo la Alianza Periodística de Archivos Abiertos y Con las Manos en la Data.

Las nuevas reformas al Código Electoral sugieren mayor fiscalización, equidad, transparencia y participación, sin embargo el aumento del porcentaje para la libre postulación pone trabas para los aspirantes independientes. Archivos Abiertos extrae los principales puntos de los dos proyectos presentados en la Asamblea Nacional. Por Grisel Bethancourt | Archivos Abiertos | 1 de septiembre de 2026 El Tribunal Electoral cumplió el plazo. El 31 de agosto, sus tres magistrados, Narciso J. Arellano Moreno, Alfredo Juncá y Luis A. Guerra, comparecieron ante la Asamblea Nacional para presentar dos proyectos por separado. Uno reforma el Código Electoral y el otro modifica los circuitos electorales para la elección de diputados en 2029. Aunque fueron entregadas el mismo día y forman parte de una reforma común, tendrán trámites legislativos separados. Las propuestas son el resultado de un año de discusiones en la octava Comisión Nacional de Reformas Electorales, instalada en marzo de 2025. Allí participaron partidos constituidos y en formación, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones públicas. Su presidente, el magistrado Arellano, informó que 59 artículos fueron aprobados y 46 rechazados en las mesas de trabajo. El proyecto principal contiene 169 artículos y cambia las condiciones para constituir partidos, competir por la libre postulación, financiar campañas y adjudicar curules en los circuitos plurinominales. También elimina la Comisión que discutió las reformas y deja en su lugar un foro consultivo cuya composición dependerá de la reglamentación del propio Tribunal. El documento está firmado por Narciso J. Arellano, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Ahora deberá pasar por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales y luego por el pleno de la Asamblea. Equidad, transparencia, cuentas y justicia La exposición de motivos sostiene que la propuesta se apoya en la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia electoral. También aborda el padrón, las incompatibilidades de los servidores públicos, la inteligencia artificial, el fuero y los procesos electorales. “Las reglas que determinan quiénes pueden participar, cómo se organizan las candidaturas, de qué manera se financian las campañas, cómo se contabilizan los votos y cómo se resuelven las controversias electorales deben responder a criterios de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad”, señala el documento. La intención declarada es corregir las asimetrías. La discusión será si las nuevas reglas reducen las ventajas existentes o terminan protegiendo a quienes ya cuentan con organización, recursos y presencia nacional. El 3 % y la libre postulación La reforma eleva del 2 % al 3 % de los votos válidos de la última elección el respaldo requerido para constituir un partido. El mismo porcentaje determinará su subsistencia, tomando la elección que resulte más favorable al colectivo. Aunque el aumento es de un punto porcentual, la exigencia crece 50 %. El Tribunal lo presenta como una forma de reducir la fragmentación y vincular el financiamiento público con organizaciones que tengan una base electoral efectiva. El 3 % también se aplicará a la libre postulación. Los aspirantes tendrán hasta el 31 de agosto del año anterior a las elecciones para reunir las firmas, pero alcanzar el porcentaje no garantizará aparecer en la papeleta. Solo serán reconocidas las tres nóminas o listas con mayor cantidad de respaldos. Así, una candidatura puede cumplir el umbral legal y quedar fuera si otras tres reúnen más firmas. La reforma no solo aumenta la cantidad exigida, sino que mantiene un segundo filtro para determinar quiénes podrán competir. El dinero y la competencia El artículo 210 propuesto asigna a los partidos el 93 % del financiamiento público preelectoral. De ese monto, el 25 % se repartirá en partes iguales y el 75 % de forma proporcional, según el promedio de votos obtenido por cada colectivo en las elecciones anteriores para presidente, diputados, alcaldes y representantes. La fórmula combina un reparto igualitario con otro basado en el rendimiento electoral previo. En la práctica, los partidos con mayor caudal de votos volverán a comenzar con ventaja frente a organizaciones pequeñas y candidatos independientes. El tope privado será de B/.10 millones para presidente y B/.300 mil para diputados de la República y del Parlacen. Para alcaldes y representantes será de B/.5 por elector, con mínimos y máximos según el cargo. Cada donación deberá acreditar su origen al momento del depósito. Ningún aporte en efectivo de una sola fuente podrá superar B/.1,000 y la suma de todos ellos tendrá como límite el 7 % del tope privado del cargo. También se prohíben aportes de contratistas y concesionarios del Estado, congregaciones religiosas y personas condenadas por corrupción, narcotráfico o lavado de activos. Sin embargo, el artículo 232-A permite al Tribunal reglamentar excepciones a la obligación de acreditar el origen de los fondos, por motivos de transparencia y fiscalización, señala el documento. Proyecto de Reformas Electorales. Cambios en los circuitos plurinominales En los circuitos plurinominales se mantienen el cociente y el medio cociente, pero los votos utilizados para ganar esas curules deberán descontarse antes de adjudicar los puestos pendientes por resto mayor. “Únicamente los votos que permanezcan como saldo” podrán utilizarse para repartir las curules restantes, indica el proyecto. La medida busca impedir que un mismo grupo de votos sea utilizado más de una vez y produzca una representación superior a la obtenida en las urnas. Las listas de libre postulación participarán sin una alianza equivalente que les permita sumar votos entre sí. La Comisión desaparece Uno de los cambios institucionales más relevantes es la derogación de la norma que reconoce la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Desde 1990, ese espacio reunió a partidos, sociedad civil y otros actores para evaluar las reglas y elaborar propuestas después de cada elección. El Tribunal argumenta que el mecanismo respondió a “una etapa particular” de la evolución democrática y que fue diseñado para una realidad histórica ya superada. En su lugar, el artículo 134 reconoce al Foro Ciudadano y de Libre Postulación como “organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo reglamente”. Será convocado durante los procesos de consulta y “cuando lo estime conveniente”. El articulado no define su composición ni garantiza puestos para organizaciones de la sociedad civil. El Foro será consultivo, dependerá de una reglamentación y será convocado por el Tribunal. La propuesta afirma que el cambio “no constituye un retroceso”. El segundo proyecto reorganiza el mapa electoral La Asamblea Nacional mantendría sus 71 diputados, pero el número de circuitos aumentaría de 39 a 41. Habría 30 circuitos uninominales, que escogerían un diputado cada uno, y 11 circuitos plurinominales, responsables de elegir los otros 41. Panamá perdería dos curules y pasaría de 25 a 23. San Miguelito bajaría de siete a seis diputados; los circuitos 8-3 y 8-4 perderían una curul cada uno, mientras Panamá Este aumentaría de cuatro a cinco. Esas dos curules se trasladarían a Panamá Oeste, que pasaría de ocho a diez diputados. Arraiján aumentaría de tres a cuatro y La Chorrera también pasaría de tres a cuatro. En Bocas del Toro y Chiriquí no se eliminan diputados. Lo que se propone es dividir circuitos que actualmente eligen dos representantes para convertirlos en circuitos uninominales separados. Es decir, cada nuevo circuito escogería su propio diputado. La Asamblea Nacional tendrá ahora la última palabra. Antes, será necesario confrontar el proyecto con los acuerdos y las actas de la Comisión, tras las advertencias de dirigentes políticos consultados sobre posibles diferencias a lo que aprobaron. Foto de Portada, Tribunal Electoral. Archivos Abiertos en una segunda entrega, buscará las opiniones de consultores y líderes de partidos.

