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La migración irregular en Panamá sigue siendo un tema candente, aunque poco visibilizado en los medios locales. Mientras que la atención se centra en el flujo migratorio hacia el norte, un fenómeno menos conocido está ocurriendo en las costas del distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón. Cientos de personas, en su mayoría venezolanos están llegando a esta zona para embarcarse en una travesía marítima hacia otros destinos, a pesar de los peligros del mar y la variabilidad climática. Por Grisel Bethancourt, directora y editora de Archivos Abiertos. Las costas de Colón, donde la vida se teje entre redes de pesca, sembradíos humildes y los tambores rituales del Congo y los palenques, hoy conocen otro ritmo, uno más silencioso y desgarrador. A la orilla del mar Caribe, donde la brisa trae ecos de fiestas ancestrales y memoria afrocolonial, ahora llegan cuerpos exhaustos y miradas perdidas. Migrantes que alguna vez soñaron con el Norte, pero que tras cruzar selvas y fronteras llegan a estos puertos y aguas, vencidos por la desesperanza. El mar  es ahora vía de escape, y los pueblos de Santa Isabel conviven con una nueva forma: la de los que regresan sin haber llegado.   Este flujo migratorio se ha devuelto debido a las políticas de cierre de la frontera estadounidense con el gobierno de Donald Trump desde enero de 2025, lo que ha generado un impacto significativo en la región con la deportación de migrantes. Panamá ha asumido ese compromiso con el cierre de su frontera inhóspita en Darién. Aunque no es comparable a la situación que se vivió en Bajo Chiquito, en la selva panameña frontera con Colombia, este flujo inverso del norte al sur está afectando a muchas personas que se encuentran varadas en nuestro territorio en precarias condiciones de salud, alimentación y por falta de recursos. La situación es crítica y requiere atención inmediata. Migrantes llegan a la ciudad de Panamá, son albergados en este centro católico que les ayuda con donaciones para retornar a Colombia por mar desde Miramar.   El impacto en Miramar y Palenque Amed Meza, alcalde del distrito de Santa Isabel, se confesó preocupado y con angustia dijo  en una entrevista en el Podcast Espontáneo , que la situación en Miramar y Palenque es alarmante. "Nos sentimos abandonados por parte del gobierno central". La acumulación de basura en el vertedero, que está casi colapsando, es un problema adicional que agrava la situación. Meza también destacó que más de 200 migrantes se encuentran en Miramar y otro grupo incontable en la comunidad de Palenque, y que el 60% de ellos no tiene recursos para retornar a su país de origen.   Los migrantes hablan de la desesperación y de promesas , y aseguran de un posible retorno humanitario, bajo la responsabilidad del gobierno de Panamá, pero oficialmente no se ha anunciado. Una migrante y su hija salen desde la Terminal de Albrook hacia Colón, al lograr la donación de sus pasajes. Foto: Centro San Juan Pablo II. La situación está afectando significativamente a la comunidad local. Los recursos del Municipio se han tenido que desviar hacia la recolección de basura y los viajes humanitarios, dejando sin prioridad a Santa Isabel. Esto ha generado un sentimiento de abandono y desprotección en la comunidad. Santa Isabel, distrito de la provincia de Colón tiene una población de 4,069 personas.   El alcalde teme que el vertedero sea cerrado ante el colapso por los desechos sólidos que deja esta marea de personas que transitan en Palenque y Miramar. Además hay mujeres embarazadas y clanes familiares con menores de edad. Entrevista https://www.instagram.com/reel/DMGH-w6xyQA/?igsh=eHB4bWthdWR6b2Jy   Cifras alarmantes del flujo inverso Actualmente, los movimientos de retorno desde Centroamérica hacia Sudamérica están cobrando creciente relevancia, especialmente a través de la ruta del mar Caribe.   Según datos proporcionados por el ejecutivo, cerca de 11,810 personas han ingresado a Panamá en la ruta inversa hacia el Sur. Esta cifra requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno. Los datos de Movimientos Mixtos Frontera Col-Pan, entre febrero y abril se registraron el regreso de 6.562 personas por vía marítima: 1.636 en febrero, 2.784 en marzo —lo que representa un aumento del 70%— y 2.142 en abril, con una leve disminución del 11%. Desde inicios de febrero, un promedio diario de 81 personas ha estado llegando a los municipios colombianos de Capurganá, Necoclí y Turbo, lo que evidencia un flujo constante de retornos que desafía la narrativa tradicional del Darién como ruta exclusivamente de salida. La necesidad de visibilizar el tema Es importante conocer más sobre la realidad de las comunidades afectadas, como Miramar, y entender sus necesidades y preocupaciones. La falta de visibilidad local y atención a este tema puede agravar la situación y generar más problemas en el futuro.   La migración irregular es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de sus causas y consecuencias. Es importante que se desarrollen políticas y programas que aborden las necesidades de los migrantes y las comunidades afectadas, y que se promueva la comprensión y la empatía hacia aquellos que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Ante este panorama, los atardeceres en Santa Isabel ya no traen promesas, solo el silencio de quienes no saben si partirán mañana o si el mar volverá a negarse. Hoy descansan los cientos de migrantes varados, niños, niñas y adultos, sumidos en la incertidumbre.

Foto A medida que la crisis continúa en esta región del país, las recientes restricciones impuestas por el gobierno panameño sobre las comunicaciones e Internet han suscitado preocupaciones sobre las violaciones de derechos fundamentales y el incumplimiento de convenios internacionales. Cuando las calles se llenaron de voces que clamaban por justicia y dignidad, las autoridades, en un intento de controlar la narrativa, limitaron el acceso a la información. Desde que el gobierno declaró un estado de urgencia en respuesta a la creciente violencia y las tensiones sociales en Bocas del Toro, se han generalizado las restricciones a las plataformas de comunicación, y el plazo se amplió hasta el 29 de junio. Estas medidas limitan el acceso a Internet y dificultan la capacidad de los ciudadanos para comunicarse entre sí y con el mundo exterior. Las autoridades justifican estas acciones como necesarias para mantener el orden público y prevenir la desinformación; sin embargo, expertos en derechos humanos y diversas voces argumentan que esta situación representa una grave violación de derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá, protege este derecho, así como el derecho a recibir información. Las restricciones actuales no solo obstaculizan la libre expresión, sino que también atentan contra el derecho de las personas a estar informadas sobre las circunstancias que rodean la crisis en su región. La censura en las comunicaciones no solo silenciaron a los manifestantes, sino que también afectaron la libertad de los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de los comercios o entes de gobierno, sí salvaguardaron la telefonía en los servicios de salud. La imposición de bloqueos en las redes, la censura de noticias y la restricción del acceso a ciertos lugares impiden que la verdad llegue con claridad a la ciudadanía y al mundo exterior. La información, que debería ser un puente de transparencia y denuncia, se convirtió en un arma de control. Sin la posibilidad de comunicar libremente, la voz del pueblo quedó acallada. El periodista de La Estrella de Panamá, Juan Alberto Cajar, reconoce que su cobertura tuvo limitaciones, y observó una pérdida paulatina de los derechos de las personas y de las garantías al aplicarse el artículo 55 de la Constitución Nacional —que declara el estado de urgencia—, la libertad de comunicación puede estar sujeta a ciertas limitaciones establecidas por la ley, en casos donde sea necesario para proteger otros derechos o intereses de orden públicos. "Es una provincia militarizada, sitiada, en un estado de excepción, con una cobertura difícil y desafiante, con peligros y límites en el ejercicio del periodismo". Juan Alberto Cajar, periodista de La Estrella. Cajar es uno de los tres reporteros que viajaron desde la capital para una cobertura especial e hicieron un equipo para obtener información desde distintos puntos de ubicación donde se registraron cruentas protestas. Con su equipo de protección identificados como "Press" y cascos, tuvieron que sobrellevar a una población desconfiada de los medios tradicionales para poder penetrar el epicentro de la lucha social, pero que de un día para otro vieron limitadas sus comunicaciones por una orden gubernamental en Changuinola. Periodista Juan Alaberto Cajar durante la cobertura en Bocas del Toro. Foto Cortesía. En Bocas del Toro no hay telefonía celular, ni el acceso a la satelital, algunos mantienen redes internacionales conectadas a Costa Rica y baja cobertura del servicio Internet para Todos. Génesis de una resistencia Bocas del Toro, ese rincón caribeño lleno de vida, color y tradición, no fue la excepción. Allí, el descontento popular no surgió de la nada; fue el eco de la desigualdad, las promesas incumplidas y una lucha constante por la dignidad y la justicia. Un pueblo que en su memoria lleva el saldo de dos muertos y decenas de heridos durante el 2012, bajo el entonces gobierno de Ricardo Martinelli y el Ministerio de Seguridad de José Raúl Mulino. En medio de ese torbellino, emergió la figura de Francisco Smith, dirigente del mayor sindicato bananero de la región, en Chiquita Brands. Su arresto fue visto como una injusticia, un acto que encendió aún más las pasiones de quienes luchaban por sus derechos, en torno a una jubilación especial. La lucha de los trabajadores, sus voces alzadas en demanda de mejores condiciones, se convirtió en símbolo de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar más opresión. Pero esa resistencia no quedó allí. La exacerbación de los ánimos llevó a saqueos y cierres de calles que parecían convertirse en ríos de protesta, en un grito colectivo que no podía ser silenciado. La rabia contenida estalló en acciones que desbordaron los límites, en un ciclo de confrontación que parecía no tener fin. Pobladores de Almirante durante el bloqueo de las vías. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Un vehículo es incendiado en Changuinola. Foto Cortesía Minseg. La represión policial, en su afán de mantener el orden, solo avivó la llama del descontento. Lo que denominaron "Operación Omega", también violentó las garantías del Estado, con detenciones de la cual surgieron imágenes de hombres detenidos casi desnudos, lo que profundizó la brecha entre el pueblo y las autoridades, con un saldo de 280 personas aprehendidas bajo la llamada de una operación por aire, mar y tierra. Pero quizás uno de los capítulos más complejos y dolorosos fue la resistencia indígena, arraigada en su forma particular de lucha, que deja extraoficialmente dos muertes —un joven de 24 años y una niña de 1 año— sin la aún confirmación del Ministerio Público de ambos decesos. La ley 462 no solo representa una lucha por la seguridad social de los trabajadores de las capitales y áreas urbanas; también es una normativa que es aplicada a los ciudadanos originarios. Esto afecta las futuras jubilaciones de una juventud educada de las comarcas y de la clase trabajadora, quienes consideran esta ley una afrenta a su vida en la adultez mayor. Ilegalidades y herramienta de control Además, si bien es comprensible que en situaciones de emergencia se requieran medidas extraordinarias, estas deben ser proporcionales y de duración limitada. Sin embargo, muchos observadores consideran que las restricciones impuestas en Bocas del Toro parecen ser más una herramienta de control que una respuesta legítima a un problema urgente. Esta realidad plantea interrogantes sobre la legalidad de las acciones del gobierno y si cumplen con los estándares internacionales que rigen el uso de tecnologías de comunicación en tiempos de crisis. La periodista colombiana, especialista en protección de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, considera que "a los manifestantes se les ha dado tratamiento de 'enemigos', y por tanto, la acción de la fuerza pública ha estado encaminada a su 'derrota' y no al control y protección en el desarrollo de las protestas." "El estado de excepción decretado en Bocas del Toro y la acción militar y policial demuestran que en esa región la fuerza pública se ha constituido en una fuerza de ocupación que ha sustituido de facto el poder civil. Es decir, ha tomado el control del territorio por encima de las autoridades civiles. Desde el punto de vista del derecho internacional, este control implica que las fuerzas ocupantes ejercen autoridad y administración sobre el territorio ocupado, desplazando totalmente el poder civil hacia el militar. No es una dictadura civil, es una toma militar", argumenta Duque. El impacto de estas restricciones no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. Como signatario de múltiples tratados de derechos humanos, Panamá tiene la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. El incumplimiento de estos compromisos podría acarrear sanciones o críticas internacionales, afectando la imagen del país y su relación con organismos defensores de los derechos humanos. El abogado y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, afirmó públicamente a un medio local que "el estado de urgencia decretado para Bocas del Toro podría acarrear demandas de inconstitucionalidad en el futuro." Las consecuencias de estas medidas restrictivas son profundas. El Sindicato de Periodistas de Panamá, único gremio periodístico que se ha pronunciado tras las medidas contra el corte de las telecomunicaciones en ese territorio, expresó que "en un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación." Los periodistas no tuvieron acceso en Bocas del Toro a fuentes oficiales, confirmó el periodista Cajar, para verificar hechos. A través de las redes sociales y plataformas de comunicación, periodistas en la capital confirmaron, junto con abogados penalistas en la provincia de Veraguas, las condiciones vulneradas de los detenidos bocatoreños 72 horas después de sus arrestos. La abogada Tagyana Corrales narró testimonios de vejámenes, torturas, afectaciones psicológicas y de salud, así como violaciones a los términos judiciales y la no aplicación de los habeas corpus a 71 detenidos. Las noticias oficiales emanan diariamente desde la capital a través del Ministerio de Seguridad con un informe de detenciones, judicializaciones, daños, recuperación de mercancía robada y control de las vías. No se habla de heridos, hospitalizados, investigaciones por abusos policiales, entre otras vulneraciones de derechos humanos. Detenciones policiales. Foto cortesía Minseg. Bocas del Toro se ve amenazada por la pérdida de sus garantías, bajo el pretexto de los disturbios y la supuesta estabilización que, en esta ocasión, apunta a las supuestas pandillas y políticos aún no identificados. La comunidad internacional, vigilante ante esta situación, ha instado a las autoridades panameñas a revertir estas restricciones y a garantizar el respeto a los derechos humanos. El Comité para la Protección de los Periodistas condena el corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente. Instan al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el hostigamiento, las amenazas contra periodistas por narar las protestas locales. En conclusión, la situación actual en nuestra región refleja una profunda preocupación por la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo por parte de las autoridades. El pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño -Celam- de la iglesia católica evidencia la gravedad de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, lo que requiere una atención urgente y un compromiso real para proteger la dignidad de todas las personas afectadas. Bombas lacrimógenas lanzadas a los manifestantes. Foto Cortesía Juan Alberto Cajar. Por otro lado, la postura del presidente José Raúl Mulino respecto a la Ley 462 muestra una resistencia a escuchar las demandas legítimas de diversos sectores sociales, incluyendo trabajadores, docentes, sindicatos, universitarios, indígenas y la sociedad civil en general. Esta actitud puede profundizar el conflicto y generar un mayor descontento, afectando el compromsio de gobernabilidad colectiva. Los reproches en redes sociales se dirigen en un plano, que se gobierna para su círculo de poder y empresarial, aunque el mandatario enfatiza, en que gobierna para escuchar a la gente y no a dirigentes. En Bocas del Toro y otras regiones, la conculcación de garantías fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la información, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos ciudadanos. La comunidad internacional ha advertido sobre las posibles responsabilidades ante estas violaciones, por lo que es crucial que se abran espacios de diálogo y se busquen soluciones que garanticen justicia, respeto y derechos para todos. La provincia caribeña entra en una especie de normalidad y control policial, bajo la otra cara del obligado silencio y el estado de excepción.

