En Panamá, el financiamiento electoral público nació para nivelar la cancha entre candidatos. Las voces de quienes compitieron desde distintos frentes, un partido pequeño, un partido tradicional y una candidatura independiente, coinciden en una contundente afirmación: esa promesa no se ha cumplido en treinta años. Por Grisel Bethancourt Cuando terminó la campaña de 2019 para la alcaldía de La Chorrera, Armando Barrios tomó una decisión: no volvería a postularse en las siguientes elecciones de 2024. Profesor, diseñador gráfico y folclorista, bien conocido en la comunidad, competía por primera vez en política, respaldado por un partido pequeño, pero con mucha ilusión y una fuerte convicción en las instituciones democráticas. Recorrió los 18 corregimientos del distrito con una minoría de simpatizantes del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), ofreció propuestas de apoyo indiscutibles, como una mayor seguridad ciudadana, la modernización del transporte público y una mejor recolección de la basura en el distrito. Su base, recuerda, fue familiar y de amistades. La falta de recursos le impidió tener representantes y candidatos en los distintos corregimientos, lo que afectó la estructura y organización de su campaña y terminó pagando la factura el día de las elecciones. El candidato fue derrotado y el ciudadano perdió para siempre su confianza en el sistema. Su experiencia no demuestra por sí sola el peso del dinero en el éxito o el fracaso de una candidatura política. Sin embargo, plantea una interrogante que atraviesa el sistema electoral panameño: las diferencias económicas siguen marcando la más importante de las competiciones. Las donaciones declaradas por los candidatos, aportes privados y su capacidad de autofinanciación nos permiten identificar las asimetrías económicas que persisten en la contienda y enfrentan en disparidad de condiciones a los aspirantes de partidos políticos y las candidaturas de libre postulación. "La realidad política en Panamá es que gana el que más (dinero) tiene", sostiene Barrios sin rodeos, tras asegurar, según su experiencia, que los recursos económicos influyen en un electorado volátil e inmediatista. El “qué hay para mí”, entendido de forma burda y oportunista. Camino a las urnas, conseguir la voluntad del votante tiene un precio. La evidente disparidad de las campañas políticas, su capacidad para recorrer comunidades, contratar equipos de asesores, elaborar propaganda, pautar publicidad o asegurar representantes en las mesas de votación depende, en buena medida, de la financiación privada de cada candidatura. Con el propósito de reducir esas diferencias, Panamá incorporó el financiamiento público electoral mediante las reformas al Código Electoral de 1997. Para las elecciones generales de 2024, el Tribunal Electoral fijó en B/.109, 021,813 el financiamiento público electoral, equivalente al 1% de los ingresos corrientes presupuestados del gobierno central. Frente a esa abultada suma, la financiación privada y el capital propio de los candidatos sigue incidiendo grandemente en la balanza de los resultados. Solo en las ocho campañas para la presidencia de la República, las donaciones privadas, de terceros, en especie y de recursos propios, alcanzaron ese mismo año B/. 16.1 millones, el equivalente a casi el 30% de todo el fondo público preelectoral, B/. 54.5 millones que se repartieron entre partidos y candidaturas a distintos cargos. Sobre este tema, el politólogo Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), explica que el financiamiento público surgió precisamente para romper la barrera de acceso económico a la política y ampliar la participación de ciudadanos sin grandes fortunas. Pero advierte que su sola existencia no garantiza una competencia equitativa. Un modelo de inequidad El profesor de economía y gestión de políticas públicas Anastacio Rodríguez, de la Universidad de Panamá, asegura que la capacidad financiera de un candidato influye de forma decisiva en sus posibilidades reales de competir, porque determina el alcance de su comunicación y su capacidad de proyectar viabilidad ante donantes y medios. Según su lectura de los datos de ingresos y gastos registrados por el Tribunal Electoral durante las campañas políticas de 2024, publicados en datos abiertos en la plataforma La Ruta de la Plata creada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, los candidatos con mayores ingresos declarados concentraron el grueso del gasto en publicidad y eventos hacia el cierre de campaña, un patrón que coincide con mayor reconocimiento y voto. Arturo González, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Molirena, defiende el principio del sistema. Para él, el financiamiento público no es un privilegio partidista, sino un mecanismo para reducir la dependencia de intereses privados, combatir la captura del poder político y permitir que organizaciones con menos recursos puedan competir. Antonio García, secretario de Asuntos Legales del MOCA (Movimiento Otro Camino), describe el mismo desequilibrio desde otro partido pequeño: "Hay más fondos para los partidos políticos grandes y se reducen los fondos con los independientes". El MOCA llegó a proponer para las próximas reformas electorales una reducción del 25% al financiamiento público, buscando equidad hacia abajo, y recibió duras críticas. "Si dependemos de las donaciones, se vende el alma a la persona que dona", señala García sobre el financiamiento privado. MOCA recibió B/. 1.4 millones del financiamiento público y la menor financiación privada declarada de la contienda. El partido hizo campaña casa por casa, con bajo presupuesto de publicidad y hoy dice tener 46,000 adherentes, 10,000 de ellos sumados después de las elecciones. MOCA perdió la contienda presidencial de 2024 solo por debajo del electo presidente de la República, José Raúl Mulino, en una rara y esperanzadora anomalía del comportamiento electoral que sustenta esta publicación. Su candidato, Ricardo Lombana, compitió con B/. 793.750, casi una cuarta parte de los B/. 3.07 millones en recursos privados que declaró la campaña de Mulino. De los 57 candidatos a diputados de MOCA, solo tres alcanzaron una curul: Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni. Cómo se reparte el dinero La norma electoral no solo decide quién recibe financiamiento público, también, quién queda afuera. Además de abogar por una distribución equitativa de los recursos, que le daría mayor posibilidad a los partidos minoritarios, se reconoce la representatividad de los votos obtenidos durante las elecciones generales inmediatamente anteriores. En 2019, el FAD, el partido de Barrios, no calificó para financiamiento postelectoral, al no superar el 2% de los votos válidos. Para 2024, sin la cantidad de adherentes necesaria para mantener su reconocimiento electoral, el partido ya no pudo competir bajo su propia bandera. Por eso, su entonces candidata, Maribel Gordón, aspiró al cargo presidencial por libre postulación. El costo de esa vía quedó documentado por su equipo de campaña. Gordón recibió B/. 