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Muchos se fueron con promesas, después de ver anuncios en tiktok que podrían solucionar económicamente el desempleo y las cosas no resultaron como esperaban. Quedaron en el frente de batalla de un conflicto bélico y algunos han perdido la vida. Por Grisel Bethancourt La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para algunas familias panameñas. Lo que comenzó como una oportunidad para obtener mejores ingresos terminó llevando a varios ciudadanos hasta una zona de combate, donde algunos perdieron la vida, otros permanecen desaparecidos y varios lograron regresar al país. El caso volvió a cobrar fuerza tras conocerse que uno de los panameños fallecidos será repatriado. Paralelamente, familiares de otros jóvenes continúan buscando información sobre su paradero, mientras esperan respuestas de las autoridades panameñas. Tienen 90% de probabilidades de morir Camilo Flórez, conocido como "Bob", un exmayor de la Policía Nacional de Panamá, asegura que la guerra que encontró en Ucrania fue muy distinta a la que imaginó antes de viajar. Tras incorporarse como instructor, decidió desertar porque, según relata, presenció "torturas", actos de "corrupción" y un sistema que, afirma, termina exponiendo a los combatientes extranjeros a riesgos mucho mayores de los que les prometen al momento de ser reclutados. Durante una entrevista en el programa 180 Minutos, de Radio Red, sostuvo que quienes llegan al país conocen que se incorporan a un escenario de guerra, pero aseguró que el verdadero engaño comienza una vez ingresan a determinadas unidades militares. Explicó que muchos terminan siendo enviados a la primera línea de combate, pese a que, según él, esa no era la función para la que fueron contratados. Flórez también afirmó que existen casos en los que las muertes de combatientes extranjeros no son reportadas como fallecimientos, sino como desapariciones. Según su testimonio, esta situación dificulta que las familias conozcan el destino de sus seres queridos y, además, puede afectar el acceso a las compensaciones económicas previstas para quienes mueren en servicio. De acuerdo con su relato, los contratos contemplan incentivos económicos que pueden alcanzar unos 400 mil grivnas ucranianas (alrededor de 9 mil dólares) al ingresar en una misión de combate. Sin embargo, aseguró que en algunas unidades esos pagos son objeto de presuntas irregularidades y que, en la práctica, "el problema es sobrevivir para poder cobrarlos". El exoficial panameño también denunció que a varios voluntarios extranjeros les retienen los pasaportes una vez llegan al país. Añadió que, si deciden abandonar las filas o son capturados, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, conoció casos de combatientes que fueron enviados al frente apenas una semana después de incorporarse. Flórez manifestó su sorpresa al conocer que hay muchos panameños participando en la guerra entre Rusia y Ucrania. A su juicio, muchas personas desconocen la realidad que se vive en el terreno y toman la decisión motivadas por expectativas que luego no corresponden con lo que encuentran. "Esto de la guerra no es un juego. No todo lo que brilla es oro", advirtió durante la entrevista. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes consideran viajar para integrarse al conflicto: "Yo les diría que no vayan. Hay mucha corrupción. Tienen muchas posibilidades de morir. No vayan a la guerra". La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por familiares de ciudadanos que viajaron al extranjero tras recibir ofertas de empleo. Las diligencias buscan establecer si durante ese proceso se cometieron delitos en territorio panameño. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que el Estado panameño no tiene ninguna relación con las personas que decidieron participar en el conflicto y reiteró que cualquier denuncia debe ser presentada ante el Ministerio Público y las autoridades competentes. Los testimonios de familiares muestran historias distintas. Algunos aseguran que sus parientes fueron convencidos con promesas laborales que terminaron llevándolos al frente de guerra. Otros sostienen que aceptaron contratos para prestar servicios en zonas de combate, mientras algunos sobrevivientes han relatado las dificultades que enfrentaron para abandonar el conflicto y regresar a Panamá. El tema también fue abordado por el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, quien reveló en una entrevista con TVN que al menos dos exmiembros de esa institución murieron mientras combatían en Ucrania. Según explicó, las familias conocen el desenlace, pero hasta el momento no han podido recuperar los cuerpos. Ortega agregó que otro integrante de las Fuerzas Especiales permanece desaparecido desde hace más de un año, luego de viajar hacia la zona de conflicto. A su juicio, estos casos reflejan una realidad que comenzó a observarse hace varios años entre exuniformados que buscaron oportunidades fuera del país. En TikTok aparecen videos de testimonios de víctimas y de reclutadores, como de soldados panameños en la guerra, tanto expolicías como civiles. El excomisionado recordó además que, cuando dirigía la Unidad de Fuerzas Especiales en 2010, varios integrantes abandonaron la institución para trabajar en países como Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Según indicó, esa migración respondía a ofertas de empleo relacionadas con servicios de seguridad. La presencia de ciudadanos extranjeros en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido documentada desde el inicio del conflicto. Algunos llegaron como voluntarios, otros fueron contratados por empresas o unidades militares y, en distintos países, las autoridades investigan denuncias sobre posibles mecanismos de reclutamiento mediante engaños o falsas ofertas de trabajo. En Panamá, las investigaciones apenas comienzan. Mientras las autoridades determinan si existieron responsabilidades penales, varias familias enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o esperan el regreso de quienes nunca imaginaron que una oferta de trabajo terminaría llevándolos a una guerra librada a miles de kilómetros de su hogar. El gobierno ucraniano no se ha pronunciado a raíz de estas denuncias.

Por Grisel Bethancourt La Asamblea Nacional atraviesa un hervidero político. Mientras continúan las negociaciones para conformar las comisiones permanentes, la Comisión de Presupuesto sigue sin instalarse. Esa demora tiene consecuencias fuera del Palacio Justo Arosemena: 128 funcionarios transitorios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) acumulan cuatro meses sin recibir salario. La espera ya afecta la economía de decenas de familias. Cuatro meses sin ingresos significan dificultades para cubrir el alquiler o la hipoteca, cumplir con préstamos bancarios, pagar servicios básicos y sostener los gastos cotidianos del hogar. A ello se suma otro obstáculo: muchos continúan desempeñando funciones sin contar con los recursos económicos que normalmente utilizan para movilizarse hasta sus puestos de trabajo. Los trabajadores afectados no ocupan cargos administrativos comunes. Entre ellos hay inspectores de pesca, personal encargado del monitoreo satelital de embarcaciones nacionales e internacionales y funcionarios responsables de la vigilancia pesquera. Se trata de personal especializado que cumple funciones estratégicas para la protección y control de los recursos acuáticos del país. El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó a Archivos Abiertos que la institución requiere la aprobación de un crédito extraordinario por B/.3.5 millones para cubrir los salarios del personal transitorio hasta el 31 de diciembre y otros compromisos presupuestarios. Indicó que el trámite fue gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitido a la Asamblea Nacional, donde permanece pendiente de aprobación. Según Carrasquilla, la ARAP fue citada por la Comisión de Presupuesto el 16 de junio. Sin embargo, la sesión no pudo realizarse por falta de cuórum y, desde entonces, el crédito continúa sin discutirse. "Soy el primero que está preocupado", expresó el funcionario, quien aseguró que la institución mantiene comunicación permanente con los trabajadores afectados. El administrador afirmó que los recursos están garantizados y que los 128 funcionarios recibirán la totalidad de los salarios adeudados con efecto retroactivo, una vez el crédito extraordinario sea aprobado. Añadió que para el presupuesto de 2027 ya fue incorporada una partida que permitirá financiar durante los doce meses a este personal, con el propósito de evitar que la situación vuelva a repetirse. Mientras se resuelve el trámite legislativo, la institución adoptó medidas paliativas para conservar el recurso humano especializado. Entre ellas, autorizó el teletrabajo para quienes pueden desarrollar sus funciones de manera remota y adelantó vacaciones en algunos casos. "No queremos perder este recurso humano", sostuvo Carrasquilla, al destacar que se trata de personal con experiencia y conocimientos técnicos difíciles de reemplazar. Actualmente, uno de cada cuatro funcionarios de la ARAP trabaja bajo contratos transitorios, una condición que, según la institución, la hace depender de créditos extraordinarios para completar el financiamiento de esa planilla. El caso deja en evidencia cómo un retraso en un trámite legislativo puede terminar afectando tanto a servidores públicos como al funcionamiento de áreas sensibles para la vigilancia y el control de la actividad pesquera en Panamá.