En Panamá, el financiamiento electoral público nació para nivelar la cancha entre candidatos. Las voces de quienes compitieron desde distintos frentes, un partido pequeño, un partido tradicional y una candidatura independiente, coinciden en una contundente afirmación: esa promesa no se ha cumplido en treinta años. Por Grisel Bethancourt Cuando terminó la campaña de 2019 para la alcaldía de La Chorrera, Armando Barrios tomó una decisión: no volvería a postularse en las siguientes elecciones de 2024. Profesor, diseñador gráfico y folclorista, bien conocido en la comunidad, competía por primera vez en política, respaldado por un partido pequeño, pero con mucha ilusión y una fuerte convicción en las instituciones democráticas. Recorrió los 18 corregimientos del distrito con una minoría de simpatizantes del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), ofreció propuestas de apoyo indiscutibles, como una mayor seguridad ciudadana, la modernización del transporte público y una mejor recolección de la basura en el distrito. Su base, recuerda, fue familiar y de amistades. La falta de recursos le impidió tener representantes y candidatos en los distintos corregimientos, lo que afectó la estructura y organización de su campaña y terminó pagando la factura el día de las elecciones. El candidato fue derrotado y el ciudadano perdió para siempre su confianza en el sistema. Su experiencia no demuestra por sí sola el peso del dinero en el éxito o el fracaso de una candidatura política. Sin embargo, plantea una interrogante que atraviesa el sistema electoral panameño: las diferencias económicas siguen marcando la más importante de las competiciones. Las donaciones declaradas por los candidatos, aportes privados y su capacidad de autofinanciación nos permiten identificar las asimetrías económicas que persisten en la contienda y enfrentan en disparidad de condiciones a los aspirantes de partidos políticos y las candidaturas de libre postulación. "La realidad política en Panamá es que gana el que más (dinero) tiene", sostiene Barrios sin rodeos, tras asegurar, según su experiencia, que los recursos económicos influyen en un electorado volátil e inmediatista. El “qué hay para mí”, entendido de forma burda y oportunista. Camino a las urnas, conseguir la voluntad del votante tiene un precio. La evidente disparidad de las campañas políticas, su capacidad para recorrer comunidades, contratar equipos de asesores, elaborar propaganda, pautar publicidad o asegurar representantes en las mesas de votación depende, en buena medida, de la financiación privada de cada candidatura. Con el propósito de reducir esas diferencias, Panamá incorporó el financiamiento público electoral mediante las reformas al Código Electoral de 1997. Para las elecciones generales de 2024, el Tribunal Electoral fijó en B/.109, 021,813 el financiamiento público electoral, equivalente al 1% de los ingresos corrientes presupuestados del gobierno central. Frente a esa abultada suma, la financiación privada y el capital propio de los candidatos sigue incidiendo grandemente en la balanza de los resultados. Solo en las ocho campañas para la presidencia de la República, las donaciones privadas, de terceros, en especie y de recursos propios, alcanzaron ese mismo año B/. 16.1 millones, el equivalente a casi el 30% de todo el fondo público preelectoral, B/. 54.5 millones que se repartieron entre partidos y candidaturas a distintos cargos. Sobre este tema, el politólogo Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), explica que el financiamiento público surgió precisamente para romper la barrera de acceso económico a la política y ampliar la participación de ciudadanos sin grandes fortunas. Pero advierte que su sola existencia no garantiza una competencia equitativa. Un modelo de inequidad El profesor de economía y gestión de políticas públicas Anastacio Rodríguez, de la Universidad de Panamá, asegura que la capacidad financiera de un candidato influye de forma decisiva en sus posibilidades reales de competir, porque determina el alcance de su comunicación y su capacidad de proyectar viabilidad ante donantes y medios. Según su lectura de los datos de ingresos y gastos registrados por el Tribunal Electoral durante las campañas políticas de 2024, publicados en datos abiertos en la plataforma La Ruta de la Plata creada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, los candidatos con mayores ingresos declarados concentraron el grueso del gasto en publicidad y eventos hacia el cierre de campaña, un patrón que coincide con mayor reconocimiento y voto. Arturo González, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Molirena, defiende el principio del sistema. Para él, el financiamiento público no es un privilegio partidista, sino un mecanismo para reducir la dependencia de intereses privados, combatir la captura del poder político y permitir que organizaciones con menos recursos puedan competir. Antonio García, secretario de Asuntos Legales del MOCA (Movimiento Otro Camino), describe el mismo desequilibrio desde otro partido pequeño: "Hay más fondos para los partidos políticos grandes y se reducen los fondos con los independientes". El MOCA llegó a proponer para las próximas reformas electorales una reducción del 25% al financiamiento público, buscando equidad hacia abajo, y recibió duras críticas. "Si dependemos de las donaciones, se vende el alma a la persona que dona", señala García sobre el financiamiento privado. MOCA recibió B/. 1.4 millones del financiamiento público y la menor financiación privada declarada de la contienda. El partido hizo campaña casa por casa, con bajo presupuesto de publicidad y hoy dice tener 46,000 adherentes, 10,000 de ellos sumados después de las elecciones. MOCA perdió la contienda presidencial de 2024 solo por debajo del electo presidente de la República, José Raúl Mulino, en una rara y esperanzadora anomalía del comportamiento electoral que sustenta esta publicación. Su candidato, Ricardo Lombana, compitió con B/. 793.750, casi una cuarta parte de los B/. 3.07 millones en recursos privados que declaró la campaña de Mulino. De los 57 candidatos a diputados de MOCA, solo tres alcanzaron una curul: Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni. Cómo se reparte el dinero La norma electoral no solo decide quién recibe financiamiento público, también, quién queda afuera. Además de abogar por una distribución equitativa de los recursos, que le daría mayor posibilidad a los partidos minoritarios, se reconoce la representatividad de los votos obtenidos durante las elecciones generales inmediatamente anteriores. En 2019, el FAD, el partido de Barrios, no calificó para financiamiento postelectoral, al no superar el 2% de los votos válidos. Para 2024, sin la cantidad de adherentes necesaria para mantener su reconocimiento electoral, el partido ya no pudo competir bajo su propia bandera. Por eso, su entonces candidata, Maribel Gordón, aspiró al cargo presidencial por libre postulación. El costo de esa vía quedó documentado por su equipo de campaña. Gordón recibió B/. 