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Archivos Abiertos en el 2024  se afianzó como una plataforma de investigación y reportajes especiales. Ha dado paso a colaboraciones en temas que hacen cada vez más especial el periodismo de investigación en Panamá. Agradecemos a ustedes que sean parte de nuestros lectores y con ello nos alientan a seguir con el espíritu para continuar con el trabajo periodístico de excelencia.   La revista Intersect ha destacado a Archivos Abiertos como uno de los medios digitales con periodistas de trayectoria que han ganado relevancia, en el ecosistema de los canales digitales.   Esta plataforma fue reconocida en diversas premiaciones nacionales con escritos e historias reportadas en el 2023 y 2024. Hemos participado en medios formales como La Estrella y La Prensa al ganar con ello 3 premios de prensa junto a prestigiosas periodistas locales.   Para el 2025 nuestro trabajo continuará ofreciendo trabajos de excelencia con independencia. Entregamos a ustedes un resumen de los reportajes destacados con nuestra participación y el apoyo de publicaciones en medios. Bajo Chiquito, El Pueblo Selvático que la Migración Transformó   Por Grisel Bethancourt Ganador del Mejor Reportaje Escrito del Fórum de Periodistas / La Prensa Bajo Connectas.org   El éxodo de personas hacia los Estados Unidos cambió la vida de un pueblo en el Tapón del Darién. Su gente, que antes dependía de la pesca y la agricultura para sobrevivir, ahora ve en cada migrante y su familia una oportunidad de negocio. Desde el aire, Bajo Chiquito parece una pequeña telaraña multicolor atravesada por una callecita pavimentada por la que van y vienen migrantes arrastrando carretillas con mercancía de un local a otro a los que les pagan, en promedio, 15 dólares al día. El río Tuquesa —donde atracan lanchas de motores de alto caballaje— bordea la telaraña y es por donde llegan los migrantes. CONNECTAS llegó hasta Bajo Chiquito para constatar la transformación inédita de un pueblo selvático que dependía de la pesca y la agricultura. Históricamente ha ocupado los primeros lugares de pobreza en Panamá, pero desde hace un par de años la migración transformó su realidad. Si bien sus 300 habitantes estaban acostumbrados al paso de los migrantes, el flujo de personas se disparó después de la pandemia. Según los registros oficiales, en 2020 cruzaron 6.465 personas de manera irregular, para el año siguiente, fueron 133.726. Sólo en los primeros seis meses de 2023, van 184.569 migrantes con rumbo a Norteamérica.   https://www.connectas.org/especiales/bajo-chiquito/   Foto: La Estrella Agonizan los Manglares de Panamá Viejo Por Marlene Testa y Grisel Bethancourt Ganador de los premios Mejor Reportaje- Audubon y Senacyt /La Estrella Una extensión del dosel del bosque de manglar de Panamá Viejo, en la Bahía de Panamá, ya no es verde. Una porción – frente a un tramo del Corredor Sur- perdió sus hojas. Los troncos y ramas secas, apenas sostenidos por los fangos, parecen anunciar la muerte del humedal. Otra porción aún conserva sus hojas, pero su color parece indicar que están a punto de caer. Se trata de árboles jóvenes, de cerca 20 ó 23 años. A mediodía, en plena estación seca, con el sol en su cenit, el escenario impresiona. el impacto del fenómeno de El Niño en el 2015 - 2016, lo confirma. La experta en temas de manglares explica que esta es una reacción de los árboles al incremento de temperatura y escasez de lluvias, que es propia de eventos extremos. https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/agonizan-los-manglares-de-panama-viejo-CN5861026 Foto: La Estrella Violencia asola a la niñez panameña   Por Zaida Herrera, Eduardo Mendoza y Grisel Bethancourt   Publicado por La Estrella Las muertes violentas cegaron la vida de 47 niños y adolescentes en el 2023, frente al creciente aumento en la tasa de homicidios en el país, el principal móvil fue la rencilla entre pandillas .   El estremecedor sonido de las balas resonó en La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. A plena luz del día, un hombre, armado hasta los dientes, irrumpió en una actividad deportiva en busca de su enemigo. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre la comunidad cuando una niña de dos años quedó en medio del atentado, perdiendo su vida inocente. A su lado, una adolescente de 13 años sobrevivió milagrosamente a la ráfaga de balas. Seis meses después, la Torre 7-A de Curundú se sumió en la oscuridad de una nueva víctima. Un enfrentamiento entre bandas delictivas desencadenó disparos cruzados, y una niña de 8 años quedó atrapada en la danza de balas, convirtiéndose en otro trágico episodio de la violencia que azota a la niñez panameña. Estos dos relatos representan la punta del iceberg de la tragedia que ha envuelto a la niñez panameña. Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado, dos de ellos los que acabamos de relatar.   https://www.archivosabiertos.net/post/violencia-asola-a-la-ni%C3%B1ez-paname%C3%B1a Foto: UNICEF Panamá ¿Escuelas Seguras? Desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes ante la violencia   Por Sharon Pringle Félix y Grisel Bethancourt Ganador Mención Honorífica Reportaje Escrito/ Premios UNICEF-CELAP  Allan sentía   miedo, estaba triste. Un día, ante la amenaza de cinco compañeros de noveno grado, le dijo a su madre: “Mamá me puedo quedar en casa y mandas una justificación, así vamos la otra semana cuando no hay mucha gente” .  El niño no quería tener más problemas, a tal punto que solo tomaba agua en casa para no ir al sanitario en el colegio. En junio de 2024, dos hermanos (niño y niña) que estudian con Allan, invitaron al salón a supuestos amigos del mismo centro escolar, quienes lanzaron una caja con libros al abanico de techo del salón, éstos volaron hasta averiar el artefacto, parte de las hojas cayeron en la cabeza de una compañera. Otra estudiante, grabó la escena con el teléfono celular de Allan. Dicha acción provocó que los responsables del hecho lo acosaran, e intimidaran en agredir con arma blanca y de fuego. Este es uno de los muchos casos de violencia escolar que se registran en nuestro país. Según el Ministerio de Educación -Meduca, solo en el transcurso del año 2024 se han reflejado situaciones de violencia en más de 200 centros educativos oficiales panameños, son sucesos que se conjugan en lo cotidiano de una jornada escolar. El presente reportaje utiliza nombres ficticios para proteger la identidad de los menores de edad afectados por violencia escolar, asimismo, se cuidó la ubicación exacta y centros escolares citados.   https://www.archivosabiertos.net/post/escuelas-seguras-desaf%C3%ADos-que-enfrentan-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-ante-la-violencia Foto: Archivos Abiertos/Omar Bonilla La carne animal, un asunto político   Por Sharon Pringle Félix Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más. Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud. Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   https://www.archivosabiertos.net/post/la-carne-animal-un-asunto-pol%C3%ADtico

Disminuir la violencia escolar es un desafío en Panamá. Dentro de las aulas, cada vez es más común el acoso físico, psicológico o las agresiones entre estudiantes. Los Gabinetes Psicopedagógicos solo logran atender el 17 por ciento de los casos registrados en centros, esto propicia que víctimas y padres ya no callen ante las constantes amenazas, los vacíos que tiene el sistema y la respuesta de los docentes. Por Grisel Bethancourt y Sharon Pringle Félix. Publicado el 30 de septiembre de 2024. Allan sentía   miedo, estaba triste. Un día, ante la amenaza de cinco compañeros de noveno grado, le dijo a su madre: “Mamá me puedo quedar en casa y mandas una justificación, así vamos la otra semana cuando no hay mucha gente” .  El niño no quería tener más problemas, a tal punto que solo tomaba agua en casa para no ir al sanitario en el colegio.   En junio de 2024, dos hermanos (niño y niña) que estudian con Allan, invitaron al salón a supuestos amigos del mismo centro escolar, quienes lanzaron una caja con libros al abanico de techo del salón, éstos volaron hasta averiar el artefacto, parte de las hojas cayeron en la cabeza de una compañera. Otra estudiante, grabó la escena con el teléfono celular de Allan. Dicha acción provocó que los responsables del hecho lo acosaran, e intimidaran en agredir con arma blanca y de fuego.   Este es uno de los muchos casos de violencia escolar que se registran en nuestro país. Según el Ministerio de Educación -Meduca, solo en el transcurso del año 2024 se han reflejado situaciones de violencia en más de 200 centros educativos oficiales panameños, son sucesos que se conjugan en lo cotidiano de una jornada escolar.   El presente reportaje utiliza nombres ficticios para proteger la identidad de los menores de edad afectados por violencia escolar, asimismo, se cuidó la ubicación exacta y centros escolares citados.   Los casos que atiende Meduca desde la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, incluyen situaciones familiares, rendimiento académico, conductuales, dentro de estos últimos, la violencia y acoso escolar.   La violencia en el entorno escolar designa todas las formas, las padecidas por estudiantes y perpetradas por otros estudiantes, docentes y demás miembros del centro educativo.  Incluye el acoso, que son comportamientos  intencionales y agresivos que tienen lugar de manera repetida contra una víctima, y pueden manifestarse como acoso físico, psicológico y sexual.   Un informe publicado recientemente por la UNESCO revela que el acoso escolar afecta a uno de cada tres jóvenes, aunado a ello, más del 30 por ciento de estudiantes en el mundo han sido víctimas de este  fenómeno,  algo que tiene consecuencias nefastas en materia de rendimiento escolar, abandono escolar, salud física y mental.    La intervención del sistema oficial escolar contempla a la víctima, la persona agresora y a quienes observan el hecho. En cuanto al uso de drogas, armas o abuso, las direcciones de los centros educativos remiten a otras instancias, tales como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), la Policía de Niñez y Adolescencia, y los jueces penales, en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes -NNA.   Casi el 80 por ciento de los casos denunciados de acoso escolar o b ullying de forma verbal, comienzan en los salones de clases o en los recreos. Las agresiones físicas, se dan en los baños o en lugares apartados de la vista de adultos o cámaras de seguridad. Esto lo señala la encuesta realizada en 2023 por la Organización Global de Prevención ante el Bullying -OGPAB, el Observatorio de Acoso Escolar y la Alianza Mundial Contra el Bullying, donde participaron de forma anónima dos mil 482 estudiantes de colegios públicos y privados de once países de las Américas y España, incluyendo Panamá, e hicieron un retrato de la situación cuando establecieron haber sido víctimas de acoso escolar. Canva Las cifras de  la encuesta de OGPAB,  reflejan que seis  de cada  diez  estudiantes ha sufrido acoso físico, cuatro  de cada diez  ha reportado agresiones de consideración, tanto física, como psicológica; cuatro  de cada diez  manifiesta haber recibido burlas o acoso por  parte de educadores. La violencia escolar es un fenómeno sin fronteras. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF , l a mitad de jóvenes en todo el mundo sufren violencia entre compañeros en la escuela. Uno de tres estudiantes entre los 13 y 15 años, experimentan acoso. Igualmente, uno de cada tres estudiantes del mismo rango etario, se han involucrado en peleas físicas.   Para ordenar la situación en centros escolares del país,  el gobierno amplía la cobertura, pero existen deficiencias desde zonas pobladas como alejadas en las comarcas, donde padres, madres de familia y estudiantes víctimas necesitan una respuesta oportuna. Con ello, cuelga en un hilo delgado la vulneración de los derechos humanos, la salud mental y las consecuencias de estos actos sin su debida prevención. La agonía ante un caso de violencia escolar Allan, de 14 años de edad, es reservado, respetuoso, tranquilo, aplicado. Al darse el hecho, un profesor lo extrajo de la situación y alertó a la madre del estudiante, quien describe el episodio tras el hallazgo como una verdadera agonía: “cuando llegué a la escuela la primera vez, mi hijo lloraba, su corazón latía muy fuerte.”   Carmen, comentó que pasaba las noches sin dormir, en determinación de cuidar a su hijo, lo trasladó a su habitación. “ Necesitaba tenerlo cerquita de mí. Él se puso a llorar, me decía: no quiero problemas mamá, ellos usan cuchillos y pistolas, yo no.”   Ella narró este proceso con la emoción de quien ama: “Todos los días era como una agonía, cuando regresaba a la escuela fue difícil. Al llevarlo yo quedaba faltando a mis turnos de trabajo, esperándolo en el recreo y unas compañeras de él me alertaban por celular si pasaba algo. Hasta que el busito lo recogía y me avisaban… yo respiraba.”   La escuela dilató el caso de Allan, aunque citaron a padres y estudiantes, no todos acudieron, la sanción no se dio para quienes lo acosa ron . Por lo que, a la situación de amenaza, le siguió el bullying, insultos y el acoso psicológico.   Por lo referido, la madre se percibió desprotegida durante un periodo de dos meses, y ante el constante acoso a su hijo, tuvo afectaciones en su salud, se le comenzó a caer el cabello, mientras, Allan estuvo callado, durmiendo mucho, y bajó las notas. La situación empeoró cuando llegó la noticia de su suspensión de dos días de clases, debido a que se defendió de forma verbal contra quienes le agredieron. Carmen llevó una nota a la dirección del plantel y se opuso a tal sanción, la consideró injusta, siendo recibida por la subdirectora, pero no hubo una respuesta resolutiva.   El caso fue denunciado por la madre de Allan ante el Meduca que lo remitió a la dirección regional en San Miguelito, por inacción de la dirección del plantel; a falta de respuestas, y al no existir un informe, la Policía de Niñez y Adolescencia tampoco podía intervenir.   Carmen tomó la decisión de llevar a su hijo a una psicóloga de la Caja de Seguro Social -CSS, quien diagnosticó a consecuencia del acoso continuo que Allan padecía, un detonante para la aparición de un “trastorno mixto ansioso depresivo”. La especialista quien continúa con el acompañamiento y atención a Allan, en un primer momento aconsejó no retirar al afectado de la escuela, porque no era la persona responsable del hecho. Foto. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger   Ante los casos de violencia escolar como el descrito, el Meduca apuesta a fortalecer las escuelas para padres, ya que muchas de estas situaciones tienen su génesis en las familias, y se ve reflejado en la escuela. Igualmente la actual administración busca incluir actividades de arte que ayuden a paliar el mal uso de la tecnología y el tiempo de ocio en estudiantes, y los inadecuados hábitos de dormir, afirmó Veruska Ordás, directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca. Sin embargo, estas respuestas no detienen los casos.   Entre las estrategias, además se encuentra la Guía Habla Conmigo , la cual ofrece espacios presenciales y virtuales seguros, de prevención mediante la intervención educativa para la detección temprana, la prevención efectiva del acoso escolar y el maltrato en estudiantes.   Asimismo, existe el Resuelto No. 2588-A de 30 de mayo de 2018 que reglamenta el uso obligatorio del protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de NNA en circunstancias difíciles dentro del sistema educativo y la actuación de acoso escolar en todos los centros educativos a nivel nacional, públicos o privados.   Este protocolo enfatiza que el centro educativo debe garantizar que los estudiantes, -afectados y agresores-. continúen en el sistema, por lo que debe darle seguimiento a los casos, aunque hayan sido referidos a otra institución.   Ambos instrumentos legales, contemplan un enfoque de derecho e inclusión en situaciones de emergencia tomando en cuenta las competencias socio emocionales. Entre leyes, límites y vacíos: el amparo a estudiantes El sistema educativo desde la mirada de la violencia escolar, tiene síntomas parecidos a las víctimas de este fenómeno. A diario  las situaciones que aparecen en las redes sociales dimensionan las situaciones que antes no era posible que fueran de conocimiento. Lamentablemente el Meduca indica que debido al cuidado de datos a menores de edad, es complejo informar sobre esta realidad.   De acuerdo a la Ley No. 81 del 26 de marzo del 2019 sobre Protección de Datos Personales, se reconoce como ejemplos de datos sensibles en el ámbito educativo, aquellos contenidos en los informes psicopedagógicos de menores de edad elaborados por los departamentos de orientación o psicología de la institución.   Los medios de comunicación en septiembre de 2024, publicaron el caso de un estudiante de pre media en la provincia de Chiriquí, el cual recibe terapias luego de ser impactado por la descarga de una pistola eléctrica. Los responsables del hecho, sus propios compañeros, fueron suspendidos dos semanas del plantel público. También en ese periodo, un niño de primaria   intentó romper vidrios y tirar piedras a varios vehículos en una escuela de Veraguas, los educadores tuvieron que intervenir.     Nuestro país adopta la Ley No. 285 del 15 de febrero del 2022, por la cual se crea el Sistema de Garantías y Protección, Integral  de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con esta ley se cumple con las normas internacionales al crear un sistema integral de protección para NNA, a su vez ese mismo año se reglamenta.   Milagros Pérez, abogada especializada en niñez y adolescencia, recuerda que se dieron pocas reuniones de trabajo después de la reglamentación de esta norma, y pondera que con la implementación, “ el único ente que ha avanzado es el Órgano Judicial que ha creado los juzgados que contempla la ley” .   Por lo anterior, Pérez manifestó que el principal desafío para las autoridades es la atención de casos de violencia entre adolescentes y jóvenes: las agresiones físicas, sobre todo en los lugares con alto grado de delincuencia en donde las bandas juveniles pueden llegar a los colegios por medio de sus alumnos. En segundo lugar, se ubica el cyberbullying, como nuevo tipo de violencia, dentro del acoso, que afecta a los adolescentes y jóvenes, que por su alcance en redes sociales puede llegar a tener mayores efectos psicológicos.   La jurista insistió que se debe garantizar el cumplimiento del artículo 64 de la Ley No. 285, el cual garantiza una vida libre de violencia para NNA en su entorno familiar, escuela y la aplicación de la disciplina positiva en la corrección de los NNA.   