​Por: Grisel Bethancourt El periodismo actual padece de una alarmante pérdida de filtros. En la prisa por llenar el feed de las redes sociales, muchos profesionales han renunciado a su rol más sagrado: ser selectivos. Hoy, algunas cuentas de periodistas parecen extensiones de las oficinas de prensa gubernamentales, reproduciendo comunicados e imágenes oficiales de forma automática, sin el más mínimo cuestionamiento. Cómo hay redes de creadores que no son comunicadores y tienen la misión de reproducirlas. Allí está lo distinto en el periodismo. ​Podemos considerar por la experiencia que un decomiso de drogas o una incautación de armas no es, por sí misma, una noticia completa. Es apenas el síntoma. El verdadero periodismo independiente no se queda en la foto del cargamento; se pregunta el porqué. Falta análisis, faltan voces expertas y fuentes independientes que expliquen el contexto real. La pregunta que la audiencia se hace —y que el periodista debe responder— es simple: ¿Este operativo realmente resuelve la inseguridad en las calles o es solo cosmética contra el crimen organizado? ​Desarmar el autoelogio: la noticia está en el cuarto párrafo ​Los lectores de hoy están cansados del discurso plano; buscan autenticidad y puntos de vista claros. Mientras las instituciones diseñan boletines repletos de autoelogios, con esto nos encontramos a diario, el deber del reportero es buscar la verdadera noticia que casi siempre se oculta, deliberadamente, en el tercer o cuarto párrafo. ​El contraste del enfoque informativo: ▪ ​El comunicado dice:"Inauguramos un nuevo hospital con tecnología de punta". ▪ ​El periodismo investiga:¿Cuántas camas reales suma este hospital al sistema y qué deficiencias estructurales del sector viene a cubrir? ​Humanizar el dato y romper el molde formal ​La diferencia entre la propaganda y la información radica en el sujeto de la historia. El comunicado siempre habla en abstracto; el periodismo habla de personas. Si una política pública no se traduce en el impacto directo sobre la vida del ciudadano común, es solo burocracia en papel satinado. ​Para conectar con las audiencias actuales sin perder el rigor, el camino es cambiar el formato. El desafío moderno está en traducir un anuncio institucional extenso y denso en un hilo de datos conciso, directo y digerible, pero con una profunda carga analítica. ​Hay que recordar una frontera que hoy parece borrosa: el periodismo no es lo mismo que la creación de contenido sin técnicas informativas. Crear contenido busca el clic rápido o el entretenimiento; hacer periodismo exige contrastar, verificar y fiscalizar al poder. Devolvamos la fiscalización a las salas de nuestra redacción independiente. Creará respeto y credibilidad.

En su segundo año de gobierno, José Raúl Mulino enfrenta un escenario marcado por profundas contradicciones. Mientras su administración defiende la estabilidad económica, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos como las disyuntivas recientes con China y el impulso de proyectos estratégicos de infraestructura que aún no se concretan, persisten desafíos que alimentan el descontento ciudadano. La confrontación con sindicatos, educadores y otros sectores sociales, el desempleo, la inseguridad, la elevada deuda pública, la falta de acceso al agua potable y el déficit de infraestructura mantienen una creciente deuda social. A ello se suma el debate sobre el futuro de la mina de cobre, una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversión y generar empleo, pero que continúa enfrentando un amplio rechazo de sectores ciudadanos, ambientales y populares, convirtiéndose en uno de los mayores retos políticos de la administración. Mientras la Asamblea Nacional escoge su nueva directiva entre reuniones de partidos aliados con el ejecutivo, la diputada opositora de Vamos, Jeanine Prado cuestiona al Presidente al parecer decidido a construir personalmente los votos para la elección del 1 de julio. "Si ese es el camino, ¿qué pasó con el discurso de que el Ejecutivo no interfería en la Asamblea? La separación de poderes no puede ser un principio que se invoque solo cuando conviene.", dijo Prado. Las distancias y conveniencias políticas se enmarcan aún más en el poder . Desafíos del gobierno: Desempleo: La tasa de desempleo se ubicó en 10.4 % al cierre de 2025, equivalente a más de 210 mil personas sin trabajo, mientras la informalidad sigue afectando a una parte importante de la población económicamente activa. Deuda pública: La deuda del Sector Público No Financiero supera los B/.60 mil millones, lo que obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares al pago de intereses y amortizaciones, reduciendo el espacio para nuevas inversiones sociales. Seguridad ciudadana: Durante el primer semestre de 2026 se registraron 158 homicidios, de los cuales las autoridades atribuyen cerca del 76 % al crimen organizado y al narcotráfico. También persisten cuestionamientos por fugas de privados de libertad. Agua potable: Miles de familias continúan enfrentando interrupciones en el suministro, especialmente en Panamá Oeste, Azuero y otras regiones, donde la crisis hídrica sigue sin una solución definitiva. Infraestructura: El déficit en carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y saneamiento continúa siendo una de las principales deudas del Estado, pese al anuncio de megaproyectos. Conflicto social: La confrontación con educadores, sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos sociales se intensificó tras la reforma de la CSS y el debate sobre la mina. Mina de cobre: El Gobierno sostiene que la actividad minera representa empleo e ingresos para el país, pero enfrenta un importante nivel de desconfianza ciudadana y demandas de mayor transparencia y consenso. Conflictos de interés: Han persistido cuestionamientos sobre ministros y altos funcionarios que mantienen vínculos con actividades privadas relacionadas con sus áreas de gestión, reavivando el debate sobre ética y transparencia. Salud: A pesar de los programas para reducir el costo de algunos medicamentos, continúan las denuncias por desabastecimiento, mora quirúrgica y deficiencias en la atención hospitalaria. Polarización: El Gobierno inicia su tercer año con un clima de confrontación política y social que aún no logra superar.