838,340.74 en financiamiento público, de un total de B/.2,543,842 repartido entre las tres candidaturas independientes de 2024, según la cantidad de firmas válidas recolectadas por cada aspirante. El PRD, como apuntan los datos, superó quince veces a Gordón (Tribunal Electoral) en financiamiento público. La brecha se ensanchó con el financiamiento privado. El candidato del partido en el poder, José Gabriel Carrizo , recibió B/.1.1 millones en financiamiento privado, frente a B/.877,000 de Gordón, un 27.6% más y una diferencia de B/.241, 719, según los datos de La Ruta de la Plata. Desde la campaña de Gordón, su equipo va más allá de las diferencias en el dinero privado declarado y señala que hay ventajas que ni siquiera se contabilizan, como el tiempo y la visibilidad que los medios de comunicación dan a ciertas candidaturas mucho antes de que arranque la contienda formal. "Es un trabajo previo de fabricación de candidaturas cuyo costo es imposible medir", sostiene su portavoz, Silvestre Díaz. La campaña de Gordón, añade, no pudo levantar una sola valla publicitaria ni pautar cuñas de radio o televisión, salvo en las últimas semanas y de forma mínima. Consultado sobre si en Panamá gana la consulta popular la mejor propuesta política o el bolsillo más grande, el analista electoral y abogado Javier Ordinola no dudó en su respuesta erudita: “el dinero y no necesariamente el que se gasta para la campaña propiamente, está por encima de una campaña basada en propuestas o ideas. Por consiguiente, gana quien más dinero tenga”. Los números respaldan el planteamiento de Ordinola. También en la Asamblea Nacional se muestra esa realidad. Joan Guevara fue el diputado electo que más financiamiento privado reportó: B/.210,000, seguido por José Luis Varela, con B/.194,230; Francisco Brea, con B/.185,156.24; Raúl Pineda, con B/.152,444.02 y Benicio Robinson, que declaró donaciones por B/.145,100. Entre los cinco, sumaron B/.886,930.26, casi una cuarta parte de los B/.3.6 millones de ingresos privados totales reportados en la carrera hacia la Asamblea. Cuando el dinero marca la diferencia Lucas Muñoz compitió por primera vez como candidato a diputado por el circuito 8-4 por el Partido Panameñista, del que forma parte desde su adolescencia y el cual goza de estructura y financiamiento asegurado. Recibió aportes del partido por B/. 14,000 en donaciones privadas. Tampoco ganó. Muñoz calcula que la capacidad de autofinanciar una campaña pesa un 75% en las posibilidades reales de competir. Sobre por qué perdió, no culpa solo al dinero, menciona el desgaste de cargar con la imagen de "malos políticos" y el llamado de algunos líderes a votar “en plancha” por candidatos independientes en su circuito. Aún así, coincide con el resto de las voces de este reportaje y cree que el modelo actual favorece a quienes tienen más recursos o mejor acceso a donantes, y propondría un tope máximo de gasto de campaña para todos. Al analizar la información de La Ruta de la Plata, el circuito 8-4, uno de los más competitivos del país, deja evidenciada las diferencias económicas entre candidatos que disputaron las mismas curules. Por MOCA, Grace Hernández encabezó el financiamiento privado entre los cinco electos para la Asamblea Nacional, con B/.118,256.35, seguida por Roberto Zúñiga, con B/. 83,181.13; Jorge Bloise, B/. 79,608.04; Javier Sucre, B/. 53,052.50 y Ernesto Cedeño, con apenas B/.7,990.30, fondos propios con los que costeó toda su campaña. "Es lo que ocurre normalmente en elecciones donde el sistema de financiamiento es mixto, con controles muy permisivos. No garantiza equidad en la competencia", añade Ordinola. El reparto de dinero, indica, abre la puerta a competir, pero no asegura el triunfo, porque en un sistema sin reglas parejas siempre puede haber alguien con todavía más recursos. El consultor electoral ve con buenos ojos la eliminación del financiamiento privado y mantener solo el público, destinado a las campañas electorales y para capacitación de liderazgos, con un monto de financiamiento reducido que no supere el 0.5% de los ingresos corrientes, como lo implementaron los sistemas electorales de Guatemala y República Dominicana, país, este último, que ha reducido la duración de campaña a dos meses. Fiscalización e igualdad de gastos El artículo 141 de la Carta Magna establece que "el Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato. Para Ordinola, el verbo de la norma establece un problema de origen. "Podrá", y no "deberá" vuelve potestativo lo que en la práctica se ha convertido en una expectativa de trato igualitario dentro del proceso electoral. Esa misma exigencia de igualdad, sugiere, nunca se cumplió, ya que "hay muchos candidatos de partidos políticos que no reciben ni un céntimo de financiamiento público", a pesar que pueden recaudar hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más financiamiento reciba (como lo establece el tipo de financiamiento privado para los colectivos políticos), sin excederse del monto previsto en la reglamentación: B/.10,000,000 para presidente, B/.300,000 para diputado, B/.10,000 para diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y B/.5,000 por cada elector empadronado, para alcaldes y representantes de corregimiento. Treinta años después de la reforma de 1997 y el cambio de subsidio electoral al financiamiento público, la reflexión de Armando Barrios sigue incontestable: en Panamá, las elecciones las gana el que más dinero tiene. El Tribunal Electoral, la entidad que administra y fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas, no respondió a la solicitud de un cuestionario escrito para este reportaje que buscaba resolver su posición frente a las críticas por el desigual acceso a recursos de los candidatos a cargos de elección popular y si han medido el impacto del modelo mixto o la optimización para fiscalizar fondos privados en las elecciones de 2029. Esta investigación fue realizada bajo el auspicio de las Becas Siguiendo La Plata para periodismo de datos, otorgadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Los periodistas también somos vulnerables y la psicóloga clínica nos acompañó, pero también compartió sus saberes en sus columnas. Grisel Bethancourt Por primera vez lo cuento. En el periodismo no todo es reconocimiento, primicias o satisfacción por el trabajo realizado. También hay lágrimas, decepciones, silencios e incomprensiones. Los periodistas también somos vulnerables. Muchas veces dejamos pasar situaciones dolorosas por conservar la estabilidad laboral. Callamos para no perder el empleo, seguimos trabajando como si nada ocurriera y aprendemos a ocultar el cansancio detrás de una libreta, una cámara o una noticia. Pero llega un momento en que el cuerpo y la mente advierten que algo no está bien. Eso me ocurrió mientras ejercía como periodista judicial. Atravesaba una situación de estrés laboral y necesitaba dejar constancia de lo que estaba viviendo. Había un sinnúmero de diferencias para trabajar en un grado de calidad y yo debía estar en mis cinco sentidos, concentrada, porque tenía bajo mi responsabilidad temas complejos y profundamente delicados a nivel judicial. Cubrir esta área no es fácil, comenzó un adormecimiento del lado izquierdo de mi cabeza, el cabello comenzó a caerse, y el dolor en el cuello y hombro era insoportable. Luego de una resonancia y ser atendida por un ortopeda privado, este me dijo que no tenía problema cervical; sinembargo, me habló de algo que yo no había mencionado: que estaba pasando por un estrés fuerte y que podía desencadenar en otra situación de salud. Fue entonces cuando acudí a la Policlínica de Betania y conocí la atención profesional de Geraldine Emiliani. Ella me escuchó sin juzgarme. Comprendió lo que estaba atravesando y me dio la fuerza para entender que podía seguir bregando sin permitir que aquellas circunstancias terminaran por quebrarme. Geraldine fue psicóloga, columnista, amiga y consejera. Su voz y su acompañamiento se convirtieron en el hombro de muchos periodistas que acudieron a ella por estrés, bullying, acoso laboral, violencia digital y ataques en las redes sociales. Después de aquella consulta, también se convirtió en una fuente valiosa para mis trabajos periodísticos. Cuando algún colega necesitaba orientación profesional, sabía que podía encontrar en ella una mano extendida y una palabra serena. Como columnista, escribió con sensibilidad y lucidez sobre la realidad. Como psicóloga, estuvo allí cuando muchos necesitábamos ser escuchados, incluso cuando no nos atrevíamos a decir públicamente que algo nos dolía. Hoy cuento esta experiencia porque detrás de cada periodista también hay un ser humano. Recuperé mi fuerza interior, no hubo más caída del cabello, me apliquè medicamentos e hice también terapia para los dolores de cuello y hombro. Somos vulnerables, alguien que siente, que se cansa, que llora y que, en ocasiones, necesita ayuda para continuar. Geraldine Emiliani fue un soporte invaluable para muchos periodistas. Yo puedo decirlo porque, cuando la necesité, ella estuvo allí. Hasta luego, Geraldine.