Cobertura para atender la violencia escolar El papel de   docentes, directores, tuto res  o de cualquier adulto que tenga a su cargo un grupo de NNA , es decisivo a la hora de enfrentarse e intentar transformar una situación de violencia escolar.   Para el profesor Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses -AEVE, respecto a la Ley No. 285, opina “muchos directores no ejercen con rigor la administración escolar cuando se dan los casos. Y cuando llegan a la Fiscalía, muchas veces hay omisión por la administración de los planteles.”   Adicionalmente, Sánchez explicó que los docentes deben hacer las adecuaciones y evaluaciones para remitir los casos. En ese sentido, reconoce que los educadores enfrentan la falta de capacitación para atender niños con discapacidad, en riesgo social, déficit atencional, con malas conductas y problemas de drogas. “Los docentes tienen que rifársela” al referirse a estos dos últimos temas” , dijo preocupado Sánchez.   El Meduca tiene desde hace años los cursos de actualización docente, una herramienta importante en el mejoramiento de competencias y capacidades, sin embargo, no es una práctica obligatoria para educadores del sistema público.   Para la especialista en psicología infantil y conductas, Geoenith Bennett, todo el peso de la intervención que produce la violencia escolar recae en la parte administrativa del plantel. La realidad a su juicio radica en que, en primera instancia es una cadena, donde los docentes en el sistema público no tienen un respaldo total, y las consecuencias suelen caer sobre ellos, y los lleva a situaciones de hostilidad e indiferencia.   “La violencia escolar genera un desgaste para el profesional docente en las aulas, y el sistema obliga a mantener a víctimas y agresores en los centros escolares”, argumentó Bennett.    Un ejemplo de lo antes señalado, se dio en junio pasado, cuando una fundación que atiende temas de prevención de violencia y con quienes se estableció comunicación, recibió la denuncia de la madre de una estudiante de 14 años, a la cual un compañero de clases engañó para acercarla a un joven de una pandilla en ciudad capital, quien abusó sexualmente de ella. La joven y su madre estaban amenazadas, y la inadecuada atención tanto escolar como de personal médico público, le instaba a reintegrarse a sus clases. Pese a haber gestionado la denuncia en la fiscalía, ambas afectadas se sentían en completa vulnerabilidad.   Dentro de las gestiones de Meduca, su responsabilidad es la prevención primaria, sin embargo, la directora, Veruska Ordás, dio a conocer que los equipos especializados realizan proyectos y programas de prevención secundaria en centros escolares donde no hay equipos de atención. Aseguró que atienden casos individuales que les son remitidos al ser menores de edad con hojas de consentimiento, por parte de padres y madres, docentes, administrativos o directivos de los centros educativos.   La intervención primaria está a cargo de una orientadora, que atiende los comportamientos de conducta donde se sospecha hay factores de riesgo, mientras que la intervención secundaria es cuando ya tiene probabilidades de iniciar la conducta disruptiva. En estos escenarios actúan los servicios psicopedagógicos, entonces se hace referencia a especialistas.   Pese a lo anterior, lamenta Ordás que la cobertura de atención e intervención escolar, es limitada. Esta información la proporcionó la nueva directora nacional de Servicios Psicoeducativos, a tres meses de asumir el cargo.   La atención psicopedagógica en cifras Esta situación trae un arrastre a través de los años. Del 2019 al cierre del 2023, el Meduca en un informe de gestión 2019-2024, refleja que ofreció atención y seguimiento a más de 43 mil 794 estudiantes, y un total de 2 mil 880 visitas domiciliarias, cuyos motivos de referencia estuvieron relacionados a los siguientes factores: rendimiento académico, adaptación escolar, abuso sexual, acoso escolar, ideas suicidas e intento de suicidios, depresión y ansiedad, entre otros.   Es importante conocer que en la actualidad, el Meduca cuenta con 159 equipos psicosociales trabajando distintas dificultades de violencia escolar y otros tipos de conductas, que atienden las dinámicas que se encuentran a nivel conductual, emocional, familiar, y social en estudiantes del sistema público.   Los gabinetes psicopedagógicos de Meduca no llegan siquiera al diez por ciento de las escuelas oficiales a nivel nacional, afirmó  Veruska Ordás.   Si se analiza el alcance en términos de matrícula, se debe tomar en cuenta que los gabinetes están instalados en centros educativos superpoblados , con más de mil estudiantes. Sin embargo, en términos de áreas geográficas, se adolece de una cobertura adecuada, como e n las zonas comarcales y Darién. Para tener una idea de la problemática, en el área de Panamá Este, solo se cuenta con un gabinete para la atención de este tipo.   El año pasado, se registró una matrícula total en escuelas oficiales de 830,181   estudiantes según el Meduca , lo que representa el 41.7 por ciento de atenciones de estudiantes en el sistema público escolar por los gabinetes psicopedagógicos para este periodo. Las regiones de Chiriquí, Panamá Centro y Panamá Oeste representaron los tres primeros lugares en atención.   Fuente : MEDUCA Entre las estrategias de emergencia, el Ministerio de Educación  estableció un ficha de atención  socio emocional, y entrevistas  por la plataforma social google meet, sobre todo para efectos cubrir la demanda de situaciones en tiempos de pandemia, con ello se logró cubrir 626 centros escolares. Ese ejercicio continúa, además de fichas regionales, y cartas que reciben de casos específicos. Todo esto se canaliza a través de las 12  regionales.   Coexistencia Pacífica en las escuelas U NICEF  en 2019, en un manifiesto elaborado por un centenar de jóvenes en el Foro Mundial de Educación  aboga  por la protección para los estudiantes,  siguiendo el principio de la coexistencia pacífica y respetuosa en las escuelas. En dicha cita, las juventudes exigieron entornos de aprendizaje seguros, que docentes y quienes brindan consejería emprendan una formación continua y sean capaces de identificar, responder y apoyar a estudiantes afectados; además se demanda la protección y prevención de todas las formas y niveles de violencia en las escuelas, que deben regirse por normas, reglamentos y planes de acción claros, aunado a la restricción de armas de fuego y cuchillos, entre otras. Foto. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger La atención de la violencia escolar conlleva un proceso. Para la psicóloga Bennett, la solución es estructural y es necesario contar con un buen ambiente laboral para el docente, donde el espacio debe tener insumos para realizar las actividades. El proceso en el caso de Allan tuvo fallas evidentes en cuanto a protocolos y cuidados a menores de edad. El Meduca intervino con una orden superior, es así que la directora del plantel reaccionó al problema y se sorprendió después de dos meses al ver el expediente y enterarse sobre la intervención de  psicología clínica de la CSS.   Allan  mantiene el seguimiento de atención psicológica y ha mejorado sus calificaciones, logrando eximirse en los exámenes trimestrales. “Ya no tengo miedo” , aseguró. Los hermanos que lo acosaban fueron separados y enviados a otras aulas.  Sanar aulas una demanda de vieja data “Desde que existen escuelas, hay conflictos.” Así lo considera el médico y cineasta panameño José Antonio Stoute, quien en fecha reciente estrenó la película Academia St. Vierja, basada en hechos reales. Narra la historia de un niño que entra en una escuela nueva y enfrenta violencia escolar y de compañeros y maestros, desde abuso sexual, y discriminación por diferencia de clases sociales.   Stoute, espera que la película ayude a comprender cómo las experiencias infantiles impactan a las personas a lo largo de su vida y a sensibilizar sobre cómo se trata a los niños en las escuelas.   “No hay individuo malo en sí, si no son los factores alrededor de cada persona los cuales le llevan a comportarse de determinada forma, con esto se lleva el peso de experiencias hasta la vida adulta, de ahí la importancia de encontrar educadores/as que comprendan estos procesos”, recalcó el cineasta, José Antonio Stoute.   Allan y su familia no fueron parte de los casos que incluyen ese 17 por ciento de atenciones por parte de gabinetes psicopedagógicos.   E ncontraron salidas alternas a la agonía que vivieron en un centro educativo oficial , tuvieron respuestas por parte de la Policía de Niñez y Adolescencia y personal de la CSS.    En el año 2025 el Meduca tiene programado instalar más gabinetes psicopedagógicos, con nombramientos de personal de psicología y trabajo social, en las áreas geográficas que no están cubiertas, y donde se han instalado centros educativos que han aumentado sus matrículas sustancialmente.   No hay recetas para lograr cambios en un panorama donde se conocen cada vez más casos complejos de violencia entre estudiantes. El profesor Justo Pastor Ramos Machado quien l abora en el Instituto Comercial Panamá, -que cuenta con gabinete psicopedagógico-, explicó que la educación tiene actores, cada uno de los cuales tiene un rol a cumplir.   “El espacio que desempeña la familia se ha diluido en muchos hogares, por otra parte la comunidad ha tomado más espacio, lo lamentable es que educa de manera informal, por lo que necesita guía familiar. A eso se suma que la educación ha perdido su función formal. Todo esto se traduce en NNA débiles emocionales, con incapacidad de enfrentar frustraciones”, añade Ramos Machado.   Todo el proceso de enseñanza y aprendizaje debe darse en un clima de cero violencia, sin embargo, lo antes dicho, ni con la meta de  instalación de 200 gabinetes psicopedagógicos al final de la gestión gubernamental en 2029, se evade enfrentar muchos retos en torno a la violencia escolar, en un sistema público con  tres mil 113 centros educativos. Foto ilustrativa de portada. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger.

Las ciencias sociales se sientan a la mesa en la nueva sociedad.   Por Sharon Pringle Félix Periodista Independiente, especial para Archivos Abiertos.   Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más.   Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud.   Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   No fue hasta 1970 que el movimiento por los derechos animales toma fuerza, las posiciones de organizaciones sociales y feministas de la época abogaban por un trato más humano a los animales domésticos, y un alto al especismo. El eco de las mujeres europeas resuena en las Américas cuando la feminista afroamericana Ángela Davis  en la 27º Conferencia de Empoderamiento de Mujeres de Color este 2024 afirmaba: " No solía mencionar que soy vegana, pero eso ha evolucionado. Creo que es el momento adecuado para hablar de ello porque es parte de una perspectiva revolucionaria.”    La carne y las ciencias sociales Existe una demora de la sociología en abordar los temas de la comida. De eso da cuenta el artículo “ La carne y el cambio social: Perspectivas sociológicas sobre el consumo y la producci ón de animales ”, divulgado en la versión 311 de la Revista Nueva Sociedad, publicación latinoamericana de ciencias sociales abierta a las corrientes de pensamiento progresista, proyecto de la Friedrich Ebert (FES), la pionera de las fundaciones políticas alemanas (1925), creada como legado de socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente alemán elegido democráticamente.   En el mencionado artículo, sus autores Frithjof Nungesser y Martin Winter brindan elementos de análisis, referenciando a investigadores, políticos e historiadores con los que dejan evidencia de que el consumo de carne no está predeterminado “ por la naturaleza ”, sino inducido, regulado y restringido social y culturalmente. Por tanto, al co-relacionarse esos factores de producción y consumo de carne, desencadenan conflictos relacionados con la crianza de los animales, la degradación ambiental y el tema del acceso de carne a ciertos niveles altos de la sociedad.   Nungesser es profesor en el Instituto de Sociología de la Universidad de Graz, mientras que, Winter está especializado en sociología cultural, de género, estudios sobre ciencia, tecnología, e investigación social cualitativa.   Los autores mencionan al sociólogo francés Pierre Bourdieu y su aporte sobre la relación del consumo y los patrones que se asumen con respecto a las sociedades dependiendo de la clase. Además, proponen a estudiar la correspondencia entre carne, género y clase, comprendiendo que la producción de carne debe entenderse en el marco de relaciones humanos-animales específicas de cada cultura.   Entre valores nutricionales y mercado Dicho escrito de Nungesser y Winter, refleja una serie de variables que minuciosamente presentadas preocupan a comensales o no de la carne animal. Es que la concepción de este alimento cambió a medida que el conocimiento nutricional viró hacia un modelo bioquímico y dejó de ser considerada un alimento difícil de digerir para pasar a ser un alimento saludable y nutritivo.   Lo anterior quiere decir que los conocimientos nutricionales fueron puestos en función del mercado. Entonces la ciencia nutricional para calmar el conflicto social dispuso calcular las raciones de alimentos y justificar así científicamente el suministro de alimentos a los trabajadores.   Sin duda, el aumento del consumo de carne animal está ligado al establecimiento de una sociedad de clases capitalista y a la asignación de trabajos manuales duros a los varones. De hecho, la cita de los autores al nutricionista Carl Voit (1831-1908) aporta una polémica en cuanto a la otrora recomendación de que especialmente los trabajadores (varones) tenían que consumir grandes cantidades de proteínas. En lo cotidiano, que inicia desde el ámbito privado de sentarse a la mesa, invita a recordar la relación familiar y analizar quién suele acceder al trozo de carne más grande en casa, y de seguro no será porque le guste a alguien o no, sino por un mandato nutricional y de relaciones de poder. Sí, tal vez se dificulte comprender que detrás de su plato de comida hay un poder que  regula sus hábitos, y en el caso de las mujeres el consumo de carne animal por su connotación de ser un riesgo para la salud del atractivo del cuerpo femenino.    Foto. Cortesía   Consumo de carne y relaciones de poder A simple vista hay una latente en temas de género y consumo cuando los autores citan a Carol Adams, quien sostiene que el dominio patriarcal está vinculado al dominio humano sobre los animales. Describe analogías semánticas entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales, que se vuelven especialmente obvias en la publicidad sexualizada de la carne.   Podría pensarse en una variable adicional a la relación género, clase y carne, como el tema de raza como término politizado desde los pueblos originarios, que en este apartado no fue considerado, pero abriría un abanico de análisis.   Escudriñar estas cosas de la carne animal es crucial, implica un tema de ética humana donde sí importa el sector o contexto donde se ubique, ya que no implica lo mismo una población que está apenas accediendo a comer mollejas de pollo, probablemente estresado en jaulas calurosas, y otra que accede al corte más exquisito de res criado en aire acondicionado, con alfombras y un gasto energético importante.   Es que la disponibilidad y asequibilidad crecientes de la carne solo fueron posibles gracias a una profunda transformación en la cría de ganado y la producción de carne. Es tan reciente lo que conocemos como matadero, surgió apenas a principios del siglo XIX. De allí cambió la práctica de consumo que conocemos al día de hoy, que según la FAO ha disparado excesos significativamente, dando a la faena anual de ganado un aumento en el mundo 783% en los últimos 55 años. En el mismo lapso, la población mundial aumentó apenas 138%.   Transformando los conflictos en reflexiones Los conflictos de los que hablan los autores se podrían transformar en posibilidades de convivencia y de nuevas formas de habitar desde cada cuerpo.   Entendiendo la supremacía de la clase dominante, se comprende que no es un conflicto de la carne per se, esa sería apenas una mirada, es el tema de clases, de fondo un dominio del ser humano hacia los animales como cultura. En cada contexto, la carne se representa como un objeto diferente de estudio, el acuerdo entre los autores y otros especialistas citados, da cuenta de una hipótesis de las ciencias sociales: hay un sistema configurado donde solo quienes tienen acceso a mejores ingresos económicos pueden alimentarse mejor.   En este panorama, no está fácil establecer patrones adecuados de consumo en lo moral si tomamos en cuenta el aspecto de clases, porque accede a comer quien más y mejor tiene y quién más ostenta el poder. Esto presenta nuevas reflexiones, va más allá de enunciarse con etiquetas de comensales, que en algunos casos persuade un mercado-sistema que logra moldear e inventa eufemismos que rápidamente adquieren seguidores.   Por otro lado, hay quienes condenan a quienes comen carne, pero se extralimita en otros privilegios alimenticios. Esta contradicción moral hace  tornar la relación humana lejana a la riqueza de la diversidad, en función del dominio de unas prácticas que cree perfectas contra otras, y añade conflictos racistas por el tema religioso y cultural. Tal parece que la carne desde la Biblia a nuestros días sigue siendo análisis.   El análisis de la carne animal, su consumo y todo lo que entorna este tema, convoca a ahondar en conversas y espacios desde lo político y la política, de lo contrario se pueden seguir hábitos tendientes a una acción predadora incontrolable y salir corriendo ante el primer puesto de comida rápida y devorar una presa de pollo frito crujiente, ultra grasoso después de estas reflexiones, o ir a un restaurante y mientras se enfría la comida entrar a Instagram o Facebook a postear el mejor ángulo de la deliciosa lasagna  de tres carnes, para luego ver cuántos me gusta o visualizaciones logra.   ¿Podrá el ser humano y humana crear nuevas formas de convivir y hacer uso de la carne y al mismo tiempo bajar los niveles de sobre consumo que imponen las actuales sociedades de clases? Es una gran pregunta en un contexto mundial donde hablar de consumo de carne animal es similar a participar de un juego de ajedrez, cada jugador intentaría mover la ficha que le hace avanzar en una disputa, con la conciencia de que está ejerciendo el mejor de los movimientos. Al final del juego, aunque tarde, siempre aparece el aprendizaje. Foto de Portada, Omar Bonilla.

Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado. Por Grisel Bethancourt, Zaida Herrera y Eduardo Mendoza. Las muertes violentas cegaron la vida de 47 niños y adolescentes en el 2023, frente al creciente aumento en la tasa de homicidios en el país, el principal móvil fue la rencilla entre pandillas .   El estremecedor sonido de las balas resonó en La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. A plena luz del día, un hombre, armado hasta los dientes, irrumpió en una actividad deportiva en busca de su enemigo. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre la comunidad cuando una niña de dos años quedó en medio del atentado, perdiendo su vida inocente. A su lado, una adolescente de 13 años sobrevivió milagrosamente a la ráfaga de balas. Seis meses después, la Torre 7-A de Curundú se sumió en la oscuridad de una nueva víctima. Un enfrentamiento entre bandas delictivas desencadenó disparos cruzados, y una niña de 8 años quedó atrapada en la danza de balas, convirtiéndose en otro trágico episodio de la violencia que azota a la niñez panameña. Estos dos relatos representan la punta del iceberg de la tragedia que ha envuelto a la niñez panameña. Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado, dos de ellos los que acabamos de relatar. Sin embargo, la cruel realidad es aún más sombría: 47 niños y adolescentes perdieron la vida en 2023, un aumento impactante del 30% en comparación con el año anterior y constituyendo un 8% de todos los homicidios del mismo período. Colón se convierte en el epicentro de esta epidemia, con 17 casos, todos vinculados por el trágico común denominador del uso de armas de fuego. El área metropolitana le sigue de cerca con 13 casos. Uris Vargas, fiscal Superior de la Sección de Homicidio y Femicidio, revela que la rencilla entre pandillas fue el móvil en al menos siete de estos casos. Durante las investigaciones de homicidios, un equipo multidisciplinario, compuesto por fiscales del Ministerio Público, trabajadores sociales y criminólogos, se adentra en el entorno de las víctimas para dilucidar los motivos del homicidio y señalar a los autores. Sombras en el hogar y el flagelo de la violencia infantil Los especialistas han identificado hogares en vulnerabilidad en el área metropolitana, donde la disfuncionalidad, la adicción de los padres, el abandono escolar y la presencia de pandillerismo o bandas juveniles contribuyen al riesgo de los niños y adolescentes. Danilo Toro destaca la alarmante influencia del mercado oscuro de armas en estos entornos. La Organización Mundial de la Salud, en 2022, alertó sobre la violencia como una de las principales causas de disfunción en adolescentes, resaltando la necesidad de abordar este fenómeno que afecta principalmente a varones. Armas Ilegales Los expertos, tras analizar esta ola de violencia, coinciden en que es imperativo que los sistemas de seguridad y justicia protejan a la niñez y la juventud. Carlos De Icaza, exjefe de la Unidad Antipandillas y subcomisionado retirado de la Policía Nacional, arroja luz sobre la conexión entre la violencia y la existencia descontrolada de armas ilegales en manos de personas sin la capacitación necesaria. De Icaza denuncia las distintas modalidades del crimen organizado, destacando la facilidad con la que las personas menores de edad son inducidas a cometer delitos y homicidios, dada su inimputabilidad. La carencia de educación y control en el hogar se presenta como el caldo de cultivo para la participación de los jóvenes en grupos delictivos. El Mercado Oscuro de las Armas Danilo Toro, sociólogo, pone al descubierto un mercado alarmante que promueve comportamientos negativos mediante la disponibilidad fácil de armas. Critica la falta de políticas públicas efectivas para contrarrestar los asesinatos de niños y adolescentes con armas de fuego, señalando la urgencia de acciones profundas por parte de las autoridades. La ausencia de una dirección clara y medidas preventivas coloca a la sociedad en una encrucijada, evidenciando una problemática que requiere intervenciones urgentes y profundas, según las palabras del sociólogo. El criminólogo Carlos González, de la Universidad de Panamá, contextualiza la situación al señalar que la delincuencia juvenil florece en contextos socioculturales de bajos ingresos económicos. La exclusión social, la pobreza y la distribución desigual de la riqueza son terrenos fértiles para que la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) se convierta en víctima de violencia y abuso en una sociedad marcada por la brutalidad. González apunta a la crianza, el entorno social y el bienestar proporcionado por el Estado como factores homogéneos que influyen en los homicidios, destacando la responsabilidad de la sociedad en prevenir la caída de los jóvenes en el abismo de la delincuencia. Dinero fácil La socióloga Rubiela Sánchez sostiene que el homicidio de un adolescente que está inmerso en pandillas y el narcotráfico es el detonante final, “es la evidencia de que hemos fracasado como sistema y sociedad”. ”No hemos realizado programas efectivos para impedir que el narcotráfico deje de ser lo más atractivo en algunas comunidades donde es perceptible la frustración de no tener recursos para subsistir en una sociedad tan consumista, que te bombardea con propaganda de lo que está de moda, el celular modelo último, las zapatillas o hasta el apoyo que puedes dar a tu familia para las necesidades básicas”, dice la socióloga. Para el psicólogo Fernando Gómez es fundamental que los padres ejerzan una labor responsable como cuidadores. “Tómense en serio la labor de los padres. Estén allí, no sean ausentes porque muchas veces los niños encuentran estos malos caminos porque los padres no los han aconsejado o acompañado suficiente”, señaló Gómez. Los asesinatos de infantes (0 a 5 años) es otra cruda realidad. En el país han ocurrido casos que son investigados y cuyas víctimas tuvieron un día de vida. La estrangulación de un bebé por su propia madre fue un hecho ocurrido en Las Mañanitas, ciudad capital, narró una fuente de investigación consultada. La autora del homicidio aseguró haber tenido un aborto espontáneo, pero al ser examinada por médicos se comprobó que había dado a luz. El niño había nacido vivo. Fue el esposo quien encontró al bebé dentro de un cesto de ropa sin vida. Este caso fue investigado por la Sección de Femicidio y Homicidio del área Metropolitana, el cual se encuentra a la espera de la fase de juicio oral, donde la madre es la imputada. El efecto de la violencia En los hogares hay todo tipo de hechos violentos, entre ellos, el maltrato. Muchos de los casos nunca se denuncian. En ocasiones por la edad y condición de desarrollo y dependencia de la víctima (bebés e infantes, niños). Según el “Análisis de Situación de violencias contra niños, niñas y adolescentes en Panamá”, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) del 2018, cada vez hay mayor número de niños y adolescentes víctimas de violencia que requieren la protección del Estado , tanto en su forma de prevención como de atención. Una persona que pasa por una situación de violencia, incluso quien la presencia puede experimentar consecuencias mentales, estrés, miedo, establece el psicólogo Fernando Gómez. En conclusión, la violencia desatada sobre la niñez panameña ha creado silencios rotos y gritos ignorados. La ineficiencia del sistema educativo, el acceso peligroso a armas de fuego y la ausencia de políticas públicas forman un tejido social frágil que exponen a las personas menores a un entorno desafiante. Danilo Toro, el sociólogo, insta a la sociedad y al gobierno a tomar medidas decisivas para proteger el futuro de la juventud y restaurar la integridad de un sistema educativo colapsado. En medio de este paisaje desolador, cada niño y niña perdida clama por un cambio que les devuelva la esperanza y la seguridad que les han sido arrebatadas. Publicado en La Estrella de Panamá. Foto Larish Julio

Un fenómeno similar ocurrió entre 2015 y 2016. Los manglares de Panamá Viejo, Juan Díaz y La Maestra perdieron sus hojas y la coloración del follaje. Por Grisel Bethancourt y Marlene Testa Una extensión del dosel del bosque de manglar de Panamá Viejo, en la Bahía de Panamá, ya no es verde. Una porción – frente a un tramo del Corredor Sur- perdió sus hojas. Los troncos y ramas secas, apenas sostenidos por los fangos, parecen anunciar la muerte del humedal. Otra porción aún conserva sus hojas, pero su color parece indicar que están a punto de caer. Se trata de árboles jóvenes, de cerca 20 ó 23 años. A mediodía, en plena estación seca, con el sol en su cenit, el escenario impresiona. Digna Barsallo, la directora de Costas y Mares Ministerio de Ambiente (Miambiente) pasaba por el Corredor Sur - frente al tramo de Panamá Viejo y Coco del Mar - y su asombro fue mayúsculo al percatarse que el manglar había cambiado el natural verde de sus hojas por el ocre. De inmediato se encendieron las alarmas. Lo asoció al cambio climático que incide en la severidad de El Niño, caracterizado por la disminución de las lluvias y el aumento de temperaturas marinas. Las normales oscilan entre 27° y 28°. Pero, actualmente alcanzan los 37 ° y más. Barsallo notificó la situación: envió un correo a la Dirección de Información Ambiental y pidió una investigación que evalúe las evidencias y determine las causas de la degradación de los manglares de la Bahía de Panamá. Tania Romero, bióloga que estudió el impacto del fenómeno de El Niño en el 2015 - 2016, lo confirma. La experta en temas de manglares explica que esta es una reacción de los árboles al incremento de temperatura y escasez de lluvias, que es propia de eventos extremos. La decoloración y caída de las hojas son los primeros signos de la agonía del ecosistema. Es también un mecanismo de sobrevivencia de los manglares– que empiezan a perder sus hojas y su coloración - para reservar energías y mantener por un mayor tiempo la estructura del árbol (ramas y troncos), agregó Romero. Pero, no son los únicos. Los manglares de Juan Díaz - que están cercanos a la planta de tratamiento de aguas servidas– también tienen áreas con apariencia fúnebre. Muro de defensa El manglar de Panamá Viejo está cercano al afluente del Río Abajo, que le proporciona el agua dulce, y al litoral pacífico. Acompaña la línea de edificios y viviendas erigidos en el límite de una zona histórica, donde reposan las ruinas de la primera ciudad de Panamá, fundada hace 504 años. Funciona como una barrera natural que amortigua los efectos de los oleajes y marejadas contra las estructuras. Esos árboles salados son organismos vivos que requieren de ciertas condiciones para crecer y desarrollarse. Normalmente pueden sobrellevar los excesos de agua dulce y salada a los que están expuestos en el área de transición. Cuando la marea sube, los árboles absorben las sales y nutrientes a través de sus raíces. Al bajar la marea, el exceso de sal, que queda en sus raíces, se lava con la lluvia. En la temporada seca, se pierde ese recurso. Eventos climáticos extremos como El Niño puede conllevar a la planta a un “estrés hídrico”, que impediría cumplir la función de eliminación de sales, añadió la bióloga Tania Romero. Pueden sobrevivir dos o tres meses en este ambiente extremo por su capacidad de resiliencia. Pero con un fenómeno como El Niño - que duplicaría el periodo de la estación seca- las probabilidades de sobrevivir de los manglares son escasas. Primero caerían las hojas y luego las ramas. Por último, podrían perder el tronco. A un tronco debilitado – sin hojas ni ramas - podrían caerle insectos y hongos que descomponen la madera. Más aún cuando han sido expuestos a un evento previo y extremo de La Niña – que provoca exceso de lluvias –, y que trae consigo escorrentías de ríos que se acumulan en las raíces de los manglares y las cubren, impidiéndoles absorber y expulsar sales. “La superficie que tenían para eliminar la sal es reducida porque las raíces han sido cubiertas en un 25% y probablemente 50%. Solo tendrían un 50% para ayudarse en la sequía extrema”, concluyó Barsallo. Aunque, habrá algunos organismos que no morirán del todo y tendrán la capacidad de regenerarse. El Niño 2015 -2016 Un fenómeno similar ocurrió entre 2015 y 2016. Los manglares de Panamá Viejo, Juan Díaz y La Maestra perdieron sus hojas y la coloración del follaje. Esto ocurrió a lo largo de la costa entre la Ciudad de Panamá y la provincia de Darién. Hubo una alta mortalidad: 70% en áreas cercanas al mar y 20% en otras más alejadas. Los de Juan Díaz y La Maestra sufrieron un evento de mortalidad masiva. Los de Panamá Viejo experimentaron la defoliación de las hojas, pero se recuperaron rápidamente, aseguró Steve Paton, investigador de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). Los primeros estudios – que se realizaron entre agosto y septiembre de 2016 - apuntaban a un incremento de la actividad herbivoría -que es cuando un insecto consume una planta – como causa de la muerte de los manglares. Para confirmar o descartar la hipótesis, un equipo multidisciplinario de tres instituciones y nueve organizaciones, liderado por Senacyt, realizó un monitoreo de insectos (polilla), hongos y enfermedades. También hicieron una evaluación ecológica y fisiológica de los manglares, así como pruebas fisioquímicas al agua y suelo, y estudios de los niveles de almacenamiento de carbono. Las conclusiones están consignadas en el documento “Estudio y Monitoreo de los Manglares de la Bahía de Panamá”. La polilla no era la causa de las afectaciones a los manglares. Su presencia era normal en la época en que se produjo el fenómeno y no causó afectaciones severas, según el documento. Los científicos agregaron que, aunque estos insectos son los que más usan el foliar del manglar, sus ataques son esporádicos. Además, forman parte de la fauna de los manglares y son enemigos naturales de ciertas plagas que afectan los árboles. Ubicados en la Bahía de Panamá, que forma parte de la Convención Ramsar sobre protección de humedales, estos manglares son considerados como uno de los sitios importantes de migración de aves de Norte a Sur de América y viceversa. Se estima que, solo de aves playeras, transitan anualmente hasta dos millones de ejemplares por esta zona. Salinidad tóxica Como consecuencia de la sequía de 2015 y 2016, hubo una evaporación extremadamente alta que provocó que la salinidad del suelo de los manglares alcanzara niveles tóxicos. Los árboles que se habían desarrollado bajo condiciones de abundantes lluvias y nutrientes, no lograron tolerar la escasez de lluvias, durante ese periodo. Así lo establece el estudio del equipo multidisciplinario. ”La acumulación de estrés hídrico causado por tres años seguidos de lluvias por debajo de lo normal”, pudo haber causado la muerte de los manglares, indicó Steve Paton, investigador de Senacyt. El mismo episodio (2015-2016), que se experimentó en la Bahía de Panamá, fue reportado en toda la cuenca del Pacífico. En Australia, se reportó la mortalidad masiva de manglares en la Bahía de Carpentaria. En Ecuador, se ha estudiado cómo diferentes eventos de El Niño alteran los niveles del mar en el Golfo de Guayaquil. Hombre vs naturaleza A esta cadena de situaciones hay que sumarle el grave impacto de las actividades humanas. Las aves conviven en el manglar junto a latas vacías, botellas de plástico, restos de neumáticos y suelas de calzado, que han llegado al bosque arrastrados por la marea, favoreciendo la contaminación. Hay, además, otras actividades producidas por los seres humanos que también atentan contra la conservación de los manglares. Entre ellas están el uso de suelo, el manejo inadecuado de aguas servidas y el desarrollo humano desordenado que incrementa la sedimentación. Extensión de manglares Panamá, con 187.064 hectáreas de manglares, es uno de los países de Centroamérica que tiene más bosques azules. El país, con costas en el Pacífico y el Atlántico, tiene 12 de las 75 especies puras que existen en el mundo. Pero desde la década de los 70 ha perdido más del 50 %. Sin embargo, en algunos lugares ha aumentado su cobertura por procesos naturales. Eran muy apreciados por las sociedades precolombinas, pero la introducción de la ganadería, hace cinco siglos, provocó que la sabana se convirtiera en el ecosistema principal y que los manglares empezaran a ser percibidos como “inútiles” para la actividad humana. Aún se tiene la percepción de que los manglares son poco productivos y deben ser sustituidos por inversión inmobiliaria. Pero la realidad es que las afectaciones a los bosque de manglar comprometen los bienes y servicios de captación de carbono, reciclado de nutrientes, capacidad de refugio de especies marinas de importancia comercial, al tiempo que reduce la defensa de las costas frente a la intrusión de aguas marinas y su protección contra las tormentas. La sequía de 2023 El 2023 fue el segundo año más seco en 98 años de registros en la reserva biológica de Barro Colorado. Estuvo apenas 5mm por arriba del más seco, 2015, según datos suministrados por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI, por sus siglas en inglés), Con este reporte coinciden los efectuados por personal del Parque Natural Metropolitano. Estuvo marcado por la llegada de El Niño que alcanzó una intensidad fuerte en Panamá para agosto, septiembre y octubre. Y así se ha mantenido el primer mes del año 2024. En Panamá, se estima que las precipitaciones se reducirían entre un 15% y 40% por causa de su severidad. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre hubo lluvias normales. Eso quiere decir que los manglares entraron en la época seca con más agua que en 2015 y 2016. Las lluvias de 2013 y 2014 fueron por debajo de lo normal. Pero, el 2021 y 2022 fue muy húmedo. Pero, cada evento de El Niño es diferente y las condiciones que lo proceden también lo son. Por tanto, “es difícil predecir cómo se comportará el manglar ante este nuevo episodio de sequía asociado al fenómeno del clima”, señala Omar López, otro investigador asociado a la Senacyt. “Este año hay una sequía, como no hemos visto en toda la historia ni en los últimos 100 años”, pronostica Julio Montes de Oca, Director de Resiliencia Costera de Audubón Américas. La conservación del manglar ha tomado relevancia en el ámbito nacional en los últimos cinco-siete años por su potencial de mitigación al cambio climático, que es irónicamente una “oscura” amenaza para el ecosistema, dice Montes de Oca. Sin embargo, en los manglares de la Bahía de Panamá poco se ha avanzado. “Se ha logrado el desarrollo del plan de manejo, pero de manera concreta no se han implementado las recomendaciones vertidas” en el informe para mitigar su impacto contra eventos extremos, concluye López. La ausencia de prevención, unida a la fuerte amenaza climática, compromete el futuro de los manglares panameños. Mientras tanto en Panamá Viejo se decoloran las hojas esperando la acción reivindicadora del ser humano o un milagro de la naturaleza. Reportaje Publicado en La Estrella / Foto Eric Marciscano. Premio Mejor Reportaje 2024, Sociedad Audubon de Panamá.