838,340.74 en financiamiento público, de un total de B/.2,543,842 repartido entre las tres candidaturas independientes de 2024, según la cantidad de firmas válidas recolectadas por cada aspirante. El PRD, como apuntan los datos, superó quince veces a Gordón (Tribunal Electoral) en financiamiento público. La brecha se ensanchó con el financiamiento privado. El candidato del partido en el poder, José Gabriel Carrizo , recibió B/.1.1 millones en financiamiento privado, frente a B/.877,000 de Gordón, un 27.6% más y una diferencia de B/.241, 719, según los datos de La Ruta de la Plata. Desde la campaña de Gordón, su equipo va más allá de las diferencias en el dinero privado declarado y señala que hay ventajas que ni siquiera se contabilizan, como el tiempo y la visibilidad que los medios de comunicación dan a ciertas candidaturas mucho antes de que arranque la contienda formal. "Es un trabajo previo de fabricación de candidaturas cuyo costo es imposible medir", sostiene su portavoz, Silvestre Díaz. La campaña de Gordón, añade, no pudo levantar una sola valla publicitaria ni pautar cuñas de radio o televisión, salvo en las últimas semanas y de forma mínima. Consultado sobre si en Panamá gana la consulta popular la mejor propuesta política o el bolsillo más grande, el analista electoral y abogado Javier Ordinola no dudó en su respuesta erudita: “el dinero y no necesariamente el que se gasta para la campaña propiamente, está por encima de una campaña basada en propuestas o ideas. Por consiguiente, gana quien más dinero tenga”. Los números respaldan el planteamiento de Ordinola. También en la Asamblea Nacional se muestra esa realidad. Joan Guevara fue el diputado electo que más financiamiento privado reportó: B/.210,000, seguido por José Luis Varela, con B/.194,230; Francisco Brea, con B/.185,156.24; Raúl Pineda, con B/.152,444.02 y Benicio Robinson, que declaró donaciones por B/.145,100. Entre los cinco, sumaron B/.886,930.26, casi una cuarta parte de los B/.3.6 millones de ingresos privados totales reportados en la carrera hacia la Asamblea. Cuando el dinero marca la diferencia Lucas Muñoz compitió por primera vez como candidato a diputado por el circuito 8-4 por el Partido Panameñista, del que forma parte desde su adolescencia y el cual goza de estructura y financiamiento asegurado. Recibió aportes del partido por B/. 14,000 en donaciones privadas. Tampoco ganó. Muñoz calcula que la capacidad de autofinanciar una campaña pesa un 75% en las posibilidades reales de competir. Sobre por qué perdió, no culpa solo al dinero, menciona el desgaste de cargar con la imagen de "malos políticos" y el llamado de algunos líderes a votar “en plancha” por candidatos independientes en su circuito. Aún así, coincide con el resto de las voces de este reportaje y cree que el modelo actual favorece a quienes tienen más recursos o mejor acceso a donantes, y propondría un tope máximo de gasto de campaña para todos. Al analizar la información de La Ruta de la Plata, el circuito 8-4, uno de los más competitivos del país, deja evidenciada las diferencias económicas entre candidatos que disputaron las mismas curules. Por MOCA, Grace Hernández encabezó el financiamiento privado entre los cinco electos para la Asamblea Nacional, con B/.118,256.35, seguida por Roberto Zúñiga, con B/. 83,181.13; Jorge Bloise, B/. 79,608.04; Javier Sucre, B/. 53,052.50 y Ernesto Cedeño, con apenas B/.7,990.30, fondos propios con los que costeó toda su campaña. "Es lo que ocurre normalmente en elecciones donde el sistema de financiamiento es mixto, con controles muy permisivos. No garantiza equidad en la competencia", añade Ordinola. El reparto de dinero, indica, abre la puerta a competir, pero no asegura el triunfo, porque en un sistema sin reglas parejas siempre puede haber alguien con todavía más recursos. El consultor electoral ve con buenos ojos la eliminación del financiamiento privado y mantener solo el público, destinado a las campañas electorales y para capacitación de liderazgos, con un monto de financiamiento reducido que no supere el 0.5% de los ingresos corrientes, como lo implementaron los sistemas electorales de Guatemala y República Dominicana, país, este último, que ha reducido la duración de campaña a dos meses. Fiscalización e igualdad de gastos El artículo 141 de la Carta Magna establece que "el Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato. Para Ordinola, el verbo de la norma establece un problema de origen. "Podrá", y no "deberá" vuelve potestativo lo que en la práctica se ha convertido en una expectativa de trato igualitario dentro del proceso electoral. Esa misma exigencia de igualdad, sugiere, nunca se cumplió, ya que "hay muchos candidatos de partidos políticos que no reciben ni un céntimo de financiamiento público", a pesar que pueden recaudar hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más financiamiento reciba (como lo establece el tipo de financiamiento privado para los colectivos políticos), sin excederse del monto previsto en la reglamentación: B/.10,000,000 para presidente, B/.300,000 para diputado, B/.10,000 para diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y B/.5,000 por cada elector empadronado, para alcaldes y representantes de corregimiento. Treinta años después de la reforma de 1997 y el cambio de subsidio electoral al financiamiento público, la reflexión de Armando Barrios sigue incontestable: en Panamá, las elecciones las gana el que más dinero tiene. El Tribunal Electoral, la entidad que administra y fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas, no respondió a la solicitud de un cuestionario escrito para este reportaje que buscaba resolver su posición frente a las críticas por el desigual acceso a recursos de los candidatos a cargos de elección popular y si han medido el impacto del modelo mixto o la optimización para fiscalizar fondos privados en las elecciones de 2029. Esta investigación fue realizada bajo el auspicio de las Becas Siguiendo La Plata para periodismo de datos, otorgadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Los periodistas también somos vulnerables y la psicóloga clínica nos acompañó, pero también compartió sus saberes en sus columnas. Grisel Bethancourt Por primera vez lo cuento. En el periodismo no todo es reconocimiento, primicias o satisfacción por el trabajo realizado. También hay lágrimas, decepciones, silencios e incomprensiones. Los periodistas también somos vulnerables. Muchas veces dejamos pasar situaciones dolorosas por conservar la estabilidad laboral. Callamos para no perder el empleo, seguimos trabajando como si nada ocurriera y aprendemos a ocultar el cansancio detrás de una libreta, una cámara o una noticia. Pero llega un momento en que el cuerpo y la mente advierten que algo no está bien. Eso me ocurrió mientras ejercía como periodista judicial. Atravesaba una situación de estrés laboral y necesitaba dejar constancia de lo que estaba viviendo. Había un sinnúmero de diferencias para trabajar en un grado de calidad y yo debía estar en mis cinco sentidos, concentrada, porque tenía bajo mi responsabilidad temas complejos y profundamente delicados a nivel judicial. Cubrir esta área no es fácil, comenzó un adormecimiento del lado izquierdo de mi cabeza, el cabello comenzó a caerse, y el dolor en el cuello y hombro era insoportable. Luego de una resonancia y ser atendida por un ortopeda privado, este me dijo que no tenía problema cervical; sinembargo, me habló de algo que yo no había mencionado: que estaba pasando por un estrés fuerte y que podía desencadenar en otra situación de salud. Fue entonces cuando acudí a la Policlínica de Betania y conocí la atención profesional de Geraldine Emiliani. Ella me escuchó sin juzgarme. Comprendió lo que estaba atravesando y me dio la fuerza para entender que podía seguir bregando sin permitir que aquellas circunstancias terminaran por quebrarme. Geraldine fue psicóloga, columnista, amiga y consejera. Su voz y su acompañamiento se convirtieron en el hombro de muchos periodistas que acudieron a ella por estrés, bullying, acoso laboral, violencia digital y ataques en las redes sociales. Después de aquella consulta, también se convirtió en una fuente valiosa para mis trabajos periodísticos. Cuando algún colega necesitaba orientación profesional, sabía que podía encontrar en ella una mano extendida y una palabra serena. Como columnista, escribió con sensibilidad y lucidez sobre la realidad. Como psicóloga, estuvo allí cuando muchos necesitábamos ser escuchados, incluso cuando no nos atrevíamos a decir públicamente que algo nos dolía. Hoy cuento esta experiencia porque detrás de cada periodista también hay un ser humano. Recuperé mi fuerza interior, no hubo más caída del cabello, me apliquè medicamentos e hice también terapia para los dolores de cuello y hombro. Somos vulnerables, alguien que siente, que se cansa, que llora y que, en ocasiones, necesita ayuda para continuar. Geraldine Emiliani fue un soporte invaluable para muchos periodistas. Yo puedo decirlo porque, cuando la necesité, ella estuvo allí. Hasta luego, Geraldine.