En Ecos migrantes, el periodista salvadoreño, Soudi Jiménez reúne 27 relatos que desmontan estigmas y muestran cuánto aportan las comunidades migrantes a Estados Unidos. Es una voz crítica ante la violencia, deportaciones y política antimigratoria. Por Grisel Bethancourt Conocimos a Soudi Jiménez en 2014. Para entonces, su trabajo ya estaba marcado por una pasión que no se aprende en los manuales: escuchar a la comunidad hispana de Los Ángeles y contar sus historias con rigor, cercanía y respeto. Soudi es ciudadano estadounidense, periodista de Los Angeles Times en Español. Más de dos décadas de vida en Estados Unidos le han permitido observar de cerca las contradicciones de un país que ofrece oportunidades, pero que también levanta barreras contra quienes llegan buscando un lugar donde reconstruir sus vidas. Salvadoreño de nacimiento, Soudi Jiménez nos recibió aquel otoño en la redacción en español del diario angelino. Éramos un grupo de periodistas latinoamericanos que participaba en el programa Edward R. Murrow de Liderazgo para Visitantes Internacionales -IVLP-. auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y conocimos de cerca una de las mejores redacciones de noticias. Con una amplia trayectoria en California, ha dedicado buena parte de su carrera a contar las historias y los desafíos de las comunidades migrantes. Ya su voz tenía ecos. De esa experiencia nació Ecos migrantes, un libro crítico que reúne voces de personas vinculadas con el arte, la ciencia, la educación, la gastronomía y el activismo. Sus protagonistas no aparecen como cifras ni como una amenaza. Son hombres y mujeres que trabajan, crean, resisten y enriquecen al país que los recibió. Esta es una conversación franca, desde el periodismo y los derechos humanos. Soudi habla de los estigmas que persiguen a las personas migrantes, de la discriminación que también existe dentro de las comunidades latinas y del endurecimiento de la política migratoria durante la era Trump. Su mirada sobre 2025 y 2026 es sombría. Considera que el llamado sueño americano se ha ido desvaneciendo frente al alto costo de la vida, la persecución migratoria y el temor que alcanza incluso a personas con ciudadanía o residencia legal. También advierte sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos, aunque reconoce la resistencia de jueces, activistas y comunidades que se niegan a guardar silencio. Soudi Jiménez con la comunidad hispana en la promoción de su libro Ecos migrantes. ¿Qué realidad del migrante quiso contar en Ecos migrantes que no aparece en los discursos políticos ni en los grandes titulares? Mi incursión en el periodismo en Estados Unidos coincidió con un nuevo ascenso del racismo. Desde que ingresé, en 2012, a la publicación en español de Los Angeles Times, he podido documentar la odisea de las personas migrantes. Las políticas racistas no son nuevas. Han formado parte de la historia estadounidense, con momentos de mayor intensidad durante guerras, crisis económicas y contiendas electorales. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024 se normalizó una narrativa que presenta a los migrantes como “violadores” o “delincuentes”. En ese contexto surgieron los relatos de Ecos migrantes. La mayoría fue escrita entre 2019 y comienzos de 2024. Cada historia ofrece una mirada particular, pero cuando se leen juntas permiten observar un panorama mucho más amplio. El libro busca humanizar la migración y abrir una reflexión capaz de desmontar los prejuicios y estereotipos que pesan sobre estas comunidades. Los migrantes no son los responsables de los problemas de Estados Unidos. Por el contrario, enriquecen al país con sus lenguas, sabores, ritmos, conocimientos y talentos. Esa diversidad está plasmada con fuerza en el libro. ¿Por qué decidió responder a la narrativa antiinmigrante mediante historias de vida y no solamente con cifras o análisis políticos? Los seres humanos tendemos a criticar aquello que no conocemos. Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a lo que nos causaba temor, nuestra perspectiva puede cambiar. Eso les sucede a muchos anglosajones con los migrantes latinoamericanos, pero también nos ocurre a nosotros cuando miramos a las comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestros países. Con este libro también desafío a la propia comunidad latina a reconocer el colorismo, el clasismo y otros patrones discriminatorios que permanecen arraigados en su interior. No basta con señalar lo que otros hacen contra nosotros. También debemos revisar cómo tratamos a quienes históricamente han sufrido marginación y atropellos dentro de nuestras sociedades. Esa reflexión se comprende mejor a través de historias de vida. Un testimonio permite mirar el rostro, la lucha y las contradicciones de una persona. Las cifras explican la dimensión de un fenómeno, pero las historias nos obligan a sentirlo. Después de entrevistar a migrantes vinculados con el arte, la ciencia, la educación, la gastronomía y el activismo, ¿qué tienen en común sus historias? Talento, creatividad y resiliencia. Cuando veo a un poeta hondureño escribir versos cargados de realidad; a un migrante maya de Guatemala abrirse camino como diseñador de moda, o a la hija de trabajadores agrícolas salvadoreños convertirse en abogada, comprendo cuánto pierden nuestros países con esa fuga de talento. Esas personas entregan lo mejor de sí a la nación que las recibe. Nuestra gente no se marcha por falta de capacidad. Emigra porque en sus países no encuentra oportunidades. Cuando accede a un espacio con algunos recursos, aunque sean limitados, nuestra gente brilla. Estados Unidos se presenta como un país de libertades y oportunidades, pero muchos migrantes enfrentan discriminación y violencia. ¿Cómo explica esa contradicción? Durante mucho tiempo, Estados Unidos levantó como banderas la democracia, las libertades y el Estado de derecho. Hoy existe una distancia preocupante entre ese discurso y lo que viven muchas personas migrantes. El regreso de Donald Trump profundizó esa contradicción. Por mucho tiempo, esa fue la bandera de Estados Unidos: la democracia, las libertades y el Estado de derecho. En la actualidad es solo un discurso, un lema vacío y sin fundamento. En este momento, el sistema de contrapesos se encuentra bajo amenaza. En medio de los atropellos contra los migrantes, uno quisiera que la Corte Suprema emitiera fallos categóricos que detuvieran esa ola de ataques y violaciones contra personas que solo han buscado en Estados Unidos un lugar para sobrevivir, pues huyen de regímenes parecidos al que emerge en suelo estadounidense. Sin embargo, todavía existe una luz al final del túnel. Si el presidente Trump no ha logrado todo lo que se ha trazado es porque los jueces y magistrados del sistema judicial le han puesto freno. Para quienes vivimos en Estados Unidos y en las naciones relacionadas con las políticas estadounidenses, es importante que se mantenga la independencia de los poderes, que la Casa Blanca tenga un contrapeso y que se fortalezca el sistema democrático. Ciudad de Los Ángeles, California donde se asientan miles de latinos. A partir de las historias recogidas en el libro y de su experiencia como periodista migrante, ¿todavía existe el sueño americano? Después de más de 20 años viviendo en Estados Unidos, mi percepción es que el sueño americano es, en gran medida, un mito construido por Hollywood. La influencia del cine y la televisión estadounidense ha sido enorme. Desde América Latina se observa este país como la tierra donde todos los sueños pueden hacerse realidad. Pero aquí los dólares no se recogen de los árboles. Para salir adelante hay que luchar, sudar y dejar una parte de la vida. Se paga un precio muy alto. Para muchas personas, el sueño termina convirtiéndose en una pesadilla americana. Antes de 2025, pese a las barreras, los migrantes podían avanzar con esfuerzo y tenacidad. Ahora deben enfrentar el alto costo de la vida y un ambiente de persecución que también alcanza a personas con residencia legal o ciudadanía estadounidense. En esta periodo hemos presenciado situaciones que antes parecían inimaginables. Muchos latinos sienten que deben salir con sus documentos para demostrar quiénes son y cuál es su estatus. Ese temor revela hasta dónde ha llegado la desconfianza contra la gente de color. Las deportaciones y los operativos migratorios han generado zozobra. Algunas personas, aunque no hayan sido detenidas, contemplan marcharse por cuenta propia. Frente a ese panorama quedan la participación ciudadana, la defensa institucional de los derechos y la solidaridad. Jóvenes asiáticos, afroestadounidenses, anglosajones y latinos han salido juntos a las calles para respaldar a quienes hoy se intenta silenciar o expulsar. Esa respuesta colectiva demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, todavía existe una parte de Estados Unidos dispuesta a defender la dignidad humana. Soudi Jiménez es una voz crítica ante el estigmas contra la inmigración y contribuye como hispano a dignificar al ser humano y al hombre y mujer trabajador en busca de oportunidades. Este relato duro para la política migratoria actual lleva una mirada más profunda, donde la migración ya no es una oportunidad si no una supervivencia. Durante la presentación del libro Ecos migrantes. *** Ecos migrantes aglutina veintisiete relatos periodísticos —noticias, reportajes y crónicas— que fueron publicados principalmente entre 2019 y 2024 en la sección en español del diario Los Angeles Times, medio para el que Jiménez trabaja desde mayo de 2012 dando cobertura a temas latinos, con énfasis en asuntos relacionados a la pujante comunidad centroamericana que asciende a 800 mil personas en el condado de Los Ángeles, más de la mitad de esa población es salvadoreña. El libro Ecos migrantes se puede adquirir en librerías y en plataformas de distribución bajo demanda en España. También en Estados Unidos y en todas las naciones de América Latina a través de los portales libreriauca.com, Busca Libre y Amazon. Pueden seguir a Jiménez en X, Instagram y YouTube en su cuenta @soudijimenez; el autor ha creado una cuenta en Instagram @ecosmigrantes para conectar con el público que adquiere su libro.