Mientras los jueces del Sistema Penal Acusatorio se enfrentan cada día a los vaivenes de la interinidad, familiares y víctimas cuestionan sus decisiones y sienten que la justicia muchas veces no toca a sus puertas. Se logran acuerdos de pena como si se tratara de restaurantes de comida rápida. Por Grisel Del Carmen Bethancourt Cuesta ESPECIAL PARA LA PRENSA EN COLABORACIÓN CON ARCHIVOS ABIERTOS Segunda Entrega Panamá fue de los países que más retrasó la transformación del sistema penal hacia la nueva versión del Sistema Penal Acusatorio, que ya hay en casi todos los países de América Latina. Su diseño se hizo superando las debilidades y falencias de los países que ya tenían más de 10 años de administrar justicia penal, destacó Carlos Lee, abogado y miembro del Pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, aunque sea un modelo bueno, no basta con tener una ley buena, sino que hace falta voluntad política para que dé resultados, argumentó. En Panamá, desde la implementación del SPA, los gobiernos no han tenido la disposición de apoyar con los recursos económicos necesarios, como está propuesto en el diseño, enfatizó. Pero Lee no se quedó en la crítica y fue más allá. Junto a Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se declararan inconstitucionales los artículos 7 y 8 de los renglones que establecen el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público, dado que la propia Constitución les otorga independencia para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales. En febrero de 2022, la Corte declaró la inconstitucionalidad de dichos artículos, por lo que el Órgano Judicial mantiene la potestad de su presupuesto para cada vigencia fiscal. Desliz o injerencia Pero el Órgano Judicial no solo ha vivido los embates a su presupuesto, sino también a su independencia. Las recientes críticas públicas contra jueces del SPA por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, puso en entredicho la separación que debe existir entre los poderes del Estado. El funcionario cuestionó públicamente al sistema luego de que una juez otorgara detención domiciliaria a un ciudadano que supuestamente agredió a un motorizado (lince). Pino no dudó en decir: “Tengo una fiel confianza con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que las cosas van a cambiar (…) Yo lo he dicho anteriormente, de muchos casos donde la Policía aprehende y los jueces desapreheden (…) son cosas que van a cambiar, hay un proceso que se está llevando a cabo”. Él sabrá por qué lo dice. En enero de 2022, el ministro de Seguridad Pública se reunió con la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Según explicó el Órgano Judicial, i ntercambiaron opiniones de diversos temas de interés para la Administración de Justicia. “Que se respete la independencia judicial y se les permita a los jueces resolver de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto”, solicitó enérgicamente el Colegio Nacional de Abogados, al considerar este acto como injerencia del Ejecutivo en la justicia penal. Por su parte, el exministro de seguridad pública, Rodolfo Aguilera, les recordó a los policías que no está dentro de sus funciones criticar ni dictar las políticas públicas del Estado ni de otros órganos. Lo cierto es que el Órgano Judicial, en los once años de implementación del SPA, ha concedido como medida cautelar de detención domiciliaria solo el 2.88 por ciento del total de 62,820 medidas distintas a la detención previsional. Acuerdos de pena, una comida rápida Ante la crisis que vive el SPA, se está usando la figura del acuerdo de pena de manera constante para descongestionar el sistema. Eso es un error, según el docente Carlos Lee. Otros van más allá. El jurista Miguel Ángel Rodríguez, experto en SPA, calificó esta práctica como la “macdonalización” en el proceso penal, es decir, es como un servicio de comida rápida. Hasta el mes de agosto, solo en el primer distrito judicial (Panamá, Darién, Colón, Panamá Oeste y comarcas) se han validado más de 534 acuerdos de pena, solicitados por el Ministerio Público ante el juez de Garantías luego de llegar a un consenso con el victimario. Mientras Lee sostiene que si hay la certeza clara del hecho punible, al Ministerio Público no le debe interesar el acuerdo de pena porque puede probar lo investigado, Rodríguez enfatiza en que hay diferentes estudios que cuestionan la rapidez de los ofrecimientos del Ministerio Público para obtener un acuerdo de esta índole. Es más, para Lee no hay que perder de vista que la intervención de la víctima es fundamental por las afectaciones causadas. En los últimos 11 años, se han registrado 27 mil 578 acuerdos de pena en todo el país bajo el Sistema Penal Acusatorio. Actualmente, se evalúa el anteproyecto de ley 77 que modifica el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de excluir a los agresores sexuales de este tipo de acuerdos. Ni defensa ni garantía En ocasiones, los supuestos victimarios se convierten en víctimas del sistema, como le ocurrió a “Carlos”, en ese entonces de 20 años. Él aceptó un acuerdo de pena de 4 años por porte de ilegal de arma. La propuesta la hizo la fiscalía de Investigación, pena que fue sustituida por trabajo comunitario en una entidad. A solo cinco meses del cumplimiento de la medida, fue llevado a una audiencia debido a que la entidad donde laboraba fue cerrada. Sorpresivamente, la defensora pública designada no le ofreció alternativa como tampoco apelaría ante la juez. Carlos se vio indefenso y, ante el hecho, la juez le concedió una prórroga de 72 horas. Tuvo que cambiar su defensor, quien consiguió dónde culminar el trabajo comunitario. La defensora pública cerró todas las puertas, pese al llamado enérgico de la juez. Acuerdos de pena son como una comida rápida Demandas no se hacen esperar Bajo el Sistema Penal Acusatorio, también hay personas que fueron investigadas y señaladas, pero cuyo proceso culminó con una absolución. En el ínterin, vivieron una pesadilla. Una de ellas es Katherine Cuesta. Hace cinco años, durante el funeral de su hijo, la policía se apostó en los predios de la iglesia para dar seguimiento y vigilancia a su esposo por una investigación antidroga y lavado de dinero, denominada “El Gallero” Dos días después, se realizó un allanamiento simultáneo, por parte de la Fiscalía, en conjunto con la Policía. Las dos hijas de Cuesta, menores de edad, fueron llevadas del lugar a la Policía de Menores. Cuesta, como esposa, aún no tenía cargos en su contra. La defensa interpuso un hábeas corpus que declaró ilegal una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Antidrogas. “Finalmente, me declararon no culpable”, añadió. Sus hijas quedaron afectadas y su salud muy comprometida, informó. Cuesta presentó una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, por los perjuicios causados durante el proceso. Se salvó de cumplir 50 años En 2020, se registró un hecho sin precedentes: la Policía Nacional entregó a la Fiscalía de Homicidios a un joven capturado en la provincia de Colón como el presunto vinculado al asesinato de siete víctimas de la llamada “Masacre del Búnker”. Se trataba de Miguel Almanza, oriundo de El Achiote de Tagua, en la Costa Abajo, un lugar muy alejado de Valle Verde, donde fue capturado el supuesto sospechoso. El joven Miguel Almanza. Foto Cortesía. El defensor de Almanza, José Antonio Moncada, probó la inocencia de su cliente porque los tiempos no eran cónsonos con los hechos. De acuerdo con Moncada, la sección de Homicidios del Ministerio Público de Colón, desestimó el escrito del que inicialmente fue el defensor público de Almanza, que señalaba que el retrato hablado que se había realizado no coincidía con la fotografía del supuesto victimario. Ante un tribunal, Moncada desacreditó la teoría de la Fiscalía y Almanza fue dejado en libertad, si bien, también interpuso una demanda ante la Sala Tercera de la Corte. Monstruo de dos cabezas Mientras tanto, la justicia, después de once años, sigue funcionando con dos sistemas: El Penal Acusatorio y el Inquisitivo Mixto. Este último no puede ser indefinido porque el país no puede tener a estas alturas una justicia paralela, declaró José Abel Almengor, exmagistrado de la Corte. ¿Cuál es la solución? Según los juristas entrevistados, es la implementación urgente de los concursos para el nombramiento permanente de los jueces a fin de que los operadores de justicia actúen en derecho, con una real independencia. *Foto de portada Tomado del organojudicial.com.pa

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia sostiene que es urgente que se realicen los concursos para el nombramiento de los jueces a fin de evitar el miedo y permitir las decisiones en Derecho. Por Grisel Del Carmen Bethancourt Cuesta ESPECIAL PARA LA PRENSA Y ARCHIVOS ABIERTOS La vulnerabilidad de los jueces, despidos judiciales y falta de una carrera judicial, pudieran ser los factores que inciden en las decisiones que se dan en los tribunales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), donde hay demandas ante la Corte Suprema de Justicia y falta de credibilidad en el sistema tras once años de funcionamiento. ¿Qué se sabe de sus jueces y qué hacen? “La primera necesidad de los jueces es su independencia basada en lo que la ley contempla para ello… y dejarlos trabajar en total autonomía”, enfatizó la magistrada de Apelaciones, Yiles Zoiné Pittí, en su presentación como aspirante a magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “La sociedad debe saber que hay jueces que no tienen temores”, sustentó la magistrada, en referencia a que tanto ella, como todos los jueces del SPA, están nombrados de manera interina. En las últimas semanas, se ha cuestionado la independencia del sistema, los criterios de los jueces y de los fiscales en las investigaciones, tanto así, que algunos abogados atribuyen la reciente destitución de la entonces juez de Garantías, Elkis Martínez, a una decisión en derecho que no agradó a uno de los actores del sistema. Así lo ve la exjueza La propia exjueza Martínez se refirió al hecho, que calificó como un error: La Oficina Judicial del SPA debió agendar primeramente una audiencia de causa compleja (en la mañana) donde se imputarían cargos a decenas de procesados por los delitos de conspiración relacionados con drogas y blanqueo de capitales, pero agendó para esa hora la de vencimiento de plazo y ella no fue notificada de esa audiencia. Por ende, tuvo que aplicar el control de garantías en la audiencia de vencimiento de plazo y solicitar un escrito de acusación en 48 horas a la Fiscalía. Esta decisión fue rechazada tras presentarse una acción de amparo que revocaba la orden de la exjueza Martínez. Luego de resuelto el amparo de garantías en su contra, recibió la notificación que ponía fin a su carrera como juez, mediante el Acuerdo 1036 del 9 de mayo de 2022. ¿La razón?: Su cargo era de libre nombramiento y remoción. Aun así, no puede asegurar que estos fueron los motivos de su destitución. “Hay un ahogamiento o muchas audiencias que fijar. No podía apadrinar las deficiencias del Ministerio Público y la Oficina Judicial”, recalcó. “A través de mí se quiso enviar un mensaje y llegó alto y claro”, consideró Martínez, quien presentó un recurso de reconsideración y regresó al sistema, pero el 6 de octubre pasado le notificaron que se mantenía la destitución, si bien tres magistrados de la Corte emitieron salvamento de voto y uno fue razonado. En ese momento, su nombramiento era interino, como el de todos los jueces del SPA. ¿Actúan en Derecho o por miedo? En este aspecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, fue tajante al decir que decisiones complicadas sobre casos de delincuencia organizada o narcotráfico, hacen que el juez esté en condición de vulnerabilidad. “Los abogados no distinguimos causas simples o sensitivas, todo debe ser igual”, sustentó. Araúz, quien mantiene el tema en la palestra, explicó que desde el día uno, con la aplicación y nacimiento del Sistema Penal Acusatorio en 2011, la posición del juez es interina. Esto trae como consecuencia que cualquier juez puede ser cesado sin ningún tipo de procedimiento, y ante estas decisiones, existe la duda de que ese mismo juez pueda actuar sin ningún tipo de independencia judicial por temor a ser destituido. Por su parte, el abogado penalista, Valentín Jaén, argumentó que esta decisión genera un mal precedente porque se provoca un terror que va a impedir que los jueces actúen en Derecho, además, atenta contra la seguridad jurídica de cualquier sujeto que enfrenta un proceso y que su suerte esté definida por un juez de Garantías, cumplimiento o de juicio. “Pareciera que estuviéramos ante un terror judicial”, destacó. En esa misma línea, el abogado defensor, Carlos Brown, insiste en que “hay un miedo”; muchos jueces piensan más en la institución que en tomar sus decisiones en Derecho, a pesar de que en las audiencias la fiscalía llega con falencias. Y aún hay más: Una exjuez destituida este 2022, quien pidió reserva de su identidad, recordó que todos sus excolegas están interinos, y que actualmente muchos jueces no están poniendo su puesto en juego. Ellos devengan un salario de 3,500 dólares más 1,500 de gastos de representación. Sin respuestas Para implementar la carrera judicial en el SPA y efectuar los concursos para nombrar a los jueces, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó vacantes todos los puestos de jueces de Garantías, de Juicio Oral y de Cumplimiento desde el 6 de enero de 2022, con el fin de llenar dichos cargos a través de los procedimientos que establece la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial. Pero aún no se ha hecho. Sin embargo, en el 2016, con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial, que incluye a Panamá, Colón, Darién y las comarcas indígenas, 292 funcionarios fueron nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia del exmagistrado José Ayú Prado. Se trataba de designaciones fuera del marco de la ley de Carrera Judicial, con nombramientos para jueces, defensores de oficio, magistrados y directores de oficinas judiciales que ingresaron dentro del SPA. Ante este nombramiento masivo, se desconocía cuántos nuevos funcionarios habían sido designados por los superiores de la Sala Cuarta y por el Pleno. Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia ante el Pacto de Estado, explicó cómo este procedimiento se asemejaba a lo ya ocurrido a inicios de la instalación del SPA en Coclé cuando, mediante un Acuerdo de la Sala Cuarta, los magistrados nombraron a sus homólogos de apelaciones, por lo que se presentó una demanda de inconstitucionalidad no resuelta a la fecha. Pero esta no es la única sin respuesta. Con el nombramiento de los 292 funcionarios judiciales en 2016, mediante los Acuerdos 397 y 398 de 27 de julio de 2016, el Pacto de Estado por la Justicia pidió a la Corte, ese mismo año, que explicara los criterios tomados en cuenta para estas designaciones, debido a que la ley de Carrera Judicial establece un procedimiento para el nombramiento de las instancias inferiores de jueces, magistrados, defensores de oficio y personal directivo de las oficinas judiciales. Su expresidente, Ayú Prado, tampoco respondió. Lee sostiene que esta decisión inconstitucional afecta al sistema. La Alianza, como impulsora de la Carrera Judicial, cuestionó los errores, pero también determinó que el Estado había invertido en funcionarios de seis años de trayectoria, por lo que todos los cargos debieron ser sometidos a la aplicación de la Carrera Judicial, con concursos abiertos con los que se acreditara la capacidad y la experiencia en el sistema. Desde el 2 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2022, se realizaron 470,302 audiencias de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio. Solo en el primer distrito judicial (Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y comarcas) se efectuaron 231,031. Este medio solicitó a la Oficina de Comunicación, tanto de la Corte como del Ministerio Público, una entrevista con un encargado del Sistema Penal Acusatorio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la Corte, mientras el Ministerio Público argumentó que los fiscales no emiten opiniones. * Foto Archivo