En Ecos migrantes, el periodista salvadoreño, Soudi Jiménez reúne 27 relatos que desmontan estigmas y muestran cuánto aportan las comunidades migrantes a Estados Unidos. Es una voz crítica ante la violencia, deportaciones y política antimigratoria. Por Grisel Bethancourt Conocimos a Soudi Jiménez en 2014. Para entonces, su trabajo ya estaba marcado por una pasión que no se aprende en los manuales: escuchar a la comunidad hispana de Los Ángeles y contar sus historias con rigor, cercanía y respeto. Soudi es ciudadano estadounidense, periodista de Los Angeles Times en Español. Más de dos décadas de vida en Estados Unidos le han permitido observar de cerca las contradicciones de un país que ofrece oportunidades, pero que también levanta barreras contra quienes llegan buscando un lugar donde reconstruir sus vidas. Salvadoreño de nacimiento, Soudi Jiménez nos recibió aquel otoño en la redacción en español del diario angelino. Éramos un grupo de periodistas latinoamericanos que participaba en el programa Edward R. Murrow de Liderazgo para Visitantes Internacionales -IVLP-. auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y conocimos de cerca una de las mejores redacciones de noticias. Con una amplia trayectoria en California, ha dedicado buena parte de su carrera a contar las historias y los desafíos de las comunidades migrantes. Ya su voz tenía ecos. De esa experiencia nació Ecos migrantes, un libro crítico que reúne voces de personas vinculadas con el arte, la ciencia, la educación, la gastronomía y el activismo. Sus protagonistas no aparecen como cifras ni como una amenaza. Son hombres y mujeres que trabajan, crean, resisten y enriquecen al país que los recibió. Esta es una conversación franca, desde el periodismo y los derechos humanos. Soudi habla de los estigmas que persiguen a las personas migrantes, de la discriminación que también existe dentro de las comunidades latinas y del endurecimiento de la política migratoria durante la era Trump. Su mirada sobre 2025 y 2026 es sombría. Considera que el llamado sueño americano se ha ido desvaneciendo frente al alto costo de la vida, la persecución migratoria y el temor que alcanza incluso a personas con ciudadanía o residencia legal. También advierte sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos, aunque reconoce la resistencia de jueces, activistas y comunidades que se niegan a guardar silencio. Soudi Jiménez con la comunidad hispana en la promoción de su libro Ecos migrantes. ¿Qué realidad del migrante quiso contar en Ecos migrantes que no aparece en los discursos políticos ni en los grandes titulares? Mi incursión en el periodismo en Estados Unidos coincidió con un nuevo ascenso del racismo. Desde que ingresé, en 2012, a la publicación en español de Los Angeles Times, he podido documentar la odisea de las personas migrantes. Las políticas racistas no son nuevas. Han formado parte de la historia estadounidense, con momentos de mayor intensidad durante guerras, crisis económicas y contiendas electorales. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024 se normalizó una narrativa que presenta a los migrantes como “violadores” o “delincuentes”. En ese contexto surgieron los relatos de Ecos migrantes. La mayoría fue escrita entre 2019 y comienzos de 2024. Cada historia ofrece una mirada particular, pero cuando se leen juntas permiten observar un panorama mucho más amplio. El libro busca humanizar la migración y abrir una reflexión capaz de desmontar los prejuicios y estereotipos que pesan sobre estas comunidades. Los migrantes no son los responsables de los problemas de Estados Unidos. Por el contrario, enriquecen al país con sus lenguas, sabores, ritmos, conocimientos y talentos. Esa diversidad está plasmada con fuerza en el libro. ¿Por qué decidió responder a la narrativa antiinmigrante mediante historias de vida y no solamente con cifras o análisis políticos? Los seres humanos tendemos a criticar aquello que no conocemos. Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a lo que nos causaba temor, nuestra perspectiva puede cambiar. Eso les sucede a muchos anglosajones con los migrantes latinoamericanos, pero también nos ocurre a nosotros cuando miramos a las comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestros países. Con este libro también desafío a la propia comunidad latina a reconocer el colorismo, el clasismo y otros patrones discriminatorios que permanecen arraigados en su interior. No basta con señalar lo que otros hacen contra nosotros. También debemos revisar cómo tratamos a quienes históricamente han sufrido marginación y atropellos dentro de nuestras sociedades. Esa reflexión se comprende mejor a través de historias de vida. Un testimonio permite mirar el rostro, la lucha y las contradicciones de una persona. Las cifras explican la dimensión de un fenómeno, pero las historias nos obligan a sentirlo. Después de entrevistar a migrantes vinculados con el arte, la ciencia, la educación, la gastronomía y el activismo, ¿qué tienen en común sus historias? Talento, creatividad y resiliencia. Cuando veo a un poeta hondureño escribir versos cargados de realidad; a un migrante maya de Guatemala abrirse camino como diseñador de moda, o a la hija de trabajadores agrícolas salvadoreños convertirse en abogada, comprendo cuánto pierden nuestros países con esa fuga de talento. Esas personas entregan lo mejor de sí a la nación que las recibe. Nuestra gente no se marcha por falta de capacidad. Emigra porque en sus países no encuentra oportunidades. Cuando accede a un espacio con algunos recursos, aunque sean limitados, nuestra gente brilla. Estados Unidos se presenta como un país de libertades y oportunidades, pero muchos migrantes enfrentan discriminación y violencia. ¿Cómo explica esa contradicción? Durante mucho tiempo, Estados Unidos levantó como banderas la democracia, las libertades y el Estado de derecho. Hoy existe una distancia preocupante entre ese discurso y lo que viven muchas personas migrantes. El regreso de Donald Trump profundizó esa contradicción. Por mucho tiempo, esa fue la bandera de Estados Unidos: la democracia, las libertades y el Estado de derecho. En la actualidad es solo un discurso, un lema vacío y sin fundamento. En este momento, el sistema de contrapesos se encuentra bajo amenaza. En medio de los atropellos contra los migrantes, uno quisiera que la Corte Suprema emitiera fallos categóricos que detuvieran esa ola de ataques y violaciones contra personas que solo han buscado en Estados Unidos un lugar para sobrevivir, pues huyen de regímenes parecidos al que emerge en suelo estadounidense. Sin embargo, todavía existe una luz al final del túnel. Si el presidente Trump no ha logrado todo lo que se ha trazado es porque los jueces y magistrados del sistema judicial le han puesto freno. Para quienes vivimos en Estados Unidos y en las naciones relacionadas con las políticas estadounidenses, es importante que se mantenga la independencia de los poderes, que la Casa Blanca tenga un contrapeso y que se fortalezca el sistema democrático. Ciudad de Los Ángeles, California donde se asientan miles de latinos. A partir de las historias recogidas en el libro y de su experiencia como periodista migrante, ¿todavía existe el sueño americano? Después de más de 20 años viviendo en Estados Unidos, mi percepción es que el sueño americano es, en gran medida, un mito construido por Hollywood. La influencia del cine y la televisión estadounidense ha sido enorme. Desde América Latina se observa este país como la tierra donde todos los sueños pueden hacerse realidad. Pero aquí los dólares no se recogen de los árboles. Para salir adelante hay que luchar, sudar y dejar una parte de la vida. Se paga un precio muy alto. Para muchas personas, el sueño termina convirtiéndose en una pesadilla americana. Antes de 2025, pese a las barreras, los migrantes podían avanzar con esfuerzo y tenacidad. Ahora deben enfrentar el alto costo de la vida y un ambiente de persecución que también alcanza a personas con residencia legal o ciudadanía estadounidense. En esta periodo hemos presenciado situaciones que antes parecían inimaginables. Muchos latinos sienten que deben salir con sus documentos para demostrar quiénes son y cuál es su estatus. Ese temor revela hasta dónde ha llegado la desconfianza contra la gente de color. Las deportaciones y los operativos migratorios han generado zozobra. Algunas personas, aunque no hayan sido detenidas, contemplan marcharse por cuenta propia. Frente a ese panorama quedan la participación ciudadana, la defensa institucional de los derechos y la solidaridad. Jóvenes asiáticos, afroestadounidenses, anglosajones y latinos han salido juntos a las calles para respaldar a quienes hoy se intenta silenciar o expulsar. Esa respuesta colectiva demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, todavía existe una parte de Estados Unidos dispuesta a defender la dignidad humana. Soudi Jiménez es una voz crítica ante el estigmas contra la inmigración y contribuye como hispano a dignificar al ser humano y al hombre y mujer trabajador en busca de oportunidades. Este relato duro para la política migratoria actual lleva una mirada más profunda, donde la migración ya no es una oportunidad si no una supervivencia. Durante la presentación del libro Ecos migrantes. *** Ecos migrantes aglutina veintisiete relatos periodísticos —noticias, reportajes y crónicas— que fueron publicados principalmente entre 2019 y 2024 en la sección en español del diario Los Angeles Times, medio para el que Jiménez trabaja desde mayo de 2012 dando cobertura a temas latinos, con énfasis en asuntos relacionados a la pujante comunidad centroamericana que asciende a 800 mil personas en el condado de Los Ángeles, más de la mitad de esa población es salvadoreña. El libro Ecos migrantes se puede adquirir en librerías y en plataformas de distribución bajo demanda en España. También en Estados Unidos y en todas las naciones de América Latina a través de los portales libreriauca.com, Busca Libre y Amazon. Pueden seguir a Jiménez en X, Instagram y YouTube en su cuenta @soudijimenez; el autor ha creado una cuenta en Instagram @ecosmigrantes para conectar con el público que adquiere su libro.