Muchos se fueron con promesas, después de ver anuncios en tiktok que podrían solucionar económicamente el desempleo y las cosas no resultaron como esperaban. Quedaron en el frente de batalla de un conflicto bélico y algunos han perdido la vida. Por Grisel Bethancourt La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para algunas familias panameñas. Lo que comenzó como una oportunidad para obtener mejores ingresos terminó llevando a varios ciudadanos hasta una zona de combate, donde algunos perdieron la vida, otros permanecen desaparecidos y varios lograron regresar al país. El caso volvió a cobrar fuerza tras conocerse que uno de los panameños fallecidos será repatriado. Paralelamente, familiares de otros jóvenes continúan buscando información sobre su paradero, mientras esperan respuestas de las autoridades panameñas. Tienen 90% de probabilidades de morir Camilo Flórez, conocido como "Bob", un exmayor de la Policía Nacional de Panamá, asegura que la guerra que encontró en Ucrania fue muy distinta a la que imaginó antes de viajar. Tras incorporarse como instructor, decidió desertar porque, según relata, presenció "torturas", actos de "corrupción" y un sistema que, afirma, termina exponiendo a los combatientes extranjeros a riesgos mucho mayores de los que les prometen al momento de ser reclutados. Durante una entrevista en el programa 180 Minutos, de Radio Red, sostuvo que quienes llegan al país conocen que se incorporan a un escenario de guerra, pero aseguró que el verdadero engaño comienza una vez ingresan a determinadas unidades militares. Explicó que muchos terminan siendo enviados a la primera línea de combate, pese a que, según él, esa no era la función para la que fueron contratados. Flórez también afirmó que existen casos en los que las muertes de combatientes extranjeros no son reportadas como fallecimientos, sino como desapariciones. Según su testimonio, esta situación dificulta que las familias conozcan el destino de sus seres queridos y, además, puede afectar el acceso a las compensaciones económicas previstas para quienes mueren en servicio. De acuerdo con su relato, los contratos contemplan incentivos económicos que pueden alcanzar unos 400 mil grivnas ucranianas (alrededor de 9 mil dólares) al ingresar en una misión de combate. Sin embargo, aseguró que en algunas unidades esos pagos son objeto de presuntas irregularidades y que, en la práctica, "el problema es sobrevivir para poder cobrarlos". El exoficial panameño también denunció que a varios voluntarios extranjeros les retienen los pasaportes una vez llegan al país. Añadió que, si deciden abandonar las filas o son capturados, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, conoció casos de combatientes que fueron enviados al frente apenas una semana después de incorporarse. Flórez manifestó su sorpresa al conocer que hay muchos panameños participando en la guerra entre Rusia y Ucrania. A su juicio, muchas personas desconocen la realidad que se vive en el terreno y toman la decisión motivadas por expectativas que luego no corresponden con lo que encuentran. "Esto de la guerra no es un juego. No todo lo que brilla es oro", advirtió durante la entrevista. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes consideran viajar para integrarse al conflicto: "Yo les diría que no vayan. Hay mucha corrupción. Tienen muchas posibilidades de morir. No vayan a la guerra". La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por familiares de ciudadanos que viajaron al extranjero tras recibir ofertas de empleo. Las diligencias buscan establecer si durante ese proceso se cometieron delitos en territorio panameño. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que el Estado panameño no tiene ninguna relación con las personas que decidieron participar en el conflicto y reiteró que cualquier denuncia debe ser presentada ante el Ministerio Público y las autoridades competentes. Los testimonios de familiares muestran historias distintas. Algunos aseguran que sus parientes fueron convencidos con promesas laborales que terminaron llevándolos al frente de guerra. Otros sostienen que aceptaron contratos para prestar servicios en zonas de combate, mientras algunos sobrevivientes han relatado las dificultades que enfrentaron para abandonar el conflicto y regresar a Panamá. El tema también fue abordado por el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, quien reveló en una entrevista con TVN que al menos dos exmiembros de esa institución murieron mientras combatían en Ucrania. Según explicó, las familias conocen el desenlace, pero hasta el momento no han podido recuperar los cuerpos. Ortega agregó que otro integrante de las Fuerzas Especiales permanece desaparecido desde hace más de un año, luego de viajar hacia la zona de conflicto. A su juicio, estos casos reflejan una realidad que comenzó a observarse hace varios años entre exuniformados que buscaron oportunidades fuera del país. En TikTok aparecen videos de testimonios de víctimas y de reclutadores, como de soldados panameños en la guerra, tanto expolicías como civiles. El excomisionado recordó además que, cuando dirigía la Unidad de Fuerzas Especiales en 2010, varios integrantes abandonaron la institución para trabajar en países como Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Según indicó, esa migración respondía a ofertas de empleo relacionadas con servicios de seguridad. La presencia de ciudadanos extranjeros en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido documentada desde el inicio del conflicto. Algunos llegaron como voluntarios, otros fueron contratados por empresas o unidades militares y, en distintos países, las autoridades investigan denuncias sobre posibles mecanismos de reclutamiento mediante engaños o falsas ofertas de trabajo. En Panamá, las investigaciones apenas comienzan. Mientras las autoridades determinan si existieron responsabilidades penales, varias familias enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o esperan el regreso de quienes nunca imaginaron que una oferta de trabajo terminaría llevándolos a una guerra librada a miles de kilómetros de su hogar. El gobierno ucraniano no se ha pronunciado a raíz de estas denuncias.

Por Grisel Bethancourt La Asamblea Nacional atraviesa un hervidero político. Mientras continúan las negociaciones para conformar las comisiones permanentes, la Comisión de Presupuesto sigue sin instalarse. Esa demora tiene consecuencias fuera del Palacio Justo Arosemena: 128 funcionarios transitorios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) acumulan cuatro meses sin recibir salario. La espera ya afecta la economía de decenas de familias. Cuatro meses sin ingresos significan dificultades para cubrir el alquiler o la hipoteca, cumplir con préstamos bancarios, pagar servicios básicos y sostener los gastos cotidianos del hogar. A ello se suma otro obstáculo: muchos continúan desempeñando funciones sin contar con los recursos económicos que normalmente utilizan para movilizarse hasta sus puestos de trabajo. Los trabajadores afectados no ocupan cargos administrativos comunes. Entre ellos hay inspectores de pesca, personal encargado del monitoreo satelital de embarcaciones nacionales e internacionales y funcionarios responsables de la vigilancia pesquera. Se trata de personal especializado que cumple funciones estratégicas para la protección y control de los recursos acuáticos del país. El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó a Archivos Abiertos que la institución requiere la aprobación de un crédito extraordinario por B/.3.5 millones para cubrir los salarios del personal transitorio hasta el 31 de diciembre y otros compromisos presupuestarios. Indicó que el trámite fue gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitido a la Asamblea Nacional, donde permanece pendiente de aprobación. Según Carrasquilla, la ARAP fue citada por la Comisión de Presupuesto el 16 de junio. Sin embargo, la sesión no pudo realizarse por falta de cuórum y, desde entonces, el crédito continúa sin discutirse. "Soy el primero que está preocupado", expresó el funcionario, quien aseguró que la institución mantiene comunicación permanente con los trabajadores afectados. El administrador afirmó que los recursos están garantizados y que los 128 funcionarios recibirán la totalidad de los salarios adeudados con efecto retroactivo, una vez el crédito extraordinario sea aprobado. Añadió que para el presupuesto de 2027 ya fue incorporada una partida que permitirá financiar durante los doce meses a este personal, con el propósito de evitar que la situación vuelva a repetirse. Mientras se resuelve el trámite legislativo, la institución adoptó medidas paliativas para conservar el recurso humano especializado. Entre ellas, autorizó el teletrabajo para quienes pueden desarrollar sus funciones de manera remota y adelantó vacaciones en algunos casos. "No queremos perder este recurso humano", sostuvo Carrasquilla, al destacar que se trata de personal con experiencia y conocimientos técnicos difíciles de reemplazar. Actualmente, uno de cada cuatro funcionarios de la ARAP trabaja bajo contratos transitorios, una condición que, según la institución, la hace depender de créditos extraordinarios para completar el financiamiento de esa planilla. El caso deja en evidencia cómo un retraso en un trámite legislativo puede terminar afectando tanto a servidores públicos como al funcionamiento de áreas sensibles para la vigilancia y el control de la actividad pesquera en Panamá.

