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La justicia de consumo debe ser rápida, accesible y sin ritualismos innecesarios. La ciudadanía merece un procedimiento que garantice derechos, no que los bloquee. Por Miguel Angel Rodríguez, Periodista y Abogado. El procedimiento administrativo que tramita la ACODECO, concebido como vía expedita y accesible para garantizar los derechos de los consumidores, ha degenerado en una práctica excesivamente formalista. La exigencia de poderes otorgados a abogados para la mínima gestión, la corrección de “puntos y comas” en escritos o la imposición de ritualismos innecesarios constituyen una contradicción con el principio constitucional de tutela judicial y administrativa efectiva , así como con la finalidad protectora del régimen de consumo. En la práctica, quienes acuden a esta instancia son ciudadanos de escasos recursos que no pueden costear un litigio civil, mientras que los sectores con mayor poder adquisitivo, con capacidad de contratar abogados y asumir costos procesales, impulsan sus pretensiones en el ámbito judicial. Este diseño reproduce una desigualdad: los pobres enfrentan una justicia supuestamente “social” con exigencias propias de una casación, mientras los adinerados acceden a la jurisdicción civil, más flexible y mejor asesorada. Desde el punto de vista doctrinal, el principio de informalismo a favor del administrado es recogido por García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, quienes sostienen que en el procedimiento administrativo lo sustantivo debe prevalecer sobre lo accesorio y que los defectos formales no pueden convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de derechos. En la misma línea, Zanobini advertía que el formalismo rígido en la actuación administrativa desnaturaliza la función del Estado como garante de los derechos ciudadanos. La Ley 38 de 2000 de Panamá recoge este principio en su artículo 34, al consagrar los principios de economía, celeridad, eficacia e informalidad, prohibiendo la exigencia de requisitos no previstos expresamente en la ley. La doctrina comparada en Colombia y Costa Rica ha desarrollado también la suplencia de la queja deficiente, que obliga a la administración a interpretar el escrito del ciudadano con amplitud, privilegiando el acceso a una decisión de fondo. En cuanto a la jurisprudencia interamericana, la Corte IDH, en Cantos vs. Argentina, señaló que los costos y formalidades desproporcionadas que impiden el acceso real a la justicia vulneran los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En Baena Ricardo y otros vs. Panamá, el Tribunal enfatizó que las garantías del debido proceso se extienden también al ámbito administrativo, imponiendo a la autoridad el deber de resolver sin trabas innecesarias y con respeto a la defensa. En Apitz Barbera y otros (“Corte Primera”) vs. Venezuela, la Corte reafirmó que el formalismo no puede convertirse en un obstáculo que vacíe de contenido el derecho de acceso a la justicia. Y en Yatama vs. Nicaragua, reiteró que las formalidades deben interpretarse de manera que no anulen el ejercicio efectivo de los derechos políticos y procesales de las personas, prohibiendo que tecnicismos terminen por privar al administrado de un recurso efectivo. Estos criterios han sido aplicados en múltiples casos para invalidar actuaciones estatales basadas en rigorismos procesales innecesarios. La conclusión que se impone es que la actuación de la ACODECO, al exigir poderes innecesarios, correcciones de minucias o subsanaciones irrelevantes, contraviene tanto la Constitución panameña —que reconoce el derecho de petición y la resolución pronta en 30 días (artículo 41), así como el debido proceso (artículo 32)— como la Ley 38 de 2000 y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La desformalización no significa anarquía, sino coherencia con el mandato de eficacia y con la teleología protectora del procedimiento en materia de consumo. Humanizar el trámite administrativo en la ACODECO, reduciendo tecnicismos innecesarios y garantizando la suplencia a favor del ciudadano, constituye un imperativo constitucional, doctrinal e interamericano para hacer efectivo el acceso a la justicia social. Foto Ilustrativa de Portada / Freepik

Por Grisel Bethancourt, directora Archivos Abiertos La Ley de Acceso a la Información y el Acuerdo de Escazú fueron concebidos como herramientas ciudadanas para abrir las puertas del Estado y garantizar la transparencia en la gestión pública. En Panamá, ambos mecanismos deberían permitir a periodistas, investigadores y a la sociedad en general acceder a datos fundamentales para entender cómo se toman decisiones que afectan nuestras vidas. Sin embargo, la práctica revela otra realidad: los muros burocráticos y el incumplimiento de estas normas mantienen un desierto informativo que erosiona la democracia. Hoy, leí en Concolón, la segunda entrega de la investigación periodística sobre la actuación de la minera en Panamá, es un ejemplo elocuente. La opacidad, el irrespeto al periodismo y la violación sistemática de la ley por parte de instituciones que deberían responder con transparencia demuestran que la información pública sigue siendo escondida. No es un caso aislado. En distintos frentes, a los periodistas de investigación nos cuesta cinco o diez veces más obtener datos que por ley deberían estar disponibles. Esa es la razón por la que aprendemos a rastrear, a cruzar documentos y a descifrar huellas que el poder intenta borrar. El problema es que como sociedad hemos normalizado esta situación. La mirada crítica hacia el incumplimiento de la ley no se está dando con la fuerza que requiere. Conformarnos con una única versión de los hechos no es periodismo. Nuestra obligación es confrontar fuentes, cuestionar discursos oficiales y demostrar con pruebas lo que se pretende ocultar. Aunque a veces parezca que trabajamos en la invisibilidad, cuando las investigaciones se publican tienen impacto real. Trascienden fronteras, generan debates y muestran que el periodismo independiente en Panamá existe, resiste y se impone. Pero también es cierto que este esfuerzo necesita acompañamiento: los gremios periodísticos deben asumir el desafío de exigir que la Ley de Transparencia y el Acuerdo de Escazú se cumplan; y los funcionarios, por mandato legal, tienen la obligación de responder a la ciudadanía. El periodismo de calidad, crítico y transformador no puede sostenerse en un país donde se esconde la información pública. Requiere un entorno en el que las leyes se hagan cumplir y donde la transparencia no sea una excepción, sino una regla. Foto Ilustrativa: Freepik

El 9 de enero de 2011, cinco jóvenes murieron calcinados dentro de una celda cerrada con candado en el Centro de Cumplimiento de la Jurisdicción de Menores en Tocumen. Morir allí fue el primer crimen. El segundo, vino desde el Estado. Por Grisel Bethancourt “ Eso está cerrado, nos estamos quemando, viejo, nos estamos quemando ” , gritaban desde la celda. Las llamas tomaban fuerza, y desde una rejilla se escuchaban los lamentos desesperados. Del otro lado, los policías miraban y se burlaban desde la ventana. Se  asomaban el dolor, la desesperación y la indolencia institucional. Sus manos aferradas al ventanal de hierro, sus cuerpos en llamas, no fueron suficientes para que los policías abrieran la puerta. Uno de ellos, con la piel deteriorada, logró salir cuando finalmente la celda fue abierta. El resto murió allí. Años después, tras una larga y dolorosa espera, tres unidades fueron condenados: Maikol González, Joel Rodríguez y Eduardo Barreno . No fue justicia plena, pero fue al menos una señal: el Estado reconocía el crimen. Hoy, esa señal se diluye entre cenizas. Catorce años después, la decisión presidencial de rebajar las penas a los responsables reabre la herida con gasolina. Un acto que no solo escupe sobre la memoria de los asesinados, sino que premia con impunidad a los autores de uno de los crímenes más atroces cometidos dentro del sistema penal panameño. El abogado Carlos Herrera hijo lo dijo con claridad:“La decisión del Presidente nos deja un profundo sentimiento de decepción y de percepción de impunidad, pues vemos que al final estas personas no solamente no han ni cumplirán con sus condenas, sino que además jamás pedirán siquiera un perdón o disculpas por sus crímenes”. Pero la impunidad no termina allí. Según reveló La Estrella de Panamá , los responsables siguieron cobrando sus salarios como si trabajaran, sin ser separados de sus cargos. En algunos casos incluso accedieron a sus jubilaciones. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién firmó ese silencio cómplice? ¿Quién decidió que nada pasaba? Ahora se estudia presentar una demanda de inconstitucionalidad  contra el Decreto presidencial. Aunque la facultad de conceder rebajas existe en la Constitución, no se habrían cumplido los requisitos legales. Los condenados ni siquiera cumplieron un tercio de sus penas, argumenta Herrera. Panamá no puede mirar hacia otro lado. La impunidad también mata. Y lo que ocurrió en Tocumen no fue un caso aislado ni cerrado: es un espejo de cómo opera el sistema. Un sistema que olvida, que perdona al poder, que abandona a las víctimas. Cinco muchachos asesinados por fuego bajo custodia del Estado. Y hoy, como si eso no bastara, se ejecuta un acto de perdón sin justicia, sin arrepentimiento, sin verdad. Este medio pidió hablar con una de las madres de los cinco jóvenes, pero se nos comunicó que nunca ha dado declaraciones. A esos jóvenes los asesinaron dos veces: primero en una celda, después desde el Palacio. Foto IIustrativa de Freepik