Muchos se fueron con promesas, después de ver anuncios en tiktok que podrían solucionar económicamente el desempleo y las cosas no resultaron como esperaban. Quedaron en el frente de batalla de un conflicto bélico y algunos han perdido la vida. Por Grisel Bethancourt La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para algunas familias panameñas. Lo que comenzó como una oportunidad para obtener mejores ingresos terminó llevando a varios ciudadanos hasta una zona de combate, donde algunos perdieron la vida, otros permanecen desaparecidos y varios lograron regresar al país. El caso volvió a cobrar fuerza tras conocerse que uno de los panameños fallecidos será repatriado. Paralelamente, familiares de otros jóvenes continúan buscando información sobre su paradero, mientras esperan respuestas de las autoridades panameñas. Tienen 90% de probabilidades de morir Camilo Flórez, conocido como "Bob", un exmayor de la Policía Nacional de Panamá, asegura que la guerra que encontró en Ucrania fue muy distinta a la que imaginó antes de viajar. Tras incorporarse como instructor, decidió desertar porque, según relata, presenció "torturas", actos de "corrupción" y un sistema que, afirma, termina exponiendo a los combatientes extranjeros a riesgos mucho mayores de los que les prometen al momento de ser reclutados. Durante una entrevista en el programa 180 Minutos, de Radio Red, sostuvo que quienes llegan al país conocen que se incorporan a un escenario de guerra, pero aseguró que el verdadero engaño comienza una vez ingresan a determinadas unidades militares. Explicó que muchos terminan siendo enviados a la primera línea de combate, pese a que, según él, esa no era la función para la que fueron contratados. Flórez también afirmó que existen casos en los que las muertes de combatientes extranjeros no son reportadas como fallecimientos, sino como desapariciones. Según su testimonio, esta situación dificulta que las familias conozcan el destino de sus seres queridos y, además, puede afectar el acceso a las compensaciones económicas previstas para quienes mueren en servicio. De acuerdo con su relato, los contratos contemplan incentivos económicos que pueden alcanzar unos 400 mil grivnas ucranianas (alrededor de 9 mil dólares) al ingresar en una misión de combate. Sin embargo, aseguró que en algunas unidades esos pagos son objeto de presuntas irregularidades y que, en la práctica, "el problema es sobrevivir para poder cobrarlos". El exoficial panameño también denunció que a varios voluntarios extranjeros les retienen los pasaportes una vez llegan al país. Añadió que, si deciden abandonar las filas o son capturados, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, conoció casos de combatientes que fueron enviados al frente apenas una semana después de incorporarse. Flórez manifestó su sorpresa al conocer que hay muchos panameños participando en la guerra entre Rusia y Ucrania. A su juicio, muchas personas desconocen la realidad que se vive en el terreno y toman la decisión motivadas por expectativas que luego no corresponden con lo que encuentran. "Esto de la guerra no es un juego. No todo lo que brilla es oro", advirtió durante la entrevista. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes consideran viajar para integrarse al conflicto: "Yo les diría que no vayan. Hay mucha corrupción. Tienen muchas posibilidades de morir. No vayan a la guerra". La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por familiares de ciudadanos que viajaron al extranjero tras recibir ofertas de empleo. Las diligencias buscan establecer si durante ese proceso se cometieron delitos en territorio panameño. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que el Estado panameño no tiene ninguna relación con las personas que decidieron participar en el conflicto y reiteró que cualquier denuncia debe ser presentada ante el Ministerio Público y las autoridades competentes. Los testimonios de familiares muestran historias distintas. Algunos aseguran que sus parientes fueron convencidos con promesas laborales que terminaron llevándolos al frente de guerra. Otros sostienen que aceptaron contratos para prestar servicios en zonas de combate, mientras algunos sobrevivientes han relatado las dificultades que enfrentaron para abandonar el conflicto y regresar a Panamá. El tema también fue abordado por el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, quien reveló en una entrevista con TVN que al menos dos exmiembros de esa institución murieron mientras combatían en Ucrania. Según explicó, las familias conocen el desenlace, pero hasta el momento no han podido recuperar los cuerpos. Ortega agregó que otro integrante de las Fuerzas Especiales permanece desaparecido desde hace más de un año, luego de viajar hacia la zona de conflicto. A su juicio, estos casos reflejan una realidad que comenzó a observarse hace varios años entre exuniformados que buscaron oportunidades fuera del país. En TikTok aparecen videos de testimonios de víctimas y de reclutadores, como de soldados panameños en la guerra, tanto expolicías como civiles. El excomisionado recordó además que, cuando dirigía la Unidad de Fuerzas Especiales en 2010, varios integrantes abandonaron la institución para trabajar en países como Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Según indicó, esa migración respondía a ofertas de empleo relacionadas con servicios de seguridad. La presencia de ciudadanos extranjeros en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido documentada desde el inicio del conflicto. Algunos llegaron como voluntarios, otros fueron contratados por empresas o unidades militares y, en distintos países, las autoridades investigan denuncias sobre posibles mecanismos de reclutamiento mediante engaños o falsas ofertas de trabajo. En Panamá, las investigaciones apenas comienzan. Mientras las autoridades determinan si existieron responsabilidades penales, varias familias enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o esperan el regreso de quienes nunca imaginaron que una oferta de trabajo terminaría llevándolos a una guerra librada a miles de kilómetros de su hogar. El gobierno ucraniano no se ha pronunciado a raíz de estas denuncias.

Por Grisel Bethancourt La Asamblea Nacional atraviesa un hervidero político. Mientras continúan las negociaciones para conformar las comisiones permanentes, la Comisión de Presupuesto sigue sin instalarse. Esa demora tiene consecuencias fuera del Palacio Justo Arosemena: 128 funcionarios transitorios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) acumulan cuatro meses sin recibir salario. La espera ya afecta la economía de decenas de familias. Cuatro meses sin ingresos significan dificultades para cubrir el alquiler o la hipoteca, cumplir con préstamos bancarios, pagar servicios básicos y sostener los gastos cotidianos del hogar. A ello se suma otro obstáculo: muchos continúan desempeñando funciones sin contar con los recursos económicos que normalmente utilizan para movilizarse hasta sus puestos de trabajo. Los trabajadores afectados no ocupan cargos administrativos comunes. Entre ellos hay inspectores de pesca, personal encargado del monitoreo satelital de embarcaciones nacionales e internacionales y funcionarios responsables de la vigilancia pesquera. Se trata de personal especializado que cumple funciones estratégicas para la protección y control de los recursos acuáticos del país. El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó a Archivos Abiertos que la institución requiere la aprobación de un crédito extraordinario por B/.3.5 millones para cubrir los salarios del personal transitorio hasta el 31 de diciembre y otros compromisos presupuestarios. Indicó que el trámite fue gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitido a la Asamblea Nacional, donde permanece pendiente de aprobación. Según Carrasquilla, la ARAP fue citada por la Comisión de Presupuesto el 16 de junio. Sin embargo, la sesión no pudo realizarse por falta de cuórum y, desde entonces, el crédito continúa sin discutirse. "Soy el primero que está preocupado", expresó el funcionario, quien aseguró que la institución mantiene comunicación permanente con los trabajadores afectados. El administrador afirmó que los recursos están garantizados y que los 128 funcionarios recibirán la totalidad de los salarios adeudados con efecto retroactivo, una vez el crédito extraordinario sea aprobado. Añadió que para el presupuesto de 2027 ya fue incorporada una partida que permitirá financiar durante los doce meses a este personal, con el propósito de evitar que la situación vuelva a repetirse. Mientras se resuelve el trámite legislativo, la institución adoptó medidas paliativas para conservar el recurso humano especializado. Entre ellas, autorizó el teletrabajo para quienes pueden desarrollar sus funciones de manera remota y adelantó vacaciones en algunos casos. "No queremos perder este recurso humano", sostuvo Carrasquilla, al destacar que se trata de personal con experiencia y conocimientos técnicos difíciles de reemplazar. Actualmente, uno de cada cuatro funcionarios de la ARAP trabaja bajo contratos transitorios, una condición que, según la institución, la hace depender de créditos extraordinarios para completar el financiamiento de esa planilla. El caso deja en evidencia cómo un retraso en un trámite legislativo puede terminar afectando tanto a servidores públicos como al funcionamiento de áreas sensibles para la vigilancia y el control de la actividad pesquera en Panamá.

​Por: Grisel Bethancourt El periodismo actual padece de una alarmante pérdida de filtros. En la prisa por llenar el feed de las redes sociales, muchos profesionales han renunciado a su rol más sagrado: ser selectivos. Hoy, algunas cuentas de periodistas parecen extensiones de las oficinas de prensa gubernamentales, reproduciendo comunicados e imágenes oficiales de forma automática, sin el más mínimo cuestionamiento. Cómo hay redes de creadores que no son comunicadores y tienen la misión de reproducirlas. Allí está lo distinto en el periodismo. ​Podemos considerar por la experiencia que un decomiso de drogas o una incautación de armas no es, por sí misma, una noticia completa. Es apenas el síntoma. El verdadero periodismo independiente no se queda en la foto del cargamento; se pregunta el porqué. Falta análisis, faltan voces expertas y fuentes independientes que expliquen el contexto real. La pregunta que la audiencia se hace —y que el periodista debe responder— es simple: ¿Este operativo realmente resuelve la inseguridad en las calles o es solo cosmética contra el crimen organizado? ​Desarmar el autoelogio: la noticia está en el cuarto párrafo ​Los lectores de hoy están cansados del discurso plano; buscan autenticidad y puntos de vista claros. Mientras las instituciones diseñan boletines repletos de autoelogios, con esto nos encontramos a diario, el deber del reportero es buscar la verdadera noticia que casi siempre se oculta, deliberadamente, en el tercer o cuarto párrafo. ​El contraste del enfoque informativo: ▪ ​El comunicado dice:"Inauguramos un nuevo hospital con tecnología de punta". ▪ ​El periodismo investiga:¿Cuántas camas reales suma este hospital al sistema y qué deficiencias estructurales del sector viene a cubrir? ​Humanizar el dato y romper el molde formal ​La diferencia entre la propaganda y la información radica en el sujeto de la historia. El comunicado siempre habla en abstracto; el periodismo habla de personas. Si una política pública no se traduce en el impacto directo sobre la vida del ciudadano común, es solo burocracia en papel satinado. ​Para conectar con las audiencias actuales sin perder el rigor, el camino es cambiar el formato. El desafío moderno está en traducir un anuncio institucional extenso y denso en un hilo de datos conciso, directo y digerible, pero con una profunda carga analítica. ​Hay que recordar una frontera que hoy parece borrosa: el periodismo no es lo mismo que la creación de contenido sin técnicas informativas. Crear contenido busca el clic rápido o el entretenimiento; hacer periodismo exige contrastar, verificar y fiscalizar al poder. Devolvamos la fiscalización a las salas de nuestra redacción independiente. Creará respeto y credibilidad.