La metodología investigativa del Ministerio Público en Panamá en el caso Marco Andrade y Genaro López: una reflexión dogmática. Por Miguel Ángel Rodríguez, Abogado litigante. El proceso penal moderno no fue concebido para producir culpables mediante narrativas de alto impacto ni para legitimar decisiones previamente construidas. Su finalidad consiste en descubrir la verdad a través de un procedimiento objetivo, contradictorio, científicamente verificable y respetuoso de las garantías fundamentales. Precisamente por ello, el proceso penal acusatorio distingue claramente entre investigar, imputar, solicitar medidas cautelares y condenar. Cada una de estas etapas responde a presupuestos jurídicos distintos y exige estándares probatorios progresivamente más rigurosos. La principal preocupación que deja el proceso seguido contra Marco Andrade y Genaro López no es la existencia de una investigación penal. Investigar constituye un deber constitucional del Ministerio Público. Lo verdaderamente preocupante es la metodología utilizada para construir esa investigación y la forma en que dicha metodología se aparta de los principios que gobiernan el proceso penal acusatorio. Uso reiterado de la reserva Una de las primeras anomalías metodológicas aparece en el uso reiterado de la reserva. No se trató de una reserva excepcional destinada a proteger una diligencia concreta cuya eficacia pudiera verse comprometida. Se utilizaron cinco (5) reservas sucesivas, impidiendo durante meses que la defensa conociera los fundamentos esenciales de la hipótesis incriminatoria. La consecuencia fue evidente, y no es otra qué, la defensa llegó a la audiencia sin conocer integralmente los elementos sobre los cuales el Ministerio Público construiría sus argumentos llenos de inferencias subjetivas y genéricas. La excepción terminó convirtiéndose en regla, afectando el principio de igualdad de armas y desnaturalizando el sentido mismo de la reserva procesal. Esa situación se agravó porque el Ministerio Público continuó incorporando documentos al sistema TEMIX el mismo día y a pocas horas de dar inicio a la audiencia. Particularmente significativo resulta que uno de los informes financieros policiales aparece fechado el 26 de junio de 2026 y solamente fue puesto a disposición de la defensa mediante TEMIX el sábado 27 de junio de 2026, fecha en que se fijaron las audiencias de control de aprehensión, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares. No basta permitir el acceso formal a un documento; el derecho de defensa exige tiempo razonable para estudiarlo, analizarlo y preparar una contradicción técnicamente adecuada. Cuando el descubrimiento probatorio ocurre simultáneamente con la audiencia, la igualdad de armas desaparece y el principio de lealtad procesal resulta seriamente comprometido. ¿Basta un informe policial? Otro aspecto metodológicamente cuestionable radica en el valor otorgado a los informes elaborados por unidades policiales. Gran parte de la teoría del caso descansa sobre verificaciones realizadas respecto de nombres, cédulas, personas fallecidas, menores de edad, firmas y otras supuestas inconsistencias documentales. Sin embargo, un informe policial constituye apenas un acto preliminar de investigación. No equivale a una pericia documentológica, no sustituye una auditoría forense y no posee, por sí solo, la fuerza técnica necesaria para demostrar la existencia de falsedad documental, apropiación de fondos o manipulación dolosa de registros. Existe una diferencia sustancial entre detectar una posible inconsistencia y demostrar científicamente un hecho penalmente relevante. Cuando un agente policial afirma que una firma no coincide, que una persona aparece fallecida o que determinada cédula corresponde a otra identidad, únicamente genera una hipótesis investigativa que exige posteriores actos de corroboración. Esa hipótesis debía ser sometida a pericias grafotécnicas, certificaciones oficiales, entrevistas individualizadas, reconstrucciones documentales y demás diligencias especializadas. La investigación, sin embargo, parece haber dado el salto desde la observación policial preliminar hasta la conclusión penal definitiva sin recorrer adecuadamente esa etapa de verificación técnica. La misma observación merece el denominado informe financiero policial. Dicho informe fue utilizado para sostener la existencia de movimientos bancarios que, según el Ministerio Público, no guardaban relación con los ingresos conocidos de Marcos Andrade. No obstante, un análisis financiero preliminar no constituye una auditoría forense. La simple existencia de depósitos, transferencias o diferencias patrimoniales no demuestra por sí sola la comisión del delito de blanqueo de capitales. La metodología científica exige reconstruir el origen de cada movimiento, identificar todas las fuentes lícitas de ingreso, verificar préstamos, ahorros, jubilaciones, obligaciones financieras, ingresos sindicales, movimientos entre cuentas propias y cualquier otra explicación razonable antes de concluir que existe un origen ilícito. En materia penal no basta afirmar que una persona recibió más dinero del que refleja su salario. Debe demostrarse cuál fondo específico proviene del delito precedente, cómo ingresó al sistema financiero, cuál fue el acto concreto de ocultamiento y de qué manera se produjo la supuesta operación de blanqueo. Esa reconstrucción integral no puede ser sustituida por cuadros comparativos de depósitos elaborados por unidades policiales. La diferencia patrimonial plantea una línea de investigación; no constituye, por sí misma, prueba del delito. Incorrecciones administrativas según Contraloría También resulta particularmente significativo examinar el contenido real de las entrevistas practicadas por el propio Ministerio Público. Los auditores de la Contraloría hablaron de incorrecciones administrativas y de la ausencia de determinados documentos sustentadores. No afirmaron haber observado apropiaciones personales de fondos públicos, ni señalaron haber presenciado falsificaciones documentales o desvíos dolosos ejecutados por Marcos Andrade o Genaro López. Las funcionarias del Instituto Panameño de Estudios Laborales y del Ministerio de Trabajo describieron el funcionamiento administrativo del sistema, explicaron competencias institucionales y detallaron procedimientos reglamentarios. Ninguna de ellas relató haber observado personalmente conductas típicas de peculado o blanqueo de capitales. Existe, por tanto, una diferencia evidente entre lo que realmente declararon los funcionarios y la construcción incriminatoria realizada posteriormente por el Ministerio Público. Debilidad de la investigación Quizá la mayor debilidad metodológica de toda la investigación consiste en haber invisibilizado el propio sistema estatal de control diseñado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 18 de enero de 2012. Ese reglamento no depositó el control de los recursos públicos exclusivamente sobre las organizaciones sindicales. Por el contrario, estableció una compleja estructura institucional integrada por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, la Comisión de Educación Sindical, la Subcomisión de Monitoreo, la Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República. Cada uno de esos órganos tenía competencias específicas para revisar, verificar, fiscalizar, observar y, en caso necesario, impedir cualquier desembolso que estimara contrario a la normativa. Marco Andrade y Genaro López podían presentar solicitudes de reembolso, pero carecían absolutamente de facultades legales para aprobarlas. No podían sustituir el criterio técnico de los monitores. No podían ordenar a los auditores internos validar la documentación. No podían imponer a la Contraloría el refrendo de un pago ni disponer que el Ministerio de Trabajo efectuara un desembolso. Todas esas competencias correspondían exclusivamente a funcionarios públicos investidos de