Por Grisel Bethancourt Última entrega El silencio que rodea su desaparición pesa en el aire. La Comisión de la Verdad, en su informe de 2001, documentó que uno de los mayores obstáculos para localizar los restos de las víctimas fue su identificación. La Comisión, creada por el gobierno, buscaba que se conociera la verdad, que las familias pudieran saber qué ocurrió con sus seres queridos. “Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer lo acontecido a sus parientes, en caso de desaparición forzosa” , señala el informe. Se investigaron crímenes contra 110 personas, asesinadas y desaparecidas en todo el territorio durante la dictadura militar, entre 1968 y 1989, tras el golpe de Omar Torrijos. El caso del padre Jesús Héctor Gallego Herrera, de 33 años, se judicializó en 1991. La iglesia solicitó una reapertura y se abrió causa criminal contra militares como Melbourne Walker, Eugenio Magallón, Nivaldo Madriñán y Oscar Agrazal, miembros del S-2 y G-2. Desde entonces, reina el código del silencio. Sus restos han sido buscados en sitios como el antiguo Cuartel Los Pumas en Tocumen, Cañazas, San Francisco de la Montaña, el penal de Coiba y el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa. El Ministerio Público continúa la búsqueda en estos lugares, con la esperanza de encontrar alguna pista. Eugenio Magallón Romero, condenado a 15 años por su participación en la desaparición forzada del sacerdote, no ha colaborado con las autoridades. Los otros tres condenados ya fallecieron. Magallón fue declarado culpable en 1994, pero permaneció prófugo hasta su captura en 2025 en Chiriquí. Ahora cumple su condena en el Centro Penitenciario de Chiriquí. A pesar de los esfuerzos, Magallón Romero se ha negado a colaborar, lo que dificulta esclarecer completamente este caso emblemático. La búsqueda en los terrenos del INA en Divisa se reactivó en diciembre de 2024, tras nuevos indicios surgidos por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jesús Héctor Gallego Herrera, sacerdote colombiano que llegó a Panamá en 1967, dedicó su vida a Santa Fe de Veraguas. Allí promovió la organización de comunidades campesinas, creando cooperativas y sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Su trabajo generó tensiones con los sectores de poder, y fue detenido, torturado y desaparecido por miembros de la Guardia Nacional. El Ministerio Público mantiene su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Consideran su caso un crimen de lesa humanidad y llaman a quienes tengan información a colaborar con las investigaciones. Gallego se convirtió en un obstáculo para quienes explotaban a los campesinos, liberándolos de malos tratos y bajos salarios desde. Su doctrina de fe fue tildada de comunista por quienes temían su influencia. Kilmara Mendizabal, hermana de Marlene Mendizabal, asesinada en Veraguas, y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos Forzadamente, Héctor Gallego (COFADEPA-HG), denuncia que el Estado ha incumplido con su deber. Para ella, las autoridades solo hacen un “simulacro” para aparentar cumplimiento con la Corte Interamericana, mientras las víctimas y sus familias esperan la verdad.

Por Grisel Bethancourt y Carlos Rodríguez Segunda entrega En Santa Fe de Veraguas, Eric Concepción guarda en su memoria un recuerdo imborrable del desaparecido padre Jesús Héctor Gallego. Después de medio siglo, ya no lo busca con la esperanza de encontrarlo; vive con su recuerdo, convencido de que su amigo partió a la eternidad. Como muchos campesinos, anhela que la jerarquía de la iglesia pueda elevarlo a los altares, reconociendo su entrega y sacrificio. Como él, otros feligreses encienden veladoras en humildes altares improvisados en sus hogares. La imagen del padre Gallego es común en comunidades indígenas y rurales, donde su presencia aún se siente. Cada 9 de junio, en una romería que recorre las calles del distrito, sus seguidores veneran su memoria, honrando su legado de evangelización y lucha por la liberación de los pobres. Incluso hoy, su misión sigue viva en la historia de quienes creyeron en su causa. Hace 54 años, ese 9 de junio de 1971, el sacerdote nacido en Colombia, fue secuestrado por militares de la Guardia Nacional panameña, desaparecido y asesinado por defender a los campesinos y evangelizar a los marginados. Su trabajo es reconocido como un acto de valentía, un compromiso con los derechos humanos en las comunidades más apartadas, un ejemplo de entrega sin condiciones. El padre Gallego vivió un martirio que quedó marcado en la memoria de su comunidad. Esa noche, fue sacado de su casa por militares que, de forma abrupta, no dejaron rastro de su cuerpo. Entre los responsables, Eugenio Magallón, de 94 años, que cumple una condena de 15 años por su crimen, pero se ha negado a colaborar para  lograr la búsqueda de sus restos. La ausencia de sus restos impide a la iglesia cerrar un capítulo oscuro de su historia, prolongando el sufrimiento para su familia, la feligresía y la misma institución que profesa una fe sin haber sido declarado santo. Este año, en el contexto del Jubileo, la iglesia panameña incluyó al padre Gallego en un listado solicitado por la Pontificia Comisión para América Latina, reconociéndolo como uno de los testigos de la fe. Con el paso del tiempo, su sacrificio no ha sido olvidado; al contrario, su ejemplo sigue vivo en la memoria de muchos. La iglesia en Panamá anunció que, tras más de medio siglo, dará un paso decisivo: el obispo de Veraguas, Audilio Aguilar, solicitará elevarlo a los altares como mártir, presentando su causa ante los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña. Este acto marcará el inicio formal del proceso para reconocer su martirio y su misión de defensa y sacrificio de la fe. Mientras tanto, en la memoria colectiva y en la esperanza de justicia, el caso Gallego ha sido reabierto por el Ministerio Público, como un suspiro que busca salir de la penumbra. La Corte ha dictado un fallo que impulsa la búsqueda de sus restos, recordando la desaparición forzada que marcó su historia. Inspirados en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades retoman la esperanza de esclarecer la verdad y honrar su memoria. Sin embargo, la iglesia continúa reclamando su paradero, justicia y la verdad de lo ocurrido. El clamor popular se hace escuchar: ¿Héctor, dónde estás? El silencio de los militares ha sido el obstáculo más cruento en esta búsqueda, dejando una herida abierta en la historia y en el corazón de quienes aún esperan justicia. La memoria viva Hace cuatro años, comenzamos a recopilar testimonios de quienes siguen la causa del padre Gallego, personas que lo conocieron y fueron evangelizadas en las comunidades santafereñas, tanto como religiosos de diversas congregaciones. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe que trasciende las palabras y se convierte en acción, en un llamado a transformar la estructura misma de la sociedad. En cada relato, la memoria de su entrega permanece viva, como un eco que no se apaga con el tiempo. El expárroco de la iglesia La Santa Cruz de Chilibre, Patricio Hansen, nos recordó con reverencia que el padre Gallego creía firmemente que el evangelio era mucho más que palabras; era un llamado al cambio social, un compromiso que llevaba en su corazón. Con voz llena de respeto, reiteró las palabras que aquel sacerdote colombiano pronunció en sus momentos de mayor entrega: “Si me desaparezco, no me busquen”. En esa sentencia resonaba la esencia de su misión, donde la búsqueda de sus restos físicos no era lo más importante, sino la huella imborrable de su legado, la semilla de justicia y fe que sembró en tantos corazones. Foto. Grisel Bethancourt En Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar los secretos del tiempo, se alza el cerro Tute, testigo silencioso de historias pasadas. Allí permanecen los recuerdos de Héctor, Pacífico Castrellón, cuya piel curtida por el sol y el trabajo en la tierra reflejaba la fuerza de su espíritu. En aquel entonces, fue elegido como delegado de la Palabra, y en su presencia no solo había un sacerdote, sino un hermano que inspiraba confianza y esperanza. Cada día, quienes lo recuerdan se detienen en ese instante, las lágrimas amenazan con brotar, pues ya no está entre ellos, pero su memoria vive en el alma de quienes lucharon junto a él. Recordando su labor, muchos rememoran cómo, con su evangelización, logró despertar a su pueblo de la opresión de caciques y terratenientes, sembrando en sus corazones la semilla de la esperanza. Pedro Rodríguez Cruz, en su obra “Vida y obra del Padre Héctor Gallego, Una visión que trasciende”, describe cómo el religioso desaparecido “logró una conciencia en vida y sus secuestradores le dieron la oportunidad de llegar a una conciencia celestial, santificando su nombre y tratando de detener su trabajo pastoral de liberación en Santa Fe”. Su ejemplo sigue vivo, inspirando a quienes creen en la justicia y en la fuerza transformadora del evangelio. El escritor sostiene que el padre Gallego ofreció ideas y mensajes proféticos durante su misión en la Iglesia San Pedro Apóstol, en un contexto político que marcó un calvario para un sacerdote creyente y practicante de la “teología de la liberación”. En medio de esa coyuntura difícil, su entrega y su fe se convirtieron en un acto de resistencia, un testimonio de que la verdadera evangelización implica compromiso social y lucha por la justicia, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Por qué elevar su martirio ahora? Hace una semana, Radio Veraguas fue el escenario del anuncio del obispo Aguilar, quien dedicó palabras de reconocimiento y admiración al Padre Gallego. En su relato, resaltó la valentía y entrega de aquel sacerdote, quien entregó su vida al servicio de las comunidades más alejadas del distrito de Santa Fe. “El Padre Gallego en su labor promovía la organización de sindicatos y cooperativas en las zonas apartadas, en defensa de los derechos humanos y la justicia social” , afirmó con claridad el obispo Audilio Aguilar. Sus palabras reflejaban un profundo respeto por la labor incansable del sacerdote, un ejemplo de compromiso social y espiritual. Es importante recordar que la doctrina social de la iglesia, impulsada por los papas Juan XXIII en la encíclica  Mater et Magistra  y fortalecida en la conferencia del CELAM en Medellín en 1968, contenía documentos que abogaban por cambios profundos en el continente americano. Estos textos promovían la organización de bases de la iglesia, los trabajadores y campesinos en cooperativas, como recoge la obra de Rodríguez Cruz. En aquel entonces, narra el escritor, los grupos comunales de oración, liderados por dirigentes de base, comenzaron a ahorrar, comprar y vender productos en sus comunidades. Surgió así un sistema colectivo de cooperación y ayuda mutua, que buscaba fortalecer a las comunidades desde su propia iniciativa y fe. Desde el Arzobispado de Panamá, una fuente consultada explica que el proceso de reconocimiento de la muerte del Padre Gallego ha sido largo y complejo. La desaparición de sus restos aún no cuenta con una certificación oficial que garantice su ubicación, aunque se asume que ya no están. La iglesia ha tenido que esperar con paciencia la certeza de su fallecimiento, y en su caso, la posibilidad de elevarlo a mártir se fundamenta en su entrega total y en la defensa de la fe en un país donde hubo persecución. Foto Ilustrativa. Durante la homilía en la 52ª edición de la Cita Eucarística, el Arzobispo José Domingo Ulloa afirmó que el legado del Padre Gallego “nos desafía y nos impulsa a seguir trabajando