En su segundo año de gobierno, José Raúl Mulino enfrenta un escenario marcado por profundas contradicciones. Mientras su administración defiende la estabilidad económica, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos como las disyuntivas recientes con China y el impulso de proyectos estratégicos de infraestructura que aún no se concretan, persisten desafíos que alimentan el descontento ciudadano. La confrontación con sindicatos, educadores y otros sectores sociales, el desempleo, la inseguridad, la elevada deuda pública, la falta de acceso al agua potable y el déficit de infraestructura mantienen una creciente deuda social. A ello se suma el debate sobre el futuro de la mina de cobre, una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversión y generar empleo, pero que continúa enfrentando un amplio rechazo de sectores ciudadanos, ambientales y populares, convirtiéndose en uno de los mayores retos políticos de la administración. Mientras la Asamblea Nacional escoge su nueva directiva entre reuniones de partidos aliados con el ejecutivo, la diputada opositora de Vamos, Jeanine Prado cuestiona al Presidente al parecer decidido a construir personalmente los votos para la elección del 1 de julio. "Si ese es el camino, ¿qué pasó con el discurso de que el Ejecutivo no interfería en la Asamblea? La separación de poderes no puede ser un principio que se invoque solo cuando conviene.", dijo Prado. Las distancias y conveniencias políticas se enmarcan aún más en el poder . Desafíos del gobierno: Desempleo: La tasa de desempleo se ubicó en 10.4 % al cierre de 2025, equivalente a más de 210 mil personas sin trabajo, mientras la informalidad sigue afectando a una parte importante de la población económicamente activa. Deuda pública: La deuda del Sector Público No Financiero supera los B/.60 mil millones, lo que obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares al pago de intereses y amortizaciones, reduciendo el espacio para nuevas inversiones sociales. Seguridad ciudadana: Durante el primer semestre de 2026 se registraron 158 homicidios, de los cuales las autoridades atribuyen cerca del 76 % al crimen organizado y al narcotráfico. También persisten cuestionamientos por fugas de privados de libertad. Agua potable: Miles de familias continúan enfrentando interrupciones en el suministro, especialmente en Panamá Oeste, Azuero y otras regiones, donde la crisis hídrica sigue sin una solución definitiva. Infraestructura: El déficit en carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y saneamiento continúa siendo una de las principales deudas del Estado, pese al anuncio de megaproyectos. Conflicto social: La confrontación con educadores, sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos sociales se intensificó tras la reforma de la CSS y el debate sobre la mina. Mina de cobre: El Gobierno sostiene que la actividad minera representa empleo e ingresos para el país, pero enfrenta un importante nivel de desconfianza ciudadana y demandas de mayor transparencia y consenso. Conflictos de interés: Han persistido cuestionamientos sobre ministros y altos funcionarios que mantienen vínculos con actividades privadas relacionadas con sus áreas de gestión, reavivando el debate sobre ética y transparencia. Salud: A pesar de los programas para reducir el costo de algunos medicamentos, continúan las denuncias por desabastecimiento, mora quirúrgica y deficiencias en la atención hospitalaria. Polarización: El Gobierno inicia su tercer año con un clima de confrontación política y social que aún no logra superar.

La metodología investigativa del Ministerio Público en Panamá en el caso Marco Andrade y Genaro López: una reflexión dogmática. Por Miguel Ángel Rodríguez, Abogado litigante. El proceso penal moderno no fue concebido para producir culpables mediante narrativas de alto impacto ni para legitimar decisiones previamente construidas. Su finalidad consiste en descubrir la verdad a través de un procedimiento objetivo, contradictorio, científicamente verificable y respetuoso de las garantías fundamentales. Precisamente por ello, el proceso penal acusatorio distingue claramente entre investigar, imputar, solicitar medidas cautelares y condenar. Cada una de estas etapas responde a presupuestos jurídicos distintos y exige estándares probatorios progresivamente más rigurosos. La principal preocupación que deja el proceso seguido contra Marco Andrade y Genaro López no es la existencia de una investigación penal. Investigar constituye un deber constitucional del Ministerio Público. Lo verdaderamente preocupante es la metodología utilizada para construir esa investigación y la forma en que dicha metodología se aparta de los principios que gobiernan el proceso penal acusatorio. Uso reiterado de la reserva Una de las primeras anomalías metodológicas aparece en el uso reiterado de la reserva. No se trató de una reserva excepcional destinada a proteger una diligencia concreta cuya eficacia pudiera verse comprometida. Se utilizaron cinco (5) reservas sucesivas, impidiendo durante meses que la defensa conociera los fundamentos esenciales de la hipótesis incriminatoria. La consecuencia fue evidente, y no es otra qué, la defensa llegó a la audiencia sin conocer integralmente los elementos sobre los cuales el Ministerio Público construiría sus argumentos llenos de inferencias subjetivas y genéricas. La excepción terminó convirtiéndose en regla, afectando el principio de igualdad de armas y desnaturalizando el sentido mismo de la reserva procesal. Esa situación se agravó porque el Ministerio Público continuó incorporando documentos al sistema TEMIX el mismo día y a pocas horas de dar inicio a la audiencia. Particularmente significativo resulta que uno de los informes financieros policiales aparece fechado el 26 de junio de 2026 y solamente fue puesto a disposición de la defensa mediante TEMIX el sábado 27 de junio de 2026, fecha en que se fijaron las audiencias de control de aprehensión, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares. No basta permitir el acceso formal a un documento; el derecho de defensa exige tiempo razonable para estudiarlo, analizarlo y preparar una contradicción técnicamente adecuada. Cuando el descubrimiento probatorio ocurre simultáneamente con la audiencia, la igualdad de armas desaparece y el principio de lealtad procesal resulta seriamente comprometido. ¿Basta un informe policial? Otro aspecto metodológicamente cuestionable radica en el valor otorgado a los informes elaborados por unidades policiales. Gran parte de la teoría del caso descansa sobre verificaciones realizadas respecto de nombres, cédulas, personas fallecidas, menores de edad, firmas y otras supuestas inconsistencias documentales. Sin embargo, un informe policial constituye apenas un acto preliminar de investigación. No equivale a una pericia documentológica, no sustituye una auditoría forense y no posee, por sí solo, la fuerza técnica necesaria para demostrar la existencia de falsedad documental, apropiación de fondos o manipulación dolosa de registros. Existe una diferencia sustancial entre detectar una posible inconsistencia y demostrar científicamente un hecho penalmente relevante. Cuando un agente policial afirma que una firma no coincide, que una persona aparece fallecida o que determinada cédula corresponde a otra identidad, únicamente genera una hipótesis investigativa que exige posteriores actos de corroboración. Esa hipótesis debía ser sometida a pericias grafotécnicas, certificaciones oficiales, entrevistas individualizadas, reconstrucciones documentales y demás diligencias especializadas. La investigación, sin embargo, parece haber dado el salto desde la observación policial preliminar hasta la conclusión penal definitiva sin recorrer adecuadamente esa etapa de verificación técnica. La misma observación merece el denominado informe financiero policial. Dicho informe fue utilizado para sostener la existencia de movimientos bancarios que, según el Ministerio Público, no guardaban relación con los ingresos conocidos de Marcos Andrade. No obstante, un análisis financiero preliminar no constituye una auditoría forense. La simple existencia de depósitos, transferencias o diferencias patrimoniales no demuestra por sí sola la comisión del delito de blanqueo de capitales. La metodología científica exige reconstruir el origen de cada movimiento, identificar todas las fuentes lícitas de ingreso, verificar préstamos, ahorros, jubilaciones, obligaciones financieras, ingresos sindicales, movimientos entre cuentas propias y cualquier otra explicación razonable antes de concluir que existe un origen ilícito. En materia penal no basta afirmar que una persona recibió más dinero del que refleja su salario. Debe demostrarse cuál fondo específico proviene del delito precedente, cómo ingresó al sistema financiero, cuál fue el acto concreto de ocultamiento y de qué manera se produjo la supuesta operación de blanqueo. Esa reconstrucción integral no puede ser sustituida por cuadros comparativos de depósitos elaborados por unidades policiales. La diferencia patrimonial plantea una línea de investigación; no