​Por: Grisel Bethancourt El periodismo actual padece de una alarmante pérdida de filtros. En la prisa por llenar el feed de las redes sociales, muchos profesionales han renunciado a su rol más sagrado: ser selectivos. Hoy, algunas cuentas de periodistas parecen extensiones de las oficinas de prensa gubernamentales, reproduciendo comunicados e imágenes oficiales de forma automática, sin el más mínimo cuestionamiento. Cómo hay redes de creadores que no son comunicadores y tienen la misión de reproducirlas. Allí está lo distinto en el periodismo. ​Podemos considerar por la experiencia que un decomiso de drogas o una incautación de armas no es, por sí misma, una noticia completa. Es apenas el síntoma. El verdadero periodismo independiente no se queda en la foto del cargamento; se pregunta el porqué. Falta análisis, faltan voces expertas y fuentes independientes que expliquen el contexto real. La pregunta que la audiencia se hace —y que el periodista debe responder— es simple: ¿Este operativo realmente resuelve la inseguridad en las calles o es solo cosmética contra el crimen organizado? ​Desarmar el autoelogio: la noticia está en el cuarto párrafo ​Los lectores de hoy están cansados del discurso plano; buscan autenticidad y puntos de vista claros. Mientras las instituciones diseñan boletines repletos de autoelogios, con esto nos encontramos a diario, el deber del reportero es buscar la verdadera noticia que casi siempre se oculta, deliberadamente, en el tercer o cuarto párrafo. ​El contraste del enfoque informativo: ▪ ​El comunicado dice:"Inauguramos un nuevo hospital con tecnología de punta". ▪ ​El periodismo investiga:¿Cuántas camas reales suma este hospital al sistema y qué deficiencias estructurales del sector viene a cubrir? ​Humanizar el dato y romper el molde formal ​La diferencia entre la propaganda y la información radica en el sujeto de la historia. El comunicado siempre habla en abstracto; el periodismo habla de personas. Si una política pública no se traduce en el impacto directo sobre la vida del ciudadano común, es solo burocracia en papel satinado. ​Para conectar con las audiencias actuales sin perder el rigor, el camino es cambiar el formato. El desafío moderno está en traducir un anuncio institucional extenso y denso en un hilo de datos conciso, directo y digerible, pero con una profunda carga analítica. ​Hay que recordar una frontera que hoy parece borrosa: el periodismo no es lo mismo que la creación de contenido sin técnicas informativas. Crear contenido busca el clic rápido o el entretenimiento; hacer periodismo exige contrastar, verificar y fiscalizar al poder. Devolvamos la fiscalización a las salas de nuestra redacción independiente. Creará respeto y credibilidad.

En su segundo año de gobierno, José Raúl Mulino enfrenta un escenario marcado por profundas contradicciones. Mientras su administración defiende la estabilidad económica, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos como las disyuntivas recientes con China y el impulso de proyectos estratégicos de infraestructura que aún no se concretan, persisten desafíos que alimentan el descontento ciudadano. La confrontación con sindicatos, educadores y otros sectores sociales, el desempleo, la inseguridad, la elevada deuda pública, la falta de acceso al agua potable y el déficit de infraestructura mantienen una creciente deuda social. A ello se suma el debate sobre el futuro de la mina de cobre, una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversión y generar empleo, pero que continúa enfrentando un amplio rechazo de sectores ciudadanos, ambientales y populares, convirtiéndose en uno de los mayores retos políticos de la administración. Mientras la Asamblea Nacional escoge su nueva directiva entre reuniones de partidos aliados con el ejecutivo, la diputada opositora de Vamos, Jeanine Prado cuestiona al Presidente al parecer decidido a construir personalmente los votos para la elección del 1 de julio. "Si ese es el camino, ¿qué pasó con el discurso de que el Ejecutivo no interfería en la Asamblea? La separación de poderes no puede ser un principio que se invoque solo cuando conviene.", dijo Prado. Las distancias y conveniencias políticas se enmarcan aún más en el poder . Desafíos del gobierno: Desempleo: La tasa de desempleo se ubicó en 10.4 % al cierre de 2025, equivalente a más de 210 mil personas sin trabajo, mientras la informalidad sigue afectando a una parte importante de la población económicamente activa. Deuda pública: La deuda del Sector Público No Financiero supera los B/.60 mil millones, lo que obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares al pago de intereses y amortizaciones, reduciendo el espacio para nuevas inversiones sociales. Seguridad ciudadana: Durante el primer semestre de 2026 se registraron 158 homicidios, de los cuales las autoridades atribuyen cerca del 76 % al crimen organizado y al narcotráfico. También persisten cuestionamientos por fugas de privados de libertad. Agua potable: Miles de familias continúan enfrentando interrupciones en el suministro, especialmente en Panamá Oeste, Azuero y otras regiones, donde la crisis hídrica sigue sin una solución definitiva. Infraestructura: El déficit en carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y saneamiento continúa siendo una de las principales deudas del Estado, pese al anuncio de megaproyectos. Conflicto social: La confrontación con educadores, sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos sociales se intensificó tras la reforma de la CSS y el debate sobre la mina. Mina de cobre: El Gobierno sostiene que la actividad minera representa empleo e ingresos para el país, pero enfrenta un importante nivel de desconfianza ciudadana y demandas de mayor transparencia y consenso. Conflictos de interés: Han persistido cuestionamientos sobre ministros y altos funcionarios que mantienen vínculos con actividades privadas relacionadas con sus áreas de gestión, reavivando el debate sobre ética y transparencia. Salud: A pesar de los programas para reducir el costo de algunos medicamentos, continúan las denuncias por desabastecimiento, mora quirúrgica y deficiencias en la atención hospitalaria. Polarización: El Gobierno inicia su tercer año con un clima de confrontación política y social que aún no logra superar.