deberes funcionales específicos. Desde la teoría de la imputación objetiva, desarrollada por Claus Roxin, la responsabilidad penal exige identificar quién creó el riesgo jurídicamente desaprobado y quién tenía dominio funcional para evitar el resultado. Günther Jakobs agrega que la responsabilidad depende del rol institucional asignado por el ordenamiento jurídico. Nadie responde penalmente por deberes que la ley atribuye a otro. La denominada prohibición de regreso impide precisamente trasladar responsabilidad penal hacia quien únicamente intervino en una etapa previa cuando el resultado dependía de decisiones autónomas adoptadas posteriormente por funcionarios investidos de competencias propias. En igual sentido opera el principio de confianza. En organizaciones complejas, cada interviniente puede confiar razonablemente en que los demás funcionarios cumplirán correctamente las obligaciones que la ley les impone. Marcos Andrade y Genaro López tenían derecho a confiar en que el IPEL, la Comisión de Educación Sindical, los monitores, la Auditoría Interna y la Contraloría General ejercerían adecuadamente los controles previstos por el propio Decreto Ejecutivo No. 2. Pretender ahora trasladar íntegramente la responsabilidad penal hacia quienes carecían de facultades para aprobar o rechazar los reembolsos altera completamente la distribución normativa de competencias diseñada por el Estado. Espacio mediático en la investigación Finalmente, merece reflexión la utilización paralela del espacio mediático durante el desarrollo de esta investigación. Los medios tradicionales y las redes sociales cumplen una función esencial en toda democracia al informar sobre asuntos de interés público. Sin embargo, cuando la narrativa mediática termina complementando la estrategia procesal, surge el riesgo de sustituir el debate probatorio por la construcción anticipada de percepciones públicas de culpabilidad. La legitimidad de una investigación debe descansar exclusivamente en la fortaleza jurídica de sus elementos de convicción, nunca en su capacidad para influir sobre la opinión pública. El Estado constitucional de derecho no necesita investigaciones espectaculares. Necesita investigaciones objetivas, metodológicamente rigurosas, técnicamente verificables y respetuosas del contradictorio. La fortaleza del proceso penal no se mide por la severidad de las imputaciones ni por la intensidad de la exposición mediática. Se mide por la calidad científica de la investigación que las sustenta y por la capacidad del Estado para demostrar sus hipótesis respetando íntegramente las garantías que la Constitución reconoce a toda persona sometida a investigación.

El regreso de privados de libertad a Coiba reabre una de las páginas más oscuras de la historia panameña. Mientras el Gobierno argumenta razones de seguridad, expertos advierten que la corrupción y la pérdida de control en las cárceles siguen siendo el verdadero problema de fondo. Por Grisel Bethancourt Veintidós años después de que el Estado panameño cerrara la temida colonia penal de Coiba, 29 detenidos considerados de alta peligrosidad amanecieron nuevamente en la isla. Entre los trasladados figuran reclusos procedentes de distintos centros penitenciarios, incluidos algunos que permanecían en Punta Coco, un penal destinado a personas vinculadas con estructuras criminales y condenadas por delitos como narcotráfico y crimen organizado. El traslado ocurre en medio de una crisis penitenciaria agravada por la reciente fuga masiva de 199 detenidos de La Joyita, un episodio que expuso graves fallas de seguridad y por el cual varios mandos policiales se encuentran bajo investigación. Reos en distintas cárceles han sido sometidos a requisas, luego de la fuga de 199 detenidos de La Joyita. Foto Policía Nacional. La decisión del Gobierno de reactivar un centro de detención en Coiba reabre viejos fantasmas. Durante décadas, la isla fue sinónimo de castigo, aislamiento y violaciones a los derechos humanos. Por sus celdas pasaron opositores de la dictadura militar, delincuentes comunes y miembros de las desaparecidas Fuerzas de Defensa. Fue allí donde militares asesinaron al dirigente revolucionario Floyd Britton y desaparecieron su cuerpo en 1968. También en Coiba fueron hallados en 2021 los restos de Juan Nicasio Lekas, opositor al régimen militar, identificado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses décadas después de su desaparición. La isla también albergó a cientos de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa que participaron en levantamientos militares tras la invasión estadounidense de 1989. Floyd Britton fue asesinado y su cuerpo desaparecido en Coiba. Primer detenido de la dictadura militar en 1968 tras el golpe de Omar Torrijos. Foto internet. A estas historias se suman episodios oscuros que forman parte de la memoria colectiva panameña, entre ellos la llamada masacre de los Perros de San Joaquín y numerosos testimonios sobre abusos ocurridos dentro del penal. Sin embargo, Coiba es mucho más que su pasado penitenciario. La isla forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su extraordinaria biodiversidad marina y terrestre. Ubicada frente a las costas de Veraguas, es la isla más grande de Panamá, con una superficie aproximada de 503 kilómetros cuadrados. El fracaso del sistema La reapertura de un centro de detención en Coiba plantea una pregunta inevitable: ¿qué ha fallado en el sistema penitenciario panameño? La crisis no parece limitarse a la infraestructura. Durante años, informes, investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles han señalado problemas estructurales relacionados con corrupción, tráfico de drogas, ingreso de armas, extorsiones y la creciente influencia de grupos criminales dentro de las cárceles. Durante las requisas se han encontrado todo tipo de objetos letales. Foto Policía Nacional. El propio Ministerio de Seguridad reconoció indirectamente las vulnerabilidades de Punta Coco. En el comunicado mediante el cual anunció el traslado de los 29 detenidos, señaló que la medida responde a la situación que presenta ese centro, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños. La institución destacó además que el nuevo centro ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas cuenta con personal especializado y equipos de última generación para impedir la continuidad de esas actividades criminales. No obstante, el Gobierno no ha explicado públicamente cómo se tomó la decisión de habilitar nuevamente instalaciones penitenciarias en Coiba, cuándo fueron acondicionadas ni bajo qué parámetros operará este nuevo esquema de detención. Mi Ambiente entre dos discursos El Ministerio de Ambiente aseguró que el traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a instalaciones ya existentes del SENAN en Isla Coiba no ha provocado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba ni ha implicado nuevas construcciones dentro del área protegida. Recreación del penal en Coiba. IA. Según la entidad, la operación fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, motivo por el cual MiAmbiente afirma que no tenía conocimiento previo del traslado. Además, reiteró que la utilización de las instalaciones actuales difiere de la propuesta de establecer un centro penitenciario permanente en la isla. Mi Ambiente sostuvo que mantiene su rechazo a cualquier proyecto que implique nuevas edificaciones o la transformación de Coiba en una cárcel permanente, al considerar que ello sería incompatible con las normas ambientales, legales y de protección del sitio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. El diario La Prensa publicó el contenido de la carta fechada el 10 de mayo enviada por el ministro Juan Carlos Navarro a su homologa Dinoska Montalvo, donde se menciona que el Parque Nacional Coiba corre peligro de convertirse en isla penal frente al sitio que es patrimonio ambiental declarado por la UNESCO, debido a los