constituye, por sí misma, prueba del delito. Incorrecciones administrativas según Contraloría También resulta particularmente significativo examinar el contenido real de las entrevistas practicadas por el propio Ministerio Público. Los auditores de la Contraloría hablaron de incorrecciones administrativas y de la ausencia de determinados documentos sustentadores. No afirmaron haber observado apropiaciones personales de fondos públicos, ni señalaron haber presenciado falsificaciones documentales o desvíos dolosos ejecutados por Marcos Andrade o Genaro López. Las funcionarias del Instituto Panameño de Estudios Laborales y del Ministerio de Trabajo describieron el funcionamiento administrativo del sistema, explicaron competencias institucionales y detallaron procedimientos reglamentarios. Ninguna de ellas relató haber observado personalmente conductas típicas de peculado o blanqueo de capitales. Existe, por tanto, una diferencia evidente entre lo que realmente declararon los funcionarios y la construcción incriminatoria realizada posteriormente por el Ministerio Público. Debilidad de la investigación Quizá la mayor debilidad metodológica de toda la investigación consiste en haber invisibilizado el propio sistema estatal de control diseñado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 18 de enero de 2012. Ese reglamento no depositó el control de los recursos públicos exclusivamente sobre las organizaciones sindicales. Por el contrario, estableció una compleja estructura institucional integrada por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, la Comisión de Educación Sindical, la Subcomisión de Monitoreo, la Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República. Cada uno de esos órganos tenía competencias específicas para revisar, verificar, fiscalizar, observar y, en caso necesario, impedir cualquier desembolso que estimara contrario a la normativa. Marco Andrade y Genaro López podían presentar solicitudes de reembolso, pero carecían absolutamente de facultades legales para aprobarlas. No podían sustituir el criterio técnico de los monitores. No podían ordenar a los auditores internos validar la documentación. No podían imponer a la Contraloría el refrendo de un pago ni disponer que el Ministerio de Trabajo efectuara un desembolso. Todas esas competencias correspondían exclusivamente a funcionarios públicos investidos de deberes funcionales específicos. Desde la teoría de la imputación objetiva, desarrollada por Claus Roxin, la responsabilidad penal exige identificar quién creó el riesgo jurídicamente desaprobado y quién tenía dominio funcional para evitar el resultado. Günther Jakobs agrega que la responsabilidad depende del rol institucional asignado por el ordenamiento jurídico. Nadie responde penalmente por deberes que la ley atribuye a otro. La denominada prohibición de regreso impide precisamente trasladar responsabilidad penal hacia quien únicamente intervino en una etapa previa cuando el resultado dependía de decisiones autónomas adoptadas posteriormente por funcionarios investidos de competencias propias. En igual sentido opera el principio de confianza. En organizaciones complejas, cada interviniente puede confiar razonablemente en que los demás funcionarios cumplirán correctamente las obligaciones que la ley les impone. Marcos Andrade y Genaro López tenían derecho a confiar en que el IPEL, la Comisión de Educación Sindical, los monitores, la Auditoría Interna y la Contraloría General ejercerían adecuadamente los controles previstos por el propio Decreto Ejecutivo No. 2. Pretender ahora trasladar íntegramente la responsabilidad penal hacia quienes carecían de facultades para aprobar o rechazar los reembolsos altera completamente la distribución normativa de competencias diseñada por el Estado. Espacio mediático en la investigación Finalmente, merece reflexión la utilización paralela del espacio mediático durante el desarrollo de esta investigación. Los medios tradicionales y las redes sociales cumplen una función esencial en toda democracia al informar sobre asuntos de interés público. Sin embargo, cuando la narrativa mediática termina complementando la estrategia procesal, surge el riesgo de sustituir el debate probatorio por la construcción anticipada de percepciones públicas de culpabilidad. La legitimidad de una investigación debe descansar exclusivamente en la fortaleza jurídica de sus elementos de convicción, nunca en su capacidad para influir sobre la opinión pública. El Estado constitucional de derecho no necesita investigaciones espectaculares. Necesita investigaciones objetivas, metodológicamente rigurosas, técnicamente verificables y respetuosas del contradictorio. La fortaleza del proceso penal no se mide por la severidad de las imputaciones ni por la intensidad de la exposición mediática. Se mide por la calidad científica de la investigación que las sustenta y por la capacidad del Estado para demostrar sus hipótesis respetando íntegramente las garantías que la Constitución reconoce a toda persona sometida a investigación.

El regreso de privados de libertad a Coiba reabre una de las páginas más oscuras de la historia panameña. Mientras el Gobierno argumenta razones de seguridad, expertos advierten que la corrupción y la pérdida de control en las cárceles siguen siendo el verdadero problema de fondo. Por Grisel Bethancourt Veintidós años después de que el Estado panameño cerrara la temida colonia penal de Coiba, 29 detenidos considerados de alta peligrosidad amanecieron nuevamente en la isla. Entre los trasladados figuran reclusos procedentes de distintos centros penitenciarios, incluidos algunos que permanecían en Punta Coco, un penal destinado a personas vinculadas con estructuras criminales y condenadas por delitos como narcotráfico y crimen organizado. El traslado ocurre en medio de una crisis penitenciaria agravada por la reciente fuga masiva de 199 detenidos de La Joyita, un episodio que expuso graves fallas de seguridad y por el cual varios mandos policiales se encuentran bajo investigación. Reos en distintas cárceles han sido sometidos a requisas, luego de la fuga de 199 detenidos de La Joyita. Foto Policía Nacional. La decisión del Gobierno de reactivar un centro de detención en Coiba reabre viejos fantasmas. Durante décadas, la isla fue sinónimo de castigo, aislamiento y violaciones a los derechos humanos. Por sus celdas pasaron opositores de la dictadura militar, delincuentes comunes y miembros de las desaparecidas Fuerzas de Defensa. Fue allí donde militares asesinaron al dirigente revolucionario Floyd Britton y desaparecieron su cuerpo en 1968. También en Coiba fueron hallados en 2021 los restos de Juan Nicasio Lekas, opositor al régimen militar, identificado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses décadas después de su desaparición. La isla también albergó a cientos de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa que participaron en levantamientos militares tras la invasión estadounidense de 1989. Floyd Britton fue asesinado y su cuerpo desaparecido en Coiba. Primer detenido de la dictadura militar en 1968 tras el golpe de Omar Torrijos. Foto internet. A estas historias se suman episodios oscuros que forman parte de la memoria colectiva panameña, entre ellos la llamada masacre de los Perros de San Joaquín y numerosos testimonios sobre abusos ocurridos dentro del penal. Sin embargo, Coiba es mucho más que su pasado penitenciario. La isla forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su extraordinaria biodiversidad marina y terrestre. Ubicada frente a las costas de Veraguas, es la isla más grande de Panamá, con una superficie aproximada de 503 kilómetros cuadrados. El fracaso del sistema La reapertura de un centro de detención en Coiba plantea una pregunta inevitable: ¿qué ha fallado en el sistema penitenciario panameño? La crisis no parece limitarse a la infraestructura. Durante años, informes, investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles han señalado problemas estructurales relacionados con corrupción, tráfico de drogas, ingreso de armas, extorsiones y la creciente influencia de grupos criminales dentro de las cárceles. Durante las requisas se han encontrado todo tipo de objetos letales. Foto Policía Nacional. El propio Ministerio de Seguridad reconoció indirectamente las vulnerabilidades de Punta Coco. En el comunicado mediante el cual anunció el traslado de los 29 detenidos, señaló que la medida responde a la situación que presenta ese centro, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños. La institución destacó además que el nuevo centro ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas cuenta con personal especializado y equipos de última generación para impedir la continuidad de esas actividades criminales. No obstante, el Gobierno no ha explicado públicamente cómo se tomó la decisión de habilitar nuevamente instalaciones penitenciarias en Coiba, cuándo fueron acondicionadas ni bajo qué parámetros operará este nuevo esquema de detención. Mi Ambiente entre dos discursos El Ministerio de Ambiente aseguró que el traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a