La migración irregular en Panamá sigue siendo un tema candente, aunque poco visibilizado en los medios locales. Mientras que la atención se centra en el flujo migratorio hacia el norte, un fenómeno menos conocido está ocurriendo en las costas del distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón. Cientos de personas, en su mayoría venezolanos están llegando a esta zona para embarcarse en una travesía marítima hacia otros destinos, a pesar de los peligros del mar y la variabilidad climática. Por Grisel Bethancourt, directora y editora de Archivos Abiertos. Las costas de Colón, donde la vida se teje entre redes de pesca, sembradíos humildes y los tambores rituales del Congo y los palenques, hoy conocen otro ritmo, uno más silencioso y desgarrador. A la orilla del mar Caribe, donde la brisa trae ecos de fiestas ancestrales y memoria afrocolonial, ahora llegan cuerpos exhaustos y miradas perdidas. Migrantes que alguna vez soñaron con el Norte, pero que tras cruzar selvas y fronteras llegan a estos puertos y aguas, vencidos por la desesperanza. El mar  es ahora vía de escape, y los pueblos de Santa Isabel conviven con una nueva forma: la de los que regresan sin haber llegado.   Este flujo migratorio se ha devuelto debido a las políticas de cierre de la frontera estadounidense con el gobierno de Donald Trump desde enero de 2025, lo que ha generado un impacto significativo en la región con la deportación de migrantes. Panamá ha asumido ese compromiso con el cierre de su frontera inhóspita en Darién. Aunque no es comparable a la situación que se vivió en Bajo Chiquito, en la selva panameña frontera con Colombia, este flujo inverso del norte al sur está afectando a muchas personas que se encuentran varadas en nuestro territorio en precarias condiciones de salud, alimentación y por falta de recursos. La situación es crítica y requiere atención inmediata. Migrantes llegan a la ciudad de Panamá, son albergados en este centro católico que les ayuda con donaciones para retornar a Colombia por mar desde Miramar.   El impacto en Miramar y Palenque Amed Meza, alcalde del distrito de Santa Isabel, se confesó preocupado y con angustia dijo  en una entrevista en el Podcast Espontáneo , que la situación en Miramar y Palenque es alarmante. "Nos sentimos abandonados por parte del gobierno central". La acumulación de basura en el vertedero, que está casi colapsando, es un problema adicional que agrava la situación. Meza también destacó que más de 200 migrantes se encuentran en Miramar y otro grupo incontable en la comunidad de Palenque, y que el 60% de ellos no tiene recursos para retornar a su país de origen.   Los migrantes hablan de la desesperación y de promesas , y aseguran de un posible retorno humanitario, bajo la responsabilidad del gobierno de Panamá, pero oficialmente no se ha anunciado. Una migrante y su hija salen desde la Terminal de Albrook hacia Colón, al lograr la donación de sus pasajes. Foto: Centro San Juan Pablo II. La situación está afectando significativamente a la comunidad local. Los recursos del Municipio se han tenido que desviar hacia la recolección de basura y los viajes humanitarios, dejando sin prioridad a Santa Isabel. Esto ha generado un sentimiento de abandono y desprotección en la comunidad. Santa Isabel, distrito de la provincia de Colón tiene una población de 4,069 personas.   El alcalde teme que el vertedero sea cerrado ante el colapso por los desechos sólidos que deja esta marea de personas que transitan en Palenque y Miramar. Además hay mujeres embarazadas y clanes familiares con menores de edad. Entrevista https://www.instagram.com/reel/DMGH-w6xyQA/?igsh=eHB4bWthdWR6b2Jy   Cifras alarmantes del flujo inverso Actualmente, los movimientos de retorno desde Centroamérica hacia Sudamérica están cobrando creciente relevancia, especialmente a través de la ruta del mar Caribe.   Según datos proporcionados por el ejecutivo, cerca de 11,810 personas han ingresado a Panamá en la ruta inversa hacia el Sur. Esta cifra requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno. Los datos de Movimientos Mixtos Frontera Col-Pan, entre febrero y abril se registraron el regreso de 6.562 personas por vía marítima: 1.636 en febrero, 2.784 en marzo —lo que representa un aumento del 70%— y 2.142 en abril, con una leve disminución del 11%. Desde inicios de febrero, un promedio diario de 81 personas ha estado llegando a los municipios colombianos de Capurganá, Necoclí y Turbo, lo que evidencia un flujo constante de retornos que desafía la narrativa tradicional del Darién como ruta exclusivamente de salida. La necesidad de visibilizar el tema Es importante conocer más sobre la realidad de las comunidades afectadas, como Miramar, y entender sus necesidades y preocupaciones. La falta de visibilidad local y atención a este tema puede agravar la situación y generar más problemas en el futuro.   La migración irregular es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de sus causas y consecuencias. Es importante que se desarrollen políticas y programas que aborden las necesidades de los migrantes y las comunidades afectadas, y que se promueva la comprensión y la empatía hacia aquellos que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Ante este panorama, los atardeceres en Santa Isabel ya no traen promesas, solo el silencio de quienes no saben si partirán mañana o si el mar volverá a negarse. Hoy descansan los cientos de migrantes varados, niños, niñas y adultos, sumidos en la incertidumbre.

Foto A medida que la crisis continúa en esta región del país, las recientes restricciones impuestas por el gobierno panameño sobre las comunicaciones e Internet han suscitado preocupaciones sobre las violaciones de derechos fundamentales y el incumplimiento de convenios internacionales. Cuando las calles se llenaron de voces que clamaban por justicia y dignidad, las autoridades, en un intento de controlar la narrativa, limitaron el acceso a la información. Desde que el gobierno declaró un estado de urgencia en respuesta a la creciente violencia y las tensiones sociales en Bocas del Toro, se han generalizado las restricciones a las plataformas de comunicación, y el plazo se amplió hasta el 29 de junio. Estas medidas limitan el acceso a Internet y dificultan la capacidad de los ciudadanos para comunicarse entre sí y con el mundo exterior. Las autoridades justifican estas acciones como necesarias para mantener el orden público y prevenir la desinformación; sin embargo, expertos en derechos humanos y diversas voces argumentan que esta situación representa una grave violación de derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá, protege este derecho, así como el derecho a recibir información. Las restricciones actuales no solo obstaculizan la libre expresión, sino que también atentan contra el derecho de las personas a estar informadas sobre las circunstancias que rodean la crisis en su región. La censura en las comunicaciones no solo silenciaron a los manifestantes, sino que también afectaron la libertad de los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de los comercios o entes de gobierno, sí salvaguardaron la telefonía en los servicios de salud. La imposición de bloqueos en las redes, la censura de noticias y la restricción del acceso a ciertos lugares impiden que la verdad llegue con claridad a la ciudadanía y al mundo exterior. La información, que debería ser un puente de transparencia y denuncia, se convirtió en un arma de control. Sin la posibilidad de comunicar libremente, la voz del pueblo quedó acallada. El periodista de La Estrella de Panamá, Juan Alberto Cajar, reconoce que su cobertura tuvo limitaciones, y observó una pérdida paulatina de los derechos de las personas y de las garantías al aplicarse el artículo 55 de la Constitución Nacional —que declara el estado de urgencia—, la libertad de comunicación puede estar sujeta a ciertas limitaciones establecidas por la ley, en casos donde sea necesario para proteger otros derechos o intereses de orden públicos. "Es una provincia militarizada, sitiada, en un estado de excepción, con una cobertura difícil y desafiante, con peligros y límites en el ejercicio del periodismo". Juan Alberto Cajar, periodista de La Estrella. Cajar es uno de los tres reporteros que viajaron desde la capital para una cobertura especial e hicieron un equipo para obtener información desde distintos puntos de ubicación donde se registraron cruentas protestas. Con su equipo de protección identificados como "Press" y cascos, tuvieron que sobrellevar a una población desconfiada de los medios tradicionales para poder penetrar el epicentro de la lucha social, pero que de un día para otro vieron limitadas sus comunicaciones por una orden gubernamental en Changuinola. Periodista Juan Alaberto Cajar durante la cobertura en Bocas del Toro. Foto Cortesía. En Bocas del Toro no hay telefonía celular, ni el acceso a la satelital, algunos mantienen redes internacionales conectadas a Costa Rica y baja cobertura del servicio Internet para Todos. Génesis de una resistencia Bocas del Toro, ese rincón caribeño lleno de vida, color y tradición, no fue la excepción. Allí, el descontento popular no surgió de la nada; fue el eco de la desigualdad, las promesas incumplidas y una lucha constante por la dignidad y la justicia. Un pueblo que en su memoria lleva el saldo de dos muertos y decenas de heridos durante el 2012, bajo el entonces gobierno de Ricardo Martinelli y el Ministerio de Seguridad de José Raúl Mulino. En medio de ese torbellino, emergió la figura de Francisco Smith, dirigente del mayor sindicato bananero de la región, en Chiquita Brands. Su arresto fue visto como una injusticia, un acto que encendió aún más las pasiones de quienes luchaban por sus derechos, en torno a una jubilación especial. La lucha de los trabajadores, sus voces alzadas en demanda de mejores condiciones, se convirtió en símbolo de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar más opresión. Pero esa resistencia no quedó allí. La exacerbación de los ánimos llevó a saqueos y cierres de calles que parecían convertirse en ríos de protesta, en un grito colectivo que no podía ser silenciado. La rabia contenida estalló en acciones que desbordaron los límites, en un ciclo de confrontación que parecía no tener fin. Pobladores de Almirante durante el bloqueo de las vías. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Un vehículo es incendiado en Changuinola. Foto Cortesía Minseg. La represión policial, en su afán de mantener el orden, solo avivó la llama del descontento. Lo que denominaron "Operación Omega", también violentó las garantías del Estado, con detenciones de la cual surgieron imágenes de hombres detenidos casi desnudos, lo que profundizó la brecha entre el pueblo y las autoridades, con un saldo de 280 personas aprehendidas bajo la llamada de una operación por aire, mar y tierra. Pero quizás uno de los capítulos más complejos y dolorosos fue la resistencia indígena, arraigada en su forma particular de lucha, que deja extraoficialmente dos muertes —un joven de 24 años y una niña de 1 año— sin la aún confirmación del Ministerio Público de ambos decesos. La ley 462 no solo representa una lucha por la seguridad social de los trabajadores de las capitales y áreas urbanas; también es una normativa que es aplicada a los ciudadanos originarios. Esto afecta las futuras jubilaciones de una juventud educada de las comarcas y de la clase trabajadora, quienes consideran esta ley una afrenta a su vida en la adultez mayor. Ilegalidades y herramienta de control Además, si bien es comprensible que en situaciones de emergencia se requieran medidas extraordinarias, estas deben ser proporcionales y de duración limitada. Sin embargo, muchos observadores consideran que las restricciones impuestas en Bocas del Toro parecen ser más una herramienta de control que una respuesta legítima a un problema urgente. Esta realidad plantea interrogantes sobre la legalidad de las acciones del gobierno y si cumplen con los estándares internacionales que rigen el uso de tecnologías de comunicación en tiempos de crisis. La periodista colombiana, especialista en protección de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, considera que "a los manifestantes se les ha dado tratamiento de 'enemigos', y por tanto, la acción de la fuerza pública ha estado encaminada a su 'derrota' y no al control y protección en el desarrollo de las protestas." "El estado de excepción decretado en Bocas del Toro y la acción militar y policial demuestran que en esa región la fuerza pública se ha constituido en una fuerza de ocupación que ha sustituido de facto el poder civil. Es decir, ha tomado el control del territorio por encima de las autoridades civiles. Desde el punto de vista del derecho internacional, este control implica que las fuerzas ocupantes ejercen autoridad y administración sobre el territorio ocupado, desplazando totalmente el poder civil hacia el militar. No es una dictadura civil, es una toma militar", argumenta Duque. El impacto de estas restricciones no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. Como signatario de múltiples tratados de derechos humanos, Panamá tiene la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. El incumplimiento de estos compromisos podría acarrear sanciones o críticas internacionales, afectando la imagen del país y su relación con organismos defensores de los derechos humanos. El abogado y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, afirmó públicamente a un medio local que "el estado de urgencia decretado para Bocas del Toro podría acarrear demandas de inconstitucionalidad en el futuro." Las consecuencias de estas medidas restrictivas son profundas. El Sindicato de Periodistas de Panamá, único gremio periodístico que se ha pronunciado tras las medidas contra el corte de las telecomunicaciones en ese territorio, expresó que "en un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación." Los periodistas no tuvieron acceso en Bocas del Toro a fuentes oficiales, confirmó el periodista Cajar, para verificar hechos. A través de las redes sociales y plataformas de comunicación, periodistas en la capital confirmaron, junto con abogados penalistas en la provincia de Veraguas, las condiciones vulneradas de los detenidos bocatoreños 72 horas después de sus arrestos. La abogada Tagyana Corrales narró testimonios de vejámenes, torturas, afectaciones psicológicas y de salud, así como violaciones a los términos judiciales y la no aplicación de los habeas corpus a 71 detenidos. Las noticias oficiales emanan diariamente desde la capital a través del Ministerio de Seguridad con un informe de detenciones, judicializaciones, daños, recuperación de mercancía robada y control de las vías. No se habla de heridos, hospitalizados, investigaciones por abusos policiales, entre otras vulneraciones de derechos humanos. Detenciones policiales. Foto cortesía Minseg. Bocas del Toro se ve amenazada por la pérdida de sus garantías, bajo el pretexto de los disturbios y la supuesta estabilización que, en esta ocasión, apunta a las supuestas pandillas y políticos aún no identificados. La comunidad internacional, vigilante ante esta situación, ha instado a las autoridades panameñas a revertir estas restricciones y a garantizar el respeto a los derechos humanos. El Comité para la Protección de los Periodistas condena el corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente. Instan al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el hostigamiento, las amenazas contra periodistas por narar las protestas locales. En conclusión, la situación actual en nuestra región refleja una profunda preocupación por la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo por parte de las autoridades. El pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño -Celam- de la iglesia católica evidencia la gravedad de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, lo que requiere una atención urgente y un compromiso real para proteger la dignidad de todas las personas afectadas. Bombas lacrimógenas lanzadas a los manifestantes. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Por otro lado, la postura del presidente José Raúl Mulino respecto a la Ley 462 muestra una resistencia a escuchar las demandas legítimas de diversos sectores sociales, incluyendo trabajadores, docentes, sindicatos, universitarios, indígenas y la sociedad civil en general. Esta actitud puede profundizar el conflicto y generar un mayor descontento, afectando el compromsio de gobernabilidad colectiva. Los reproches en redes sociales se dirigen en un plano, que se gobierna para su círculo de poder y empresarial, aunque el mandatario enfatiza, en que gobierna para escuchar a la gente y no a dirigentes. En Bocas del Toro y otras regiones, la conculcación de garantías fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la información, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos ciudadanos. La comunidad internacional ha advertido sobre las posibles responsabilidades ante estas violaciones, por lo que es crucial que se abran espacios de diálogo y se busquen soluciones que garanticen justicia, respeto y derechos para todos. La provincia caribeña entra en una especie de normalidad y control policial, bajo la otra cara del obligado silencio y el estado de excepción.

Por Grisel Bethancourt Última entrega El silencio que rodea su desaparición pesa en el aire. La Comisión de la Verdad, en su informe de 2001, documentó que uno de los mayores obstáculos para localizar los restos de las víctimas fue su identificación. La Comisión, creada por el gobierno, buscaba que se conociera la verdad, que las familias pudieran saber qué ocurrió con sus seres queridos. “Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer lo acontecido a sus parientes, en caso de desaparición forzosa” , señala el informe. Se investigaron crímenes contra 110 personas, asesinadas y desaparecidas en todo el territorio durante la dictadura militar, entre 1968 y 1989, tras el golpe de Omar Torrijos. El caso del padre Jesús Héctor Gallego Herrera, de 33 años, se judicializó en 1991. La iglesia solicitó una reapertura y se abrió causa criminal contra militares como Melbourne Walker, Eugenio Magallón, Nivaldo Madriñán y Oscar Agrazal, miembros del S-2 y G-2. Desde entonces, reina el código del silencio. Sus restos han sido buscados en sitios como el antiguo Cuartel Los Pumas en Tocumen, Cañazas, San Francisco de la Montaña, el penal de Coiba y el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa. El Ministerio Público continúa la búsqueda en estos lugares, con la esperanza de encontrar alguna pista. Eugenio Magallón Romero, condenado a 15 años por su participación en la desaparición forzada del sacerdote, no ha colaborado con las autoridades. Los otros tres condenados ya fallecieron. Magallón fue declarado culpable en 1994, pero permaneció prófugo hasta su captura en 2025 en Chiriquí. Ahora cumple su condena en el Centro Penitenciario de Chiriquí. A pesar de los esfuerzos, Magallón Romero se ha negado a colaborar, lo que dificulta esclarecer completamente este caso emblemático. La búsqueda en los terrenos del INA en Divisa se reactivó en diciembre de 2024, tras nuevos indicios surgidos por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jesús Héctor Gallego Herrera, sacerdote colombiano que llegó a Panamá en 1967, dedicó su vida a Santa Fe de Veraguas. Allí promovió la organización de comunidades campesinas, creando cooperativas y sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Su trabajo generó tensiones con los sectores de poder, y fue detenido, torturado y desaparecido por miembros de la Guardia Nacional. El Ministerio Público mantiene su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Consideran su caso un crimen de lesa humanidad y llaman a quienes tengan información a colaborar con las investigaciones. Gallego se convirtió en un obstáculo para quienes explotaban a los campesinos, liberándolos de malos tratos y bajos salarios desde. Su doctrina de fe fue tildada de comunista por quienes temían su influencia. Kilmara Mendizabal, hermana de Marlene Mendizabal, asesinada en Veraguas, y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos Forzadamente, Héctor Gallego (COFADEPA-HG), denuncia que el Estado ha incumplido con su deber. Para ella, las autoridades solo hacen un “simulacro” para aparentar cumplimiento con la Corte Interamericana, mientras las víctimas y sus familias esperan la verdad.