Mi encuentro con un héroe. Elías Cornejo en sus recorridos por Darién se encontró con "K" un niño de Maracaibo, quien cuenta sus más ingenuas anécdotas en el tapón junto a su madre. Cornejo coordina el Servicio de Migrantes de Fe y Alegría, organización que da seguimiento a la crisis migratoria en Darién y Chiriquí por los flujos de grupos humanos que atraviesan la selva, puntos ciegos o que aguardan para cruzar la frontera hacia Chiriquí. Por Elías Andrés Cornejo, artículo especial para Archivos Abiertos. El Zapallal es una pequeña comunidad cerca de Santa Fe, Darién. Allí, desde julio, el Padre Eric y un equipo de personas de la comunidad, más un voluntario que viene desde Pacora, acogen diariamente entre 60 a 100 personas. Sus cuentas son enormes: 8,000 personas atendidas. “Todo comenzó con una cena” nos contaba el Padre Eric, claretiano panameño, oriundo de Aguadulce. “Venía de misa y me encontré a un grupo de migrantes caminando. Compré unas galletas y jugos, organizamos a algunas personas de la iglesia y les ofrecimos una cena y que se quedaran en la capilla”. Desde entonces el flujo no paró. El Zapallal empezó recibiendo personas que no pasaban por las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) en San Vicente o Lajas Blancas. Hoy son muchos los que dejan las ERM y van “a la iglesia”. Con colchonetas básicas, donaciones de ropa y comida se ha improvisado un albergue que valientemente gerencia Alberto, un joven laico católico cuya fe lo sostiene en esta titánica tarea. Han conseguido coordinar, con las autoridades, salidas de buses con aquellos que tienen el dinero para seguir. Otros comen, duermen y siguen a pie su camino; cada día esto se vuelve una escena común en la carretera hacia ciudad de Panamá. No son cantidades enormes, son grupos de tres o cuatro, familias, amigos o conocidos en el trayecto desde Necoclí o la selva. Nada los detendrá en su camino, van a los Estados Unidos. Parafraseando diríamos que están “tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos”. Niños y adolescentes migrantes En el Zapallal vimos alrededor de cuarenta niños y adolescentes. Entre los 3 meses y los 17 años. Aun entre el dolor, sus risas y ojos curiosos, nos seguían. Nos acercamos a uno, le preguntamos por su nombre. Su respuesta me dejó en silencio por varios minutos: “Soy un super héroe. Soy el capitán América”. Era lo que su mamá le repitió todo el camino de la selva. En mi corazón, me repetí varias veces, no hijito “eres el capitán milagro, el capitán esperanza”. Por seguridad a este héroe le llamaré “K”, tiene 5 años y una mirada viva y una sonrisa que es una luz. Me dijo “quiero un jugo y otro para mi amigo”. Le dije que se lo compraría, pero me dijo “quiero de naranja”, cómo me voy a negar a un súper héroe. La solidaridad se vive más entre los pobres. “mi mamá me cargó mucho y después un señor” “K” me contó que, en el camino hubo mucho lodo, “pero mi mamá me cargó mucho y después un señor”. Su mamá estaba en cama, tenía los pies ampollados. Le pregunté por ella y me dijo: “está dormida, pero ya se va a despertar”. Un chamo vivo e inquieto. Morocho de Maracaibo. De hecho, la mayoría de los que estaban allí, 160 en total, eran maracuchos (unos 100). Ya luego con su jugo, se fue con su amigo a jugar, no sin antes decirme: “gracias, señor”. “K” es parte de la historia de tantos que sin saber por dónde, caminan hacia el norte, aquí da igual si son venezolanos, haitianos, cubanos, senegaleses o de cualquiera de las más de 90 nacionalidades que se han arriesgado por el Darién. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, abuelos y abuelas que huyen de estructuras de muerte y cargan en sus mochilas casi vacías, sus historias y sueños, con los pies llagados y cansados avanzan y como dice la canción de Calle 13 muestran que seguimos siendo un pueblo “sin piernas, pero que camina”. Sus historias hablan de horrores y nos marcan a sangre la pregunta ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién permite este flujo imparable? ¿Quién gana con el dolor de tantos? La respuesta fáciles “las bandas delincuenciales”, “los coyotes”, “los malos gobiernos”. Y sí, quizás sea parte de la respuesta. Pero sabemos hay más. Los que tranzan bajo las mesas en las que se insultan y se pelean, los de siempre. Los que todo lo miran en números, en ganancias y pérdidas. También Estados Unidos con sus políticas migratorias ambiguas, las autoridades de los países en ruta que no vieron venir la ola, que pensaron que todo acabaría con el flujo de los haitianos. No hicieron un estudio de la realidad, a conciencia. Foto tomada de OIM 2022 de migrantes venezolanos www.iom.int Y es que el problema migratorio no es de cuántos entran y cuántos se van o se quedan. Es ¿por qué lo hacen? Y repito, hay respuestas ya acartonadas, fáciles, de manual. No son números, son historias que calan, que obligan y exigen respuesta. No podemos seguir siendo mudos testigos de su dolor. Pero para ello debemos estar cohesionados y claros en las razones que nos exigen actuar frente a esta realidad. 111 mil venezolanos habrían cruzado la selva de Darién hasta septiembre de 2022. Hoy mi héroe va camino al norte, y seguro irá con su escudo, su mamá. Quizás nunca lo vuelva a ver, pero estoy seguro de que sí, en el día de mi juicio, no para decir que soy bueno, sino que vi el rostro de Dios en medio de su pueblo. Porque con esta presencia de miles de seres humanos en camino, Dios está pasando por Panamá y está llamándonos a ser testigos de su amor, a responder y construir la esperanza. A no dar la espalda o girar la cabeza para otro lado. Y aunque parezca “cliché” y no nos suene bonito, quizás mi “capitán América de Maracaibo” nos esté diciendo:¡América, Únanse! Foto principal: Cortesía de Elías Andrés Cornejo Twitter Elías Cornejo: @https://twitter.com/eacrmetal

La minería en Panamá en el primer trimestre de 2022 presentó un aumento en su valor agregado bruto de 9.2 por ciento, sus actividades como la concesión en Remance en Veraguas se desarrolla en comunidades con grave signos de pobreza. El oro es mudo testigo de las grandes concesiones mineras y las instituciones prefieren guardar silencio ante la Ley No. 171 y nuevos estilos de gobernanza ambiental. Por Grisel Bethancourt El 4 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó la protección ambiental del Río Santa María, el fallo correspondía a una demanda contra la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo que había objetado por inexequible (inconstitucional) la Ley No. 171 aprobada por la Asamblea Nacional; el alcance de la decisión en el artículo 8, prohíbe los estudios de exploración minera, de hidroeléctricas y cualquier actividad que afecte la cuenca hidrográfica. El fallo fue celebrado en La Gorda en Veraguas, poblado donde reside doña Cristina de Hernández, miembro del Comité Campesino de Remance, que prefiere la conservación del río Santa María y rechaza toda actividad minera. En el lugar perteneciente al distrito de San Francisco de la Montaña, opera la concesión minera del Estado identificada como Greenfield Mining, para la extracción metálica de minerales (oro y otros). El distrito de Remance es el epicentro del proyecto de minería promovido por la empresa Greenfield Resources Inc., donde viven 1,618 habitantes, es una zona rural ubicada en la sabana veragüense, considerada por las autoridades distritales como un área pobre conjuntamente con San Juan y San José custodias del río Santa María, su principal cuenca hídrica. Localización en Veraguas del proyecto minero Greenfield Mining, ubicado en el corregimiento de Remance Sin embargo, frente al fallo, especialistas en materia de economía, descentralización, participación ciudadana y gobiernos locales cuestionan cómo el gobierno central y el Ejecutivo toman las decisiones que impactan a los territorios, donde el gobierno local no tenga una respuesta o un planteamiento para contrarrestarlo, no solo en minería sino desconociendo la autonomía de los gobiernos locales sin haberles consultado. Los antecedentes de la actividad minera en Remance se remontan a 1989 cuando durante 10 años se registró la actividad extractiva que produjo beneficios de 75,000 oz de oro (Au); a mediados de los noventa los derrames tóxicos contaminaron las quebradas y ríos, donde hubo una mortandad de animales marinos de subsistencia como peces y camarones, y mucha gente adulta comenzó a enfermar. “Se murieron los quinchos –armadillos-, muchos animalitos”, doña Cristina. Actualmente la Cuenca del río Santa María está bajo la declaración de Patrimonio Natural Nacional y área protegida bajo la categoría de “Reserva Hidrológica”; para el Ministerio de Ambiente todo proyecto, obra o actividad que se desee desarrollar en la zona hídrica, deberá contar con el aval ministerial y las mismas deben ser concordantes con los objetivos por los cuales se estableció el sitio. Foto. Cuenca del río Santa María en Veraguas Poderes públicos en entredicho En el marco de la demanda fallada a favor de la Ley No. 171, se pudo observar el planteamiento del procurador general de la Nación, Javier Caraballo que evidencia el poco interés de ejercer los poderes públicos en armónica colaboración, al referirse a la adopción de la Ley No. 171 y a la cual consideró no existía un vicio de inexequibilidad. Caraballo contempló que la Asamblea Nacional se orientó a las medidas de conservación citadas en el artículo 120 de la Constitución Política y no a su infracción. Explicó el procurador, que el artículo 51 de la Ley General de Ambiente establece que las áreas protegidas pueden ser establecidas por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios internacionales ratificados por Panamá. Por su parte, Cortizo en su objeción sostuvo que se invadía el ámbito de competencias del Órgano Ejecutivo en la medida que la Asamblea o el legislador intervenía las funciones de declarar la protección del río Santa María y establecía normas para su administración. La ex vicealdesa del distrito de Panamá y ambientalista, Raisa Banfield considera que hay una ausencia de políticas coherentes, falta de respeto a los acuerdos, lo que genera un país que toma decisiones de acuerdo a los intereses del poder, como sucedió con el Pacto del Bicentenario donde hubo un consenso de declarar la moratoria minera y no llegamos a feliz término. El alcalde del distrito de San Francisco en Veraguas, José Valencia explicó cómo se empezó a trabajar el anteproyecto de ley junto con el doctor Evidelio Adames protector del río Santa María y un personal técnico ad honorem. Lo hicimos porque a ninguna autoridad le interesaba llevar adelante este tema tan importante, dijo el alcalde; llegamos a un acuerdo con el diputado Eugenio Bernal para presentar el anteproyecto en la Asamblea de Diputados y que fuese declarada ley, y fue a través del Consejo Provincial donde se hizo la entrega de la iniciativa. Foto. Cortesía. Alcalde del distrito de San Francisco, José Valencia Muy cerca del río Santa María está el proyecto minero Greenfield Mining, se ubica en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. La concesión para exploración de minerales metálicos (oro y otros), fue otorgada a la empresa Greenfield Resources Inc. por la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias y publicada en Gaceta Oficial No. 21,127 de 24 de septiembre de 2012. En el contrato No. 12, artículo tercero se resolvió continuar el trámite de solicitud de concesión para la extracción de minerales cuyo vencimiento era en el 2016; no fue hasta el 17 de febrero de 2021 que fue revivida la actividad en la zona minera de Remance, publicada en la Gaceta No. 29220, con la firma del ministro Ramón Martínez, que incorporó a Greenfield Resources Inc. al régimen de concesiones mineras de la zona de Veraguas. Mientras que en la comunidad de La Gorda, Cristina y su familia están claros que no es la mina la garante del progreso en la población, si no su gobierno local y que por el momento el río Santa María no estará en peligro después del rechazo hace tres meses del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, por varias inconsistencias que podrían producir afectaciones graves. “No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”, cuestiona Banfield frente a los argumentos que la minería será una actividad sostenida. Cristina de Hernández es oriunda de La Gorda y forma parte del Comité Campesino de Remance Concesiones del Estado vs los Municipios Actualmente existen quince concesiones de extracción de minerales metálicos otorgados por la Dirección de Recursos Minerales del MICI, pero hay quienes sostienen que los gobiernos locales deben jugar un papel dirigido a fomentar el equilibrio entre el MICI y el Ministerio de Ambiente para el desarrollo sostenible de los distritos donde hay concesiones que impactan territorios. Infografía. Distribución de las concesiones del Estado para la minería metálica en Panamá. Datos Mici “Los gobiernos locales son importantes en la gestión ambiental y con el desarrollo sostenible, deben tener conocimientos jurídicos, mayores presupuestos, al Municipio le toca fomentar la participación ciudadana y hacer consultas, es un deber constitucional”, considera el abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, hijo. El abogado Mitchell es consciente que normalmente los alcaldes no se atreven a contradecir los poderes. El verdadero papel del alcalde es el equilibrio del distrito y recordó que el Municipio se define como autónomo, cuando vemos en la práctica debemos saber de qué partido es el alcalde para saber cómo se va a comportar. "No firmé encuesta"... Foto. Cristina de Hernández narra solicitud de firma de una encuesta En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría III del proyecto Greenfield Mining, el alcalde de San Francisco de Veraguas, José Valencia reveló que al aplicarse las encuestas de participación ciudadana alzó su voz de protesta luego que no les informaron de la encuesta. “Si es cierto, la muestra fue muy pequeña”, definió así la cantidad de personas encuestadas en doce comunidades de tres corregimientos incluyendo la cabecera del distrito, San Francisco. En total el EIA realizó la encuesta a 360 personas, dirigida a los actores y beneficiarios del proyecto, directos o indirectos, en donde los resultados demostraron que en La Gorda solo 25 personas fueron encuestadas, a pesar de ser una comunidad adyacente a la mina correspondiendo al 13 por ciento; en San Francisco solo tres personas fueron consultadas, 1.6 por ciento; siendo el área de El Naranjal con la mayor cantidad de encuestados, correspondiente al 22 por ciento con un total de 41 personas. Cantidad de personas consultadas en el Estudio de Impacto Ambiental Nilva Góngora es socióloga y especialista en el tema minero, explicó que la encuesta alcanzó el 47 por ciento de respuestas negativas para la extracción mineral del proyecto Greenfield Mining, lo que considera un hallazgo importante. Lo que se traduce en una división de la opinión en las comunidades sobre el proyecto. “Es un informe muy escueto para ser un estudio Categoría III, además de esta rama de la actividad económica es muy impactante en lo social y ambiental, por lo que no da contundencia”, describió la socióloga. Observó Góngora que la encuesta de Participación Pública contenida en el EIA del proyecto, tiene sus falencias, es muy poco profesional y solo le convenía que contestaran. Para la docente universitaria los datos dan cuenta que vas a tener un problema de rechazo al proyecto y sugirió que debían conocer la historia, preguntarse que la gente sabe; así mismo notó, que no hay ningún compromiso de cómo se van a mitigar los problemas de la población asociada. Según el alcalde Valencia, la muestra fue muy pequeña, no fue abarcadora, esta debió abarcar a más pobladores tanto de las áreas aledañas a la cuenca hidrográfica y de las comunidades donde se pretende hacer la explotación minera. La excusa de la pandemia La excusa perfecta radicó en que al momento de efectuar la encuesta de participación pública en Remance para el proyecto Greenfield Mining, estaban en medio de la pandemia de Covid 19 por lo que el Municipio fue obviado del proceso, contó el alcalde de San Francisco. Comunidad de La Gorda donde se realizó el foro público participación ciudadana y la encuesta para la EIA del proyecto minero Greenfield Mining Olmedo Carrasquilla de Voces Ecológicas de Veraguas formó parte de un colectivo denominado “Coalición de la Pandemia Minera”, en el espacio se reveló cómo la industria utilizó la crisis sanitaria del Covid 19 para llegar a poblaciones empobrecidas entre estas Remance, en la provincia de Veraguas en Panamá. Carrasquilla señala en el informe de nueve países, que en Panamá el gobierno impulsó el extractivismo minero, donde se realizaron estudios de impacto ambiental con el desconocimiento de los gobiernos locales y con encuestas sociológicas a los pobladores. William Hughes, catedrático de economía y escritor de la obra “Minería, Desarrollo o Destrucción”, quien estudió en sitio los detalles de la concesión de la mina Santa Rosa en Remance, Veraguas y narró las vicisitudes de la población con el envenenamiento de las aguas de afluentes y quebradas, sostuvo que la pandemia produjo la relevancia de la minería para que esta vez se reactivara. En medio de la pandemia de Covid 19 en 2021, en La Gorda fue contratado un personal del proyecto Greenfield Mining para realizar una encuesta en diversas poblaciones impactadas por la mina. Cristina solo se excusó con el hombre que llegó a su casa: “No te puedo dar mi firma, no firmo”. Argumentó la adulta mayor qué, cómo saben que no se leer pensaron que podían