incansablemente por aquellos a los que se entregó en forma total”. Sus palabras invitan a continuar su ejemplo de entrega y compromiso. El teólogo y docente de la Universidad Santa María La Antigua, Elías Cornejo, explica que el proceso de reconocimiento de mártir se da porque el sacerdote fue un testigo de fe con su vida. La causa del Padre Gallego es fundamental para los futuros procesos de beatificación, pues su ejemplo y sacrificio representan un paso importante en ese camino. Cornejo recuerda el caso de monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue declarado mártir en 2015 por el papa Francisco. Romero, conocido por su vida dedicada a ayudar a los pobres y defender sus derechos en El Salvador, fue asesinado por militares en 1980. La declaración de martirio allanó el camino para su beatificación, reconociendo su entrega total a la causa de la justicia y la fe. Finalmente, el teólogo y coordinador de Fe y Alegría remarcó que el Padre Gallego siguió los cuatro signos de los tiempos de América Latina, establecidos en la Conferencia de Medellín y derivados del Concilio Vaticano II. Estos signos, descritos por el arzobispo Marcos Gregorio Mc Grath, en aquel entonces obispo de Veraguas, enfatizaban una iglesia servidora del hombre, basada en el cambio, la valorización de lo temporal y lo personal, y con un enfoque global. En Santa Fe, doña Margarita González, que estuvo cercana al padre Gallego, lo recuerda como un ángel. Para Edwin Cisneros, fue un guía espiritual. Su amigo Jacinto Peña, la última persona en verlo antes de su secuestro, afirma que fue un profeta. Pacífico Castrellón sabe que, en el corazón, sigue siendo su hermano en la fe. Y Eric Concepción espera que algún día sea declarado santo por la iglesia. Para la iglesia el reconocimiento del martirio de Jesús Héctor Gallego no solo es un acto de justicia, sino también un llamado a seguir su ejemplo de fe, entrega y compromiso con los más vulnerables.

Primera Entrega Hace más de medio siglo, en la noche del 9 de junio de 1971, la historia de un sacerdote colombiano quedó marcada por la violencia y la injusticia en Panamá. El Padre Jesús Héctor Gallego fue arrebatado de su hogar por militares de la Guardia Nacional, en un acto que aún hoy permanece envuelto en sombras. Su desaparición y posterior asesinato fueron motivados por su incansable labor en defensa de los campesinos y los marginados del distrito de Santa Fe de Veraguas, desde que llegó cuatro años antes a la Diócesis de la provincia, y por su compromiso evangelizador en comunidades olvidadas y explotadas por el poder. La comunidad, testigo de su entrega, aún recuerda su valentía como un acto de fe y resistencia. El martirio del Padre Gallego dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Desde la noche en que fue secuestrado, su cuerpo nunca fue hallado, y la incertidumbre se convirtió en un peso que aún persiste. Eugenio Magallón, uno de los responsables, cumple condena, pero se niega a colaborar, dejando en la penumbra la ubicación de sus restos . La iglesia, por su parte, no ha podido cerrar ese capítulo oscuro, y la esperanza de justicia sigue viva en el corazón de quienes anhelan conocer la verdad y honrar su memoria. A lo largo de los años, su ejemplo ha trascendido el tiempo. La iglesia en Panamá, en un acto de reconocimiento, incluyó a Gallego en una lista de testigos de la fe durante el Jubileo, elevando su figura como símbolo de sacrificio y compromiso. La comunidad religiosa ha decidido dar un paso más: solicitar su elevación como mártir, en un proceso que busca oficializar su entrega y su lucha por la justicia social y la fe. Monseñor Audilio Aguilar, obispo de la Diócesis de Veraguas, anunció que solicitará este año oficialmente el beneplácito de los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (C.E.P) que da pie el inicio del proceso de declaración como mártir de la Iglesia Católica al recordado sacerdote colombiano, Jesús Héctor Gallego. Este acto representa un reconocimiento a su vida y a su legado de resistencia. Si desaparezco no me busquen, sigan la lucha. Héctor Gallego. Reapertura del caso Mientras tanto, las autoridades han reabierto el caso, impulsadas por la justicia y la memoria. El Ministerio Público busca esclarecer la desaparición, siguiendo las recomendaciones internacionales para honrar su memoria y esclarecer la verdad. La Corte ha dictado fallos que reavivan la esperanza de encontrar sus restos y de hacer justicia, en un esfuerzo por cerrar heridas abiertas por décadas de silencio y olvido. Aunque buscan los restos en un punto inicial desde que se lo llevaron de Santa Fe, el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa, es un área donde se situa el Ministerio Público. Foto: Grisel Bethancourt, Santa Fe de Veraguas. La iglesia continúa clamando por la verdad, exigiendo justicia y el paradero de Héctor Gallego. El silencio de los militares se ha convertido en un obstáculo cruel, dejando una herida abierta en la historia y en los corazones de quienes aún esperan respuestas. La lucha por justicia se mantiene viva, alimentada por la fe y la memoria de un hombre que entregó su vida por los más vulnerables. Desde hace cuatro años, con diversas voces hemos rescatado testimonios de quienes conocieron y fueron evangelizados por el Padre Gallego. Sus historias revelan un compromiso profundo, una fe activa que buscaba transformar la realidad social. La memoria de su entrega permanece intacta, como un eco que resuena en cada relato, en cada corazón que aún lleva su ejemplo como faro de esperanza y justicia. Foto: Padre Héctor Gallego. Archivo. El expárroco Patricio Hansen recuerda con reverencia que Gallego creía que el evangelio era un llamado a cambiar la sociedad. Su frase, “Si me desaparezco, no me busquen”, refleja la esencia de su misión: dejar una huella imborrable en la lucha por la justicia, más allá de su presencia física. Su legado no solo fue en palabras, sino en acciones que sembraron semillas de esperanza en comunidades oprimidas. Aún existe un ambiente de impunidad, incongruencias en la justicia y la intermitencia de la iglesia por su búsqueda como la de otras víctimas desaparecidas de la dictadura militar entre 1968 a 1989. En los paisajes de Santa Fe, donde las montañas parecen custodiar secretos ancestrales, permanecen los recuerdos de quienes lucharon junto a él.  Es un reportaje basado en testimonios tomados desde hace cuatro años y actualizado en el 2025, en una investigación de la vida, obra y trabajo de fe del padre Héctor Gallego en Santa Fe de Veraguas, contenido en el Documental: "50 Misas de Cuerpo Ausente". Escrito por Grisel Bethancourt con la colaboración especial del periodista Carlos Rodríguez.

Se escucha la voz del reportero gráfico Aris Mariota, mientras, en el fondo, retumban las detonaciones de las bombas lacrimógenas y perdigones durante una cobertura de las protestas en la Universidad de Panamá. Por Grisel Bethancourt "Me acaban de apuntar con un arma", afirmó Mariota mientras mantenía la calma y enfocaba la escena. El hecho quedó registrado en un video difundido por la red Guásimo Multimedia, donde se observa a un policía antidisturbios mirando fijamente al reportero y apuntándole con su arma desde la distancia. A pesar de la amenaza, el cineasta y corresponsal no apartó su cámara, filmando desde un puente y logrando capturar el momento cuando el agente lo intimidaba. "Sí, estuvo muy cerca. Yo por decisión y vocación cubro este tipo de noticias, pero bajo ninguna circunstancia nos podemos permitir justificar, ni normalizar ser apuntados. Por más fuego cruzado en que estemos, nunca, nunca, podemos aceptar que alguien y menos un estamento de seguridad nos apunte. Nuestro oficio debe ser libre y seguro", expresa Mariota. Durante las manifestaciones y protestas universitarias en contra de la aprobada Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, los reporteros gráficos se encontraban en grupo y otros en puntos estratégicos, identificados con sus credenciales. Reporteros cubren disturbios en los predios de la Universidad de Panamá. Link del video de la amenaza https://youtu.be/POh_HxKjpjc Investigaciones por uso de armas La Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de una investigación de oficio debido al uso excesivo de la fuerza en los alrededores de la Universidad de Panamá. Según informes, al menos dos miembros de la Policía Nacional dispararon sus armas de reglamento durante los disturbios estudiantiles. Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que explicó que un miembro de su institución realizó disparos de advertencia para dispersar a los manifestantes, asegurando que el incidente no dejó heridos. La institución detalló que se está llevando a cabo una investigación interna sobre el comportamiento de uno de sus agentes. Varios videos de las protestas muestran que al menos tres policías más fueron captados en la vía que conduce al campus universitario apuntando con armas letales. Uno de ellos disparó su arma, utilizando varias municiones para reprimir la situación. Amnistía Internacional , en un informe público que hace referencia a la actuaciones policiales en disturbios, señala que los actos de protesta de una pequeña minoría no justifican el uso de la fuerza, incluso si se producen hechos que podrían considerarse violentos. "La policía debe emplear la mínima fuerza necesaria para disuadir, y el gas lacrimógeno debe utilizarse solo cuando otros métodos hayan fracasado o sean insuficientes", expresó la organización en su informe sobre las actuaciones policiales en las protestas en América Latina. El informe responde a: ¿Cuándo es ilícita la fuerza? " La policía debe regirse en todo momento por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Todo uso de la fuerza que no cumpla estos principios es ilícito." En cuanto a la seguridad de los comunicadores, su exposición al riesgo en las protestas es una constante. Recordemos el caso de Audrey Baxter en el 2023. "Todo quedó grabado." Así inicia el relato de la periodista María Mónica Monsalve de El País, sobre el ataque al fotógrafo Aubrey Baxter. El 19 de octubre de 2023, mientras las protestas contra la firma de un contrato ley para un proyecto minero se desataban, Baxter recibió un impacto en el ojo. En el video se puede ver cómo los policías de la Unidad de Control de Multitudes marchan en fila, hasta que los disparos caen sobre Baxter. En el video se escuchan sus desesperados gritos: "¡Perdí mi ojo, perdí mi ojo!". En octubre de 2024, la Policía Nacional a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) decidió archivar la denuncia por lesiones personales en perjuicio del fotógrafo Aubrey Baxter. Audrey Baxter herido en la Plaza 5 de Mayo. Foto: Tomada de internet. En relación con los hechos ocurridos ayer, Guásimo Multimedia expresó en su denuncia en redes: "Es urgente que el Estado panameño establezca protocolos que garanticen el libre y seguro ejercicio de la prensa, así como el derecho humano a la comunicación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que Panamá está adherido desde 1948." Este contexto de alta tensión, vivido por Aris Mariota, pone al relieve la seguridad y la independencia del trabajo periodístico. Con este clima de hostilidad, podría generarse un ambiente de autocensura o vulnerabilidad entre aquellos que buscan reflejar la realidad de los disturbios. Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub . Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ, IRI y Celap. Expositora en temas DD.HH. , migración irregular y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá.