La metodología investigativa del Ministerio Público en Panamá en el caso Marco Andrade y Genaro López: una reflexión dogmática. Por Miguel Ángel Rodríguez, Abogado litigante. El proceso penal moderno no fue concebido para producir culpables mediante narrativas de alto impacto ni para legitimar decisiones previamente construidas. Su finalidad consiste en descubrir la verdad a través de un procedimiento objetivo, contradictorio, científicamente verificable y respetuoso de las garantías fundamentales. Precisamente por ello, el proceso penal acusatorio distingue claramente entre investigar, imputar, solicitar medidas cautelares y condenar. Cada una de estas etapas responde a presupuestos jurídicos distintos y exige estándares probatorios progresivamente más rigurosos. La principal preocupación que deja el proceso seguido contra Marco Andrade y Genaro López no es la existencia de una investigación penal. Investigar constituye un deber constitucional del Ministerio Público. Lo verdaderamente preocupante es la metodología utilizada para construir esa investigación y la forma en que dicha metodología se aparta de los principios que gobiernan el proceso penal acusatorio. Uso reiterado de la reserva Una de las primeras anomalías metodológicas aparece en el uso reiterado de la reserva. No se trató de una reserva excepcional destinada a proteger una diligencia concreta cuya eficacia pudiera verse comprometida. Se utilizaron cinco (5) reservas sucesivas, impidiendo durante meses que la defensa conociera los fundamentos esenciales de la hipótesis incriminatoria. La consecuencia fue evidente, y no es otra qué, la defensa llegó a la audiencia sin conocer integralmente los elementos sobre los cuales el Ministerio Público construiría sus argumentos llenos de inferencias subjetivas y genéricas. La excepción terminó convirtiéndose en regla, afectando el principio de igualdad de armas y desnaturalizando el sentido mismo de la reserva procesal. Esa situación se agravó porque el Ministerio Público continuó incorporando documentos al sistema TEMIX el mismo día y a pocas horas de dar inicio a la audiencia. Particularmente significativo resulta que uno de los informes financieros policiales aparece fechado el 26 de junio de 2026 y solamente fue puesto a disposición de la defensa mediante TEMIX el sábado 27 de junio de 2026, fecha en que se fijaron las audiencias de control de aprehensión, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares. No basta permitir el acceso formal a un documento; el derecho de defensa exige tiempo razonable para estudiarlo, analizarlo y preparar una contradicción técnicamente adecuada. Cuando el descubrimiento probatorio ocurre simultáneamente con la audiencia, la igualdad de armas desaparece y el principio de lealtad procesal resulta seriamente comprometido. ¿Basta un informe policial? Otro aspecto metodológicamente cuestionable radica en el valor otorgado a los informes elaborados por unidades policiales. Gran parte de la teoría del caso descansa sobre verificaciones realizadas respecto de nombres, cédulas, personas fallecidas, menores de edad, firmas y otras supuestas inconsistencias documentales. Sin embargo, un informe policial constituye apenas un acto preliminar de investigación. No equivale a una pericia documentológica, no sustituye una auditoría forense y no posee, por sí solo, la fuerza técnica necesaria para demostrar la existencia de falsedad documental, apropiación de fondos o manipulación dolosa de registros. Existe una diferencia sustancial entre detectar una posible inconsistencia y demostrar científicamente un hecho penalmente relevante. Cuando un agente policial afirma que una firma no coincide, que una persona aparece fallecida o que determinada cédula corresponde a otra identidad, únicamente genera una hipótesis investigativa que exige posteriores actos de corroboración. Esa hipótesis debía ser sometida a pericias grafotécnicas, certificaciones oficiales, entrevistas individualizadas, reconstrucciones documentales y demás diligencias especializadas. La investigación, sin embargo, parece haber dado el salto desde la observación policial preliminar hasta la conclusión penal definitiva sin recorrer adecuadamente esa etapa de verificación técnica. La misma observación merece el denominado informe financiero policial. Dicho informe fue utilizado para sostener la existencia de movimientos bancarios que, según el Ministerio Público, no guardaban relación con los ingresos conocidos de Marcos Andrade. No obstante, un análisis financiero preliminar no constituye una auditoría forense. La simple existencia de depósitos, transferencias o diferencias patrimoniales no demuestra por sí sola la comisión del delito de blanqueo de capitales. La metodología científica exige reconstruir el origen de cada movimiento, identificar todas las fuentes lícitas de ingreso, verificar préstamos, ahorros, jubilaciones, obligaciones financieras, ingresos sindicales, movimientos entre cuentas propias y cualquier otra explicación razonable antes de concluir que existe un origen ilícito. En materia penal no basta afirmar que una persona recibió más dinero del que refleja su salario. Debe demostrarse cuál fondo específico proviene del delito precedente, cómo ingresó al sistema financiero, cuál fue el acto concreto de ocultamiento y de qué manera se produjo la supuesta operación de blanqueo. Esa reconstrucción integral no puede ser sustituida por cuadros comparativos de depósitos elaborados por unidades policiales. La diferencia patrimonial plantea una línea de investigación; no constituye, por sí misma, prueba del delito. Incorrecciones administrativas según Contraloría También resulta particularmente significativo examinar el contenido real de las entrevistas practicadas por el propio Ministerio Público. Los auditores de la Contraloría hablaron de incorrecciones administrativas y de la ausencia de determinados documentos sustentadores. No afirmaron haber observado apropiaciones personales de fondos públicos, ni señalaron haber presenciado falsificaciones documentales o desvíos dolosos ejecutados por Marcos Andrade o Genaro López. Las funcionarias del Instituto Panameño de Estudios Laborales y del Ministerio de Trabajo describieron el funcionamiento administrativo del sistema, explicaron competencias institucionales y detallaron procedimientos reglamentarios. Ninguna de ellas relató haber observado personalmente conductas típicas de peculado o blanqueo de capitales. Existe, por tanto, una diferencia evidente entre lo que realmente declararon los funcionarios y la construcción incriminatoria realizada posteriormente por el Ministerio Público. Debilidad de la investigación Quizá la mayor debilidad metodológica de toda la investigación consiste en haber invisibilizado el propio sistema estatal de control diseñado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 18 de enero de 2012. Ese reglamento no depositó el control de los recursos públicos exclusivamente sobre las organizaciones sindicales. Por el contrario, estableció una compleja estructura institucional integrada por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, la Comisión de Educación Sindical, la Subcomisión de Monitoreo, la Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República. Cada uno de esos órganos tenía competencias específicas para revisar, verificar, fiscalizar, observar y, en caso necesario, impedir cualquier desembolso que estimara contrario a la normativa. Marco Andrade y Genaro López podían presentar solicitudes de reembolso, pero carecían absolutamente de facultades legales para aprobarlas. No podían sustituir el criterio técnico de los monitores. No podían ordenar a los auditores internos validar la documentación. No podían imponer a la Contraloría el refrendo de un pago ni disponer que el Ministerio de Trabajo efectuara un desembolso. Todas esas competencias correspondían exclusivamente a funcionarios públicos investidos de deberes funcionales específicos. Desde la teoría de la imputación objetiva, desarrollada por Claus Roxin, la responsabilidad penal exige identificar quién creó el riesgo jurídicamente desaprobado y quién tenía dominio funcional para evitar el resultado. Günther Jakobs agrega que la responsabilidad depende del rol institucional asignado por el ordenamiento jurídico. Nadie responde penalmente por deberes que la ley atribuye a otro. La denominada prohibición de regreso impide precisamente trasladar responsabilidad penal hacia quien únicamente intervino en una etapa previa cuando el resultado dependía de decisiones autónomas adoptadas posteriormente por funcionarios investidos de competencias propias. En igual sentido opera el principio de confianza. En organizaciones complejas, cada interviniente puede confiar razonablemente en que los demás funcionarios cumplirán correctamente las obligaciones que la ley les impone. Marcos Andrade y Genaro López tenían derecho a confiar en que el IPEL, la Comisión de Educación Sindical, los monitores, la Auditoría Interna y la Contraloría General ejercerían adecuadamente los controles previstos por el propio Decreto Ejecutivo No. 2. Pretender ahora trasladar íntegramente la responsabilidad penal hacia quienes carecían de facultades para aprobar o rechazar los reembolsos altera completamente la distribución normativa de competencias diseñada por el Estado. Espacio mediático en la investigación Finalmente, merece reflexión la utilización paralela del espacio mediático durante el desarrollo de esta investigación. Los medios tradicionales y las redes sociales cumplen una función esencial en toda democracia al informar sobre asuntos de interés público. Sin embargo, cuando la narrativa mediática termina complementando la estrategia procesal, surge el riesgo de sustituir el debate probatorio por la construcción anticipada de percepciones públicas de culpabilidad. La legitimidad de una investigación debe descansar exclusivamente en la fortaleza jurídica de sus elementos de convicción, nunca en su capacidad para influir sobre la opinión pública. El Estado constitucional de derecho no necesita investigaciones espectaculares. Necesita investigaciones objetivas, metodológicamente rigurosas, técnicamente verificables y respetuosas del contradictorio. La fortaleza del proceso penal no se mide por la severidad de las imputaciones ni por la intensidad de la exposición mediática. Se mide por la calidad científica de la investigación que las sustenta y por la capacidad del Estado para demostrar sus hipótesis respetando íntegramente las garantías que la Constitución reconoce a toda persona sometida a investigación.