compromisos existentes, por lo que hay una inviabilidad legal. Una advertencia desde la historia Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), considera que el debate trasciende la coyuntura actual. "Históricamente, las autoridades panameñas han justificado este tipo de centros de reclusión bajo el argumento de albergar exclusivamente a personas consideradas de alta peligrosidad. Sin embargo, la experiencia panameña demuestra que las medidas excepcionales suelen ampliarse con el tiempo y terminar alcanzando a sectores distintos de aquellos para los cuales fueron originalmente anunciadas", advierte. Para Guzmán, la preocupación no surge de especulaciones sino de lecciones históricas concretas. Por ello insiste en que cualquier medida de aislamiento extremo debe estar sometida a vigilancia democrática permanente para evitar que, en el futuro, pueda utilizarse contra dirigentes sindicales, líderes comunitarios, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos o personas perseguidas por razones políticas. El exinvestigador forense, Julio Alonso —quien ha seguido de cerca la evolución del sistema penitenciario— considera que el traslado no resuelve el problema de fondo. Julio Alonso, exinvestigador de la PTJ y perito forense. "El detenido siempre buscará mecanismos para sobrevivir y adaptarse. Si no se combate la corrupción dentro del sistema, simplemente se traslada el problema de un lugar a otro", sostiene Alonso. La corrupción como denominador común La periodista Rekha Chandiramani, en su reciente investigación ¿Cómo entran las armas a la cárcel?, documentó cómo algunos pabellones son custodiados directamente por unidades policiales, a pesar de que la ley establece que la seguridad interna corresponde a custodios civiles adscritos al Sistema Penitenciario. En otra investigación, titulada La Policía de Panamá: un Frankenstein uniformado, más de una decena de fuentes consultadas por la periodista señalaron la penetración del crimen organizado en distintos niveles de la estructura policial. "El detenido siempre va a buscar la forma de sobrevivir y el sistema ha fallado por los niveles de corrupción. Si desean evitar el problema delincuencial deben iniciar por controlar las cárceles, donde la parte criminal no ha parado: extorsión, narcotráfico, comercio de dinero, entre otros", dijo por su parte, Alonso. Las conclusiones de estas investigaciones apuntan a una realidad incómoda: la crisis penitenciaria no es únicamente un problema de edificios, muros o celdas. Es también el resultado de redes de corrupción que permiten el ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. La prófuga más peligrosa y más evadida es la responsabilidad penal de los encargados del Sistema Penal en Panamá. Julio Alonso Si el Estado pretende recuperar el control frente al avance de las organizaciones criminales, deberá comenzar por recuperar el control de sus propias cárceles. Porque el retorno de 29 hombres a Coiba no solo revive el recuerdo de una prisión que Panamá creyó dejar atrás en 2004. También expone las profundas grietas de un sistema que, dos décadas después, sigue sin resolver los problemas que lo llevaron a fracasar. *** Foto portada, imagen de video del Ministerio de Seguridad.

Una cobertura en el Archipiélago de Las Perlas, la muerte de un obrero, un helicóptero desafiando órdenes y un fotógrafo decidido a documentar la verdad. Así recuerdo a Alcides Rodríguez, el colega que convirtió la noticia en memoria. Por Grisel Bethancourt Iba rumbo a mis asignaciones judiciales cuando sonó el teléfono. Era 17 de agosto de 2007 y del otro lado de la línea estaba Eduardo Soto, subdirector de Panamá América. El país vivía días convulsos por las protestas obreras y había una noticia urgente que confirmar: otro trabajador del SUNTRACS había muerto. Las primeras versiones eran confusas. La Policía negaba los hechos. Sin embargo, desde el Archipiélago de Las Perlas insistían en que un cadáver permanecía custodiado por los pobladores de Isla San Miguel. —Vengan. El pueblo está esperando. La orden fue clara: llegar cuanto antes a EPASA. El taxi tomó el Corredor Norte y en pocos minutos estaba en Tumba Muerto. Ya cerca a las 10:00 a.m., un helicóptero nos esperaba en el campo de juego contiguo al diario. Mientras me acercaba a la aeronave vi llegar al fotógrafo asignado para la cobertura. Era Alcides Rodríguez. Recuerdo haber sentido tranquilidad. Si alguien podía regresar con la evidencia de lo ocurrido era él. Su experiencia en coberturas difíciles y su olfato periodístico eran reconocidos por toda la redacción. Despegamos hacia el Archipiélago de Las Perlas. Desde el aire observábamos el mar inmenso, pero también algo que llamaba la atención: una cantidad de gente reunida en la playa. Algo grave había ocurrido. La tensión aumentó cuando la torre de control del Servicio Nacional Aeronaval impidió que aterrizáramos en la pista de la isla. Las comunicaciones por radio se volvieron cada vez más tensas. El capitán discutía mientras el tiempo corría y nosotros sabíamos que cada minuto podía significar perder la historia. Finalmente decidió arriesgarse. Descendimos sobre una franja de arena descubierta por la marea. Apenas tocamos tierra corrimos. Todavía puedo ver las banderas rojas ondeando frente al mar. Todavía escucho los reclamos de justicia de los pobladores. Todavía recuerdo el silencio que rodeaba aquel cuerpo. El obrero Luiyi Argüelles había sido asesinado por disparos realizados por un agente de la Policía de Control de Multitudes durante una protesta en Isla Viveros. Mientras muchos observaban con dolor, Alcides hacía lo que mejor sabía hacer. Levantó su cámara. A través de su lente quedaron registradas las heridas de perdigones que cubrían el cuerpo del trabajador. Nunca había visto algo semejante. Aquellas imágenes demostraban una realidad que algunos intentaban negar. Regresamos contra reloj. Mientras las autoridades realizaban diligencias judiciales en Viveros, nosotros llevábamos la evidencia. Las fotografías de Alcides ocuparon las portadas de Crítica y Panamá América. El país pudo ver lo que realmente había ocurrido. Han pasado casi dos décadas desde aquella cobertura, pero hoy entiendo que esa jornada también retrataba quién era Alcides Rodríguez. El maestro del Fotoperiodismo. Foto tomada de internet Era el fotógrafo que avanzaba cuando otros dudaban. Era el compañero que yo necesitaba, arriesgado y valiente, siempre tenía una sonrisa en medio de la presión. Era el colega que documentó momentos decisivos de nuestra historia reciente, desde las luchas civilistas contra la dictadura militar hasta los acontecimientos que marcaron la vida democrática del país. Pero para mí también fue el amigo. El hombre que tomó las primeras fotografías de mi hija recién nacida y me regaló un recuerdo que atesoraré toda la vida. Año 2013, Kelly Bethancourt. Foto Alcides Rodríguez. Durante diez años compartimos la misma casa periodística. En EPASA convivimos entre cierres, coberturas imposibles, bromas de redacción y la convicción de que el periodismo solo tiene sentido cuando está cerca de la gente. Por eso me alegró verlo recibir, el pasado mayo, el reconocimiento del Fórum de Periodistas. Era un homenaje merecido a una trayectoria construida con talento, sacrificio y compromiso. El Fórum de Periodistas hizo un reconocimiento a Alcides Rodríguez. Foto tomada de instagram No pudimos despedirnos en persona. Lo hicimos por WhatsApp. Hoy me quedo con muchas imágenes. Con la primera fotografía que me tomó junto al actor venezolano Carlos Olivier. Con nuestras conversaciones sobre periodismo e historia. Con aquella playa de Isla San Miguel donde corrimos detrás de una noticia que el país necesitaba conocer. Y, sobre todo, me quedo con la imagen de Alcides levantando su cámara frente a la verdad. Porque eso fue lo que hizo durante toda su vida. Convertir la memoria en fotografía. Adiós, maestro. *** Foto Portada, diario Crítica 2007.