Oldemar Forth Moya estuvo presuntamente en la escena de la privación de libertad de Dayra Caicedo; desde hace tres semanas no se le ha mencionado públicamente. El 19 de febrero, la estudiante y empresaria Dayra Caicedo fue interceptada por varios delincuentes al llegar a su residencia en Vista Alegre de Arraiján. Desde ese momento, su paradero es desconocido. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, aún no se ha determinado un motivo claro para su desaparición. Las primeras imágenes de su secuestro generaron una inmediata reacción pública y llevaron a la emisión de una alerta del Ministerio Público para capturar a uno de los principales sospechosos: Oldemar Alexis Forth Moya. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, en las últimas tres semanas no se ha vuelto a mencionar, lo que ha generado incertidumbre en la opinión pública. Pero no se trata solo de Forth Moya, sino de al menos otras tres personas que, junto a él, según las investigaciones ejecutaron la privación de libertad y desaparición de la estudiante de derecho de la Universidad Santa María La Antigua. Anuncio realizado por el Ministerio Público. Otras dos personas son investigadas por el Ministerio Público durante un período de seis meses. Se trata de una pareja que actualmente se encuentra bajo medidas de detención, aún no se establece una vinculación directa con Forth Moya ni con otros tres sospechosos. A pesar de la gravedad del caso, la institución policial mantiene silencio en sus redes sociales sobre la búsqueda de Forth Moya y de quienes lo acompañaron la noche del 19 de febrero. Esta falta de información ha dado pie a diversas teorías sobre lo sucedido hace tres semanas, incluyendo la posible implicación del crimen organizado. La versión del Ministerio de Seguridad apunta a la relación con pandillas , según lo expresó el titular Frank Abrego. Mientras tanto, los responsables parecen haberse desvanecido sin dejar rastro, lo que aumenta la incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Este medio obtuvo información del Órgano Judicial (OJ) sobre la supuesta aprehensión de una tercera persona en el caso, anunciada por el director de la Policía, Jaime Fernández . Sin embargo, la Secretaría de Comunicación del OJ, negó la existencia de un nuevo detenido vinculado a la privación de libertad de Dayra Caicedo. "No hay nadie que haya sido presentado ante un juez de Garantías" , confirmaron, dejando en entredicho la versión policial y generando más dudas sobre el avance de la investigación.   Versiones cruzadas en el Tribunal El 19 de febrero, Dayra Caicedo fue interceptada dentro de su vehículo mientras se estacionaba y acorralada por cuatro personas. Aunque pidió auxilio, su familia poco pudo hacer, ya que fueron amenazados con armas, según se observa en el video que ha circulado. Desde ese momento, comenzó su privación de libertad y desaparición. Dayra fue trasladada a otro vehículo y, con el paso de los días, los investigadores aseguran haber vinculado a dos presuntos sospechosos, quienes hoy están imputados. Ambos, fueron detenidos por separado en Parque Lefevre, ciudad de Panamá, a unos 32 kilómetros de distancia, aproximadamente 45 minutos en auto del lugar del hecho. Durante la última audiencia, realizada la semana pasada ante el Tribunal de Apelaciones, integrado por tres magistrados (dos mujeres y un hombre), se hicieron preguntas directas a la fiscalía. Uno de los magistrados cuestionó el recorrido de un vehículo que, según la investigación, estuvo en dos lugares distintos: una ruta desde Panamá Oeste por el Centenario–Merca Panamá, desde donde se realizó una llamada de Julio Bayo a su pareja, y otra versión que indica que Bayo tomó la ruta del Corredor Sur y cruzó un peaje. Otra pregunta del magistrado de Apelaciones, se enfocó en la presunta participación de la mujer imputada, ya que, según la investigación, ella permanecía en su residencia en Panamá Viejo a la hora del secuestro. Los informes de la investigación indican que existe una llamada de Julio Anel Bayo a su pareja la noche del crimen. El otro elemento que argumenta la fiscalía es el testimonio de un informante —cuya identidad no ha sido revelada— según el cual la imputada trasladó presuntamente en un vehículo a su pareja desde Panamá Viejo. Sin embargo, personas consultadas por este medio, que prefirieron el anonimato por seguridad, aseguran que la mujer no salió de Panamá Viejo esa noche y que era habitual que conversara todas las noches con su pareja por teléfono. No se mencionó algún video o algún elemento de los autos en el recorrido. Según una fuente, la imputada no conoce personalmente a Dayra Caicedo. Aunque hizo compras en su almacén, no fue la víctima quien la atendió, sino un familiar. Este sería un elemento que sustenta la fiscalía ocurrido días antes del hecho. Tras la privación de libertad de la estudiante, se desplegaron operativos en Panamá Viejo en la madrugada y a plena luz del día, como el punto de referencia en la que se centraron, pero no hubo rastros de la víctima. Lo más reciente, hace 48 horas se aseguró de una tercera captura. La supuesta persona que alegó tener la Policía no fue presentada ante un Tribunal de Garantías en Panamá Oeste. Archivos Abiertos pidió información al Ministerio Público, pero no se dio una respuesta al cierre de la nota. Los datos recopilados en la investigación se basan en testimonios de informantes, mientras que un iPhone perteneciente a la víctima sigue sin aparecer. Según la versión de un testigo, el celular estableció un perímetro entre Santa Elena y Panamá Viejo; sin embargo, la fiscalía no sustentó bajo un peritaje forense su versión del iPhone cuando fueron consultados por el magistrado en la audiencia de apelación. La vida de Dayra "No hay transparencia y la investigación está mal enfocada en la búsqueda de la víctima. Lo importante es encontrar a Dayra, pero se habla muy poco de su búsqueda", señaló Julio Alonso, asesor en investigación criminal y miembro de la Asociación de Profesionales de Investigación y Ciencias Forenses. Alonso, exinvestigador de Homicidios, de la Unidad Antisecuestro y Narcóticos de la otrora Policía Técnica Judicial, sostiene que en la mayoría de los casos de privación o contra la libertad individual, si no se solicita un rescate en un plazo de tres días, es más difícil identificar el móvil del crimen. "En muchas ocasiones, las líneas de investigación se desvían debido a información errónea y sin el respaldo técnico-científico necesario", puntualizó Alonso. Todo apunta, según el experto, a que la investigación se ha alejado de la rápida captura del principal sospechoso y otros tres involucrados, así como de esclarecer el móvil que llevó a la privación de libertad de la joven. Oldemar Forth Moya, principal sospechoso del hecho criminal, tiene antecedentes y, según fuentes consultadas, operaba en Panamá Este. La madre de Dayra Caicedo, en declaraciones a Telemetro Reporta  el pasado 21 de febrero, pidió desesperadamente que le devolvieran a su hija. "Soy de Darién, si hay personas involucradas en esto, por favor, vean el sufrimiento que tengo… Necesito que mi hija vuelva". Pasan los días y horas sin fe de vida. Hasta el momento, no se conoce oficialmente del ofrecimiento de recompensa por las autoridades de investigación para obtener información sobre el paradero de Dayra, como se hace en otros casos; ni tampoco de la solicitud de un rescate por los captores para ser devuelta a su familia.

Las mujeres periodistas no solo informan sobre desigualdades, estigmas o los acontecimientos diarios; hoy, se consolidan como agentes de cambio. Promueven la inclusión de políticas de equidad de género, se sindicalizan e impulsan la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Por: Raquel E. Rodríguez Periodista independiente - Sindicalista. La jornada de Aurelia Marín inicia a las 6:00 a.m. No necesita despertador; su mente ya está en marcha. Como veterana del periodismo, sabe que la noticia no espera. Mientras comienza su día, realiza las tareas del hogar, monitorea las redes, revisa su celular, sigue las noticias y atiende a su familia, incluyendo a sus preciadas mascotas. Sus primeras coberturas dependen de las agendas de prensa. Cada jueves, sin falta, asiste desde muy temprano a las conferencias presidenciales. Es habitual verla reportear todo lo relacionado con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y, en paralelo, abordar temas económicos, bancarios y asuntos comunitarios o sociales. Ha hecho preguntas claves, incisivas e incómodas, y al mismo tiempo, guía a muchos periodistas en las coberturas diarias. Su lado humano la distingue como una lideresa: comparte información y organiza su noticiero radial. Al mediodía, prepara el Informativo Expectativa, transmitido todas las tardes por Radio Sonora. Es consciente de que el periodismo es una profesión de sacrificio. “Si no estás dispuesta, no puedes ser una buena periodista. Hay que tener vocación” , afirma. Con 40 años de trayectoria, ha sido presidenta del Colegio Nacional de Periodistas y miembro destacada del Sindicato de Periodistas, donde ha recibido un reconocimiento de honor. Ser mujer y periodista no es fácil; se necesita valentía. Aurelia considera que las periodistas panameñas son “valientes” . Ha enfrentado diversas situaciones en las que ha tenido que "tragar sapos" y aprender a resistir, pero nada la detiene. “Estamos preparadas y hay que tener una coraza” , enfatiza. Aurelia Marín. Foto cortesía. Cuando cae la noche, Aurelia sigue pendiente del acontecer nacional. A medianoche, concluye su jornada para descansar y retomar el trabajo al día siguiente. Su consejo para las futuras comunicadoras es que se deshagan de dudas y miedos, pues solo así lograrán sus metas.   El papel de la mujer periodista El periodismo ha sido históricamente un campo dominado por hombres, pero en las últimas décadas, las mujeres han comenzado a ocupar un lugar destacado en esta profesión. La historia de Aurelia, una lideresa del periodismo, se alinea con la promoción de políticas de equidad de género en entornos laborales, gremios, asociaciones y sindicatos, donde las mujeres han impulsado la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Es fundamental que los sindicatos reconozcan la importancia de abordar las necesidades específicas de las mujeres en el ámbito laboral, lo que los ha llevado a implementar medidas más justas y equitativas. En particular, el papel de la mujer periodista en el movimiento sindical ha cobrado relevancia no solo por su contribución a la información y la comunicación, sino también por su capacidad para influir en la defensa de los derechos laborales, los derechos humanos y la promoción de la equidad de género en el trabajo. Ana Bolena Ayarza de Colón durante la marcha el Día del Trabajador 2024. Foto cortesía. Las mujeres periodistas en el ámbito sindical han desempeñado un papel crucial al dar voz a trabajadoras y trabajadores. A través de sus reportajes, artículos y coberturas, visibilizan las problemáticas que enfrentan los empleados, especialmente en sectores donde la desigualdad de género es más pronunciada. Al abordar temas como la brecha salarial, el acoso laboral y las condiciones de trabajo, estas periodistas no solo informan, sino que también empoderan a otras mujeres para que se organicen y luchen por sus derechos. Sharon Pringle Félix, periodista, escritora, feminista y educadora popular, considera fundamental que las mujeres se agremien, se agrupen o se sindicalicen en diversas profesiones. Además, expone la realidad sin rodeos: “Existe un estigma hacia la mujer sindicalista, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, hay más mujeres fundando sindicatos. En Panamá aún tenemos una deuda pendiente, pero hay quienes están marcando la diferencia desde las Secretarías Generales” . Pringle Félix destaca que aún persiste una cultura en la que el poder sigue emanando del hombre. Mientras esto no cambie en nuestras sociedades, será necesario que las mujeres levanten su voz, y para hacerlo con impacto, deben organizarse. Cultura patriarcal A pesar de los avances, las mujeres periodistas en el ámbito sindical enfrentan numerosos desafíos. La cultura patriarcal y la resistencia a incluir la perspectiva de género en el sindicalismo siguen siendo obstáculos significativos. "No podemos seguir sentadas mientras otras están marchando, no podemos seguir calladas mientras otras alzan la voz". Sharon Pringle Félix. Con frecuencia, las mujeres son subestimadas o sus aportes minimizados en un entorno históricamente dominado por hombres. Además, la escasa representación femenina en posiciones de liderazgo dentro de los sindicatos limita su capacidad para influir en la agenda sindical. El trabajo de las mujeres periodistas en el área sindical trasciende la esfera laboral. Al visibilizar las luchas de las trabajadoras, contribuyen a un cambio cultural que desafía las normas de género tradicionales. La abogada y periodista Vielka Dudley sostiene que en Panamá existen diversas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han luchado durante años por ganarse un espacio de importancia en el desarrollo del país y, por qué no, en la transformación de los patrones y reglas sociales. Aunado a ello, se han promulgado leyes e impulsado instituciones para salvaguardar los derechos de la mujer. Sin embargo, Dudley considera que estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que no existen instancias que garanticen efectivamente el cumplimiento de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos laborales. Vielka Dudley. Foto cortesía. Por ello, la periodista Vielka Dudley hace un llamado de atención ante los hechos recurrentes de discriminación. A pesar de compartir igualdad de condiciones con los hombres en la profesión, las mujeres siguen siendo las más afectadas en cuanto a posiciones y salarios. “La mujer es la más afectada y menos reconocida. A nuestro juicio, no existe una regulación eficiente ni instancias donde se puedan denunciar abiertamente las irregularidades de discriminación en contra de la mujer ” , enfatiza. Ante estos desafíos, el papel de la mujer periodista en el ámbito sindical es clave para la promoción de los derechos laborales y la equidad de género. Aurelia Marín, Vielka Dudley y Sharon Pringle Félix no solo enriquecen el periodismo con su profesionalismo y carreras alternas, sino que también fortalecen el movimiento sindical y promueven una sociedad más justa e igualitaria. Actualmente, más de 200 miembros forman parte de la estructura del Sindicato de Periodistas, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De ese total, aproximadamente el 20 % son mujeres activas en la organización. Más de seis han liderado el gremio periodístico y han formado parte de la junta directiva de su sindicato. Muchas de ellas dirigen sus propios medios independientes y se mantienen firmes en la defensa de los y las periodistas en temas como derechos laborales, salud, género, capacitación y relaciones intersindicales. El periodismo avanza hacia una mayor inclusión y representación.  Aurelia Marín, concluye en que, pese a los desafíos de la profesión, continuará ejerciéndola por vocación. Como ella, las demás entrevistadas siguen con sus voces resonando en la lucha por los derechos laborales y la equidad de género. Periodistas del Sindicato fueron capacitados en el 2024 por la Fundación Friedrich Ebert. Edición por Grisel Bethancourt, directora de Archivos Abiertos.