Por Grisel Bethancourt y Carlos Rodríguez Segunda entrega En Santa Fe de Veraguas, Eric Concepción guarda en su memoria un recuerdo imborrable del desaparecido padre Jesús Héctor Gallego. Después de medio siglo, ya no lo busca con la esperanza de encontrarlo; vive con su recuerdo, convencido de que su amigo partió a la eternidad. Como muchos campesinos, anhela que la jerarquía de la iglesia pueda elevarlo a los altares, reconociendo su entrega y sacrificio. Como él, otros feligreses encienden veladoras en humildes altares improvisados en sus hogares. La imagen del padre Gallego es común en comunidades indígenas y rurales, donde su presencia aún se siente. Cada 9 de junio, en una romería que recorre las calles del distrito, sus seguidores veneran su memoria, honrando su legado de evangelización y lucha por la liberación de los pobres. Incluso hoy, su misión sigue viva en la historia de quienes creyeron en su causa. Hace 54 años, ese 9 de junio de 1971, el sacerdote nacido en Colombia, fue secuestrado por militares de la Guardia Nacional panameña, desaparecido y asesinado por defender a los campesinos y evangelizar a los marginados. Su trabajo es reconocido como un acto de valentía, un compromiso con los derechos humanos en las comunidades más apartadas, un ejemplo de entrega sin condiciones. El padre Gallego vivió un martirio que quedó marcado en la memoria de su comunidad. Esa noche, fue sacado de su casa por militares que, de forma abrupta, no dejaron rastro de su cuerpo. Entre los responsables, Eugenio Magallón, de 94 años, que cumple una condena de 15 años por su crimen, pero se ha negado a colaborar para  lograr la búsqueda de sus restos. La ausencia de sus restos impide a la iglesia cerrar un capítulo oscuro de su historia, prolongando el sufrimiento para su familia, la feligresía y la misma institución que profesa una fe sin haber sido declarado santo. Este año, en el contexto del Jubileo, la iglesia panameña incluyó al padre Gallego en un listado solicitado por la Pontificia Comisión para América Latina, reconociéndolo como uno de los testigos de la fe. Con el paso del tiempo, su sacrificio no ha sido olvidado; al contrario, su ejemplo sigue vivo en la memoria de muchos. La iglesia en Panamá anunció que, tras más de medio siglo, dará un paso decisivo: el obispo de Veraguas, Audilio Aguilar, solicitará elevarlo a los altares como mártir, presentando su causa ante los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña. Este acto marcará el inicio formal del proceso para reconocer su martirio y su misión de defensa y sacrificio de la fe. Mientras tanto, en la memoria colectiva y en la esperanza de justicia, el caso Gallego ha sido reabierto por el Ministerio Público, como un suspiro que busca salir de la penumbra. La Corte ha dictado un fallo que impulsa la búsqueda de sus restos, recordando la desaparición forzada que marcó su historia. Inspirados en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades retoman la esperanza de esclarecer la verdad y honrar su memoria. Sin embargo, la iglesia continúa reclamando su paradero, justicia y la verdad de lo ocurrido. El clamor popular se hace escuchar: ¿Héctor, dónde estás? El silencio de los militares ha sido el obstáculo más cruento en esta búsqueda, dejando una herida abierta en la historia y en el corazón de quienes aún esperan justicia. La memoria viva Hace cuatro años, comenzamos a recopilar testimonios de quienes siguen la causa del padre Gallego, personas que lo conocieron y fueron evangelizadas en las comunidades santafereñas, tanto como religiosos de diversas congregaciones. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe que trasciende las palabras y se convierte en acción, en un llamado a transformar la estructura misma de la sociedad. En cada relato, la memoria de su entrega permanece viva, como un eco que no se apaga con el tiempo. El expárroco de la iglesia La Santa Cruz de Chilibre, Patricio Hansen, nos recordó con reverencia que el padre Gallego creía firmemente que el evangelio era mucho más que palabras; era un llamado al cambio social, un compromiso que llevaba en su corazón. Con voz llena de respeto, reiteró las palabras que aquel sacerdote colombiano pronunció en sus momentos de mayor entrega: “Si me desaparezco, no me busquen”. En esa sentencia resonaba la esencia de su misión, donde la búsqueda de sus restos físicos no era lo más importante, sino la huella imborrable de su legado, la semilla de justicia y fe que sembró en tantos corazones. Foto. Grisel Bethancourt En Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar los secretos del tiempo, se alza el cerro Tute, testigo silencioso de historias pasadas. Allí permanecen los recuerdos de Héctor, Pacífico Castrellón, cuya piel curtida por el sol y el trabajo en la tierra reflejaba la fuerza de su espíritu. En aquel entonces, fue elegido como delegado de la Palabra, y en su presencia no solo había un sacerdote, sino un hermano que inspiraba confianza y esperanza. Cada día, quienes lo recuerdan se detienen en ese instante, las lágrimas amenazan con brotar, pues ya no está entre ellos, pero su memoria vive en el alma de quienes lucharon junto a él. Recordando su labor, muchos rememoran cómo, con su evangelización, logró despertar a su pueblo de la opresión de caciques y terratenientes, sembrando en sus corazones la semilla de la esperanza. Pedro Rodríguez Cruz, en su obra “Vida y obra del Padre Héctor Gallego, Una visión que trasciende”, describe cómo el religioso desaparecido “logró una conciencia en vida y sus secuestradores le dieron la oportunidad de llegar a una conciencia celestial, santificando su nombre y tratando de detener su trabajo pastoral de liberación en Santa Fe”. Su ejemplo sigue vivo, inspirando a quienes creen en la justicia y en la fuerza transformadora del evangelio. El escritor sostiene que el padre Gallego ofreció ideas y mensajes proféticos durante su misión en la Iglesia San Pedro Apóstol, en un contexto político que marcó un calvario para un sacerdote creyente y practicante de la “teología de la liberación”. En medio de esa coyuntura difícil, su entrega y su fe se convirtieron en un acto de resistencia, un testimonio de que la verdadera evangelización implica compromiso social y lucha por la justicia, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Por qué elevar su martirio ahora? Hace una semana, Radio Veraguas fue el escenario del anuncio del obispo Aguilar, quien dedicó palabras de reconocimiento y admiración al Padre Gallego. En su relato, resaltó la valentía y entrega de aquel sacerdote, quien entregó su vida al servicio de las comunidades más alejadas del distrito de Santa Fe. “El Padre Gallego en su labor promovía la organización de sindicatos y cooperativas en las zonas apartadas, en defensa de los derechos humanos y la justicia social” , afirmó con claridad el obispo Audilio Aguilar. Sus palabras reflejaban un profundo respeto por la labor incansable del sacerdote, un ejemplo de compromiso social y espiritual. Es importante recordar que la doctrina social de la iglesia, impulsada por los papas Juan XXIII en la encíclica  Mater et Magistra  y fortalecida en la conferencia del CELAM en Medellín en 1968, contenía documentos que abogaban por cambios profundos en el continente americano. Estos textos promovían la organización de bases de la iglesia, los trabajadores y campesinos en cooperativas, como recoge la obra de Rodríguez Cruz. En aquel entonces, narra el escritor, los grupos comunales de oración, liderados por dirigentes de base, comenzaron a ahorrar, comprar y vender productos en sus comunidades. Surgió así un sistema colectivo de cooperación y ayuda mutua, que buscaba fortalecer a las comunidades desde su propia iniciativa y fe. Desde el Arzobispado de Panamá, una fuente consultada explica que el proceso de reconocimiento de la muerte del Padre Gallego ha sido largo y complejo. La desaparición de sus restos aún no cuenta con una certificación oficial que garantice su ubicación, aunque se asume que ya no están. La iglesia ha tenido que esperar con paciencia la certeza de su fallecimiento, y en su caso, la posibilidad de elevarlo a mártir se fundamenta en su entrega total y en la defensa de la fe en un país donde hubo persecución. Foto Ilustrativa. Durante la homilía en la 52ª edición de la Cita Eucarística, el Arzobispo José Domingo Ulloa afirmó que el legado del Padre Gallego “nos desafía y nos impulsa a seguir trabajando incansablemente por aquellos a los que se entregó en forma total”. Sus palabras invitan a continuar su ejemplo de entrega y compromiso. El teólogo y docente de la Universidad Santa María La Antigua, Elías Cornejo, explica que el proceso de reconocimiento de mártir se da porque el sacerdote fue un testigo de fe con su vida. La causa del Padre Gallego es fundamental para los futuros procesos de beatificación, pues su ejemplo y sacrificio representan un paso importante en ese camino. Cornejo recuerda el caso de monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue declarado mártir en 2015 por el papa Francisco. Romero, conocido por su vida dedicada a ayudar a los pobres y defender sus derechos en El Salvador, fue asesinado por militares en 1980. La declaración de martirio allanó el camino para su beatificación, reconociendo su entrega total a la causa de la justicia y la fe. Finalmente, el teólogo y coordinador de Fe y Alegría remarcó que el Padre Gallego siguió los cuatro signos de los tiempos de América Latina, establecidos en la Conferencia de Medellín y derivados del Concilio Vaticano II. Estos signos, descritos por el arzobispo Marcos Gregorio Mc Grath, en aquel entonces obispo de Veraguas, enfatizaban una iglesia servidora del hombre, basada en el cambio, la valorización de lo temporal y lo personal, y con un enfoque global. En Santa Fe, doña Margarita González, que estuvo cercana al padre Gallego, lo recuerda como un ángel. Para Edwin Cisneros, fue un guía espiritual. Su amigo Jacinto Peña, la última persona en verlo antes de su secuestro, afirma que fue un profeta. Pacífico Castrellón sabe que, en el corazón, sigue siendo su hermano en la fe. Y Eric Concepción espera que algún día sea declarado santo por la iglesia. Para la iglesia el reconocimiento del martirio de Jesús Héctor Gallego no solo es un acto de justicia, sino también un llamado a seguir su ejemplo de fe, entrega y compromiso con los más vulnerables.