instalaciones ya existentes del SENAN en Isla Coiba no ha provocado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba ni ha implicado nuevas construcciones dentro del área protegida. Recreación del penal en Coiba. IA. Según la entidad, la operación fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, motivo por el cual MiAmbiente afirma que no tenía conocimiento previo del traslado. Además, reiteró que la utilización de las instalaciones actuales difiere de la propuesta de establecer un centro penitenciario permanente en la isla. Mi Ambiente sostuvo que mantiene su rechazo a cualquier proyecto que implique nuevas edificaciones o la transformación de Coiba en una cárcel permanente, al considerar que ello sería incompatible con las normas ambientales, legales y de protección del sitio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. El diario La Prensa publicó el contenido de la carta fechada el 10 de mayo enviada por el ministro Juan Carlos Navarro a su homologa Dinoska Montalvo, donde se menciona que el Parque Nacional Coiba corre peligro de convertirse en isla penal frente al sitio que es patrimonio ambiental declarado por la UNESCO, debido a los compromisos existentes, por lo que hay una inviabilidad legal. Una advertencia desde la historia Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), considera que el debate trasciende la coyuntura actual. "Históricamente, las autoridades panameñas han justificado este tipo de centros de reclusión bajo el argumento de albergar exclusivamente a personas consideradas de alta peligrosidad. Sin embargo, la experiencia panameña demuestra que las medidas excepcionales suelen ampliarse con el tiempo y terminar alcanzando a sectores distintos de aquellos para los cuales fueron originalmente anunciadas", advierte. Para Guzmán, la preocupación no surge de especulaciones sino de lecciones históricas concretas. Por ello insiste en que cualquier medida de aislamiento extremo debe estar sometida a vigilancia democrática permanente para evitar que, en el futuro, pueda utilizarse contra dirigentes sindicales, líderes comunitarios, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos o personas perseguidas por razones políticas. El exinvestigador forense, Julio Alonso —quien ha seguido de cerca la evolución del sistema penitenciario— considera que el traslado no resuelve el problema de fondo. Julio Alonso, exinvestigador de la PTJ y perito forense. "El detenido siempre buscará mecanismos para sobrevivir y adaptarse. Si no se combate la corrupción dentro del sistema, simplemente se traslada el problema de un lugar a otro", sostiene Alonso. La corrupción como denominador común La periodista Rekha Chandiramani, en su reciente investigación ¿Cómo entran las armas a la cárcel?, documentó cómo algunos pabellones son custodiados directamente por unidades policiales, a pesar de que la ley establece que la seguridad interna corresponde a custodios civiles adscritos al Sistema Penitenciario. En otra investigación, titulada La Policía de Panamá: un Frankenstein uniformado, más de una decena de fuentes consultadas por la periodista señalaron la penetración del crimen organizado en distintos niveles de la estructura policial. "El detenido siempre va a buscar la forma de sobrevivir y el sistema ha fallado por los niveles de corrupción. Si desean evitar el problema delincuencial deben iniciar por controlar las cárceles, donde la parte criminal no ha parado: extorsión, narcotráfico, comercio de dinero, entre otros", dijo por su parte, Alonso. Las conclusiones de estas investigaciones apuntan a una realidad incómoda: la crisis penitenciaria no es únicamente un problema de edificios, muros o celdas. Es también el resultado de redes de corrupción que permiten el ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. La prófuga más peligrosa y más evadida es la responsabilidad penal de los encargados del Sistema Penal en Panamá. Julio Alonso Si el Estado pretende recuperar el control frente al avance de las organizaciones criminales, deberá comenzar por recuperar el control de sus propias cárceles. Porque el retorno de 29 hombres a Coiba no solo revive el recuerdo de una prisión que Panamá creyó dejar atrás en 2004. También expone las profundas grietas de un sistema que, dos décadas después, sigue sin resolver los problemas que lo llevaron a fracasar. *** Foto portada, imagen de video del Ministerio de Seguridad.

Una cobertura en el Archipiélago de Las Perlas, la muerte de un obrero, un helicóptero desafiando órdenes y un fotógrafo decidido a documentar la verdad. Así recuerdo a Alcides Rodríguez, el colega que convirtió la noticia en memoria. Por Grisel Bethancourt Iba rumbo a mis asignaciones judiciales cuando sonó el teléfono. Era 17 de agosto de 2007 y del otro lado de la línea estaba Eduardo Soto, subdirector de Panamá América. El país vivía días convulsos por las protestas obreras y había una noticia urgente que confirmar: otro trabajador del SUNTRACS había muerto. Las primeras versiones eran confusas. La Policía negaba los hechos. Sin embargo, desde el Archipiélago de Las Perlas insistían en que un cadáver permanecía custodiado por los pobladores de Isla San Miguel. —Vengan. El pueblo está esperando. La orden fue clara: llegar cuanto antes a EPASA. El taxi tomó el Corredor Norte y en pocos minutos estaba en Tumba Muerto. Ya cerca a las 10:00 a.m., un helicóptero nos esperaba en el campo de juego contiguo al diario. Mientras me acercaba a la aeronave vi llegar al fotógrafo asignado para la cobertura. Era Alcides Rodríguez. Recuerdo haber sentido tranquilidad. Si alguien podía regresar con la evidencia de lo ocurrido era él. Su experiencia en coberturas difíciles y su olfato periodístico eran reconocidos por toda la redacción. Despegamos hacia el Archipiélago de Las Perlas. Desde el aire observábamos el mar inmenso, pero también algo que llamaba la atención: una cantidad de gente reunida en la playa. Algo grave había ocurrido. La tensión aumentó cuando la torre de control del Servicio Nacional Aeronaval impidió que aterrizáramos en la pista de la isla. Las comunicaciones por radio se volvieron cada vez más tensas. El capitán discutía mientras el tiempo corría y nosotros sabíamos que cada minuto podía significar perder la historia. Finalmente decidió arriesgarse. Descendimos sobre una franja de arena descubierta por la marea. Apenas tocamos tierra corrimos. Todavía puedo ver las banderas rojas ondeando frente al mar. Todavía escucho los reclamos de justicia de los pobladores. Todavía recuerdo el silencio que rodeaba aquel cuerpo. El obrero Luiyi Argüelles había sido asesinado por disparos realizados por un agente de la Policía de Control de Multitudes durante una protesta en Isla Viveros. Mientras muchos observaban con dolor, Alcides hacía lo que mejor sabía hacer. Levantó su cámara. A través de su lente quedaron registradas las heridas de perdigones que cubrían el cuerpo del trabajador. Nunca había visto algo semejante. Aquellas imágenes demostraban una realidad que algunos intentaban negar. Regresamos contra reloj. Mientras las autoridades realizaban diligencias judiciales en Viveros, nosotros llevábamos la evidencia. Las fotografías de Alcides ocuparon las portadas de Crítica y Panamá América. El país pudo ver lo que realmente había ocurrido. Han pasado casi dos décadas desde aquella cobertura, pero hoy entiendo que esa jornada también retrataba quién era Alcides Rodríguez. El maestro del Fotoperiodismo. Foto tomada de internet Era el fotógrafo que avanzaba cuando otros dudaban. Era el compañero que yo necesitaba, arriesgado y valiente, siempre tenía una sonrisa en medio de la presión. Era el colega que documentó momentos decisivos de nuestra historia reciente, desde las luchas civilistas contra la dictadura militar hasta los acontecimientos que marcaron la vida democrática del país. Pero para mí también fue el amigo. El hombre que tomó las primeras fotografías de mi hija recién nacida y me regaló un recuerdo que atesoraré toda la vida. Año 2013, Kelly Bethancourt. Foto Alcides Rodríguez. Durante diez años compartimos la misma casa periodística. En EPASA convivimos entre cierres, coberturas imposibles, bromas de redacción y la convicción de que el periodismo solo tiene sentido cuando está cerca de la gente. Por eso me alegró verlo recibir, el pasado mayo, el reconocimiento del Fórum de Periodistas. Era un homenaje merecido a una trayectoria construida con talento, sacrificio y compromiso. El Fórum de Periodistas hizo un reconocimiento a Alcides Rodríguez. Foto tomada de instagram No pudimos despedirnos en persona. Lo hicimos por WhatsApp. Hoy me quedo con muchas imágenes. Con la primera fotografía que me tomó junto al actor venezolano Carlos Olivier. Con nuestras conversaciones sobre periodismo e historia. Con aquella playa de Isla San Miguel donde corrimos detrás de una noticia que el país necesitaba conocer. Y, sobre todo, me quedo con la imagen de Alcides levantando su cámara frente a la verdad. Porque eso fue lo que hizo durante toda su vida. Convertir la memoria en fotografía. Adiós, maestro. *** Foto Portada, diario Crítica 2007.

Por Grisel Bethancourt Una decisión del Ministerio de Gobierno reabre heridas que nunca han cerrado: Mayra  Hall  Conte, sentenciada a 33 años de prisión por su vinculación en el crimen del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, quien ha cumplido apenas un tercio de la pena, ahora figura entre los beneficiados de una rebaja que implementa la ministra Dinoska Montalvo y que hoy indigna a la familia de la víctima. La inclusión de Hall Conte en esta medida que incluye a más de mil reclusos, no ha sido explicada públicamente. No hay claridad sobre los criterios aplicados ni sobre las razones que la colocan dentro de un beneficio que, en la práctica, reduce el peso de una condena por un asesinato cruel que sacudió al país. Para los familiares de Darío Fernández Jaén, con quienes conversamos la decisión no solo resulta incomprensible, sino que revive el sentimiento de desprotección frente a un sistema que, una vez más, parece ceder ante la impunidad. ¿Por qué y cuál es la razón de una medida que no cumple penalmente aún la convicta? El caso de Fernández ha trascendido fronteras. Fue incluido en el libro Faces of Assassination, una recopilación internacional elaborada por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que documenta asesinatos de líderes y activistas en todo el mundo. Las investigaciones del caso revelaron que Hall Conte no actuó sola. Junto a su hermano, habría estructurado una red vinculada al crimen organizado dedicada al despojo sistemático de tierras a panameños y extranjeros, mediante falsificación de documentos, manipulación de registros y otras prácticas fraudulentas. Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, su hermano también jugó un rol clave en la ejecución del crimen: fue quien trasladó al sicario que, hace 15 años, le quitó la vida a Fernández, que días antes había denunciado en su emisora estas operaciones ilegales. La familia Fernández presentó una oposición a la medida del Ministerio de Gobierno que pretende beneficiar a la abogada convicta. El 26 de junio de 2013, el Tribunal de Juicio de la provincia de Coclé realizó la audiencia de lectura de sentencia contra Joel Abdiel Guerra Flores, Julián Alfredo Nouvet Conte, Miguel Ángel Arner García, Deshy Iveth Quirós Matal y Mayra Hall Conte de Pérez, hallados culpables por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir agravada, en perjuicio del exgobernador de Coclé, Darío Fernández Jaén. En este caso el autor intelectual se encuentra prófugo de la justicia panameña.

No existen suficientes estudios que documenten de manera sistemática la situación laboral y humana de las mujeres periodistas en Panamá. Esa falta de información también revela una deuda dentro del propio gremio. Por Grisel Bethancourt Durante años hemos visto a la mujer periodista en su versión más visible: la voz de la radio, el rostro de la televisión, la creadora de contenido en redes o la dirigente gremial. Pero pocas veces miramos lo esencial: la mujer detrás de la noticia. Un grupo de periodistas ha intentado abrir una conversación para conocer esa dimensión humana: las condiciones laborales, económicas, emocionales y de salud de quienes ejercen el periodismo en Panamá. Sin embargo, ni siquiera dentro del propio gremio hemos logrado articular una radiografía clara sobre nuestras realidades. La paradoja es evidente: quienes tenemos la tarea de dar voz a la sociedad, pocas veces hemos documentado nuestras propias condiciones. " Como periodista independiente, creo profundamente en el poder de la comunicación para visibilizar realidades que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso considero valioso destacar el trabajo que realizan las mujeres dentro del sector agropecuario, quienes con esfuerzo, conocimiento y compromiso sostienen buena parte de la producción de alimentos y del desarrollo de nuestras comunidades rurales . "— Dalys Saldaña, presidenta de Conape capítulo de Veraguas-Coclé. Lo que dicen los datos El informe global sobre igualdad de género publicado por Ipsos en 2026, con motivo del Día Internacional de la Mujer , muestra que Panamá refleja una tendencia similar a la del resto de América Latina: existe conciencia de que se han logrado avances, pero también una percepción clara de que las brechas de género persisten. Entre los principales hallazgos destacan: • Entre 7 y 8 de cada 10 personas consideran que hombres y mujeres aún no tienen las mismas oportunidades en derechos sociales, económicos y políticos. • Existe apoyo a que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en el gobierno y en las empresas. • Persisten brechas en empleo, participación política y acceso a oportunidades. • Los roles tradicionales continúan influyendo, asociando a las mujeres con tareas de cuidado y a los hombres con el papel de proveedor. Estos datos reflejan una realidad que también atraviesa al periodismo: la igualdad aún está en construcción. Datos del Padrón Electoral del Colegio Nacional de Periodistas. El Sindicato de Periodistas de Panamá carece de información en línea en torno a sus afiliadas, por lo que no pudimos extraer datos para este artículo. En el 2022, La Estrella de Panamá documentó la situación del desconocimiento de datos de mujeres periodistas. " No estar en el mapa sobre estos temas es “preocupante”, dijo la expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Gricelda Melo. "Panamá “no tiene datos”, que les permita dar un seguimiento de los casos que sí pueden existir, pero que muchas veces no se hablan y pasan por desapercibidos. “Si no tenemos data, esto definitivamente es cómo no saber si tenemos el problema y la cura”, dijo en la publicación la expresidenta del Conape. Las declaraciones de Melo se dieron al publicarse ese año los resultados del informe que presentó la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre ' Mujeres Periodistas y Salas de Redacción: avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y luchar contra la discriminación '. " La mujer en el campo del periodismo es un cuerpo que desafía estructuras de poder de un sistema configurado para hombres. Detrás de las planas y reflectores con micrófonos, y aun a estas alturas se disputan espacios y roles en una especie de carrera invisible que muchas veces tapamos o normalizamos con frases positivas que buscan ocultar esa realidad. Lo importante son las voces que se atreven a enfrentar y asumir esas contradicciones ."— Sharon Pringle, educadora, escritora, poeta y periodista.* " En un mundo donde la información es poder, las mujeres periodistas están rompiendo barreras y desafiando estereotipos. A pesar de los obstáculos, siguen adelante, impulsadas por la pasión de contar historias y dar voz a quienes no la tienen. Su labor es fundamental para una sociedad más justa y equitativa, ya que aportan perspectivas únicas y visibilizan temas cruciales como la igualdad de género y los derechos humanos ." — Hilda Box, docente y periodista. La realidad detrás del oficio Las periodistas enfrentan desafíos propios del ejercicio informativo : jornadas extensas, presión permanente, precarización laboral y una creciente exigencia de presencia digital. A esto se suma que muchas siguen cargando con responsabilidades familiares y sociales que el país todavía asigna mayoritariamente a las mujeres. A pesar de ello, no existen suficientes estudios que documenten de manera sistemática la situación laboral y humana de las mujeres periodistas en Panamá. Esa falta de información también revela una deuda dentro del propio gremio. " Se trata de una lucha por la resistencia en nuestra labor periodística, porque debemos transformar las ideas erróneas y enfrentar las injusticias. Sin embargo, hemos abierto nuevas rutas levantando nuestras voces, nuestros escritos o noticias con mirada de mujer, utilizando las redes sociales, un espacio que hoy nos está ayudando al cien por ciento. Nadie nos puede censurar ."— Raquel Rodríguez, Periodista y sindicalista. Pasemos del reconocimiento En 2010 asumí la responsabilidad de convertirme en lideresa gremial y desde entonces también he defendido a periodistas vulnerados en su libertad de prensa y en sus condiciones laborales. Ese camino tuvo algunos reconocimientos: en 2014 recibí una distinción del Sindicato de Periodistas en el Día de la Mujer y en 2021 el Instituto Nacional de la Mujer valoró el trabajo gremial realizado durante la pandemia. Pero la realidad es que las mujeres periodistas no necesitamos más reconocimientos simbólicos. Necesitamos apoyo real, espacios para aportar con libertad y ser consideradas en igualdad dentro de nuestras organizaciones, en los medios y en la toma de decisiones. " Ejercer el periodismo siendo mujer es, en muchas ocasiones, andar entre la urgencia de las noticias y la profundidad de las historias humanas que las acompañan. Una se da cuenta en las calles, en los reportajes y en las entrevistas de que este trabajo no consiste solamente en informar, sino también en escuchar con atención y observar con sensibilidad. El periodismo que practicamos hoy requiere firmeza, criterio y valentía, además de humanidad para entender las realidades sobre las que informamos ."— Nancy Pretto, periodista, directiva del CONAPE y estudiante de producción televisiva. Las mujeres periodistas seguimos trabajando, informando y sosteniendo redacciones, micrófonos y espacios digitales, muchas veces sin que nuestra propia realidad quede registrada. Tal vez el primer paso para transformar esa historia sea mirarnos con la misma rigurosidad con la que investigamos a otros y comenzar a documentar nuestra propia experiencia dentro del periodismo. “ Si no contamos con nuestros propios datos, es como si no existiéramos. Sin esa información tampoco hay un rumbo claro para comprender nuestra realidad ni para impulsar los cambios que el periodismo y las mujeres que lo ejercen necesitan .”