envolverme, a ella nunca le plantearon lo que decía el cuestionario de dicha encuesta que se encuentra dentro del Plan de Participación Pública del EIA, y que posteriormente el 8 de febrero de este año, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones elaboraron un informe técnico demostrando las falencias y afectaciones futuras por una posible actividad minera en el distrito de Remance. Hasta el año 2010 en el último censo de población, el 15.4% de la población de San Francisco presentaba analfabetismo de un total de aproximadamente 20 mil personas en esta condición en la provincia de Veraguas. Una de ellas es Cristina, oriunda de este distrito. El silencio de Greenfield En este reportaje solicitamos a la empresa Greenfield Resources Inc. responder una serie de preguntas correspondientes al EIA, en cuanto a la demografía, niveles de alfabetización de los encuestados y la posición por el rechazo del EIA a cargo del Ministerio de Ambiente y otras nueve instituciones, pero tras dos intentos de envío de correos a su representante legal y abogada en el proceso, como de comunicaciones vía whatsapp no fue posible obtener una respuesta. José Hernández del Comité Campesino de Remance por su parte, quien participó en marzo de este año en el foro público en la casa comunal de La Gorda, poblador del lugar, reconoce que es la única vez que vio personal de la mina en su comunidad. Reconoce que La Gorda pasa por la pobreza, falta de luz, carreteras, transporte, salud y oportunidades que no le dan las autoridades del corregimiento. Foto. José Hernández de 68 años es oriundo de La Gorda y participó en el foro público Las contradicciones de la minería La presencia del proyecto Greenfield Mining en Remance deja interrogantes de lo que ocurrirá en el futuro, al mantenerse vigente la concesión minera en Veraguas. Tampoco se conoce cómo se desarrollará las actividades en la mina con el reciente fallo de la Ley No. 171 que prohíbe la exploración minera, ley que aún tiene pendiente su reglamentación. Mientras la Ley No. 171 garantiza la gobernanza como un órgano dentro del río Santa María, a través del Consejo Directivo de la Cuenca, se enfatiza que queda prohibida la minería, las hidroeléctricas para la protección de este bien hidrográfico que recorre 3,400 km2 en varias zonas centrales del país. El doctor y epidemiólogo, Evidelio Adames conservacionista de la cuenca y gestor de la Ley aún no comprende cómo se había ignorado la restauración de la sábana veragüense y el sistema de la cuenca. Se requiere oxígeno y agua limpia recuerda Adames; y cómo se pretende dar una concesión minera en las faldas del río Santa María, sin tener el control de los metales y derrames tóxicos, en áreas de pendientes y que pueden poner en riesgo al río. Para el epidemiólogo lo que se quiere es dar cumplimiento a las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como país. Así mismo defiende el sistema de gobernanza donde 18 organismos, entre ellos, siete instituciones no pierden su rol. Es un órgano colaborativo y nadie pierde su poder, para hacer cumplir los objetivos del milenio, para que se promuevan y con la concesión como que no cuadra. El Ministerio de Ambiente confirmó que le corresponde emitir la reglamentación de esta Ley, por tratarse de un área protegida. En este sentido, la reglamentación, entre otros aspectos, debe señalar la forma como serán escogidos los representantes de los centros académicos universitarios, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones comunitarias de base, quienes también forman parte del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María, que se crearía con esta Ley. El abogado Mitchell ante la falta de un sistema jurídico respetado en el país, sostiene que se sufre la inseguridad jurídica ante el embate de empresas y desmanes que solo pueden incumplir con la complicidad de los diferentes gobiernos. “Nosotros sabemos que se trata de desarrollar y vender la idea de sacar riquezas en mancuerna del gobierno con empresarios”, concluye Hughes, quien apuesta por evitar las concesiones mineras y dar alternativas a la gente de las comunidades con proyectos agroindustriales sostenibles, para la autosuficiencia alimentaria, reducir las posibilidades de pobreza, mejorar sus condiciones y evitar las concesiones mineras. El distrito de San Francisco en Veraguas mantiene un presupuesto de $73 mil para el Municipio, además de $53 mil de la descentralización lo cual no alcanza para suplir los proyectos carreteros, luz, equipamientos de escuela, entre otras necesidades de 20 comunidades, que incluyen a la zona minera de La Gorda. Pese a la aplicación de nuevas leyes, compromisos internacionales ambientales, la protección de zonas protegidas de la Cuenca y a nivel arqueológico, el Ministerio de Comercio e Industrias guardó silencio, no respondió las interrogantes de la Ley No. 171, al rechazo del EIA del proyecto minero en Remance, frente a la negativa de muchas voces que sostienen el cuidado del medio ambiente frente a las concesiones mineras y un nuevo estilo de gobernanza ambiental para la cuenca del río Santa María. Investigación auspiciada por el Programa "Construyendo experiencia investigativa y conexiones a partir de la rendición de cuentas transnacional", implementado por IRI (Instituto Republicano Internacional). Infografías: Diseñador Manuel Fernández. Fotografías: Olmedo Carrasquilla.

Millones de migrantes se están moviendo por el continente buscando mejores condiciones de vida y aunque sus historias están llenas de humanidad, el periodismo tiende a enfocarse en ellos solo cuando alguno se ve involucrado en un delito. Acá algunas recomendaciones para una mejor cobertura. Crédito: Cortesía OIM Por Grisel Bethancourt, Miembro de #CONNECTASHub en Panamá En las más desafiantes condiciones cruzaron por el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, 13.425 migrantes entre enero y marzo de 2022. Una parte de ese flujo humano se ha estacionado obligatoriamente en el istmo centroamericano, en los denominados campamentos fronterizos, donde cada vida tiene una historia digna de una novela épica. En Panamá, la provincia del Darién se ha caracterizado por ser uno de los puntos de tránsito más importantes en los últimos 11 años, comenta Santiago Paz, jefe del Centro Global Administrativo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y jefe de misión en Panamá. Muchas de las noticias sobre el flujo de migrantes se han focalizado en la trata de personas, robos, abusos sexuales, asesinatos y abandono de niños y niñas menores de edad a su suerte. Además de los riesgos naturales de esa selva. Pero más allá del peligro de la travesía, que obviamente es necesario relatar, existen temas poco tocados y que permiten profundizar en la explicación de las diferentes crisis migratorias. “Hay que mostrar a los migrantes en escenarios más allá de su trayecto”, aconseja Paz. El activista Elías Cornejo, quien dirige la Red para Migrantes de Fe y Alegría, añade que generalmente en la cobertura de los medios “las grandes preguntas son las grandes ausentes”. Para Cornejo, es necesario siempre explicar los contextos políticos, económicos y sociales que empujan a los migrantes. Errores evitables La OIM identifica algunos errores comunes en la cobertura periodística de la migración. El primero, y posiblemente el más frecuente, es la relación de las nacionalidades de los migrantes en los titulares cuando se informa sobre un crimen. Esto lleva a aumentar el prejuicio sobre los migrantes, aunque las cifras muestren una y otra vez que no tienen una mayor participación en crímenes. De hecho, en Colombia por ejemplo solo el 0,63% de los delitos son cometidos por venezolanos, a pesar de que frecuentemente se les vincula a un aumento de la criminalidad. Otro error frecuente en los medios, es que se suele tratar la llegada de los migrantes como una tragedia. Tildar esta situación como “la ola migratoria”; o peor aún “la avalancha migratoria”, puede generar connotaciones negativas en la audiencia. También desde la OIM recomiendan desterrar el concepto “migrante ilegal”, ya que los seres humanos no pueden ser convertidos en ilegales solo por su falta de documentos. “El ingreso, estancia y actividad laboral irregulares no deben tipificarse como delitos, sino como infracciones administrativas”, dice la guía, recordando además que en las legislaciones de la mayoría de los países el ingreso por pasos clandestinos es una falta, no un delito. Por lo anterior, desde OIM recomiendan utilizar el concepto “migrante en condición irregular”. Por último, algo que es parte de la labor periodística básica: evitar la proliferación de prejuicios y mitos sobre la migración, y siempre chequear los datos más allá de las frases. Por ejemplo, es frecuente escuchar “los inmigrantes colapsan el sistema de salud” o “la mayoría no tienen educación”. En ambos casos los datos indican lo contrario. Los migrantes, en un gran porcentaje jóvenes, pagan impuestos que ayudan a sostener los sistemas de salud locales y a su vez los utilizan menos. Respecto a que los migrantes son menos calificados, en Chile, por ejemplo, el 31,5% de los migrantes ingresa al país con un título universitario o técnico, lo que incluso es levemente más alto que el porcentaje de chilenos con estudios superiores (29,8%). “Los movimientos humanos son una verdad persistente reconocida por el derecho internacional”, señala la guía para periodistas sobre la cobertura mediática de la migración de la OIM. La misión periodística ¿Estamos preparados para cumplir de manera ética y profesional la cobertura de migrantes en una misión periodística? El catedrático y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, René Hernández tiene esta primera interrogante ante las falencias halladas en la cobertura de noticias migratorias locales y propone varios escenarios que puedan mejorar la misma. “Hay que hacer una reflexión profunda del drama y escenarios hipotéticos; qué me voy a encontrar y cómo debo actuar”, recomienda el catedrático. El académico recuerda que el periodista debe tener presente la Declaración Universal de Derechos Humanos y la de Derechos del Niño, entre otras convenciones internacionales, como también tener muy claras las condiciones que los han empujado a salir de su país de origen. Por su parte, Santiago Paz, de la misión de la OIM en Panamá, sostiene que la cobertura de la migración exige que se concierten colaboraciones para ahondar su comprensión y así desarrollar enfoques exhaustivos y eficaces. La OIM ha dado a conocer en su guía práctica para la cobertura mediática, lo que denominan “Las Seis Reglas”: Emplear las palabras correctas. Cuando se utilicen fotografías perturbadoras, hacerlo apropiadamente. Enfocarse en el ser humano. Desmentir los mitos y combatir los clichés y estereotipos. Dejar que las personas migrantes hablen por sí mismas. Buscar los hechos, investigar a fondo y analizar rigurosamente. Descarga el Glosario de la OIM sobre Migración haciendo click en la imagen o presionando aquí.https://www.connectas.org/wp-content/uploads/2022/04/Glosario-OIM_compressed.pdf Crédito: Cortesía Senafront

Por Grisel Bethancourt Aunque la economía panameña alcanza cifras lentas con un crecimiento del 10%, son escasos los nuevos proyectos de construcción e infraestructura vial. Este rubro de gran importancia no logra despegar en un cien por ciento en el connotado emporio comercial y canalero, la desconfianza por la falta de obras, los evidentes baches o huecos, como más de 100 kilómetros de carreteras en zonas turísticas deterioradas con fracturas en su superficie de rodadura y faltas de caminos de producción se evidencian en el país. A primera vista Panamá mostró una caída económica abrupta en el 2020 por la pandemia y que deja las huellas un año después, sin importantes obras y megaproyectos en ejecución, el producto interno bruto mantuvo una contracción del 17,9%. El propio ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge admitió que la infraestructura vial ha tenido una falta de mantenimiento, por ello, las perspectivas de la reactivación económica están encaminadas a proyectos con asociaciones público privadas y proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Existe un panorama que está afectando al común de los panameños que forman parte del transporte público o selectivo o a los miles que deben manejar como usuarios del sistema vial. El tránsito en las avenidas es lento en importantes vías, como, por ejemplo, la Ricardo J. Alfaro ubicada en el centro de la capital. Los daños en muchos vehículos superan hasta los mil dólares describe el dirigente transportista Gilberto Atencio, que a pesar que reconoce que pudo haber afectado a la economía la pandemia, sabe que la falta de mantenimiento es un problema para las calles del país. Las reparaciones de neumáticos son constantes y la ciudad mantiene una paradoja como si la pandemia de Covid-19, también hubiese causado el efecto de proliferación del virus de los huecos, entre uno y otro kilómetro de vías, desde la capital atravesando la vía Transístmica, ruta hacia la comercial zona de Colón en el atlántico o hacia el oeste rumbo a la frontera con la provincia de Chiriquí. La crisis del deterioro en la rodadura vial del país, está causando un malestar en la población. La expresidenta de la República, Mireya Moscoso del opositor partido Panameñista junto a una cuadrilla de sus vecinos, no dudaron recientemente en usar palas y material pétreo para tapar los huecos (baches), que afectan la comunidad rural donde reside. El poblado de Pedasí en la provincia de Los Santos, es una zona turística, en el área central de la República, donde llegan miles de visitantes, que en las últimas semanas disfrutan de las playas y del avistamiento de ballenas. La escena captada de la expresidenta Moscoso, no es distinta a la de transportistas y pobladores que tratan de tapar los baches en calles del país para poder transitar. En el pasado quinquenio, Moscoso inauguró en marzo de 2019, junto al expresidente Juan Carlos Varela en Pedasí, obras de infraestructura de la carretera desde la ciudad de Las Tablas a esta área de Pedasí, con 41.7 kilómetros de carretera y 15.7 millones de dólares en inversión. La expresidenta de la República Mireya Moscoso en Pedasí encabezó una jornada para tapar huecos. Tomado de redes sociales. Efectos de paralización de obras viales Aunque en los países latinoamericanos las rutas viales, la educación, la salud, el transporte y los servicios públicos carecen de mayores presupuestos gubernamentales, Panamá se recupera de aquella abrupta contracción económica ocurrida el año pasado. Es un país considerado como uno de los 20 de América Latina con mayor estabilidad en su economía, la paralización de las obras públicas que incluyen las infraestructuras viales y el mantenimiento están surtiendo su más caro efecto. La pandemia no solo ha afectado la salud de 477 mil panameños y residentes en el país como las 7 mil muertes suscitadas por el Covid-19; tras la poca ejecución de proyectos de inversión en materia de infraestructura vial. También de estos proyectos de obras públicas viales depende una mano de obra calificada de aproximadamente 50 mil hombres y mujeres, según registros del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción y Similares. La pandemia declarada desde marzo del año pasado en este rubro, dejó nuevamente sin plazas de empleo a más de 7 mil obreros en el 2021. Al remontarnos al 2019, el presupuesto de inversión para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue de mil 300 millones de dólares; en el 2020 esta cartera obtuvo una importante reducción de $535,7 millones y para el 2021 la cifra destinada fue de $ 560,7 millones. Los estragos de la crisis mundial sanitaria se evidencian en la disminución de las cifras económicas de los contados proyectos de inversión, ejecutados en los últimos tres años en materia de infraestructura vial en Panamá que desarrolla el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Las inversiones para el mantenimiento y rehabilitación vial, construcción y mejoramiento de calles y avenidas, construcción y rehabilitación de puentes como el reordenamiento vial-Ciudad de Panamá, entre otros de importancia, disminuyó en el presupuesto general del Estado, de un 48.0% a 29.1%, en una comparación entre el 2019 al 2021 del presupuesto asignado al Ministerio de Obras Públicas, detallan cifras oficiales. Afectaciones al transporte Gilberto Atencio, dirigente transportista nacional y del sector turismo trata de sobreponerse a la crisis en su área laboral. Con la reactivación económica producida hace un año, su situación ha tratado de redireccionarla, la atención a los pocos turistas que llegan al país y que usan el transporte selectivo no es fácil, porque las calles en la capital y la ruta Panamericana hasta la frontera con Costa Rica son difíciles de transitar y están en malas condiciones. Atencio no puede tapar