Primera Entrega Hace más de medio siglo, en la noche del 9 de junio de 1971, la historia de un sacerdote colombiano quedó marcada por la violencia y la injusticia en Panamá. El Padre Jesús Héctor Gallego fue arrebatado de su hogar por militares de la Guardia Nacional, en un acto que aún hoy permanece envuelto en sombras. Su desaparición y posterior asesinato fueron motivados por su incansable labor en defensa de los campesinos y los marginados del distrito de Santa Fe de Veraguas, desde que llegó cuatro años antes a la Diócesis de la provincia, y por su compromiso evangelizador en comunidades olvidadas y explotadas por el poder. La comunidad, testigo de su entrega, aún recuerda su valentía como un acto de fe y resistencia. El martirio del Padre Gallego dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Desde la noche en que fue secuestrado, su cuerpo nunca fue hallado, y la incertidumbre se convirtió en un peso que aún persiste. Eugenio Magallón, uno de los responsables, cumple condena, pero se niega a colaborar, dejando en la penumbra la ubicación de sus restos . La iglesia, por su parte, no ha podido cerrar ese capítulo oscuro, y la esperanza de justicia sigue viva en el corazón de quienes anhelan conocer la verdad y honrar su memoria. A lo largo de los años, su ejemplo ha trascendido el tiempo. La iglesia en Panamá, en un acto de reconocimiento, incluyó a Gallego en una lista de testigos de la fe durante el Jubileo, elevando su figura como símbolo de sacrificio y compromiso. La comunidad religiosa ha decidido dar un paso más: solicitar su elevación como mártir, en un proceso que busca oficializar su entrega y su lucha por la justicia social y la fe. Monseñor Audilio Aguilar, obispo de la Diócesis de Veraguas, anunció que solicitará este año oficialmente el beneplácito de los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (C.E.P) que da pie el inicio del proceso de declaración como mártir de la Iglesia Católica al recordado sacerdote colombiano, Jesús Héctor Gallego. Este acto representa un reconocimiento a su vida y a su legado de resistencia. Si desaparezco no me busquen, sigan la lucha. Héctor Gallego. Reapertura del caso Mientras tanto, las autoridades han reabierto el caso, impulsadas por la justicia y la memoria. El Ministerio Público busca esclarecer la desaparición, siguiendo las recomendaciones internacionales para honrar su memoria y esclarecer la verdad. La Corte ha dictado fallos que reavivan la esperanza de encontrar sus restos y de hacer justicia, en un esfuerzo por cerrar heridas abiertas por décadas de silencio y olvido. Aunque buscan los restos en un punto inicial desde que se lo llevaron de Santa Fe, el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa, es un área donde se situa el Ministerio Público. Foto: Grisel Bethancourt, Santa Fe de Veraguas. La iglesia continúa clamando por la verdad, exigiendo justicia y el paradero de Héctor Gallego. El silencio de los militares se ha convertido en un obstáculo cruel, dejando una herida abierta en la historia y en los corazones de quienes aún esperan respuestas. La lucha por justicia se mantiene viva, alimentada por la fe y la memoria de un hombre que entregó su vida por los más vulnerables. Desde hace cuatro años, con diversas voces hemos rescatado testimonios de quienes conocieron y fueron evangelizados por el Padre Gallego. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe activa que buscaba transformar la realidad social. La memoria de su entrega permanece intacta, como un eco que resuena en cada relato, en cada corazón que aún lleva su ejemplo como faro de esperanza y justicia. Foto: Padre Héctor Gallego. Archivo. El expárroco Patricio Hansen recuerda con reverencia que Gallego creía que el evangelio era un llamado a cambiar la sociedad. Su frase, “Si me desaparezco, no me busquen”, refleja la esencia de su misión: dejar una huella imborrable en la lucha por la justicia, más allá de su presencia física. Su legado no solo fue en palabras, sino en acciones que sembraron semillas de esperanza en comunidades oprimidas. Aún existe un ambiente de impunidad, incongruencias en la justicia y la intermitencia de la iglesia por su búsqueda como la de otras víctimas desaparecidas de la dictadura militar entre 1968 a 1989. En los paisajes de Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar secretos ancestrales, permanecen los recuerdos de quienes lucharon junto a él.  Es un reportaje basado en testimonios tomados desde hace cuatro años y actualizado en el 2025, en una investigación de la vida, obra y trabajo de fe del padre Héctor Gallego en Santa Fe de Veraguas, contenido en el Documental: "50 Misas de Cuerpo Ausente". Escrito por Grisel Bethancourt con la colaboración especial del periodista Carlos Rodríguez.

Se escucha la voz del reportero gráfico Aris Mariota, mientras, en el fondo, retumban las detonaciones de las bombas lacrimógenas y perdigones durante una cobertura de las protestas en la Universidad de Panamá. Por Grisel Bethancourt "Me acaban de apuntar con un arma", afirmó Mariota mientras mantenía la calma y enfocaba la escena. El hecho quedó registrado en un video difundido por la red Guásimo Multimedia, donde se observa a un policía antidisturbios mirando fijamente al reportero y apuntándole con su arma desde la distancia. A pesar de la amenaza, el cineasta y corresponsal no apartó su cámara, filmando desde un puente y logrando capturar el momento cuando el agente lo intimidaba. "Sí, estuvo muy cerca. Yo por decisión y vocación cubro este tipo de noticias, pero bajo ninguna circunstancia nos podemos permitir justificar, ni normalizar ser apuntados. Por más fuego cruzado en que estemos, nunca, nunca, podemos aceptar que alguien y menos un estamento de seguridad nos apunte. Nuestro oficio debe ser libre y seguro", expresa Mariota. Durante las manifestaciones y protestas universitarias en contra de la aprobada Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, los reporteros gráficos se encontraban en grupo y otros en puntos estratégicos, identificados con sus credenciales. Reporteros cubren disturbios en los predios de la Universidad de Panamá. Link del video de la amenaza https://youtu.be/POh_HxKjpjc Investigaciones por uso de armas La Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de una investigación de oficio debido al uso excesivo de la fuerza en los alrededores de la Universidad de Panamá. Según informes, al menos dos miembros de la Policía Nacional dispararon sus armas de reglamento durante los disturbios estudiantiles. Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que explicó que un miembro de su institución realizó disparos de advertencia para dispersar a los manifestantes, asegurando que el incidente no dejó heridos. La institución detalló que se está llevando a cabo una investigación interna sobre el comportamiento de uno de sus agentes. Varios videos de las protestas muestran que al menos tres policías más fueron captados en la vía que conduce al campus universitario apuntando con armas letales. Uno de ellos disparó su arma, utilizando varias municiones para reprimir la situación. Amnistía Internacional , en un informe público que hace referencia a la actuaciones policiales en disturbios, señala que los actos de protesta de una pequeña minoría no justifican el uso de la fuerza, incluso si se producen hechos que podrían considerarse violentos. "La policía debe emplear la mínima fuerza necesaria para disuadir, y el gas lacrimógeno debe utilizarse solo cuando otros métodos hayan fracasado o sean insuficientes", expresó la organización en su informe sobre las actuaciones policiales en las protestas en América Latina. El informe responde a: ¿Cuándo es ilícita la fuerza? " La policía debe regirse en todo momento por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Todo uso de la fuerza que no cumpla estos principios es ilícito." En cuanto a la seguridad de los comunicadores, su exposición al riesgo en las protestas es una constante. Recordemos el caso de Audrey Baxter en el 2023. "Todo quedó grabado." Así inicia el relato de la periodista María Mónica Monsalve de El País, sobre el ataque al fotógrafo Aubrey Baxter. El 19 de octubre de 2023, mientras las protestas contra la firma de un contrato ley para un proyecto minero se desataban, Baxter recibió un impacto en el ojo. En el video se puede ver cómo los policías de la Unidad de Control de Multitudes marchan en fila, hasta que los disparos caen sobre Baxter. En el video se escuchan sus desesperados gritos: "¡Perdí mi ojo, perdí mi ojo!". En octubre de 2024, la Policía Nacional a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) decidió archivar la denuncia por lesiones personales en perjuicio del fotógrafo Aubrey Baxter. Audrey Baxter herido en la Plaza 5 de Mayo. Foto: Tomada de internet. En relación con los hechos ocurridos ayer, Guásimo Multimedia expresó en su denuncia en redes: "Es urgente que el Estado panameño establezca protocolos que garanticen el libre y seguro ejercicio de la prensa, así como el derecho humano a la comunicación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que Panamá está adherido desde 1948." Este contexto de alta tensión, vivido por Aris Mariota, pone al relieve la seguridad y la independencia del trabajo periodístico. Con este clima de hostilidad, podría generarse un ambiente de autocensura o vulnerabilidad entre aquellos que buscan reflejar la realidad de los disturbios. Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub . Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ, IRI y Celap. Expositora en temas DD.HH. , migración irregular y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá.

