En llamas: el Estado los asesinó dos veces

El 9 de enero de 2011, cinco jóvenes murieron calcinados dentro de una celda cerrada con candado en el Centro de Cumplimiento de la Jurisdicción de Menores en Tocumen. Morir allí fue el primer crimen. El segundo, vino desde el Estado.

Por Grisel Bethancourt

“Eso está cerrado, nos estamos quemando, viejo, nos estamos quemando”, gritaban desde la celda. Las llamas tomaban fuerza, y desde una rejilla se escuchaban los lamentos desesperados. Del otro lado, los policías miraban y se burlaban desde la ventana. Se asomaban el dolor, la desesperación y la indolencia institucional.

Sus manos aferradas al ventanal de hierro, sus cuerpos en llamas, no fueron suficientes para que los policías abrieran la puerta. Uno de ellos, con la piel deteriorada, logró salir cuando finalmente la celda fue abierta. El resto murió allí.

Años después, tras una larga y dolorosa espera, tres unidades fueron condenados: Maikol González, Joel Rodríguez y Eduardo Barreno. No fue justicia plena, pero fue al menos una señal: el Estado reconocía el crimen. Hoy, esa señal se diluye entre cenizas.

Catorce años después, la decisión presidencial de rebajar las penas a los responsables reabre la herida con gasolina. Un acto que no solo escupe sobre la memoria de los asesinados, sino que premia con impunidad a los autores de uno de los crímenes más atroces cometidos dentro del sistema penal panameño.

El abogado Carlos Herrera hijo lo dijo con claridad:“La decisión del Presidente nos deja un profundo sentimiento de decepción y de percepción de impunidad, pues vemos que al final estas personas no solamente no han ni cumplirán con sus condenas, sino que además jamás pedirán siquiera un perdón o disculpas por sus crímenes”.

Pero la impunidad no termina allí. Según reveló La Estrella de Panamá, los responsables siguieron cobrando sus salarios como si trabajaran, sin ser separados de sus cargos. En algunos casos incluso accedieron a sus jubilaciones. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién firmó ese silencio cómplice? ¿Quién decidió que nada pasaba?

Ahora se estudia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto presidencial. Aunque la facultad de conceder rebajas existe en la Constitución, no se habrían cumplido los requisitos legales. Los condenados ni siquiera cumplieron un tercio de sus penas, argumenta Herrera.

Panamá no puede mirar hacia otro lado. La impunidad también mata. Y lo que ocurrió en Tocumen no fue un caso aislado ni cerrado: es un espejo de cómo opera el sistema. Un sistema que olvida, que perdona al poder, que abandona a las víctimas.

Cinco muchachos asesinados por fuego bajo custodia del Estado. Y hoy, como si eso no bastara, se ejecuta un acto de perdón sin justicia, sin arrepentimiento, sin verdad.

Este medio pidió hablar con una de las madres de los cinco jóvenes, pero se nos comunicó que nunca ha dado declaraciones.

A esos jóvenes los asesinaron dos veces: primero en una celda, después desde el Palacio.

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