el sol con un dedo. Grandes huecos en las vías, el resquebrajamiento y deterioro progresivo de las avenidas son su diario vivir. Mencionó la evidente falta de obras viales de rehabilitación que quedaron abandonadas y a medio terminar por empresas privadas contratadas por el Estado a lo largo del país; también en las principales arterias viales que no permiten mostrar un mejor rostro de la ciudad o el interior al turista. Es por ello que Atencio, prefiere explicar a los turistas, que producto de la pandemia se ha dado el deterioro. Pero la realidad es otra, “no hay mantenimiento de calles, tenemos que gastar en piezas o llantas cada tres meses”, comentó el dirigente transportista, quien pudiera estar teniendo una pérdida anual entre 500 a mil dólares en el arreglo de sus vehículos. Ariel Samudio, secretario general a.i. de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Panamá sostiene que el mantenimiento en toda la infraestructura vial es una parte importante, es el éxito de darle un periodo de vida mayor a las vías a través de una debida planificación. Las obras de infraestructura vial generan el 60% del PIB, la autoridad garante de mantener en buen estado las calles del país es el MOP, que hasta el año pasado era una de las dos instituciones a la cual el Gobierno Nacional asignó el 43% de mayor presupuesto general del Estado. Cifras estadísticas de las memorias del MOP Cifras estadísticas de las memorias del MOP La SPIA explicó que el alcance de las obras públicas en el país de infraestructura vial está dividido en un 6% de hormigón y concreto asfáltico; 37% de asfalto y tratamiento de superficie, 28% de revestido mejorado y 30% de caminos de tierra. Esta asociación le da seguimiento a obras paralizadas y han sugerido al gobierno entrar directo a las zonas afectadas por los desastres naturales ocurridos en la provincia de Chiriquí en el sector agrícola y turístico de Tierras Altas con los coletazos del huracán Eta en el 2020. Otras zonas que también están iniciando su rehabilitación de vías se encuentran en Veraguas. Para este reportaje solicitamos al MOP los informes detallados de inversión registrados en los últimos tres años del 2019 - 2021, con el desglose de obras ejecutadas, la cual no fue brindada. En la página web de la institución solo se detallan 8 proyectos en ejecución, 16 en mantenimiento y 6 en garantía del 2019. El ministro Sabonge ha señalado que no hay nuevos proyectos y continuarán después de dos años los iniciados en el 2019. Para conocer las provincias y proyectos de inversión del año 2020 y las provincias beneficiadas más los presupuestos destinados, se encontraron datos en las memorias del MOP que permanecen en la Asamblea Nacional de diputados. En el desglose se constató que las principales obras de inversión destinadas entre 2019 al 2020 estuvieron destinadas a las provincias de Chiriquí con 425 millones de dólares; Panamá con 389 millones dólares y 233 millones de dólares para Panamá Oeste. Cuestionadas obras llave en mano El titular del MOP, Rafael Sabonge se encuentra en el ojo de la tormenta. En los últimos meses, la percepción ciudadana como voces en el sector privado y el obrero, al igual que un sinnúmero de titulares en los medios de comunicación ponen en duda la capacidad de ejecutar obras públicas para fortalecer la economía nacional. Por otra parte, las expectativas de la calificadora Moodys indica que los trabajos de infraestructura vial son claves para el crecimiento a medio plazo y así coadyuvar a disminuir la deuda pública que alcanza según el Ministerio de Economía y Finanzas, los 40 mil millones de dólares. Con la reactivación económica las obras se podrían constituir en un elemento primordial para la recuperación del país que tiene a cuestas contadas megaobras, como el inicio de los trabajos de la Línea 3 del Metro (un tren subterráneo desde la capital a la provincia de Panamá Oeste, que atravesará la vía interoceánica en el pacífico) o el corredor de playas o el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Al respecto, ante la deuda social gubernamental, el ministro Sabonge reconoce la falta de mantenimiento de las obras de infraestructura y ha detallado para este reportaje que las obras que se han puesto en marcha este año datan desde el 2019. Condiciones de vías y calles en la ciudad de Colón. Cortesía. Mal estado de la vía Ricardo J. Alfaro en la ciudad de Panamá. Foto. Grisel Bethancourt. Rehabilitación de avenidas en el país. Cortesía MOP. El alto funcionario gubernamental sostiene que han tenido que readecuar las obras de infraestructura pública, la cual ha sido divida en tres fases desde el 7 de septiembre cuando el gobierno anunció la reactivación de la economía en el país centroamericano. Para ello se han reactivado 139 proyectos pequeños y medianos que incluyen el mantenimiento de vías, valorados en 1,500 millones de dólares y que producirán 3 mil empleos directos, asegura. La tercera fase incluye 26 proyectos con financiamiento propio con los denominados contratos directos conocidos como “llave en mano”, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde el Estado contrata las obras a la empresa privada en lo que se denomina las asociación público privada (APP´s), con la inversión de los contratistas, mientras que el gobierno las paga en dos periodos. Para el ministro del MOP las APP´s “nos da como gobierno espacio financiero y fiscal”. Mientras que para el economista Elpidio González, consultor en temas de construcción e infraestructura pública advierte que se ha cuestionado mucho el estado de emergencia en el país, lo que a su juicio ha creado la suspicacia de los contratos de infraestructura del MOP. “No hay una justificación para masificar los contratos directos, llave en mano como una forma de responder a la presión”, expresó González. Para el economista, lo que se tiene que hacer es una planificación bien pensada para impulsar el sector, por ejemplo, se tenía un plan en el 2019, que para estos efectos no tiene nada de utilidad dada la pandemia, es por ello que es necesario que el gobierno haga la elaboración de un nuevo plan y de allí salgan las alternativas y tratar de seguir los pasos que exige la ley. Considera que tampoco se justifican las premuras, excesos de asociaciones público privadas (APP´s), exceso de contratos llave en mano, lo que hace falta es la planificación real y de proyectos de largo plazo, proyectos que conecten al país en caso de infraestructura vial, que conecten a la población, no solo en la capital, estos problemas no figuran en las hojas rutas de los gobiernos, lo que hace falta es una una ejecución acorde con esa planificación. Las obras públicas se dedicarán al mantenimiento y rehabilitación de vías. Foto cortesía MOP. El gobierno ha destinado a través del MOP 339 millones de dólares para obras llave en mano, donde empresas y proveedores inician el proyecto y luego el gobierno destina los pagos en varias etapas; al mismo tiempo mantiene proyectos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, a los cuales el exministro de Obras Públicas, Antonio Domínguez hijo asegura, que durante el año 2020 se debieron haber reactivado los proyectos de construcción de infraestructuras, pero no lo hicieron por supuesta falta de presupuesto, la cual tenían. Ahora “tenemos que pedir prestado para reactivar las obras esto es un absurdo” cuestionó Domínguez. El experto en ingeniería de transporte instó a la Contraloría General de la República a fiscalizar al Estado en sus finanzas, a realizar un análisis con cuanto se contaba antes de la pandemia y durante la pandemia que pasó con el dinero. No pueden justificarlo, estamos enfrentando un momento muy difícil, y es hora de empezar a exigir, subrayó el exfuncionario de Obras Públicas. El Banco Mundial en octubre de 2021 detalló que “la deuda pública total saltó de US$ 31 mil millones (46,4 % del PIB) en 2019 a US$ 36,9 mil millones en 2020 (69,8 % del PIB)”, mientras continúan las críticas, el gobierno asegura salir de la crisis vial en pandemia, mientras conductores y diversos sectores indican que las obras de infraestructura vial no forman parte de un plan de desarrollo nacional para alcanzar un mejoramiento a la economía nacional, para mejores condiciones en el país. Este es un reportaje de Archivos Abiertos con el apoyo del International Center for Journalists y la iniciativa ILAB Panamá. Fotografías: Grisel Bethancourt y Cortesía MOP. *Publicado por Ilab Panamá, el 16 de diciembre de 2021.

El país se desarrolla a pasos agigantados, pero, pese a los numerosos ríos y embalses, las potabilizadoras llegaron a su tope y los carros cisterna han reemplazado el servicio. La mala gestión de los últimos gobiernos frente al boom inmobiliario, el crecimiento urbano desordenado y las conexiones fraudulentas, las causas principales de la escasez. Por Zaida Herrera y Grisel Bethancourt para CONNECTAS, Archivos Abiertos y Kw Continente Panamá 20 de octubre de 2021. El 20 de agosto fue caótico para la maestra Yivell Córdoba. Por quinto día consecutivo no recibía ni una gota de agua potable, un insumo indispensable para iniciar temprano sus labores educativas, que combina en sus horas libres con el trabajo de pastelería. En su casa están acostumbrados a bañarse a cubetazos casi a diario. Son pocas las horas con agua corriente y cuando llega es turbia. También aprendieron a caminar por entre cubos y botellas en que almacenan el líquido y que atraviesan en el pasillo que conduce a la cocina, el baño y los cuartos. En el lavaplatos permanecen durante horas sin lavar los cubiertos y las ollas. Pero, aun así, ese viernes de agosto fue peor porque se completaban cinco días ininterrumpidos sin servicio, en medio de la pandemia y sin respuesta de los proveedores. La maestra Yivell vive en una de las poco más de 700 casas de Montemadero, en el corregimiento de Pacora, una zona de la capital panameña donde suele cortarse el suministro a diario, sobre todo cuando llueve. Por lo general, les dan servicio en las noches, razón por la cual en las viviendas abundan las botellas, los platones y los tanques de almacenamiento. Más grave aún es la situación en el área conocida como El Anillo del Este, donde sus 15 mil habitantes se abastecen con carros cisterna. El agua hoy es un lujo cada vez más escaso para ellos y para otras comunidades de esa ciudad, al igual que para los de Panamá Norte, o de otras provincias del interior del país como Panamá Oeste, Colón y Santiago de Veraguas. Buena parte de las edificaciones fueron levantadas con los permisos en regla, las redes de suministro están instaladas y los usuarios pagan puntuales los cargos de conexión. Pero las tuberías permanecen secas con más frecuencia que la requerida por cortes programados para labores de mantenimiento o ampliación. La situación es tan crítica que el ingeniero Rutilio Villarreal, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), no duda en afirmar que el tema del agua está como la pandemia: en cuidados intensivos. La paradoja de la escasez se da en el más pujante país de Centroamérica, que cuenta con insignes megaobras como la vía interoceánica, el servicio de un tren subterráneo y los puertos sobre el Atlántico y el Pacífico, además de una reconocida zona financiera. Por si fuera poco, su territorio es privilegiado con 52 cuencas hidrográficas y 500 ríos; Panamá es el quinto país del mundo donde más llueve, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. En América es el segundo, solo después de Colombia. Anualmente, cae un promedio de 220 billones de litros de agua lluvia en el istmo. El IDAAN surte a cerca de la mitad de los 4.5 millones de habitantes de Panamá y a agosto del 2021 tenía 695,181 clientes facturados. Además, mediante carros cisterna abastece las zonas carentes del servicio, entre ellas las más críticas: las localizadas en la provincia de Colón; en los distritos de La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, y en Panamá Norte y Este, pertenecientes a la capital. A su vez, el MINSA debe ser garante de la calidad de los 5,397 acueductos y pozos rurales, pero el servicio es deficiente. Situación de la producción, distribución de agua en Panamá, zonas afectadas y entrega de agua en carros cisternas. Diseño Manuel Fernández. Iván Cano, jefe de Operaciones del IDAAN, señala que “el desarrollo no planificado en nuestra red, que se lleva de la mano con el crecimiento espontáneo, lo que llamamos el precarismo ha afectado mucho el tema de la distribución”. Es así que con la modalidad de carrotanques abastecen a 234 comunidades con 75 mil habitantes en las zonas urbanas y semiurbanas más densas, operación que le cuesta al Estado 10 millones de dólares anuales. Los beneficiarios son los habitantes de los asentamientos ilegales y también cientos de predios que, pese a su conexión legal, no reciben agua con continuidad y que, según, Cano “solo representan el 2 por ciento de los clientes”. Para ordenar ese escenario caótico, desde febrero del 2021, el Gobierno adelanta un plan por 225 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con él brindará asistencia técnica para mejorar la gestión y beneficiar a los habitantes del área metropolitana —cerca de dos millones de personas—, mediante un mejor control del agua potable para la capital y la optimización del almacenamiento, la distribución y la continuidad del servicio. Este reportaje de Zaida Herrera y Grisel Bethancourt para KW Continente, NexTV, Archivos Abiertos y CONNECTAS explica cómo una potencia hídrica como Panamá terminó prestando un servicio tan deficiente y con constantes denuncias por las interrupciones y la baja calidad evidenciada en el color, el olor y el sabor del agua. Crecimiento desproporcionado Una de las causas del mal servicio es el aumento irregular y acelerado de las urbanizaciones que, a su vez, se relaciona con el aumento de la población. Hoy, según admite el director del IDAAN, Juan Ducruet, la entidad no ha actualizado los datos del crecimiento demográfico y es difícil proyectar su distribución espacial. El último censo es de 2010, cuando Panamá tenía 3.5 millones de habitantes, 28 por ciento menos que ahora, según el estimado del Banco Mundial. Ese incremento poblacional se refleja en las viviendas nuevas aprobadas en el país en los últimos tres años: 50 mil, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), cuyos permisos fueron otorgados durante los dos últimos gobiernos. El 72 por ciento de los proyectos están en Panamá capital y en la provincia de Panamá Oeste, zonas donde la falta de agua es crítica. El Plan de Seguridad Hídrica 2015-2050: Agua Para Todos, expedido por el Gobierno como hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad, menciona que se consume apenas el 25.8 por ciento del agua dulce que se produce en el país. Agrega que incluso con mayor demanda, al año 2050 el excedente sería superior al 50 por ciento de la disponibilidad. Es decir, el problema no está en el abastecimiento desde las fuentes naturales, sino que apunta a factores de gestión, como el mal funcionamiento de las redes con daños o fugas recurrentes, la poca capacidad de las tuberías o la proliferación de asentamientos informales. Todo ello afecta directamente los nuevos proyectos de viviendas y las zonas adyacentes. Así ha ocurrido en barriadas de interés social de la ciudad de Panamá como Santa Librada, en el distrito de San Miguelito, donde los militares construyeron viviendas al llegar al poder en la década del setenta, y donde el boom de la construcción sigue en pie. Para el 2021, hasta julio, se tramitaron a través de la Ventanilla Única coordinada por el MIVIOT 14,153 nuevas viviendas, aunque la oferta de agua sea insuficiente para soportar la demanda de los potenciales habitantes. La situación es tan crítica que con el paso del tiempo la presión ha disminuido hasta el punto de que la última Nochebuena fue la peor que recuerden sus habitantes porque en medio de la pandemia les cortaron el suministro. Angelina Patterson, una de sus moradoras desde hace 39 años, todavía se indigna cuando se ve sentada sobre el inodoro de su casa esperando cada madrugada a que brotara el agua por la tubería para poder bañarse. “Había agua, pero al pasar los años hicieron una barriada que es Casa Real, y poco a poco el agua fue mermando; son cuatro barriadas y el agua se fue”, relató Patterson. Gracias a los 100 dólares que le envió su hijo desde Estados Unidos pudo comprar una pequeña bomba eléctrica que le garantiza el suministro las 24 horas desde su tanque de reserva. Pero eso sí, pese a la carencia, paga una factura mensual de 13 dólares. “Si no tenemos agua no hay vida” Angelina Patterson “Si no tenemos agua no hay vida”, expresa esta jubilada canalera, al tiempo que lamenta la dura situación que padecen. Todavía se pregunta cómo hacen algunas personas para comprar el producto embotellado con el fin de tener un poco en sus casas. Mucha gente, viejas potabilizadoras Otro de los factores