Por Grisel Bethancourt Una decisión del Ministerio de Gobierno reabre heridas que nunca han cerrado: Mayra  Hall  Conte, sentenciada a 33 años de prisión por su vinculación en el crimen del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, quien ha cumplido apenas un tercio de la pena, ahora figura entre los beneficiados de una rebaja que implementa la ministra Dinoska Montalvo y que hoy indigna a la familia de la víctima. La inclusión de Hall Conte en esta medida que incluye a más de mil reclusos, no ha sido explicada públicamente. No hay claridad sobre los criterios aplicados ni sobre las razones que la colocan dentro de un beneficio que, en la práctica, reduce el peso de una condena por un asesinato cruel que sacudió al país. Para los familiares de Darío Fernández Jaén, con quienes conversamos la decisión no solo resulta incomprensible, sino que revive el sentimiento de desprotección frente a un sistema que, una vez más, parece ceder ante la impunidad. ¿Por qué y cuál es la razón de una medida que no cumple penalmente aún la convicta? El caso de Fernández ha trascendido fronteras. Fue incluido en el libro Faces of Assassination, una recopilación internacional elaborada por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que documenta asesinatos de líderes y activistas en todo el mundo. Las investigaciones del caso revelaron que Hall Conte no actuó sola. Junto a su hermano, habría estructurado una red vinculada al crimen organizado dedicada al despojo sistemático de tierras a panameños y extranjeros, mediante falsificación de documentos, manipulación de registros y otras prácticas fraudulentas. Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, su hermano también jugó un rol clave en la ejecución del crimen: fue quien trasladó al sicario que, hace 15 años, le quitó la vida a Fernández, que días antes había denunciado en su emisora estas operaciones ilegales. La familia Fernández presentó una oposición a la medida del Ministerio de Gobierno que pretende beneficiar a la abogada convicta. El 26 de junio de 2013, el Tribunal de Juicio de la provincia de Coclé realizó la audiencia de lectura de sentencia contra Joel Abdiel Guerra Flores, Julián Alfredo Nouvet Conte, Miguel Ángel Arner García, Deshy Iveth Quirós Matal y Mayra Hall Conte de Pérez, hallados culpables por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir agravada, en perjuicio del exgobernador de Coclé, Darío Fernández Jaén. En este caso el autor intelectual se encuentra prófugo de la justicia panameña.

No existen suficientes estudios que documenten de manera sistemática la situación laboral y humana de las mujeres periodistas en Panamá. Esa falta de información también revela una deuda dentro del propio gremio. Por Grisel Bethancourt Durante años hemos visto a la mujer periodista en su versión más visible: la voz de la radio, el rostro de la televisión, la creadora de contenido en redes o la dirigente gremial. Pero pocas veces miramos lo esencial: la mujer detrás de la noticia. Un grupo de periodistas ha intentado abrir una conversación para conocer esa dimensión humana: las condiciones laborales, económicas, emocionales y de salud de quienes ejercen el periodismo en Panamá. Sin embargo, ni siquiera dentro del propio gremio hemos logrado articular una radiografía clara sobre nuestras realidades. La paradoja es evidente: quienes tenemos la tarea de dar voz a la sociedad, pocas veces hemos documentado nuestras propias condiciones. " Como periodista independiente, creo profundamente en el poder de la comunicación para visibilizar realidades que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso considero valioso destacar el trabajo que realizan las mujeres dentro del sector agropecuario, quienes con esfuerzo, conocimiento y compromiso sostienen buena parte de la producción de alimentos y del desarrollo de nuestras comunidades rurales . "— Dalys Saldaña, presidenta de Conape capítulo de Veraguas-Coclé. Lo que dicen los datos El informe global sobre igualdad de género publicado por Ipsos en 2026, con motivo del Día Internacional de la Mujer , muestra que Panamá refleja una tendencia similar a la del resto de América Latina: existe conciencia de que se han logrado avances, pero también una percepción clara de que las brechas de género persisten. Entre los principales hallazgos destacan: • Entre 7 y 8 de cada 10 personas consideran que hombres y mujeres aún no tienen las mismas oportunidades en derechos sociales, económicos y políticos. • Existe apoyo a que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en el gobierno y en las empresas. • Persisten brechas en empleo, participación política y acceso a oportunidades. • Los roles tradicionales continúan influyendo, asociando a las mujeres con tareas de cuidado y a los hombres con el papel de proveedor. Estos datos reflejan una realidad que también atraviesa al periodismo: la igualdad aún está en construcción. Datos del Padrón Electoral del Colegio Nacional de Periodistas. El Sindicato de Periodistas de Panamá carece de información en línea en torno a sus afiliadas, por lo que no pudimos extraer datos para este artículo. En el 2022, La Estrella de Panamá documentó la situación del desconocimiento de datos de mujeres periodistas. " No estar en el mapa sobre estos temas es “preocupante”, dijo la expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Gricelda Melo. "Panamá “no tiene datos”, que les permita dar un seguimiento de los casos que sí pueden existir, pero que muchas veces no se hablan y pasan por desapercibidos. “Si no tenemos data, esto definitivamente es cómo no saber si tenemos el problema y la cura”, dijo en la publicación la expresidenta del Conape. Las declaraciones de Melo se dieron al publicarse ese año los resultados del informe que presentó la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre ' Mujeres Periodistas y Salas de Redacción: avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y luchar contra la discriminación '. " La mujer en el campo del periodismo es un cuerpo que desafía estructuras de poder de un sistema configurado para hombres. Detrás de las planas y reflectores con micrófonos, y aun a estas alturas se disputan espacios y roles en una especie de carrera invisible que muchas veces tapamos o normalizamos con frases positivas que buscan ocultar esa realidad. Lo importante son las voces que se atreven a enfrentar y asumir esas contradicciones ."— Sharon Pringle, educadora, escritora, poeta y periodista.* " En un mundo donde la información es poder, las mujeres periodistas están rompiendo barreras y desafiando estereotipos. A pesar de los obstáculos, siguen adelante, impulsadas por la pasión de contar historias y dar voz a quienes no la tienen. Su labor es fundamental para una sociedad más justa y equitativa, ya que aportan perspectivas únicas y visibilizan temas cruciales como la igualdad de género y los derechos humanos ." — Hilda Box, docente y periodista. La realidad detrás del oficio Las periodistas enfrentan desafíos propios del ejercicio informativo : jornadas extensas, presión permanente, precarización laboral y una creciente exigencia de presencia digital. A esto se suma que muchas siguen cargando con responsabilidades familiares y sociales que el país todavía asigna mayoritariamente a las mujeres. A pesar de ello, no existen suficientes estudios que documenten de manera sistemática la situación laboral y humana de las mujeres periodistas en Panamá. Esa falta de información también revela una deuda dentro del propio gremio. " Se trata de una lucha por la resistencia en nuestra labor periodística, porque debemos transformar las ideas erróneas y enfrentar las injusticias. Sin embargo, hemos abierto nuevas rutas levantando nuestras voces, nuestros escritos o noticias con mirada de mujer, utilizando las redes sociales, un espacio que hoy nos está ayudando al cien por ciento. Nadie nos puede censurar ."