Sistema de albergues vuelve a fallar a la niñez en Panamá

Las denuncias por presuntos abusos y maltratos en albergues de Panamá volvieron a encender las alertas sobre el sistema de protección de la niñez, luego de que se anunciara un plan de acción de la SENNIAF tras el caso del CAI Tocumen, en un contexto marcado por investigaciones penales activas y antecedentes desde 2020.

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) aprobó un plan de acción urgente tras la información recibida sobre la situación del Centro de Atención Integral (CAI) Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento institucional. Las medidas incluyen inspecciones técnicas, evaluaciones administrativas y la emisión de una resolución formal para ordenar su ejecución y seguimiento.

Entre las acciones anunciadas figura una inspección técnica inmediata al CAI Tocumen, a cargo de un equipo interinstitucional especializado, así como una evaluación administrativa de la gestión de la SENNIAF, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que faculta a la Junta Directiva a supervisar el funcionamiento de la institución.

De manera paralela, el Ministerio Público adoptó medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes identificados como posibles víctimas. Los menores fueron reubicados, se impusieron órdenes de alejamiento a los administradores de un albergue en Tocumen y la administración del centro fue asumida directamente por la SENNIAF, como parte de las diligencias investigativas en curso.

El caso salió nuevamente a la luz pública tras una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes, quien solicitó la intervención de las autoridades y pidió recientemente la separación del cargo de la directora de la SENNIAF, al considerar que no existen garantías de transparencia mientras se mantienen las investigaciones. La diputada cuestionó además la suficiencia de las respuestas administrativas frente a la gravedad de las denuncias.

Brenes se basa en correos y testimonios de operadores del CAI, que insistieron en que la dirección de la SENNIAF interviniera, sin embargo la alerta fue múltiples veces ignorada. Esto le costó la separación del cargo a un funcionario que alertó las anomalías y se basó en la obligación de la Ley a favor de los menores de edad que han sido vulnerados.

Lo ocurrido en Tocumen revive un escándalo que el país ya enfrentó en 2020, cuando se hicieron públicas múltiples denuncias por presuntos abusos, maltratos y delitos sexuales en albergues en Panamá, evidenciando fallas estructurales en el sistema de protección de la niñez. En ese contexto, el entonces procurador general encargado, Javier Caraballo, señaló que se trataba de una problemática sistémica y no de hechos aislados.

Como parte de esas investigaciones, fiscalías especializadas y regionales realizaron inspecciones en 56 de los 57 albergues del país e entrevistaron a más de 280 niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. Las autoridades advirtieron entonces que las diligencias continuarían hasta identificar a todos los responsables.

Cuatro años después, los datos más recientes confirman que el problema persiste. Entre 2017 y 2024, el Ministerio Público ha iniciado 49 investigaciones por presuntos abusos y maltratos contra menores en albergues, de las cuales al menos 15 han concluido con condenas y dos procesos judiciales permanecen pendientes, según información de la Fiscalía Superior de Familia.

Albergue en Panamá bajo investigación por denuncias de abuso infantil.

La fiscal superior de Familia, Leydi Machuca dijo a Tvn noticias, que las condenas incluyen delitos como maltrato al menor y agresiones sexuales, y que entre los responsables figuran directores de centros, cuidadores y personal que trabajaba dentro de estas instituciones, quienes se aprovecharon de la posición de confianza que les otorgaba su rol. Machuca confirmó además que una denuncia reciente activó nuevas diligencias en un albergue de Tocumen, donde un equipo interdisciplinario, junto a peritos forenses, realizó inspecciones para recabar evidencias.

Mientras avanzan las investigaciones penales y se anuncian nuevas medidas administrativas, el resurgimiento de denuncias similares a las de 2020 vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, en un sistema de protección de la niñez que arrastra fallas no resueltas.

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