ligados al crecimiento poblacional que inciden en la mala calidad del servicio es que la capacidad de las potabilizadoras se ha quedado corta frente a la demanda. El sistema está compuesto por 60 plantas, 56 de las cuales son del IDAAN, 3 están regentadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y 1 pertenece a Aguas de Panamá. Pero, según Juan Ducruet, en los últimos 15 años no se ha construido ninguna, pese a que la economía ha crecido hasta un 60 por ciento por el aumento sostenido del Producto Interno Bruto del 6 por ciento. El mal se extiende por todo el país. Basta una mirada a lo que sucede en varios lugares: » Hace 15 años, la provincia de Panamá Oeste tenía 60 mil personas. Hoy, según el IDAAN, supera los 120 mil clientes con las mismas potabilizadoras y los mismos sistemas de producción que deben abastecer a 180 barriadas nuevas. » El panorama para Santiago, capital de la provincia de Veraguas, marca no menos de 45 barriadas nuevas y la misma planta construida hace 26 años. » En la ciudad de Chitré, cabecera de la provincia de Herrera, hay 52 barriadas nuevas con la misma potabilizadora desde hace 35 años. » Parte de la población de las áreas Este y Norte de la ciudad de Panamá se abastece con la planta potabilizadora de Chilibre. Esta sigue produciendo los mismos 946 millones de litros diarios desde hace 15 años para suministrar el servicio a 1.1 de los 2 millones de habitantes de la capital, según el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. “Si los usuarios se han duplicado, cómo podemos tener la misma producción per cápita. Necesitamos nuevas infraestructuras para producir agua”, sostiene el director del IDAAN, que llegó al cargo en abril pasado. Un niño de Gonzalillo, al norte de la capital, debe cargar el agua que llega por carros cisterna/Foto: David Mesa, Un estudio del 2018 del Grupo Banco Mundial sobre la urbanización en Centroamérica establece que Costa Rica y Panamá son los dos países más urbanizados de la región. Así mismo, deja sentado que el crecimiento y la expansión de asentamientos informales están vinculados a mercados de vivienda disfuncionales en las ciudades. Entre las ciudades que crecen aceleradamente en la región, están Arraiján y La Chorrera en Panamá Oeste, las cuales son abastecidas por una parte de las plantas de Miraflores, Laguna Alta y Mendoza, donde “no hay planificación”, según el secretario técnico del Consejo Nacional de Agua (Conagua), Guillermo Torres. En Arraiján hay asentamientos sin agua. Foto: David Mesa. Torres, ingeniero hidráulico y exdirector del IDAAN en este gobierno, comenta que en la pasada administración se ampliaron las redes desde el distrito de La Chorrera hasta el distrito de Capira, pero el agua no llegó al tanque que puede almacenar entre 2 y 3 millones de galones, ni a la tubería que debería distribuirlos. Sustenta que en este caso se cometió el error de convertir las tuberías de conducción existentes en redes de distribución, porque en la medida en que las barriadas nuevas o en crecimiento se pegan de ellas merma la presión necesaria para que el agua llegue a los tanques. También se registran falta de energía y constantes apagones que impiden almacenar el líquido. El ciclo se repite en uno y otro lugar. En 20 millones de galones diarios aumentará la capacidad de la planta de Mendoza en Panamá Oeste Como posible solución para el problema puntual de la red de distribución de La Chorrera-Capira, el IDAAN le solicitó a la ACP aumentar en 20 millones de galones diarios la capacidad de producción de agua potable en la planta de Mendoza, pero es una construcción a mediano plazo. Para mejorar el servicio, se requiere trabajar con los tanques de almacenamiento y combinar la actividad del IDAAN con la empresa privada. A juicio del ingeniero Torres, esta última debe cooperar haciendo los estudios de agua subterránea con los promotores de proyectos de vivienda; no debe hacer huecos, sino perforar pozos profundos que garanticen la conducción del líquido con tanques de almacenamiento para que llegue a las nuevas casas. Alto consumo y los efectos del Canal La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es uno de los principales actores en materia hídrica y de producción de agua dulce. No solo se encarga del tránsito de buques para el comercio internacional y de facilitar el paso de océano a océano; también produce agua dulce para el 55 por ciento de la población del país, la cual vende al IDAAN en bloques. Sus embalses abastecen a dos potabilizadoras centenarias que están bajo su responsabilidad, construidas desde la época de los estadounidenses: Miraflores y Monte Esperanza, las cuales proveen de agua a Panamá y Colón. También se ocupa de la producción para la provincia de Panamá Oeste desde la planta de Mendoza con 40 millones de galones de agua. La ACP produce el agua para el 50 % de la población del país, distribuida en Colón, Panamá Oeste y Panamá, así como para el sistema que permite las operaciones de la vía interoceánica del Atlántico al Pacífico. Foto: David Mesa. El Canal de Panamá y la empresa Aguas de Panamá, S.A. han vendido agua dulce al IDAAN, desde el 2016 hasta abril del 2021, por un monto total de 270,103, 443 dólares, según datos oficiales de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP). Daniel Muschett, vicepresidente de Agua y Ambiente de la ACP, recuerda datos históricos que dan cuenta del aumento poblacional: en 1975 la demanda de agua era de 60 millones de galones para consumo humano dentro del área de producción en Panamá y Colón; a partir del año 2010 se produjeron 400 millones más de galones, debido al crecimiento urbano y económico. Las potabilizadoras a cargo de la ACP están trabajando a capacidad máxima entregando 120 millones de galones diarios, pero son insuficientes. “El contrato con el IDAAN dice que podríamos ampliar la planta de Mendoza, pero eso no se hace de la noche a la mañana; son 3 o 4 años. El IDAAN está trabajando en la construcción de 2 nuevas plantas y habrá que ver si eso atenderá la demanda futura porque es un consumo alto el que tiene Panamá”, dice Muschett. La capacidad de las plantas no es lo único que lo preocupa. Según él, en la medida en que el agua se siga tomando del sistema de lagos del canal interoceánico, podría afectar su operación. Y como esto no debe ocurrir, tendrán que buscar alternativas para cumplirles a los consumidores. ¿Qué agua tomamos? En las oficinas del IDAAN en la capital, el director Ducruet toma agua potable y para demostrar su buena calidad la bebió delante de la cámara en un vaso que llenó en el grifo. Pero en Colón no todos corren con la misma suerte, pues a los que viven en las afueras les llega turbia, con mal olor y mal sabor cuando les abren el suministro por la tubería. En esa provincia, aparte de la potabilizadora de Monte Esperanza regida por la ACP, opera la de Sabanitas, administrada por el IDAAN. Allí está en marcha un proyecto de ampliación para abastecer a 150 mil habitantes, 15 mil de los cuales están localizados en las afueras y la mayor parte del tiempo reciben agua por carros cisterna. En ese grupo de afectados en la provincia de Colón está Moisés Rendón, un morador de los alrededores de la Medalla Milagrosa, del sector de Los Lagos, al que se le dificulta usar el servicio del cisterna por la lejanía de su residencia. En agosto pasado, Moisés publicó su drama en las redes sociales: todos los domingos debe esperar a que el agua llegue por una hora al patio de su casa. El día en que lo localizamos, el líquido salió desde la manguera con tanta turbiedad que era color chocolate, una situación que, dice, se ha convertido en habitual, igual que la falta de presión. Incluso lo ha llevado a comprar agua embotellada, luego de sufrir quebrantos de salud. Moisés Rendón es un morador de La Medalla Milagrosa, quien los domingos en su casa recibe el agua con sedimento y turbiedad. Cortesía. Moisés Rendón. La misma desconfianza producto de la turbiedad, el mal olor y el mal sabor se ha ido extendiendo por el país. Pese a ello el IDAAN sostiene que la calidad es buena, mientras que para el MINSA pasa todos los controles en las constantes pruebas que se efectúan a nivel nacional. Pero no lo siente así Yasser Samirov en su casa de Montemadero, zona residencial de Pacora. Todas las semanas compra botellas de agua para sus niños de 2 y 7 años, ya que no consumen la del grifo para evitar una enfermedad gastrointestinal; la turbiedad es constante cuando retorna el servicio, que se interrumpe a menudo. Para los otros quehaceres del hogar tiene tanques de reserva. Para este reportaje en varias oportunidades se solicitaron a la ASEP los informes de calidad de agua, pero no los suministró. El MINSA respondió que, mediante la Ley 2 de enero de 1997, ejerce la función de salud preventiva vigilando la calidad de agua potable para la población. Esto incluye tanto a los acueductos rurales como a los pozos debido a que muchos sistemas rurales se abastecen de aguas subterráneas. Como complemento el IDAAN y la ACP llevan su propio plan de vigilancia y los resultados son reportados al MINSA. Los informes de calidad de agua desde hace 10 años a la fecha no están publicados y tampoco fueron entregados, pese a la petición expresa. Las quejas por la calidad no son el único problema de los que reciben el servicio, el suministro es, también, muy irregular. Entre julio del 2020 y el mismo mes del 2021 se registraron en Panamá un total de 99,648 quejas a la Línea de Atención ciudadana 311 relacionadas exclusivamente con falta de agua, interrupciones o baja presión. La frase más recurrente de los entrevistados para este reportaje es “no planificación” en la gestión pública de las autoridades, insatisfacción reflejada en el hecho de que Panamá ocupa el puesto 82 entre 140 países en cuanto a la fiabilidad del sistema de agua percibida por los habitantes, según el BID. Para el año 2020, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, que ha cuestionado el modelo de gestión del IDAAN, fijó como uno de los retos urgentes la toma de decisiones para garantizar la dotación del suministro de agua potable. Tatiana De Janón, exjefa del programa de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá y vocera de la Cámara en el tema de agua, pregunta: “Cómo se puede seguir desarrollando la actividad económica, como por ejemplo el turismo, si no tengo suficiente agua, si no tengo donde desechar las aguas servidas o tengo el río contaminado, todo depende de esto”. Para la gestión del agua, la propia Cámara plantea una estructura de gobierno corporativo que trascienda los ciclos políticos, con planes a largo plazo y autonomía presupuestaria. Así puede asegurar la transparencia y el suministro continuo y de calidad, de modo innovador, para mantener una buena reputación como la ostentada por la administración del Canal de Panamá. La economista y catedrática universitaria Maribel Gordón sostiene que atribuir a la mala gestión la causa del problema del agua es incorrecto. En su criterio los gestores del recurso —entidades que producen, distribuyen y ven la calidad de agua— no están coordinados y velan por intereses distintos. “Allí hay un problema, no hay un proyecto, un plan nacional de desarrollo que involucre el uso del recurso hídrico de manera integral”, explica y añade que en el 2017 se definió que el agua era el ordenador del proceso territorial en Panamá por su magnitud, pero los proyectos no se ejecutan. Además, atribuye a los organismos internacionales la insistencia para cambiar lo público, que relacionan con lo malo, por lo privado, que para ellos significa eficiencia. Panamá sin planificación económica La eliminación del Ministerio de Planificación a finales de los noventa, ha incidido en el crecimiento desordenado de las urbanizaciones, según Rutilio Villarreal, secretario general de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Con la creación de un viceministerio de Planificación, no se llenó aquella función de, justamente, planificar proyectos en los que deberían invertir conjuntamente el gobierno y los inversionistas privados, que apuntalan la política económica del país. Los desarrollos deben garantizar no solo la infraestructura física habitacional, sino también de carreteras, acueductos, electricidad, el sistema pluvial y la infraestructura social; así lo percibe el viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista González. En este reportaje se reconoce que una de las zonas con muy poca planificación es Altos de los Lagos en la provincia de Colón, un conjunto con más de 500 apartamentos de interés social entregados en el pasado quinquenio. Recuerda que “la planificación no es hacer un poco de casas y ver cómo la gente resuelve”; por ello, está consciente de que el Plan de Ordenamiento Territorial debe corregir los errores, garantizando que las urbanizaciones no sean afectadas por los asentamientos informales que se pegan a las redes de acueductos y en consecuencia merman el servicio. Para Batista y para Iván Cano, jefe de operaciones del IDAAN, el talón de Aquiles son los asentamientos informales. Sin embargo, Batista exime al MIVIOT y su Ventanilla Única de la responsabilidad en el crecimiento irregular de las barriadas. Dice que esta entidad no firma la autorización de proyectos urbanísticos deficientes y que el promotor debe sustentar de dónde va a salir el agua y demostrarlo técnicamente para proveer del líquido a los futuros clientes. “La primera misión es detener las invasiones por las malas condiciones y por ser un obstáculo para la planificación; todas las urbanizaciones planificadas se quedan sin agua porque otros intervinieron la línea de manera irregular. Esos empates y telarañas que botan agua no son un sistema formal; no solo se pierde el líquido, sino que se quita presión donde el agua se desperdicia”, critica el alto funcionario del MIVIOT. En el pasado gobierno se invirtieron más de 1,200 millones de dólares en nuevas potabilizadoras y ampliaciones, pero con redes de tuberías viejas También hay que ampliar la capacidad del sistema. Más de 900 millones de dólares han salido de las arcas del Estado para garantizar el presupuesto de inversión y funcionamiento del IDAAN en los últimos 5 años. En el pasado gobierno se invirtieron más de 1,200 millones de dólares solo para proyectos de infraestructura de nuevas potabilizadoras y ampliaciones en las zonas mayormente afectadas como Panamá, Colón, Veraguas, Panamá Oeste y Chiriquí. Sin embargo, la queja de la actual administración es que estas estructuras no pueden operar porque la red de viejas tuberías no soportaría la presión del agua. Las obras requeridas quedaron sin respaldo financiero y es necesario acudir a los presupuestos de inversión anuales del IDAAN que se quedan pequeños para el desarrollo de trabajos de esta magnitud. Aun así, en este quinquenio el IDAAN afirma que no tiene una crisis sino un reto. Las obras en marcha para nuevas potabilizadoras y para ampliaciones son infraestructuras ya planificadas y que buscan dar cumplimiento al Plan Agua para Todos hasta el 2050 como una acción de Estado, sin banderías políticas que produzcan una mayor crisis a las zonas deprimidas sin agua. Diseño: Manuel Fernández. Según Guillermo Torres, secretario técnico de Conagua, en el 2024 el Gobierno se propone culminar los proyectos de nuevas potabilizadoras que mantienen un retraso de 2 años por la pandemia. Mediante el censo, también pretende proyectar las políticas de planificación para garantizar la disponibilidad de agua en Panamá. Mientras tanto, los más afectados por las interrupciones diarias del servicio no ven una solución a corto plazo. El BID, por su parte, ha proyectado que para el 2030 se espera que el 100 por ciento de los hogares tengan agua potable con continuidad las 24 horas al día y la totalidad de los hogares urbanos tendrán acceso al alcantarillado. Hasta que esto suceda, Yivell, Angelina, Moisés, Yasser y miles de panameños como ellos mantienen la esperanza de llegar a sus casas, abrir el grifo y que las tuberías ya no estén vacías. Un sinnúmero de recipientes de todos los tamaños son colocados a orilla de las casas y avenidas, en comunidades pobres y de clase media para recibir el servicio de los carros cisterna. Fotos: David Mesa. El ingeniero Luis Ramos, miembro del Comité de Residenciales de Veraguas, sostiene que en su provincia se ha dado la autorización a mansalva para la construcción de barriadas aduciendo que hay disponibilidad de agua para todos. La escasez en la zona produjo constantes protestas a comienzos de este año en medio de la pandemia. Este es un trabajo de Zaida Herrera y Grisel Bethancourt para KW Continente, Archivos Abiertos y CONNECTAS con el apoyo de International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa I-Lab Panamá. Subido el 23 de junio de 2022 por configuración de nuevo dominio de Archivos Abiertos. Mejor Reportaje ganador del Premios del Fórum de Periodistas de Panamá, 2022.