— Raquel Rodríguez, Periodista y sindicalista. Pasemos del reconocimiento En 2010 asumí la responsabilidad de convertirme en lideresa gremial y desde entonces también he defendido a periodistas vulnerados en su libertad de prensa y en sus condiciones laborales. Ese camino tuvo algunos reconocimientos: en 2014 recibí una distinción del Sindicato de Periodistas en el Día de la Mujer y en 2021 el Instituto Nacional de la Mujer valoró el trabajo gremial realizado durante la pandemia. Pero la realidad es que las mujeres periodistas no necesitamos más reconocimientos simbólicos. Necesitamos apoyo real, espacios para aportar con libertad y ser consideradas en igualdad dentro de nuestras organizaciones, en los medios y en la toma de decisiones. " Ejercer el periodismo siendo mujer es, en muchas ocasiones, andar entre la urgencia de las noticias y la profundidad de las historias humanas que las acompañan. Una se da cuenta en las calles, en los reportajes y en las entrevistas de que este trabajo no consiste solamente en informar, sino también en escuchar con atención y observar con sensibilidad. El periodismo que practicamos hoy requiere firmeza, criterio y valentía, además de humanidad para entender las realidades sobre las que informamos ."— Nancy Pretto, periodista, directiva del CONAPE y estudiante de producción televisiva. Las mujeres periodistas seguimos trabajando, informando y sosteniendo redacciones, micrófonos y espacios digitales, muchas veces sin que nuestra propia realidad quede registrada. Tal vez el primer paso para transformar esa historia sea mirarnos con la misma rigurosidad con la que investigamos a otros y comenzar a documentar nuestra propia experiencia dentro del periodismo. “ Si no contamos con nuestros propios datos, es como si no existiéramos. Sin esa información tampoco hay un rumbo claro para comprender nuestra realidad ni para impulsar los cambios que el periodismo y las mujeres que lo ejercen necesitan .”

Las denuncias por presuntos abusos y maltratos en albergues de Panamá volvieron a encender las alertas sobre el sistema de protección de la niñez, luego de que se anunciara un plan de acción de la SENNIAF tras el caso del CAI Tocumen, en un contexto marcado por investigaciones penales activas y antecedentes desde 2020. La Junta Directiva de la  Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)  aprobó un plan de acción urgente tras la información recibida sobre la situación del  Centro de Atención Integral (CAI) Tocumen  y otros aspectos vinculados al funcionamiento institucional. Las medidas incluyen inspecciones técnicas, evaluaciones administrativas y la emisión de una resolución formal para ordenar su ejecución y seguimiento. Entre las acciones anunciadas figura una inspección técnica inmediata al  CAI Tocumen , a cargo de un equipo interinstitucional especializado, así como una evaluación administrativa de la gestión de la  SENNIAF , en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que faculta a la Junta Directiva a supervisar el funcionamiento de la institución. De manera paralela, el  Ministerio Público  adoptó medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes identificados como posibles víctimas. Los menores fueron reubicados, se impusieron órdenes de alejamiento a los administradores de un  albergue en Tocumen  y la administración del centro fue asumida directamente por la  SENNIAF , como parte de las diligencias investigativas en curso. El caso salió nuevamente a la luz pública tras una denuncia presentada por la diputada  Alexandra Brenes , quien solicitó la intervención de las autoridades y pidió recientemente la separación del cargo de la directora de la  SENNIAF , al considerar que no existen garantías de transparencia mientras se mantienen las investigaciones. La diputada cuestionó además la suficiencia de las respuestas administrativas frente a la gravedad de las denuncias. Brenes se basa en correos y testimonios de operadores del CAI, que insistieron en que la dirección de la SENNIAF interviniera, sin embargo la alerta fue múltiples veces ignorada. Esto le costó la separación del cargo a un funcionario que alertó las anomalías y se basó en la obligación de la Ley a favor de los menores de edad que han sido vulnerados. Lo ocurrido en Tocumen revive un escándalo que el país ya enfrentó en 2020, cuando se hicieron públicas múltiples denuncias por presuntos abusos, maltratos y delitos sexuales en  albergues en Panamá , evidenciando fallas estructurales en el sistema de protección de la niñez. En ese contexto, el entonces procurador general encargado, Javier Caraballo, señaló que se trataba de una problemática sistémica y no de hechos aislados. Como parte de esas investigaciones, fiscalías especializadas y regionales realizaron inspecciones en 56 de los 57 albergues del país e entrevistaron a más de 280 niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. Las autoridades advirtieron entonces que las diligencias continuarían hasta identificar a todos los responsables. Cuatro años después, los datos más recientes confirman que el problema persiste. Entre 2017 y 2024, el  Ministerio Público  ha iniciado 49 investigaciones por presuntos abusos y maltratos contra menores en  albergues , de las cuales al menos 15 han concluido con condenas y dos procesos judiciales permanecen pendientes, según información de la Fiscalía Superior de Familia. Albergue en Panamá bajo investigación por denuncias de abuso infantil. La fiscal superior de Familia, Leydi Machuca dijo a Tvn noticias, que las condenas incluyen delitos como maltrato al menor y agresiones sexuales, y que entre los responsables figuran directores de centros, cuidadores y personal que trabajaba dentro de estas instituciones, quienes se aprovecharon de la posición de confianza que les otorgaba su rol. Machuca confirmó además que una denuncia reciente activó nuevas diligencias en un  albergue de Tocumen , donde un equipo interdisciplinario, junto a peritos forenses, realizó inspecciones para recabar evidencias. Mientras avanzan las investigaciones penales y se anuncian nuevas medidas administrativas, el resurgimiento de denuncias similares a las de 2020 vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, en un sistema de  protección de la niñez  que arrastra fallas no resueltas. Foto Portada: Internet