Migrantes irregulares retornan a Panamá para tomar una ruta marítima qué los lleve a Colombia. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Desde que el presidente panameño José Raúl Mulino se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y aceptó recibirlos, miles de migrantes expulsados se acumulan en Panamá, sin que nadie sepa cómo regresarán a sus países. Sometidos a largos viajes por carretera y alojados en condiciones deplorables, se convierten en un nuevo y enorme drama humanitario . Por Grisel Bethancourt, miembro de #CONNECTASHub Adriana* es de Venezuela, llegó a la estación temporal de recepción migratoria    (ETRM)  en Lajas Blancas, territorio panameño, acongojada y llena de incertidumbre. Sus pasos, marcados por la fatiga, habían recorrido un largo camino de sombras y esperanzas rotas. Con ella, su pequeña hija de dos años, frágil y enferma, se encontraba al compás de su angustia nuevamente en el Darién. Pasó con ella su primera noche en Panamá en una cama de cartón, aunque no le ha faltado comida y atención médica, pero vencida por el agotamiento y sin esperanzas. Necesita volver a Venezuela donde se reencontrará con sus otros dos  hijos también menores de edad, por quienes se embarcó en esa aventura. Los días y las noches son agobiantes por los gallinazos que abundan en el lugar atraídos por los desperdicios y entran a las chozas donde duermen los migrantes. El sueño americano de Adriana se desvaneció entre fronteras y caminos truncados. Desde que dejó su tierra natal hasta su llegada a México hace cinco meses, tras atravesar las penurias de la selva del Darién y recorrer Centroamérica, cada jornada fue un eco de promesas que nunca se cumplieron. Su pareja partió hace dos años a Estados Unidos y  le prometió una nueva vida. Pero ella no pudo lograr la cita de los controles migratorios estadounidenses en la frontera de México. Él se cansó y la dejó a su suerte al otro lado del muro. Ahora, bajo el peso de la desesperación, se siente derrotada en el Darién. La madre venezolana es una de los más de 400 nacionales de ese país trasladados a Panamá procedentes del Centro de Atención al Migrante –CATEM- localizado en Paso Canoas, territorio costarricense. Allí las autoridades ticas les realizan un control biométrico para verificar que no tienen antecedentes delictivos, condición impuesta por el gobierno panameño. Llegar a la frontera no fue fácil. “Tuve que rebuscarme, pedir y buscar ayuda en la calle para poder comprar los pasajes de retorno, anduvimos de país en país hasta llegar a Costa Rica, donde nos recibieron bien; pero llegó el momento en que tuvimos que salir de allí por las gestiones entre los dos países”, cuenta Adriana. El puerto de Llano Cartí es el principal punto de embarque de cientos de venezolanos. Crédito: Ministerio de Seguridad de Panamá. El precio de ser venezolana La migrante está consciente de que entre Panamá y Venezuela no hay relaciones diplomáticas ni consulares, lo que “para nosotros es un tema imposible”. Por eso es imposible hacer cualquier trámite para que Venezuela se haga cargo de su repatriación.  Cuando en Costa Rica los embarcaron en el bus para atravesar Panamá hasta el Darién, les prometieron que regresarían a su país desde la frontera con Colombia. Pero las promesas se desvanecieron durante el viaje por carretera, cuando el grupo que la acompañaba se enteró que no llegarían a la ETRM de San Vicente (en la provincia de Darién) y tampoco serían trasladados vía aérea a Cúcuta, la principal ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela.  Al ingresar en lo que los migrantes conocen como la ONU de Panamá, es decir la ETRM de Lajas Blancas (también el El Darién), donde los albergan, Adriana se angustió aún más: ¿Qué va a pasar con nosotros los venezolanos y los que vienen en camino sin una ayuda monetaria para retornar?  “¡Esto no es vida, es inhumano!”, dice. “Mi papá no puede enviarme más dinero porque no tiene y tengo que pagar una multa porque estamos bajo migración de Panamá”, aseguró en su tercer día en Lajas Blancas. Su voz se escucha por WhatsApp quebrada por el dolor de verse atrapada en un limbo. Nadie responde. Nadie tiene respuestas. Niños y adultos en Panamá deben permanecer en la ETRM de Lajas Blancas, Darién, donde tienen condiciones mínimas. Foto cortesía. El papel del Gobierno panameño Panamá abrió las puertas a los migrantes tras un memorándum de entendimiento con Estados Unidos suscrito el 1 de julio de 2024. El acuerdo exige “ la colaboración en el manejo de la migración, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación segura y efectiva, que incluya la revisión de casos que requieran protección”. En la sección 1.4, el gobierno estadounidense se compromete a ayudar económicamente a migrantes irregulares y a apoyar a extranjeros detectados en el flujo migratorio.  Pero como contó la migrante, ella tuvo que sufragar sus gastos desde Costa Rica y debe hacer lo mismo para llegar a Colombia desde Panamá. Todo esto sucedió luego de la visita, el 2 de febrero, del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acordó con el presidente panameño, José Raúl Mulino, una ampliación del memorándum del año pasado, en términos desconocidos para la opinión pública.  Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad calculan más de 400 personas que retornaron provenientes de México y Centroamérica, en su mayoría venezolanas.  Desde el 19 de febrero y durante tres días caravanas de autobuses panameños ingresan al Darién con ellos. Estos son los primeros de miles de migrantes que atravesaron una vez la ruta de Darién hacia Norteamérica, y que otra vez llegan a su nueva realidad en las cercanías de la  selva.  El gran reflujo migratorio ocurre luego de que en la tercera semana de enero, Donald Trump cerró el acceso que atrajo a miles de personas durante la era de Joe Biden. Las deportaciones y el endurecimiento de medidas como la apertura de la base de Guantánamo para recibir a los deportados, hizo que otros miles retrocedieran hacia  América Central. Mulino ha sido objeto de fuertes críticas por el “acuerdo de cooperación” con Rubio, que muchos vinculan con las amenazas de Trump acerca del Canal, sin contar con un plan claro para manejar la llegada masiva de personas expulsadas desde Estados Unidos y otras que retornaron voluntariamente. Mientras tanto, Mulino espera concretar otro acuerdo con el gobierno de Colombia para que cientos de venezolanos regresen por esta vía hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela.  El abogado panameño Ariel Corbetti, especialista en negocios internacionales, argumenta que “se está asumiendo un problema que no es nuestro. El recibir deportados no es nuestro deber y debe estar en un texto legal que lo autorice”, advirtió. Para el jurista el gobierno no ha definido las responsabilidades de las partes y “que estamos actuando para complacer a los norteamericanos. El problema no es panameño, no está claro si somos víctimas o cómplices,  el gobierno está actuando de forma unilateral sin contar con nadie más. Sin el aval del órgano legislativo”, expresó Corbetti. Por su parte Mulino niega la opacidad y que se estén violando leyes y acuerdos, como también cuestiona las críticas directas por redes sociales de la población, líderes y opositores.  Contradicciones migratorias Sin embargo, el nuevo acuerdo contradice posturas anteriores. El 5 de diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó “que, a la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña”. Si bien el gobierno ha prometido buscar soluciones humanitarias, la realidad es que el sistema carece de una normativa migratoria clara. Mulino solo menciona que organismos como la oficina del Alto Comisionado de la Onu para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) gestionan los retornos voluntarios y mantienen los recursos necesarios provenientes de Estados Unidos para albergar y repatriar a migrantes en un corto plazo.  Dentro del flujo de “beneficiarios” de esta cooperación llegaron 299 migrantes deportados desde Estados Unidos , que fueron puestos bajo custodia policial en un hotel de la ciudad de Panamá. Mientras piden ayuda, algunos han presentado solicitudes de refugio y recursos de hábeas corpus porque, argumentan, no pueden regresar a países donde están en peligro. De ellos, según el gobierno, 13 han retornado voluntariamente y 106 han sido trasladados al albergue de San Vicente, en el Darién.   Varias lanchas salieron hacia Puerto Obaldía con migrantes antes del naufragio en Guna Yala. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Al encenderse las alarmas de la nueva crisis humanitaria con miles de migrantes en territorio panameño, los medios han constatado que al menos un centenar de migrantes pakistaníes, iraníes, chinos y de otras nacionalidades asiáticas niegan estar dispuestos a regresar a sus países voluntariamente.  Ante este panorama  el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc sostiene que el gobierno panameño a través del Servicio Nacional de Migración debe definir la regularización temporal del estatus migratorio de esos migrantes.   Desde un contexto geopolítico, el catedrático y economista Anastacio Rodríguez  explica que Panamá se ha convertido en el muro de contención de la migración de Estados Unidos. Para él, existe el peligro de que esta población migrante se quede y cree un conflicto interno “como una bomba de tiempo”. Rodríguez considera el actual flujo de extranjeros como una “migración desordenada que puede generar discriminación y xenofobia.” Derechos vulnerados Tanto en Lajas Blancas como en San Vicente el tiempo se ha detenido para los  migrantes. Panamá no puede ofrecerle más que un techo temporal, sin que nadie sepa cómo van a salir de allí. Mientras Adriana resiste esta pesadilla, a pocos metros en la misma sede temporal de Lajas Blancas se encuentra su compatriota Coromoto Gálvez*, retenida con otra venezolana por el Servicio Nacional de Migración desde hace cuatro meses. Ella llegó con esposo panameño tras sortear toda clase de peligros.  Desde que pisó San Vicente, Migración los separó y Jorge, como panameño, se vio obligado a abandonar el lugar y bajo la impotencia y dolor tuvo que dejarla encerrada sin comunicación. A pesar de estar registrado su matrimonio, el Servicio de Migración ha denegado las peticiones para su salida y se encuentra inmersa en una maraña legal que no le resuelve la situación.   Tras permanecer prácticamente sola desde el cierre de la frontera con Colombia, en las últimas semanas Coromoto ha sentido el impacto de la llegada de cientos de personas al campamento donde permanece. Con lágrimas expresó lo que califica de “terror” y acoso verbal y  psicológico de funcionarios que a diario la instan a salir hacia Costa Rica y a dejar a su esposo en Panamá.   El economista Rodríguez recuerda que tras la migración irregular hay una gran  cantidad de mujeres, niños y niñas que se ven vulneradas y violentadas en sus derechos . Situación de migrantes https://x.com/GriselB/status/1892778018352882089?t=9SfoGy4b8fwAxoCAr2YghA&s=19 Corbetti concluye en que si Panamá es un puente para la migración irregular hay que exigir un tratamiento de humanidad y que los países de donde provienen se hagan cargo de los migrantes. Por el momento una fuente de Seguridad informó que el gobierno panameño no ha concretado la devolución de cientos de venezolanos a través de Colombia, y que muchos de los migrantes han optado por arriesgarse y utilizar una ruta marítima no convencional desde el territorio indígena Guna Yala hacia la frontera colombiana de Sapzurro, municipio de Acandí. O salir desde poblados costeros de la provincia de Colón o Puerto Obaldía, donde salen al menos siete lanchas al día hacia Colombia.  En medio de la crisis humanitaria, nadie se explica por qué el Gobierno panameño insiste en llevar a los migrantes de regreso a la región del Darién, donde las condiciones son extremadamente precarias y cualquier gestión resulta prácticamente imposible. Muchos se preguntan si se trata de una especie de castigo, y para otros, es simplemente una tortura más.  *Nombres cambiados para proteger a los migrantes Publicado en Connectas.org Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub. Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ y Celap. Expositora en temas DD.HH. y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá. CONNECTAS es una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas

Archivos Abiertos en el 2024  se afianzó como una plataforma de investigación y reportajes especiales. Ha dado paso a colaboraciones en temas que hacen cada vez más especial el periodismo de investigación en Panamá. Agradecemos a ustedes que sean parte de nuestros lectores y con ello nos alientan a seguir con el espíritu para continuar con el trabajo periodístico de excelencia.   La revista Intersect ha destacado a Archivos Abiertos como uno de los medios digitales con periodistas de trayectoria que han ganado relevancia, en el ecosistema de los canales digitales.   Esta plataforma fue reconocida en diversas premiaciones nacionales con escritos e historias reportadas en el 2023 y 2024. Hemos participado en medios formales como La Estrella y La Prensa al ganar con ello 3 premios de prensa junto a prestigiosas periodistas locales.   Para el 2025 nuestro trabajo continuará ofreciendo trabajos de excelencia con independencia. Entregamos a ustedes un resumen de los reportajes destacados con nuestra participación y el apoyo de publicaciones en medios. Bajo Chiquito, El Pueblo Selvático que la Migración Transformó   Por Grisel Bethancourt Ganador del Mejor Reportaje Escrito del Fórum de Periodistas / La Prensa Bajo Connectas.org   El éxodo de personas hacia los Estados Unidos cambió la vida de un pueblo en el Tapón del Darién. Su gente, que antes dependía de la pesca y la agricultura para sobrevivir, ahora ve en cada migrante y su familia una oportunidad de negocio. Desde el aire, Bajo Chiquito parece una pequeña telaraña multicolor atravesada por una callecita pavimentada por la que van y vienen migrantes arrastrando carretillas con mercancía de un local a otro a los que les pagan, en promedio, 15 dólares al día. El río Tuquesa —donde atracan lanchas de motores de alto caballaje— bordea la telaraña y es por donde llegan los migrantes. CONNECTAS llegó hasta Bajo Chiquito para constatar la transformación inédita de un pueblo selvático que dependía de la pesca y la agricultura. Históricamente ha ocupado los primeros lugares de pobreza en Panamá, pero desde hace un par de años la migración transformó su realidad. Si bien sus 300 habitantes estaban acostumbrados al paso de los migrantes, el flujo de personas se disparó después de la pandemia. Según los registros oficiales, en 2020 cruzaron 6.465 personas de manera irregular, para el año siguiente, fueron 133.726. Sólo en los primeros seis meses de 2023, van 184.569 migrantes con rumbo a Norteamérica.   https://www.connectas.org/especiales/bajo-chiquito/   Foto: La Estrella Agonizan los Manglares de Panamá Viejo Por Marlene Testa y Grisel Bethancourt Ganador de los premios Mejor Reportaje- Audubon y Senacyt /La Estrella Una extensión del dosel del bosque de manglar de Panamá Viejo, en la Bahía de Panamá, ya no es verde. Una porción – frente a un tramo del Corredor Sur- perdió sus hojas. Los troncos y ramas secas, apenas sostenidos por los fangos, parecen anunciar la muerte del humedal. Otra porción aún conserva sus hojas, pero su color parece indicar que están a punto de caer. Se trata de árboles jóvenes, de cerca 20 ó 23 años. A mediodía, en plena estación seca, con el sol en su cenit, el escenario impresiona. el impacto del fenómeno de El Niño en el 2015 - 2016, lo confirma. La experta en temas de manglares explica que esta es una reacción de los árboles al incremento de temperatura y escasez de lluvias, que es propia de eventos extremos. https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/agonizan-los-manglares-de-panama-viejo-CN5861026 Foto: La Estrella Violencia asola a la niñez panameña   Por Zaida Herrera, Eduardo Mendoza y Grisel Bethancourt   Publicado por La Estrella Las muertes violentas cegaron la vida de 47 niños y adolescentes en el 2023, frente al creciente aumento en la tasa de homicidios en el país, el principal móvil fue la rencilla entre pandillas .   El estremecedor sonido de las balas resonó en La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. A plena luz del día, un hombre, armado hasta los dientes, irrumpió en una actividad deportiva en busca de su enemigo. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre la comunidad cuando una niña de dos años quedó en medio del atentado, perdiendo su vida inocente. A su lado, una adolescente de 13 años sobrevivió milagrosamente a la ráfaga de balas. Seis meses después, la Torre 7-A de Curundú se sumió en la oscuridad de una nueva víctima. Un enfrentamiento entre bandas delictivas desencadenó disparos cruzados, y una niña de 8 años quedó atrapada en la danza de balas, convirtiéndose en otro trágico episodio de la violencia que azota a la niñez panameña. Estos dos relatos representan la punta del iceberg de la tragedia que ha envuelto a la niñez panameña. Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado, dos de ellos los que acabamos de relatar.   https://www.archivosabiertos.net/post/violencia-asola-a-la-ni%C3%B1ez-paname%C3%B1a Foto: UNICEF Panamá ¿Escuelas Seguras? Desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes ante la violencia   Por Sharon Pringle Félix y Grisel Bethancourt Ganador Mención Honorífica Reportaje Escrito/ Premios UNICEF-CELAP  Allan sentía   miedo, estaba triste. Un día, ante la amenaza de cinco compañeros de noveno grado, le dijo a su madre: “Mamá me puedo quedar en casa y mandas una justificación, así vamos la otra semana cuando no hay mucha gente” .  El niño no quería tener más problemas, a tal punto que solo tomaba agua en casa para no ir al sanitario en el colegio. En junio de 2024, dos hermanos (niño y niña) que estudian con Allan, invitaron al salón a supuestos amigos del mismo centro escolar, quienes lanzaron una caja con libros al abanico de techo del salón, éstos volaron hasta averiar el artefacto, parte de las hojas cayeron en la cabeza de una compañera. Otra estudiante, grabó la escena con el teléfono celular de Allan. Dicha acción provocó que los responsables del hecho lo acosaran, e intimidaran en agredir con arma blanca y de fuego. Este es uno de los muchos casos de violencia escolar que se registran en nuestro país. Según el Ministerio de Educación -Meduca, solo en el transcurso del año 2024 se han reflejado situaciones de violencia en más de 200 centros educativos oficiales panameños, son sucesos que se conjugan en lo cotidiano de una jornada escolar. El presente reportaje utiliza nombres ficticios para proteger la identidad de los menores de edad afectados por violencia escolar, asimismo, se cuidó la ubicación exacta y centros escolares citados.   https://www.archivosabiertos.net/post/escuelas-seguras-desaf%C3%ADos-que-enfrentan-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-ante-la-violencia Foto: Archivos Abiertos/Omar Bonilla La carne animal, un asunto político   Por Sharon Pringle Félix Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más. Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud. Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   https://www.archivosabiertos.net/post/la-carne-animal-un-asunto-pol%C3%ADtico

Disminuir la violencia escolar es un desafío en Panamá. Dentro de las aulas, cada vez es más común el acoso físico, psicológico o las agresiones entre estudiantes. Los Gabinetes Psicopedagógicos solo logran atender el 17 por ciento de los casos registrados en centros, esto propicia que víctimas y padres ya no callen ante las constantes amenazas, los vacíos que tiene el sistema y la respuesta de los docentes. Por Grisel Bethancourt y Sharon Pringle Félix. Publicado el 30 de septiembre de 2024. Allan sentía   miedo, estaba triste. Un día, ante la amenaza de cinco compañeros de noveno grado, le dijo a su madre: “Mamá me puedo quedar en casa y mandas una justificación, así vamos la otra semana cuando no hay mucha gente” .  El niño no quería tener más problemas, a tal punto que solo tomaba agua en casa para no ir al sanitario en el colegio.   En junio de 2024, dos hermanos (niño y niña) que estudian con Allan, invitaron al salón a supuestos amigos del mismo centro escolar, quienes lanzaron una caja con libros al abanico de techo del salón, éstos volaron hasta averiar el artefacto, parte de las hojas cayeron en la cabeza de una compañera. Otra estudiante, grabó la escena con el teléfono celular de Allan. Dicha acción provocó que los responsables del hecho lo acosaran, e intimidaran en agredir con arma blanca y de fuego.   Este es uno de los muchos casos de violencia escolar que se registran en nuestro país. Según el Ministerio de Educación -Meduca, solo en el transcurso del año 2024 se han reflejado situaciones de violencia en más de 200 centros educativos oficiales panameños, son sucesos que se conjugan en lo cotidiano de una jornada escolar.   El presente reportaje utiliza nombres ficticios para proteger la identidad de los menores de edad afectados por violencia escolar, asimismo, se cuidó la ubicación exacta y centros escolares citados.   Los casos que atiende Meduca desde la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, incluyen situaciones familiares, rendimiento académico, conductuales, dentro de estos últimos, la violencia y acoso escolar.   La violencia en el entorno escolar designa todas las formas, las padecidas por estudiantes y perpetradas por otros estudiantes, docentes y demás miembros del centro educativo.  Incluye el acoso, que son comportamientos  intencionales y agresivos que tienen lugar de manera repetida contra una víctima, y pueden manifestarse como acoso físico, psicológico y sexual.   Un informe publicado recientemente por la UNESCO revela que el acoso escolar afecta a uno de cada tres jóvenes, aunado a ello, más del 30 por ciento de estudiantes en el mundo han sido víctimas de este  fenómeno,  algo que tiene consecuencias nefastas en materia de rendimiento escolar, abandono escolar, salud física y mental.    La intervención del sistema oficial escolar contempla a la víctima, la persona agresora y a quienes observan el hecho. En cuanto al uso de drogas, armas o abuso, las direcciones de los centros educativos remiten a otras instancias, tales como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), la Policía de Niñez y Adolescencia, y los jueces penales, en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes -NNA.   Casi el 80 por ciento de los casos denunciados de acoso escolar o b ullying de forma verbal, comienzan en los salones de clases o en los recreos. Las agresiones físicas, se dan en los baños o en lugares apartados de la vista de adultos o cámaras de seguridad. Esto lo señala la encuesta realizada en 2023 por la Organización Global de Prevención ante el Bullying -OGPAB, el Observatorio de Acoso Escolar y la Alianza Mundial Contra el Bullying, donde participaron de forma anónima dos mil 482 estudiantes de colegios públicos y privados de once países de las Américas y España, incluyendo Panamá, e hicieron un retrato de la situación cuando establecieron haber sido víctimas de acoso escolar. Canva Las cifras de  la encuesta de OGPAB,  reflejan que seis  de cada  diez  estudiantes ha sufrido acoso físico, cuatro  de cada diez  ha reportado agresiones de consideración, tanto física, como psicológica; cuatro  de cada diez  manifiesta haber recibido burlas o acoso por  parte de educadores. La violencia escolar es un fenómeno sin fronteras. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF , l a mitad de jóvenes en todo el mundo sufren violencia entre compañeros en la escuela. Uno de tres estudiantes entre los 13 y 15 años, experimentan acoso. Igualmente, uno de cada tres estudiantes del mismo rango etario, se han involucrado en peleas físicas.   Para ordenar la situación en centros escolares del país,  el gobierno amplía la cobertura, pero existen deficiencias desde zonas pobladas como alejadas en las comarcas, donde padres, madres de familia y estudiantes víctimas necesitan una respuesta oportuna. Con ello, cuelga en un hilo delgado la vulneración de los derechos humanos, la salud mental y las consecuencias de estos actos sin su debida prevención. La agonía ante un caso de violencia escolar Allan, de 14 años de edad, es reservado, respetuoso, tranquilo, aplicado. Al darse el hecho, un profesor lo extrajo de la situación y alertó a la madre del estudiante, quien describe el episodio tras el hallazgo como una verdadera agonía: “cuando llegué a la escuela la primera vez, mi hijo lloraba, su corazón latía muy fuerte.”   Carmen, comentó que pasaba las noches sin dormir, en determinación de cuidar a su hijo, lo trasladó a su habitación. “ Necesitaba tenerlo cerquita de mí. Él se puso a llorar, me decía: no quiero problemas mamá, ellos usan cuchillos y pistolas, yo no.”   