Oldemar Forth Moya estuvo presuntamente en la escena de la privación de libertad de Dayra Caicedo; desde hace tres semanas no se le ha mencionado públicamente. El 19 de febrero, la estudiante y empresaria Dayra Caicedo fue interceptada por varios delincuentes al llegar a su residencia en Vista Alegre de Arraiján. Desde ese momento, su paradero es desconocido. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, aún no se ha determinado un motivo claro para su desaparición. Las primeras imágenes de su secuestro generaron una inmediata reacción pública y llevaron a la emisión de una alerta del Ministerio Público para capturar a uno de los principales sospechosos: Oldemar Alexis Forth Moya. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, en las últimas tres semanas no se ha vuelto a mencionar, lo que ha generado incertidumbre en la opinión pública. Pero no se trata solo de Forth Moya, sino de al menos otras tres personas que, junto a él, según las investigaciones ejecutaron la privación de libertad y desaparición de la estudiante de derecho de la Universidad Santa María La Antigua. Anuncio realizado por el Ministerio Público. Otras dos personas son investigadas por el Ministerio Público durante un período de seis meses. Se trata de una pareja que actualmente se encuentra bajo medidas de detención, aún no se establece una vinculación directa con Forth Moya ni con otros tres sospechosos. A pesar de la gravedad del caso, la institución policial mantiene silencio en sus redes sociales sobre la búsqueda de Forth Moya y de quienes lo acompañaron la noche del 19 de febrero. Esta falta de información ha dado pie a diversas teorías sobre lo sucedido hace tres semanas, incluyendo la posible implicación del crimen organizado. La versión del Ministerio de Seguridad apunta a la relación con pandillas , según lo expresó el titular Frank Abrego. Mientras tanto, los responsables parecen haberse desvanecido sin dejar rastro, lo que aumenta la incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Este medio obtuvo información del Órgano Judicial (OJ) sobre la supuesta aprehensión de una tercera persona en el caso, anunciada por el director de la Policía, Jaime Fernández . Sin embargo, la Secretaría de Comunicación del OJ, negó la existencia de un nuevo detenido vinculado a la privación de libertad de Dayra Caicedo. "No hay nadie que haya sido presentado ante un juez de Garantías" , confirmaron, dejando en entredicho la versión policial y generando más dudas sobre el avance de la investigación.   Versiones cruzadas en el Tribunal El 19 de febrero, Dayra Caicedo fue interceptada dentro de su vehículo mientras se estacionaba y acorralada por cuatro personas. Aunque pidió auxilio, su familia poco pudo hacer, ya que fueron amenazados con armas, según se observa en el video que ha circulado. Desde ese momento, comenzó su privación de libertad y desaparición. Dayra fue trasladada a otro vehículo y, con el paso de los días, los investigadores aseguran haber vinculado a dos presuntos sospechosos, quienes hoy están imputados. Ambos, fueron detenidos por separado en Parque Lefevre, ciudad de Panamá, a unos 32 kilómetros de distancia, aproximadamente 45 minutos en auto del lugar del hecho. Durante la última audiencia, realizada la semana pasada ante el Tribunal de Apelaciones, integrado por tres magistrados (dos mujeres y un hombre), se hicieron preguntas directas a la fiscalía. Uno de los magistrados cuestionó el recorrido de un vehículo que, según la investigación, estuvo en dos lugares distintos: una ruta desde Panamá Oeste por el Centenario–Merca Panamá, desde donde se realizó una llamada de Julio Bayo a su pareja, y otra versión que indica que Bayo tomó la ruta del Corredor Sur y cruzó un peaje. Otra pregunta del magistrado de Apelaciones, se enfocó en la presunta participación de la mujer imputada, ya que, según la investigación, ella permanecía en su residencia en Panamá Viejo a la hora del secuestro. Los informes de la investigación indican que existe una llamada de Julio Anel Bayo a su pareja la noche del crimen. El otro elemento que argumenta la fiscalía es el testimonio de un informante —cuya identidad no ha sido revelada— según el cual la imputada trasladó presuntamente en un vehículo a su pareja desde Panamá Viejo. Sin embargo, personas consultadas por este medio, que prefirieron el anonimato por seguridad, aseguran que la mujer no salió de Panamá Viejo esa noche y que era habitual que conversara todas las noches con su pareja por teléfono. No se mencionó algún video o algún elemento de los autos en el recorrido. Según una fuente, la imputada no conoce personalmente a Dayra Caicedo. Aunque hizo compras en su almacén, no fue la víctima quien la atendió, sino un familiar. Este sería un elemento que sustenta la fiscalía ocurrido días antes del hecho. Tras la privación de libertad de la estudiante, se desplegaron operativos en Panamá Viejo en la madrugada y a plena luz del día, como el punto de referencia en la que se centraron, pero no hubo rastros de la víctima. Lo más reciente, hace 48 horas se aseguró de una tercera captura. La supuesta persona que alegó tener la Policía no fue presentada ante un Tribunal de Garantías en Panamá Oeste. Archivos Abiertos pidió información al Ministerio Público, pero no se dio una respuesta al cierre de la nota. Los datos recopilados en la investigación se basan en testimonios de informantes, mientras que un iPhone perteneciente a la víctima sigue sin aparecer. Según la versión de un testigo, el celular estableció un perímetro entre Santa Elena y Panamá Viejo; sin embargo, la fiscalía no sustentó bajo un peritaje forense su versión del iPhone cuando fueron consultados por el magistrado en la audiencia de apelación. La vida de Dayra "No hay transparencia y la investigación está mal enfocada en la búsqueda de la víctima. Lo importante es encontrar a Dayra, pero se habla muy poco de su búsqueda", señaló Julio Alonso, asesor en investigación criminal y miembro de la Asociación de Profesionales de Investigación y Ciencias Forenses. Alonso, exinvestigador de Homicidios, de la Unidad Antisecuestro y Narcóticos de la otrora Policía Técnica Judicial, sostiene que en la mayoría de los casos de privación o contra la libertad individual, si no se solicita un rescate en un plazo de tres días, es más difícil identificar el móvil del crimen. "En muchas ocasiones, las líneas de investigación se desvían debido a información errónea y sin el respaldo técnico-científico necesario", puntualizó Alonso. Todo apunta, según el experto, a que la investigación se ha alejado de la rápida captura del principal sospechoso y otros tres involucrados, así como de esclarecer el móvil que llevó a la privación de libertad de la joven. Oldemar Forth Moya, principal sospechoso del hecho criminal, tiene antecedentes y, según fuentes consultadas, operaba en Panamá Este. La madre de Dayra Caicedo, en declaraciones a Telemetro Reporta  el pasado 21 de febrero, pidió desesperadamente que le devolvieran a su hija. "Soy de Darién, si hay personas involucradas en esto, por favor, vean el sufrimiento que tengo… Necesito que mi hija vuelva". Pasan los días y horas sin fe de vida. Hasta el momento, no se conoce oficialmente del ofrecimiento de recompensa por las autoridades de investigación para obtener información sobre el paradero de Dayra, como se hace en otros casos; ni tampoco de la solicitud de un rescate por los captores para ser devuelta a su familia.