La llegada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , a Panamá para participar en actividades del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina  no es un gesto diplomático más. Es una señal política y económica que coloca a Brasil nuevamente en el centro del debate regional, esta vez desde un escenario clave: el principal hub logístico y financiero de América Latina . Panamá no solo conecta océanos; conecta intereses económicos, flujos comerciales y decisiones estratégicas. Que Lula esté aquí, en un foro eminentemente empresarial y financiero , anticipa una narrativa cuidadosamente calculada. Brasil como modelo económico regional Brasil llega a este espacio con una fortaleza que pocos países latinoamericanos pueden exhibir: escala, diversificación y resiliencia . Su economía no depende de un solo sector. Combina una potente agroindustria, capacidad industrial, un vasto mercado interno y una matriz energética mayoritariamente renovable. En un contexto global marcado por la incertidumbre, Brasil se presenta como: • Potencia agroalimentaria en tiempos de inseguridad alimentaria mundial • Actor clave en la transición energética • Economía con instituciones financieras robustas • Mercado interno capaz de sostener consumo y producción No es una economía exenta de problemas, pero sí una con capacidad estructural para resistir crisis y atraer inversión . Un presidente de izquierda ante el empresariado Uno de los elementos más relevantes de esta visita es el contraste político del escenario . Lula, líder histórico de la izquierda latinoamericana, se presenta ante un foro dominado por empresarios, bancos de desarrollo y actores del capital regional e internacional. Lejos de la confrontación ideológica, la expectativa es que Lula refuerce una narrativa de: • Estabilidad macroeconómica • Respeto a contratos • Estado fuerte pero predecible • Inversión privada como aliada del desarrollo El mensaje implícito es claro: Brasil no busca aislarse del mercado, sino dialogar con él . En un mundo donde el capital es altamente sensible al riesgo político, Lula apuesta por la credibilidad antes que por la retórica. ¿Qué puede ofrecer Brasil al mundo? Brasil no llega al CAF solo a pedir inversión. Llega a ofrecer oportunidades : • Producción sostenible con bajo impacto ambiental • Energía limpia para procesos industriales • Infraestructura, logística y encadenamientos regionales • Un socio estratégico para América  Latina, Estados Unidos, Europa y China Esta combinación convierte a Brasil en un actor central para cualquier discusión sobre desarrollo regional a largo plazo. Panamá: el escenario estratégico La elección de Panamá no es menor. Desde este hub logístico y financiero, Brasil envía un mensaje directo al sistema económico regional y mundial. Panamá representa neutralidad, conectividad y confianza financiera. Hablar desde Panamá es hablarle a: • Los mercados • Los inversionistas • Los organismos multilaterales • Las cadenas globales de comercio Lula utiliza este escenario para reforzar la idea de que Brasil quiere liderar sin imponer, influir sin confrontar y crecer integrado al sistema global . Una señal regional Más allá del discurso que pronuncie, la presencia de Lula en el CAF en Panamá confirma una estrategia: reposicionar a Brasil como eje económico y político de América Latina , capaz de tender puentes entre gobiernos, empresas y capital internacional. Desde Archivos Abiertos , la lectura es clara: esta visita no es simbólica. Es una jugada en el tablero del poder económico regional, donde Panamá funciona como punto de conexión y Brasil busca recuperar protagonismo global. Fotos: Cortesía

El caso Odebrecht vuelve nuevamente a escena. Tras años en la palestra pública y al menos seis aplazamientos, el proceso judicial se reactiva con una etapa clave: la práctica de pruebas sustentadas en investigaciones realizadas en varios países. Se trata de un expediente que acumula más de diez años de indagaciones y que ha marcado un antes y un después en la forma de hacer periodismo de investigación en la región. Durante esta década, los periodistas han debido adaptarse a nuevos desafíos: el uso intensivo de herramientas tecnológicas, la transmisión pública de audiencias, el seguimiento en tiempo real y la verificación constante de información que cruza fronteras. Odebrecht no es un caso local, es una red transnacional de corrupción que expuso las debilidades institucionales de múltiples Estados. Es importante recordar que en 2017 se realizaron las audiencias de homologación de las delaciones premiadas de altos directivos de Odebrecht en Brasil . En esos testimonios se confirmó el pago de sobornos por más de 700 millones de dólares y se detalló el movimiento de los dineros ilícitos, en los que participaron abogados, banqueros, empresarios y políticos. Panamá fue parte de ese engranaje, a través de transacciones vinculadas a la llamada “Caja 2” de la empresa. Ante un juez que validó las colaboraciones se desarrolló lo siguiente: "Durante la primera audiencia de homologación bajo el proceso especial de colaboración eficaz, la exfiscal Anticorrupción del Ministerio Público, Zuleyka Moore hizo referencia del Acuerdo de Indulgencia que suscribió el Ministerio Público Federal de Brasil con la empresa Odebrecht el 1 de diciembre de 2016, a través del cual se estableció que dicha empresa en su condición de controladora de las empresas pertenecientes al grupo económico, se responsabilizó por todos los actos ilícitos de empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados. Estableció que este acuerdo de colaboración eficaz tiene como suscribiente la persona natural y jurídica, esta última representada por Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A., y Construtora Norberto Odebrecht S.A. Indica que estas resoluciones de indagatoria se motivaron en la existencia de cuentas bancarias registradas en Panamá, que sirvieron para participar del esquema de corrupción vinculado al pago para beneficiar a empresas privadas que serían contratadas para grandes proyectos. De este modo el Grupo Odebrecht por medio de la llamada División de Operaciones Estructuradas realizó pagos a funcionarios públicos panameños y extranjeros. Para ello, se utilizaron sociedades de distintas jurisdicciones registrando cuentas bancarias en las que se depositaron y transfirieron dineros, previendo razonadamente que procedían de actividades relacionadas al soborno, lo que llevó consigo el pago, al servidor público, para obtener ventajas o beneficios. El Colaborador N°1 se comprometió a rendir declaración indagatoria , en tanto la empresa adherente a este acuerdo se comprometiera a entregar toda la información, documentación y datos contables que mantuvieran en su poder. Por su parte, el Colaborador No. 1 debía suministrar información que llevara a la identificación de las personas vinculadas con el delito." Sin embargo, en aquel momento se acordó entre la Fiscalía Anticorrupción panameña y la justicia brasileña que esos delatores no podrían ser interrogados nuevamente por la justicia de Panamá. Una limitación legal que el periodismo debe explicar con claridad para evitar confusión o falsas expectativas en la ciudadanía. Hoy, las investigaciones realizadas en otros países serán utilizadas como pruebas por la Fiscalía Anticorrupción, con hechos ocurridos en Estados Unidos, por ejemplo - más de 10 mil fojas-. Ante este escenario, el rol del periodismo es crucial.  Informar con rigor, contextualizar los acuerdos de pena, explicar cómo empresarios conservaron su libertad a cambio de revelar el esquema de sobornos y mantener viva la memoria de un caso que no puede quedar en el olvido. No dejemos a un lado el derecho a la defensa de los 24 imputados. El desafío es claro: narrar la verdad con responsabilidad, sin estridencias, pero sin concesiones. Porque en casos como Odebrecht, el periodismo no solo informa: vigila, pregunta y exige rendición de cuentas.