Ella narró este proceso con la emoción de quien ama: “Todos los días era como una agonía, cuando regresaba a la escuela fue difícil. Al llevarlo yo quedaba faltando a mis turnos de trabajo, esperándolo en el recreo y unas compañeras de él me alertaban por celular si pasaba algo. Hasta que el busito lo recogía y me avisaban… yo respiraba.”   La escuela dilató el caso de Allan, aunque citaron a padres y estudiantes, no todos acudieron, la sanción no se dio para quienes lo acosa ron . Por lo que, a la situación de amenaza, le siguió el bullying, insultos y el acoso psicológico.   Por lo referido, la madre se percibió desprotegida durante un periodo de dos meses, y ante el constante acoso a su hijo, tuvo afectaciones en su salud, se le comenzó a caer el cabello, mientras, Allan estuvo callado, durmiendo mucho, y bajó las notas. La situación empeoró cuando llegó la noticia de su suspensión de dos días de clases, debido a que se defendió de forma verbal contra quienes le agredieron. Carmen llevó una nota a la dirección del plantel y se opuso a tal sanción, la consideró injusta, siendo recibida por la subdirectora, pero no hubo una respuesta resolutiva.   El caso fue denunciado por la madre de Allan ante el Meduca que lo remitió a la dirección regional en San Miguelito, por inacción de la dirección del plantel; a falta de respuestas, y al no existir un informe, la Policía de Niñez y Adolescencia tampoco podía intervenir.   Carmen tomó la decisión de llevar a su hijo a una psicóloga de la Caja de Seguro Social -CSS, quien diagnosticó a consecuencia del acoso continuo que Allan padecía, un detonante para la aparición de un “trastorno mixto ansioso depresivo”. La especialista quien continúa con el acompañamiento y atención a Allan, en un primer momento aconsejó no retirar al afectado de la escuela, porque no era la persona responsable del hecho. Foto. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger   Ante los casos de violencia escolar como el descrito, el Meduca apuesta a fortalecer las escuelas para padres, ya que muchas de estas situaciones tienen su génesis en las familias, y se ve reflejado en la escuela. Igualmente la actual administración busca incluir actividades de arte que ayuden a paliar el mal uso de la tecnología y el tiempo de ocio en estudiantes, y los inadecuados hábitos de dormir, afirmó Veruska Ordás, directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca. Sin embargo, estas respuestas no detienen los casos.   Entre las estrategias, además se encuentra la Guía Habla Conmigo , la cual ofrece espacios presenciales y virtuales seguros, de prevención mediante la intervención educativa para la detección temprana, la prevención efectiva del acoso escolar y el maltrato en estudiantes.   Asimismo, existe el Resuelto No. 2588-A de 30 de mayo de 2018 que reglamenta el uso obligatorio del protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de NNA en circunstancias difíciles dentro del sistema educativo y la actuación de acoso escolar en todos los centros educativos a nivel nacional, públicos o privados.   Este protocolo enfatiza que el centro educativo debe garantizar que los estudiantes, -afectados y agresores-. continúen en el sistema, por lo que debe darle seguimiento a los casos, aunque hayan sido referidos a otra institución.   Ambos instrumentos legales, contemplan un enfoque de derecho e inclusión en situaciones de emergencia tomando en cuenta las competencias socio emocionales. Entre leyes, límites y vacíos: el amparo a estudiantes El sistema educativo desde la mirada de la violencia escolar, tiene síntomas parecidos a las víctimas de este fenómeno. A diario  las situaciones que aparecen en las redes sociales dimensionan las situaciones que antes no era posible que fueran de conocimiento. Lamentablemente el Meduca indica que debido al cuidado de datos a menores de edad, es complejo informar sobre esta realidad.   De acuerdo a la Ley No. 81 del 26 de marzo del 2019 sobre Protección de Datos Personales, se reconoce como ejemplos de datos sensibles en el ámbito educativo, aquellos contenidos en los informes psicopedagógicos de menores de edad elaborados por los departamentos de orientación o psicología de la institución.   Los medios de comunicación en septiembre de 2024, publicaron el caso de un estudiante de pre media en la provincia de Chiriquí, el cual recibe terapias luego de ser impactado por la descarga de una pistola eléctrica. Los responsables del hecho, sus propios compañeros, fueron suspendidos dos semanas del plantel público. También en ese periodo, un niño de primaria   intentó romper vidrios y tirar piedras a varios vehículos en una escuela de Veraguas, los educadores tuvieron que intervenir.     Nuestro país adopta la Ley No. 285 del 15 de febrero del 2022, por la cual se crea el Sistema de Garantías y Protección, Integral  de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con esta ley se cumple con las normas internacionales al crear un sistema integral de protección para NNA, a su vez ese mismo año se reglamenta.   Milagros Pérez, abogada especializada en niñez y adolescencia, recuerda que se dieron pocas reuniones de trabajo después de la reglamentación de esta norma, y pondera que con la implementación, “ el único ente que ha avanzado es el Órgano Judicial que ha creado los juzgados que contempla la ley” .   Por lo anterior, Pérez manifestó que el principal desafío para las autoridades es la atención de casos de violencia entre adolescentes y jóvenes: las agresiones físicas, sobre todo en los lugares con alto grado de delincuencia en donde las bandas juveniles pueden llegar a los colegios por medio de sus alumnos. En segundo lugar, se ubica el cyberbullying, como nuevo tipo de violencia, dentro del acoso, que afecta a los adolescentes y jóvenes, que por su alcance en redes sociales puede llegar a tener mayores efectos psicológicos.   La jurista insistió que se debe garantizar el cumplimiento del artículo 64 de la Ley No. 285, el cual garantiza una vida libre de violencia para NNA en su entorno familiar, escuela y la aplicación de la disciplina positiva en la corrección de los NNA.   Cobertura para atender la violencia escolar El papel de   docentes, directores, tuto res  o de cualquier adulto que tenga a su cargo un grupo de NNA , es decisivo a la hora de enfrentarse e intentar transformar una situación de violencia escolar.   Para el profesor Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses -AEVE, respecto a la Ley No. 285, opina “muchos directores no ejercen con rigor la administración escolar cuando se dan los casos. Y cuando llegan a la Fiscalía, muchas veces hay omisión por la administración de los planteles.”   Adicionalmente, Sánchez explicó que los docentes deben hacer las adecuaciones y evaluaciones para remitir los casos. En ese sentido, reconoce que los educadores enfrentan la falta de capacitación para atender niños con discapacidad, en riesgo social, déficit atencional, con malas conductas y problemas de drogas. “Los docentes tienen que rifársela” al referirse a estos dos últimos temas” , dijo preocupado Sánchez.   El Meduca tiene desde hace años los cursos de actualización docente, una herramienta importante en el mejoramiento de competencias y capacidades, sin embargo, no es una práctica obligatoria para educadores del sistema público.   Para la especialista en psicología infantil y conductas, Geoenith Bennett, todo el peso de la intervención que produce la violencia escolar recae en la parte administrativa del plantel. La realidad a su juicio radica en que, en primera instancia es una cadena, donde los docentes en el sistema público no tienen un respaldo total, y las consecuencias suelen caer sobre ellos, y los lleva a situaciones de hostilidad e indiferencia.   “La violencia escolar genera un desgaste para el profesional docente en las aulas, y el sistema obliga a mantener a víctimas y agresores en los centros escolares”, argumentó Bennett.    Un ejemplo de lo antes señalado, se dio en junio pasado, cuando una fundación que atiende temas de prevención de violencia y con quienes se estableció comunicación, recibió la denuncia de la madre de una estudiante de 14 años, a la cual un compañero de clases engañó para acercarla a un joven de una pandilla en ciudad capital, quien abusó sexualmente de ella. La joven y su madre estaban amenazadas, y la inadecuada atención tanto escolar como de personal médico público, le instaba a reintegrarse a sus clases. Pese a haber gestionado la denuncia en la fiscalía, ambas afectadas se sentían en completa vulnerabilidad.   Dentro de las gestiones de Meduca, su responsabilidad es la prevención primaria, sin embargo, la directora, Veruska Ordás, dio a conocer que los equipos especializados realizan proyectos y programas de prevención secundaria en centros escolares donde no hay equipos de atención. Aseguró que atienden casos individuales que les son remitidos al ser menores de edad con hojas de consentimiento, por parte de padres y madres, docentes, administrativos o directivos de los centros educativos.   La intervención primaria está a cargo de una orientadora, que atiende los comportamientos de conducta donde se sospecha hay factores de riesgo, mientras que la intervención secundaria es cuando ya tiene probabilidades de iniciar la conducta disruptiva. En estos escenarios actúan los servicios psicopedagógicos, entonces se hace referencia a especialistas.   Pese a lo anterior, lamenta Ordás que la cobertura de atención e intervención escolar, es limitada. Esta información la proporcionó la nueva directora nacional de Servicios Psicoeducativos, a tres meses de asumir el cargo.   La atención psicopedagógica en cifras Esta situación trae un arrastre a través de los años. Del 2019 al cierre del 2023, el Meduca en un informe de gestión 2019-2024, refleja que ofreció atención y seguimiento a más de 43 mil 794 estudiantes, y un total de 2 mil 880 visitas domiciliarias, cuyos motivos de referencia estuvieron relacionados a los siguientes factores: rendimiento académico, adaptación escolar, abuso sexual, acoso escolar, ideas suicidas e intento de suicidios, depresión y ansiedad, entre otros.   Es importante conocer que en la actualidad, el Meduca cuenta con 159 equipos psicosociales trabajando distintas dificultades de violencia escolar y otros tipos de conductas, que atienden las dinámicas que se encuentran a nivel conductual, emocional, familiar, y social en estudiantes del sistema público.   Los gabinetes psicopedagógicos de Meduca no llegan siquiera al diez por ciento de las escuelas oficiales a nivel nacional, afirmó  Veruska Ordás.   Si se analiza el alcance en términos de matrícula, se debe tomar en cuenta que los gabinetes están instalados en centros educativos superpoblados , con más de mil estudiantes. Sin embargo, en términos de áreas geográficas, se adolece de una cobertura adecuada, como e n las zonas comarcales y Darién. Para tener una idea de la problemática, en el área de Panamá Este, solo se cuenta con un gabinete para la atención de este tipo.   El año pasado, se registró una matrícula total en escuelas oficiales de 830,181   estudiantes según el Meduca , lo que representa el 41.7 por ciento de atenciones de estudiantes en el sistema público escolar por los gabinetes psicopedagógicos para este periodo. Las regiones de Chiriquí, Panamá Centro y Panamá Oeste representaron los tres primeros lugares en atención.   Fuente : MEDUCA Entre las estrategias de emergencia, el Ministerio de Educación  estableció un ficha de atención  socio emocional, y entrevistas  por la plataforma social google meet, sobre todo para efectos cubrir la demanda de situaciones en tiempos de pandemia, con ello se logró cubrir 626 centros escolares. Ese ejercicio continúa, además de fichas regionales, y cartas que reciben de casos específicos. Todo esto se canaliza a través de las 12  regionales.   Coexistencia Pacífica en las escuelas U NICEF  en 2019, en un manifiesto elaborado por un centenar de jóvenes en el Foro Mundial de Educación  aboga  por la protección para los estudiantes,  siguiendo el principio de la coexistencia pacífica y respetuosa en las escuelas. En dicha cita, las juventudes exigieron entornos de aprendizaje seguros, que docentes y quienes brindan consejería emprendan una formación continua y sean capaces de identificar, responder y apoyar a estudiantes afectados; además se demanda la protección y prevención de todas las formas y niveles de violencia en las escuelas, que deben regirse por normas, reglamentos y planes de acción claros, aunado a la restricción de armas de fuego y cuchillos, entre otras. Foto. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger La atención de la violencia escolar conlleva un proceso. Para la psicóloga Bennett, la solución es estructural y es necesario contar con un buen ambiente laboral para el docente, donde el espacio debe tener insumos para realizar las actividades. El proceso en el caso de Allan tuvo fallas evidentes en cuanto a protocolos y cuidados a menores de edad. El Meduca intervino con una orden superior, es así que la directora del plantel reaccionó al problema y se sorprendió después de dos meses al ver el expediente y enterarse sobre la intervención de  psicología clínica de la CSS.   Allan  mantiene el seguimiento de atención psicológica y ha mejorado sus calificaciones, logrando eximirse en los exámenes trimestrales. “Ya no tengo miedo” , aseguró. Los hermanos que lo acosaban fueron separados y enviados a otras aulas.  Sanar aulas una demanda de vieja data “Desde que existen escuelas, hay conflictos.” Así lo considera el médico y cineasta panameño José Antonio Stoute, quien en fecha reciente estrenó la película Academia St. Vierja, basada en hechos reales. Narra la historia de un niño que entra en una escuela nueva y enfrenta violencia escolar y de compañeros y maestros, desde abuso sexual, y discriminación por diferencia de clases sociales.   Stoute, espera que la película ayude a comprender cómo las experiencias infantiles impactan a las personas a lo largo de su vida y a sensibilizar sobre cómo se trata a los niños en las escuelas.   “No hay individuo malo en sí, si no son los factores alrededor de cada persona los cuales le llevan a comportarse de determinada forma, con esto se lleva el peso de experiencias hasta la vida adulta, de ahí la importancia de encontrar educadores/as que comprendan estos procesos”, recalcó el cineasta, José Antonio Stoute.   Allan y su familia no fueron parte de los casos que incluyen ese 17 por ciento de atenciones por parte de gabinetes psicopedagógicos.   E ncontraron salidas alternas a la agonía que vivieron en un centro educativo oficial , tuvieron respuestas por parte de la Policía de Niñez y Adolescencia y personal de la CSS.    En el año 2025 el Meduca tiene programado instalar más gabinetes psicopedagógicos, con nombramientos de personal de psicología y trabajo social, en las áreas geográficas que no están cubiertas, y donde se han instalado centros educativos que han aumentado sus matrículas sustancialmente.   No hay recetas para lograr cambios en un panorama donde se conocen cada vez más casos complejos de violencia entre estudiantes. El profesor Justo Pastor Ramos Machado quien l abora en el Instituto Comercial Panamá, -que cuenta con gabinete psicopedagógico-, explicó que la educación tiene actores, cada uno de los cuales tiene un rol a cumplir.   “El espacio que desempeña la familia se ha diluido en muchos hogares, por otra parte la comunidad ha tomado más espacio, lo lamentable es que educa de manera informal, por lo que necesita guía familiar. A eso se suma que la educación ha perdido su función formal. Todo esto se traduce en NNA débiles emocionales, con incapacidad de enfrentar frustraciones”, añade Ramos Machado.   Todo el proceso de enseñanza y aprendizaje debe darse en un clima de cero violencia, sin embargo, lo antes dicho, ni con la meta de  instalación de 200 gabinetes psicopedagógicos al final de la gestión gubernamental en 2029, se evade enfrentar muchos retos en torno a la violencia escolar, en un sistema público con  tres mil 113 centros educativos. Foto ilustrativa de portada. Cortesía UNICEF/Panamá/Scheverdfinger.

Las ciencias sociales se sientan a la mesa en la nueva sociedad.   Por Sharon Pringle Félix Periodista Independiente, especial para Archivos Abiertos.   Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más.   Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud.   Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   No fue hasta 1970 que el movimiento por los derechos animales toma fuerza, las posiciones de organizaciones sociales y feministas de la época abogaban por un trato más humano a los animales domésticos, y un alto al especismo. El eco de las mujeres europeas resuena en las Américas cuando la feminista afroamericana Ángela Davis  en la 27º Conferencia de Empoderamiento de Mujeres de Color este 2024 afirmaba: " No solía mencionar que soy vegana, pero eso ha evolucionado. Creo que es el momento adecuado para hablar de ello porque es parte de una perspectiva revolucionaria.”    La carne y las ciencias sociales Existe una demora de la sociología en abordar los temas de la comida. De eso da cuenta el artículo “ La carne y el cambio social: Perspectivas sociológicas sobre el consumo y la producci ón de animales ”, divulgado en la versión 311 de la Revista Nueva Sociedad, publicación latinoamericana de ciencias sociales abierta a las corrientes de pensamiento progresista, proyecto de la Friedrich Ebert (FES), la pionera de las fundaciones políticas alemanas (1925), creada como legado de socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente alemán elegido democráticamente.   En el mencionado artículo, sus autores Frithjof Nungesser y Martin Winter brindan elementos de análisis, referenciando a investigadores, políticos e historiadores con los que dejan evidencia de que el consumo de carne no está predeterminado “ por la naturaleza ”, sino inducido, regulado y restringido social y culturalmente. Por tanto, al co-relacionarse esos factores de producción y consumo de carne, desencadenan conflictos relacionados con la crianza de los animales, la degradación ambiental y el tema del acceso de carne a ciertos niveles altos de la sociedad.   Nungesser es profesor en el Instituto de Sociología de la Universidad de Graz, mientras que, Winter está especializado en sociología cultural, de género, estudios sobre ciencia, tecnología, e investigación social cualitativa.   Los autores mencionan al sociólogo francés Pierre Bourdieu y su aporte sobre la relación del consumo y los patrones que se asumen con respecto a las sociedades dependiendo de la clase. Además, proponen a estudiar la correspondencia entre carne, género y clase, comprendiendo que la producción de carne debe entenderse en el marco de relaciones humanos-animales específicas de cada cultura.   Entre valores nutricionales y mercado Dicho escrito de Nungesser y Winter, refleja una serie de variables que minuciosamente presentadas preocupan a comensales o no de la carne animal. Es que la concepción de este alimento cambió a medida que el conocimiento nutricional viró hacia un modelo bioquímico y dejó de ser considerada un alimento difícil de digerir para pasar a ser un alimento saludable y nutritivo.   Lo anterior quiere decir que los conocimientos nutricionales fueron puestos en función del mercado. Entonces la ciencia nutricional para calmar el conflicto social dispuso calcular las raciones de alimentos y justificar así científicamente el suministro de alimentos a los trabajadores.   Sin duda, el aumento del consumo de carne animal está ligado al establecimiento de una sociedad de clases capitalista y a la asignación de trabajos manuales duros a los varones. De hecho, la cita de los autores al nutricionista Carl Voit (1831-1908) aporta una polémica en cuanto a la otrora recomendación de que especialmente los trabajadores (varones) tenían que consumir grandes cantidades de proteínas. En lo cotidiano, que inicia desde el ámbito privado de sentarse a la mesa, invita a recordar la relación familiar y analizar quién suele acceder al trozo de carne más grande en casa, y de seguro no será porque le guste a alguien o no, sino por un mandato nutricional y de relaciones de poder. Sí, tal vez se dificulte comprender que detrás de su plato de comida hay un poder que  regula sus hábitos, y en el caso de las mujeres el consumo de carne animal por su connotación de ser un riesgo para la salud del atractivo del cuerpo femenino.    Foto. Cortesía   Consumo de carne y relaciones de poder A simple vista hay una latente en temas de género y consumo cuando los autores citan a Carol Adams, quien sostiene que el dominio patriarcal está vinculado al dominio humano sobre los animales. Describe analogías semánticas entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales, que se vuelven especialmente obvias en la publicidad sexualizada de la carne.   Podría pensarse en una variable adicional a la relación género, clase y carne, como el tema de raza como término politizado desde los pueblos originarios, que en este apartado no fue considerado, pero abriría un abanico de análisis.   Escudriñar estas cosas de la carne animal es crucial, implica un tema de ética humana donde sí importa el sector o contexto donde se ubique, ya que no implica lo mismo una población que está apenas accediendo a comer mollejas de pollo, probablemente estresado en jaulas calurosas, y otra que accede al corte más exquisito de res criado en aire acondicionado, con alfombras y un gasto energético importante.   Es que la disponibilidad y asequibilidad crecientes de la carne solo fueron posibles gracias a una profunda transformación en la cría de ganado y la producción de carne. Es tan reciente lo que conocemos como matadero, surgió apenas a principios del siglo XIX. De allí cambió la práctica de consumo que conocemos al día de hoy, que según la FAO ha disparado excesos significativamente, dando a la faena anual de ganado un aumento en el mundo 783% en los últimos 55 años. En el mismo lapso, la población mundial aumentó apenas 138%.   Transformando los conflictos en reflexiones Los conflictos de los que hablan los autores se podrían transformar en posibilidades de convivencia y de nuevas formas de habitar desde cada cuerpo.   Entendiendo la supremacía de la clase dominante, se comprende que no es un conflicto de la carne per se, esa sería apenas una mirada, es el tema de clases, de fondo un dominio del ser humano hacia los animales como cultura. En cada contexto, la carne se representa como un objeto diferente de estudio, el acuerdo entre los autores y otros especialistas citados, da cuenta de una hipótesis de las ciencias sociales: hay un sistema configurado donde solo quienes tienen acceso a mejores ingresos económicos pueden alimentarse mejor.   En este panorama, no está fácil establecer patrones adecuados de consumo en lo moral si tomamos en cuenta el aspecto de clases, porque accede a comer quien más y mejor tiene y quién más ostenta el poder. Esto presenta nuevas reflexiones, va más allá de enunciarse con etiquetas de comensales, que en algunos casos persuade un mercado-sistema que logra moldear e inventa eufemismos que rápidamente adquieren seguidores.   Por otro lado, hay quienes condenan a quienes comen carne, pero se extralimita en otros privilegios alimenticios. Esta contradicción moral hace  tornar la relación humana lejana a la riqueza de la diversidad, en función del dominio de unas prácticas que cree perfectas contra otras, y añade conflictos racistas por el tema religioso y cultural. Tal parece que la carne desde la Biblia a nuestros días sigue siendo análisis.   El análisis de la carne animal, su consumo y todo lo que entorna este tema, convoca a ahondar en conversas y espacios desde lo político y la política, de lo contrario se pueden seguir hábitos tendientes a una acción predadora incontrolable y salir corriendo ante el primer puesto de comida rápida y devorar una presa de pollo frito crujiente, ultra grasoso después de estas reflexiones, o ir a un restaurante y mientras se enfría la comida entrar a Instagram o Facebook a postear el mejor ángulo de la deliciosa lasagna  de tres carnes, para luego ver cuántos me gusta o visualizaciones logra.   ¿Podrá el ser humano y humana crear nuevas formas de convivir y hacer uso de la carne y al mismo tiempo bajar los niveles de sobre consumo que imponen las actuales sociedades de clases? Es una gran pregunta en un contexto mundial donde hablar de consumo de carne animal es similar a participar de un juego de ajedrez, cada jugador intentaría mover la ficha que le hace avanzar en una disputa, con la conciencia de que está ejerciendo el mejor de los movimientos. Al final del juego, aunque tarde, siempre aparece el aprendizaje. Foto de Portada, Omar Bonilla.