El regreso de privados de libertad a Coiba reabre una de las páginas más oscuras de la historia panameña. Mientras el Gobierno argumenta razones de seguridad, expertos advierten que la corrupción y la pérdida de control en las cárceles siguen siendo el verdadero problema de fondo. Por Grisel Bethancourt Veintidós años después de que el Estado panameño cerrara la temida colonia penal de Coiba, 29 detenidos considerados de alta peligrosidad amanecieron nuevamente en la isla. Entre los trasladados figuran reclusos procedentes de distintos centros penitenciarios, incluidos algunos que permanecían en Punta Coco, un penal destinado a personas vinculadas con estructuras criminales y condenadas por delitos como narcotráfico y crimen organizado. El traslado ocurre en medio de una crisis penitenciaria agravada por la reciente fuga masiva de 199 detenidos de La Joyita, un episodio que expuso graves fallas de seguridad y por el cual varios mandos policiales se encuentran bajo investigación. Reos en distintas cárceles han sido sometidos a requisas, luego de la fuga de 199 detenidos de La Joyita. Foto Policía Nacional. La decisión del Gobierno de reactivar un centro de detención en Coiba reabre viejos fantasmas. Durante décadas, la isla fue sinónimo de castigo, aislamiento y violaciones a los derechos humanos. Por sus celdas pasaron opositores de la dictadura militar, delincuentes comunes y miembros de las desaparecidas Fuerzas de Defensa. Fue allí donde militares asesinaron al dirigente revolucionario Floyd Britton y desaparecieron su cuerpo en 1968. También en Coiba fueron hallados en 2021 los restos de Juan Nicasio Lekas, opositor al régimen militar, identificado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses décadas después de su desaparición. La isla también albergó a cientos de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa que participaron en levantamientos militares tras la invasión estadounidense de 1989. Floyd Britton fue asesinado y su cuerpo desaparecido en Coiba. Primer detenido de la dictadura militar en 1968 tras el golpe de Omar Torrijos. Foto internet. A estas historias se suman episodios oscuros que forman parte de la memoria colectiva panameña, entre ellos la llamada masacre de los Perros de San Joaquín y numerosos testimonios sobre abusos ocurridos dentro del penal. Sin embargo, Coiba es mucho más que su pasado penitenciario. La isla forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su extraordinaria biodiversidad marina y terrestre. Ubicada frente a las costas de Veraguas, es la isla más grande de Panamá, con una superficie aproximada de 503 kilómetros cuadrados. El fracaso del sistema La reapertura de un centro de detención en Coiba plantea una pregunta inevitable: ¿qué ha fallado en el sistema penitenciario panameño? La crisis no parece limitarse a la infraestructura. Durante años, informes, investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles han señalado problemas estructurales relacionados con corrupción, tráfico de drogas, ingreso de armas, extorsiones y la creciente influencia de grupos criminales dentro de las cárceles. Durante las requisas se han encontrado todo tipo de objetos letales. Foto Policía Nacional. El propio Ministerio de Seguridad reconoció indirectamente las vulnerabilidades de Punta Coco. En el comunicado mediante el cual anunció el traslado de los 29 detenidos, señaló que la medida responde a la situación que presenta ese centro, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños. La institución destacó además que el nuevo centro ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas cuenta con personal especializado y equipos de última generación para impedir la continuidad de esas actividades criminales. No obstante, el Gobierno no ha explicado públicamente cómo se tomó la decisión de habilitar nuevamente instalaciones penitenciarias en Coiba, cuándo fueron acondicionadas ni bajo qué parámetros operará este nuevo esquema de detención. Mi Ambiente entre dos discursos El Ministerio de Ambiente aseguró que el traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a instalaciones ya existentes del SENAN en Isla Coiba no ha provocado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba ni ha implicado nuevas construcciones dentro del área protegida. Recreación del penal en Coiba. IA. Según la entidad, la operación fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, motivo por el cual MiAmbiente afirma que no tenía conocimiento previo del traslado. Además, reiteró que la utilización de las instalaciones actuales difiere de la propuesta de establecer un centro penitenciario permanente en la isla. Mi Ambiente sostuvo que mantiene su rechazo a cualquier proyecto que implique nuevas edificaciones o la transformación de Coiba en una cárcel permanente, al considerar que ello sería incompatible con las normas ambientales, legales y de protección del sitio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. El diario La Prensa publicó el contenido de la carta fechada el 10 de mayo enviada por el ministro Juan Carlos Navarro a su homologa Dinoska Montalvo, donde se menciona que el Parque Nacional Coiba corre peligro de convertirse en isla penal frente al sitio que es patrimonio ambiental declarado por la UNESCO, debido a los compromisos existentes, por lo que hay una inviabilidad legal. Una advertencia desde la historia Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), considera que el debate trasciende la coyuntura actual. "Históricamente, las autoridades panameñas han justificado este tipo de centros de reclusión bajo el argumento de albergar exclusivamente a personas consideradas de alta peligrosidad. Sin embargo, la experiencia panameña demuestra que las medidas excepcionales suelen ampliarse con el tiempo y terminar alcanzando a sectores distintos de aquellos para los cuales fueron originalmente anunciadas", advierte. Para Guzmán, la preocupación no surge de especulaciones sino de lecciones históricas concretas. Por ello insiste en que cualquier medida de aislamiento extremo debe estar sometida a vigilancia democrática permanente para evitar que, en el futuro, pueda utilizarse contra dirigentes sindicales, líderes comunitarios, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos o personas perseguidas por razones políticas. El exinvestigador forense, Julio Alonso —quien ha seguido de cerca la evolución del sistema penitenciario— considera que el traslado no resuelve el problema de fondo. Julio Alonso, exinvestigador de la PTJ y perito forense. "El detenido siempre buscará mecanismos para sobrevivir y adaptarse. Si no se combate la corrupción dentro del sistema, simplemente se traslada el problema de un lugar a otro", sostiene Alonso. La corrupción como denominador común La periodista Rekha Chandiramani, en su reciente investigación ¿Cómo entran las armas a la cárcel?, documentó cómo algunos pabellones son custodiados directamente por unidades policiales, a pesar de que la ley establece que la seguridad interna corresponde a custodios civiles adscritos al Sistema Penitenciario. En otra investigación, titulada La Policía de Panamá: un Frankenstein uniformado, más de una decena de fuentes consultadas por la periodista señalaron la penetración del crimen organizado en distintos niveles de la estructura policial. "El detenido siempre va a buscar la forma de sobrevivir y el sistema ha fallado por los niveles de corrupción. Si desean evitar el problema delincuencial deben iniciar por controlar las cárceles, donde la parte criminal no ha parado: extorsión, narcotráfico, comercio de dinero, entre otros", dijo por su parte, Alonso. Las conclusiones de estas investigaciones apuntan a una realidad incómoda: la crisis penitenciaria no es únicamente un problema de edificios, muros o celdas. Es también el resultado de redes de corrupción que permiten el ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. La prófuga más peligrosa y más evadida es la responsabilidad penal de los encargados del Sistema Penal en Panamá. Julio Alonso Si el Estado pretende recuperar el control frente al avance de las organizaciones criminales, deberá comenzar por recuperar el control de sus propias cárceles. Porque el retorno de 29 hombres a Coiba no solo revive el recuerdo de una prisión que Panamá creyó dejar atrás en 2004. También expone las profundas grietas de un sistema que, dos décadas después, sigue sin resolver los problemas que lo llevaron a fracasar. *** Foto portada, imagen de video del Ministerio de Seguridad.