Las mujeres periodistas no solo informan sobre desigualdades, estigmas o los acontecimientos diarios; hoy, se consolidan como agentes de cambio. Promueven la inclusión de políticas de equidad de género, se sindicalizan e impulsan la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Por: Raquel E. Rodríguez Periodista independiente - Sindicalista. La jornada de Aurelia Marín inicia a las 6:00 a.m. No necesita despertador; su mente ya está en marcha. Como veterana del periodismo, sabe que la noticia no espera. Mientras comienza su día, realiza las tareas del hogar, monitorea las redes, revisa su celular, sigue las noticias y atiende a su familia, incluyendo a sus preciadas mascotas. Sus primeras coberturas dependen de las agendas de prensa. Cada jueves, sin falta, asiste desde muy temprano a las conferencias presidenciales. Es habitual verla reportear todo lo relacionado con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y, en paralelo, abordar temas económicos, bancarios y asuntos comunitarios o sociales. Ha hecho preguntas claves, incisivas e incómodas, y al mismo tiempo, guía a muchos periodistas en las coberturas diarias. Su lado humano la distingue como una lideresa: comparte información y organiza su noticiero radial. Al mediodía, prepara el Informativo Expectativa, transmitido todas las tardes por Radio Sonora. Es consciente de que el periodismo es una profesión de sacrificio. “Si no estás dispuesta, no puedes ser una buena periodista. Hay que tener vocación” , afirma. Con 40 años de trayectoria, ha sido presidenta del Colegio Nacional de Periodistas y miembro destacada del Sindicato de Periodistas, donde ha recibido un reconocimiento de honor. Ser mujer y periodista no es fácil; se necesita valentía. Aurelia considera que las periodistas panameñas son “valientes” . Ha enfrentado diversas situaciones en las que ha tenido que "tragar sapos" y aprender a resistir, pero nada la detiene. “Estamos preparadas y hay que tener una coraza” , enfatiza. Aurelia Marín. Foto cortesía. Cuando cae la noche, Aurelia sigue pendiente del acontecer nacional. A medianoche, concluye su jornada para descansar y retomar el trabajo al día siguiente. Su consejo para las futuras comunicadoras es que se deshagan de dudas y miedos, pues solo así lograrán sus metas.   El papel de la mujer periodista El periodismo ha sido históricamente un campo dominado por hombres, pero en las últimas décadas, las mujeres han comenzado a ocupar un lugar destacado en esta profesión. La historia de Aurelia, una lideresa del periodismo, se alinea con la promoción de políticas de equidad de género en entornos laborales, gremios, asociaciones y sindicatos, donde las mujeres han impulsado la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Es fundamental que los sindicatos reconozcan la importancia de abordar las necesidades específicas de las mujeres en el ámbito laboral, lo que los ha llevado a implementar medidas más justas y equitativas. En particular, el papel de la mujer periodista en el movimiento sindical ha cobrado relevancia no solo por su contribución a la información y la comunicación, sino también por su capacidad para influir en la defensa de los derechos laborales, los derechos humanos y la promoción de la equidad de género en el trabajo. Ana Bolena Ayarza de Colón durante la marcha el Día del Trabajador 2024. Foto cortesía. Las mujeres periodistas en el ámbito sindical han desempeñado un papel crucial al dar voz a trabajadoras y trabajadores. A través de sus reportajes, artículos y coberturas, visibilizan las problemáticas que enfrentan los empleados, especialmente en sectores donde la desigualdad de género es más pronunciada. Al abordar temas como la brecha salarial, el acoso laboral y las condiciones de trabajo, estas periodistas no solo informan, sino que también empoderan a otras mujeres para que se organicen y luchen por sus derechos. Sharon Pringle Félix, periodista, escritora, feminista y educadora popular, considera fundamental que las mujeres se agremien, se agrupen o se sindicalicen en diversas profesiones. Además, expone la realidad sin rodeos: “Existe un estigma hacia la mujer sindicalista, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, hay más mujeres fundando sindicatos. En Panamá aún tenemos una deuda pendiente, pero hay quienes están marcando la diferencia desde las Secretarías Generales” . Pringle Félix destaca que aún persiste una cultura en la que el poder sigue emanando del hombre. Mientras esto no cambie en nuestras sociedades, será necesario que las mujeres levanten su voz, y para hacerlo con impacto, deben organizarse. Cultura patriarcal A pesar de los avances, las mujeres periodistas en el ámbito sindical enfrentan numerosos desafíos. La cultura patriarcal y la resistencia a incluir la perspectiva de género en el sindicalismo siguen siendo obstáculos significativos. "No podemos seguir sentadas mientras otras están marchando, no podemos seguir calladas mientras otras alzan la voz". Sharon Pringle Félix. Con frecuencia, las mujeres son subestimadas o sus aportes minimizados en un entorno históricamente dominado por hombres. Además, la escasa representación femenina en posiciones de liderazgo dentro de los sindicatos limita su capacidad para influir en la agenda sindical. El trabajo de las mujeres periodistas en el área sindical trasciende la esfera laboral. Al visibilizar las luchas de las trabajadoras, contribuyen a un cambio cultural que desafía las normas de género tradicionales. La abogada y periodista Vielka Dudley sostiene que en Panamá existen diversas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han luchado durante años por ganarse un espacio de importancia en el desarrollo del país y, por qué no, en la transformación de los patrones y reglas sociales. Aunado a ello, se han promulgado leyes e impulsado instituciones para salvaguardar los derechos de la mujer. Sin embargo, Dudley considera que estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que no existen instancias que garanticen efectivamente el cumplimiento de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos laborales. Vielka Dudley. Foto cortesía. Por ello, la periodista Vielka Dudley hace un llamado de atención ante los hechos recurrentes de discriminación. A pesar de compartir igualdad de condiciones con los hombres en la profesión, las mujeres siguen siendo las más afectadas en cuanto a posiciones y salarios. “La mujer es la más afectada y menos reconocida. A nuestro juicio, no existe una regulación eficiente ni instancias donde se puedan denunciar abiertamente las irregularidades de discriminación en contra de la mujer ” , enfatiza. Ante estos desafíos, el papel de la mujer periodista en el ámbito sindical es clave para la promoción de los derechos laborales y la equidad de género. Aurelia Marín, Vielka Dudley y Sharon Pringle Félix no solo enriquecen el periodismo con su profesionalismo y carreras alternas, sino que también fortalecen el movimiento sindical y promueven una sociedad más justa e igualitaria. Actualmente, más de 200 miembros forman parte de la estructura del Sindicato de Periodistas, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De ese total, aproximadamente el 20 % son mujeres activas en la organización. Más de seis han liderado el gremio periodístico y han formado parte de la junta directiva de su sindicato. Muchas de ellas dirigen sus propios medios independientes y se mantienen firmes en la defensa de los y las periodistas en temas como derechos laborales, salud, género, capacitación y relaciones intersindicales. El periodismo avanza hacia una mayor inclusión y representación.  Aurelia Marín, concluye en que, pese a los desafíos de la profesión, continuará ejerciéndola por vocación. Como ella, las demás entrevistadas siguen con sus voces resonando en la lucha por los derechos laborales y la equidad de género. Periodistas del Sindicato fueron capacitados en el 2024 por la Fundación Friedrich Ebert. Edición por Grisel Bethancourt, directora de Archivos Abiertos.

Migrantes irregulares retornan a Panamá para tomar una ruta marítima qué los lleve a Colombia. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Desde que el presidente panameño José Raúl Mulino se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y aceptó recibirlos, miles de migrantes expulsados se acumulan en Panamá, sin que nadie sepa cómo regresarán a sus países. Sometidos a largos viajes por carretera y alojados en condiciones deplorables, se convierten en un nuevo y enorme drama humanitario . Por Grisel Bethancourt, miembro de #CONNECTASHub Adriana* es de Venezuela, llegó a la estación temporal de recepción migratoria    (ETRM)  en Lajas Blancas, territorio panameño, acongojada y llena de incertidumbre. Sus pasos, marcados por la fatiga, habían recorrido un largo camino de sombras y esperanzas rotas. Con ella, su pequeña hija de dos años, frágil y enferma, se encontraba al compás de su angustia nuevamente en el Darién. Pasó con ella su primera noche en Panamá en una cama de cartón, aunque no le ha faltado comida y atención médica, pero vencida por el agotamiento y sin esperanzas. Necesita volver a Venezuela donde se reencontrará con sus otros dos  hijos también menores de edad, por quienes se embarcó en esa aventura. Los días y las noches son agobiantes por los gallinazos que abundan en el lugar atraídos por los desperdicios y entran a las chozas donde duermen los migrantes. El sueño americano de Adriana se desvaneció entre fronteras y caminos truncados. Desde que dejó su tierra natal hasta su llegada a México hace cinco meses, tras atravesar las penurias de la selva del Darién y recorrer Centroamérica, cada jornada fue un eco de promesas que nunca se cumplieron. Su pareja partió hace dos años a Estados Unidos y  le prometió una nueva vida. Pero ella no pudo lograr la cita de los controles migratorios estadounidenses en la frontera de México. Él se cansó y la dejó a su suerte al otro lado del muro. Ahora, bajo el peso de la desesperación, se siente derrotada en el Darién. La madre venezolana es una de los más de 400 nacionales de ese país trasladados a Panamá procedentes del Centro de Atención al Migrante –CATEM- localizado en Paso Canoas, territorio costarricense. Allí las autoridades ticas les realizan un control biométrico para verificar que no tienen antecedentes delictivos, condición impuesta por el gobierno panameño. Llegar a la frontera no fue fácil. “Tuve que rebuscarme, pedir y buscar ayuda en la calle para poder comprar los pasajes de retorno, anduvimos de país en país hasta llegar a Costa Rica, donde nos recibieron bien; pero llegó el momento en que tuvimos que salir de allí por las gestiones entre los dos países”, cuenta Adriana. El puerto de Llano Cartí es el principal punto de embarque de cientos de venezolanos. Crédito: Ministerio de Seguridad de Panamá. El precio de ser venezolana La migrante está consciente de que entre Panamá y Venezuela no hay relaciones diplomáticas ni consulares, lo que “para nosotros es un tema imposible”. Por eso es imposible hacer cualquier trámite para que Venezuela se haga cargo de su repatriación.  Cuando en Costa Rica los embarcaron en el bus para atravesar Panamá hasta el Darién, les prometieron que regresarían a su país desde la frontera con Colombia. Pero las promesas se desvanecieron durante el viaje por carretera, cuando el grupo que la acompañaba se enteró que no llegarían a la ETRM de San Vicente (en la provincia de Darién) y tampoco serían trasladados vía aérea a Cúcuta, la principal ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela.  Al ingresar en lo que los migrantes conocen como la ONU de Panamá, es decir la ETRM de Lajas Blancas (también el El Darién), donde los albergan, Adriana se angustió aún más: ¿Qué va a pasar con nosotros los venezolanos y los que vienen en camino sin una ayuda monetaria para retornar?  “¡Esto no es vida, es inhumano!”, dice. “Mi papá no puede enviarme más dinero porque no tiene y tengo que pagar una multa porque estamos bajo migración de Panamá”, aseguró en su tercer día en Lajas Blancas. Su voz se escucha por WhatsApp quebrada por el dolor de verse atrapada en un limbo. Nadie responde. Nadie tiene respuestas. Niños y adultos en Panamá deben permanecer en la ETRM de Lajas Blancas, Darién, donde tienen condiciones mínimas. Foto cortesía. El papel del Gobierno panameño Panamá abrió las puertas a los migrantes tras un memorándum de entendimiento con Estados Unidos suscrito el 1 de julio de 2024. El acuerdo exige “ la colaboración en el manejo de la migración, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación segura y efectiva, que incluya la revisión de casos que requieran protección”. En la sección 1.4, el gobierno estadounidense se compromete a ayudar económicamente a migrantes irregulares y a apoyar a extranjeros detectados en el flujo migratorio.  Pero como contó la migrante, ella tuvo que sufragar sus gastos desde Costa Rica y debe hacer lo mismo para llegar a Colombia desde Panamá. Todo esto sucedió luego de la visita, el 2 de febrero, del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acordó con el presidente panameño, José Raúl Mulino, una ampliación del memorándum del año pasado, en términos desconocidos para la opinión pública.  Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad calculan más de 400 personas que retornaron provenientes de México y Centroamérica, en su mayoría venezolanas.  Desde el 19 de febrero y durante tres días caravanas de autobuses panameños ingresan al Darién con ellos. Estos son los primeros de miles de migrantes que atravesaron una vez la ruta de Darién hacia Norteamérica, y que otra vez llegan a su nueva realidad en las cercanías de la  selva.  El gran reflujo migratorio ocurre luego de que en la tercera semana de enero, Donald Trump cerró el acceso que atrajo a miles de personas durante la era de Joe Biden. Las deportaciones y el endurecimiento de medidas como la apertura de la base de Guantánamo para recibir a los deportados, hizo que otros miles retrocedieran hacia  América Central. Mulino ha sido objeto de fuertes críticas por el “acuerdo de cooperación” con Rubio, que muchos vinculan con las amenazas de Trump acerca del Canal, sin contar con un plan claro para manejar la llegada masiva de personas expulsadas desde Estados Unidos y otras que retornaron voluntariamente. Mientras tanto, Mulino espera concretar otro acuerdo con el gobierno de Colombia para que cientos de venezolanos regresen por esta vía hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela.  El abogado panameño Ariel Corbetti, especialista en negocios internacionales, argumenta que “se está asumiendo un problema que no es nuestro. El recibir deportados no es nuestro deber y debe estar en un texto legal que lo autorice”, advirtió. Para el jurista el gobierno no ha definido las responsabilidades de las partes y “que estamos actuando para complacer a los norteamericanos. El problema no es panameño, no está claro si somos víctimas o cómplices,  el gobierno está actuando de forma unilateral sin contar con nadie más. Sin el aval del órgano legislativo”, expresó Corbetti. Por su parte Mulino niega la opacidad y que se estén violando leyes y acuerdos, como también cuestiona las críticas directas por redes sociales de la población, líderes y opositores.  Contradicciones migratorias Sin embargo, el nuevo acuerdo contradice posturas anteriores. El 5 de diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó “que, a la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña”. Si bien el gobierno ha prometido buscar soluciones humanitarias, la realidad es que el sistema carece de una normativa migratoria clara. Mulino solo menciona que organismos como la oficina del Alto Comisionado de la Onu para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) gestionan los retornos voluntarios y mantienen los recursos necesarios provenientes de Estados Unidos para albergar y repatriar a migrantes en un corto plazo.  Dentro del flujo de “beneficiarios” de esta cooperación llegaron 299 migrantes deportados desde Estados Unidos , que fueron puestos bajo custodia policial en un hotel de la ciudad de Panamá. Mientras piden ayuda, algunos han presentado solicitudes de refugio y recursos de hábeas corpus porque, argumentan, no pueden regresar a países donde están en peligro. De ellos, según el gobierno, 13 han retornado voluntariamente y 106 han sido trasladados al albergue de San Vicente, en el Darién.   Varias lanchas salieron hacia Puerto Obaldía con migrantes antes del naufragio en Guna Yala. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Al encenderse las alarmas de la nueva crisis humanitaria con miles de migrantes en territorio panameño, los medios han constatado que al menos un centenar de migrantes pakistaníes, iraníes, chinos y de otras nacionalidades asiáticas niegan estar dispuestos a regresar a sus países voluntariamente.  Ante este panorama  el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc sostiene que el gobierno panameño a través del Servicio Nacional de Migración debe definir la regularización temporal del estatus migratorio de esos migrantes.   Desde un contexto geopolítico, el catedrático y economista Anastacio Rodríguez  explica que Panamá se ha convertido en el muro de contención de la migración de Estados Unidos. Para él, existe el peligro de que esta población migrante se quede y cree un conflicto interno “como una bomba de tiempo”. Rodríguez considera el actual flujo de extranjeros como una “migración desordenada que puede generar discriminación y xenofobia.” Derechos vulnerados Tanto en Lajas Blancas como en San Vicente el tiempo se ha detenido para los  migrantes. Panamá no puede ofrecerle más que un techo temporal, sin que nadie sepa cómo van a salir de allí. Mientras Adriana resiste esta pesadilla, a pocos metros en la misma sede temporal de Lajas Blancas se encuentra su compatriota Coromoto Gálvez*, retenida con otra venezolana por el Servicio Nacional de Migración desde hace cuatro meses. Ella llegó con esposo panameño tras sortear toda clase de peligros.  Desde que pisó San Vicente, Migración los separó y Jorge, como panameño, se vio obligado a abandonar el lugar y bajo la impotencia y dolor tuvo que dejarla encerrada sin comunicación. A pesar de estar registrado su matrimonio, el Servicio de Migración ha denegado las peticiones para su salida y se encuentra inmersa en una maraña legal que no le resuelve la situación.   Tras permanecer prácticamente sola desde el cierre de la frontera con Colombia, en las últimas semanas Coromoto ha sentido el impacto de la llegada de cientos de personas al campamento donde permanece. Con lágrimas expresó lo que califica de “terror” y acoso verbal y  psicológico de funcionarios que a diario la instan a salir hacia Costa Rica y a dejar a su esposo en Panamá.   El economista Rodríguez recuerda que tras la migración irregular hay una gran  cantidad de mujeres, niños y niñas que se ven vulneradas y violentadas en sus derechos . Situación de migrantes https://x.com/GriselB/status/1892778018352882089?t=9SfoGy4b8fwAxoCAr2YghA&s=19 Corbetti concluye en que si Panamá es un puente para la migración irregular hay que exigir un tratamiento de humanidad y que los países de donde provienen se hagan cargo de los migrantes. Por el momento una fuente de Seguridad informó que el gobierno panameño no ha concretado la devolución de cientos de venezolanos a través de Colombia, y que muchos de los migrantes han optado por arriesgarse y utilizar una ruta marítima no convencional desde el territorio indígena Guna Yala hacia la frontera colombiana de Sapzurro, municipio de Acandí. O salir desde poblados costeros de la provincia de Colón o Puerto Obaldía, donde salen al menos siete lanchas al día hacia Colombia.  En medio de la crisis humanitaria, nadie se explica por qué el Gobierno panameño insiste en llevar a los migrantes de regreso a la región del Darién, donde las condiciones son extremadamente precarias y cualquier gestión resulta prácticamente imposible. Muchos se preguntan si se trata de una especie de castigo, y para otros, es simplemente una tortura más.  *Nombres cambiados para proteger a los migrantes Publicado en Connectas.org Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub. Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ y Celap. Expositora en temas DD.HH. y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá. CONNECTAS es una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas