Bocas del Toro: La Voz Silenciada en Tiempos de Estado de Excepción
- Grisel Bethancourt
- 26 jun
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 29 jun
A medida que la crisis continúa en esta región del país, las recientes restricciones impuestas por el gobierno panameño sobre las comunicaciones e Internet han suscitado preocupaciones sobre las violaciones de derechos fundamentales y el incumplimiento de convenios internacionales.
Cuando las calles se llenaron de voces que clamaban por justicia y dignidad, las autoridades, en un intento de controlar la narrativa, limitaron el acceso a la información. Desde que el gobierno declaró un estado de urgencia en respuesta a la creciente violencia y las tensiones sociales en Bocas del Toro, se han generalizado las restricciones a las plataformas de comunicación, y el plazo se amplió hasta el 29 de junio.
Estas medidas limitan el acceso a Internet y dificultan la capacidad de los ciudadanos para comunicarse entre sí y con el mundo exterior. Las autoridades justifican estas acciones como necesarias para mantener el orden público y prevenir la desinformación; sin embargo, expertos en derechos humanos y diversas voces argumentan que esta situación representa una grave violación de derechos fundamentales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá, protege este derecho, así como el derecho a recibir información. Las restricciones actuales no solo obstaculizan la libre expresión, sino que también atentan contra el derecho de las personas a estar informadas sobre las circunstancias que rodean la crisis en su región.
La censura en las comunicaciones no solo silenciaron a los manifestantes, sino que también afectaron la libertad de los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de los comercios o entes de gobierno, sí salvaguardaron la telefonía en los servicios de salud.
La imposición de bloqueos en las redes, la censura de noticias y la restricción del acceso a ciertos lugares impiden que la verdad llegue con claridad a la ciudadanía y al mundo exterior. La información, que debería ser un puente de transparencia y denuncia, se convirtió en un arma de control. Sin la posibilidad de comunicar libremente, la voz del pueblo quedó acallada.
El periodista de La Estrella de Panamá, Juan Alberto Cajar, reconoce que su cobertura tuvo limitaciones, y observó una pérdida paulatina de los derechos de las personas y de las garantías al aplicarse el artículo 55 de la Constitución Nacional —que declara el estado de urgencia—, la libertad de comunicación puede estar sujeta a ciertas limitaciones establecidas por la ley, en casos donde sea necesario para proteger otros derechos o intereses de orden públicos.
"Es una provincia militarizada, sitiada, en un estado de excepción, con una cobertura difícil y desafiante, con peligros y límites en el ejercicio del periodismo". Juan Alberto Cajar, periodista de La Estrella.
Cajar es uno de los tres reporteros que viajaron desde la capital para una cobertura especial e hicieron un equipo para obtener información desde distintos puntos de ubicación donde se registraron cruentas protestas. Con su equipo de protección identificados como "Press" y cascos, tuvieron que sobrellevar a una población desconfiada de los medios tradicionales para poder penetrar el epicentro de la lucha social, pero que de un día para otro vieron limitadas sus comunicaciones por una orden gubernamental en Changuinola.
En Bocas del Toro no hay telefonía celular, ni el acceso a la satelital, algunos mantienen redes internacionales conectadas a Costa Rica y baja cobertura del servicio Internet para Todos.
Génesis de una resistencia
Bocas del Toro, ese rincón caribeño lleno de vida, color y tradición, no fue la excepción. Allí, el descontento popular no surgió de la nada; fue el eco de la desigualdad, las promesas incumplidas y una lucha constante por la dignidad y la justicia. Un pueblo que en su memoria lleva el saldo de dos muertos y decenas de heridos durante el 2012, bajo el entonces gobierno de Ricardo Martinelli y el Ministerio de Seguridad de José Raúl Mulino.
En medio de ese torbellino, emergió la figura de Francisco Smith, dirigente del mayor sindicato bananero de la región, en Chiquita Brands. Su arresto fue visto como una injusticia, un acto que encendió aún más las pasiones de quienes luchaban por sus derechos, en torno a una jubilación especial.
La lucha de los trabajadores, sus voces alzadas en demanda de mejores condiciones, se convirtió en símbolo de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar más opresión. Pero esa resistencia no quedó allí. La exacerbación de los ánimos llevó a saqueos y cierres de calles que parecían convertirse en ríos de protesta, en un grito colectivo que no podía ser silenciado. La rabia contenida estalló en acciones que desbordaron los límites, en un ciclo de confrontación que parecía no tener fin.
La represión policial, en su afán de mantener el orden, solo avivó la llama del descontento. Lo que denominaron "Operación Omega", también violentó las garantías del Estado, con detenciones de la cual surgieron imágenes de hombres detenidos casi desnudos, lo que profundizó la brecha entre el pueblo y las autoridades, con un saldo de 280 personas aprehendidas bajo la llamada de una operación por aire, mar y tierra.
Pero quizás uno de los capítulos más complejos y dolorosos fue la resistencia indígena, arraigada en su forma particular de lucha, que deja extraoficialmente dos muertes —un joven de 24 años y una niña de 1 año— sin la aún confirmación del Ministerio Público de ambos decesos.
La ley 462 no solo representa una lucha por la seguridad social de los trabajadores de las capitales y áreas urbanas; también es una normativa que es aplicada a los ciudadanos originarios. Esto afecta las futuras jubilaciones de una juventud educada de las comarcas y de la clase trabajadora, quienes consideran esta ley una afrenta a su vida en la adultez mayor.
Ilegalidades y herramienta de control
Además, si bien es comprensible que en situaciones de emergencia se requieran medidas extraordinarias, estas deben ser proporcionales y de duración limitada. Sin embargo, muchos observadores consideran que las restricciones impuestas en Bocas del Toro parecen ser más una herramienta de control que una respuesta legítima a un problema urgente. Esta realidad plantea interrogantes sobre la legalidad de las acciones del gobierno y si cumplen con los estándares internacionales que rigen el uso de tecnologías de comunicación en tiempos de crisis.
La periodista colombiana, especialista en protección de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, considera que "a los manifestantes se les ha dado tratamiento de 'enemigos', y por tanto, la acción de la fuerza pública ha estado encaminada a su 'derrota' y no al control y protección en el desarrollo de las protestas."
"El estado de excepción decretado en Bocas del Toro y la acción militar y policial demuestran que en esa región la fuerza pública se ha constituido en una fuerza de ocupación que ha sustituido de facto el poder civil. Es decir, ha tomado el control del territorio por encima de las autoridades civiles. Desde el punto de vista del derecho internacional, este control implica que las fuerzas ocupantes ejercen autoridad y administración sobre el territorio ocupado, desplazando totalmente el poder civil hacia el militar. No es una dictadura civil, es una toma militar", argumenta Duque.
El impacto de estas restricciones no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. Como signatario de múltiples tratados de derechos humanos, Panamá tiene la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. El incumplimiento de estos compromisos podría acarrear sanciones o críticas internacionales, afectando la imagen del país y su relación con organismos defensores de los derechos humanos.
El abogado y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, afirmó públicamente a un medio local que "el estado de urgencia decretado para Bocas del Toro podría acarrear demandas de inconstitucionalidad en el futuro."
Las consecuencias de estas medidas restrictivas son profundas. El Sindicato de Periodistas de Panamá, único gremio periodístico que se ha pronunciado tras las medidas contra el corte de las telecomunicaciones en ese territorio, expresó que "en un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación."
Los periodistas no tuvieron acceso en Bocas del Toro a fuentes oficiales, confirmó el periodista Cajar, para verificar hechos. A través de las redes sociales y plataformas de comunicación, periodistas en la capital confirmaron, junto con abogados penalistas en la provincia de Veraguas, las condiciones vulneradas de los detenidos bocatoreños 72 horas después de sus arrestos. La abogada Tagyana Corrales narró testimonios de vejámenes, torturas, afectaciones psicológicas y de salud, así como violaciones a los términos judiciales y la no aplicación de los habeas corpus a 71 detenidos.
Las noticias oficiales emanan diariamente desde la capital a través del Ministerio de Seguridad con un informe de detenciones, judicializaciones, daños, recuperación de mercancía robada y control de las vías. No se habla de heridos, hospitalizados, investigaciones por abusos policiales, entre otras vulneraciones de derechos humanos.
Bocas del Toro se ve amenazada por la pérdida de sus garantías, bajo el pretexto de los disturbios y la supuesta estabilización que, en esta ocasión, apunta a las supuestas pandillas y políticos aún no identificados. La comunidad internacional, vigilante ante esta situación, ha instado a las autoridades panameñas a revertir estas restricciones y a garantizar el respeto a los derechos humanos.
El Comité para la Protección de los Periodistas condena el corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente. Instan al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el hostigamiento, las amenazas contra periodistas por narar las protestas locales.
En conclusión, la situación actual en nuestra región refleja una profunda preocupación por la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo por parte de las autoridades. El pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño -Celam- de la iglesia católica
evidencia la gravedad de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, lo que requiere una atención urgente y un compromiso real para proteger la dignidad de todas las personas afectadas.
Por otro lado, la postura del presidente José Raúl Mulino respecto a la Ley 462 muestra una resistencia a escuchar las demandas legítimas de diversos sectores sociales, incluyendo trabajadores, docentes, sindicatos, universitarios, indígenas y la sociedad civil en general. Esta actitud puede profundizar el conflicto y generar un mayor descontento, afectando el compromsio de gobernabilidad colectiva. Los reproches en redes sociales se dirigen en un plano, que se gobierna para su círculo de poder y empresarial, aunque el mandatario enfatiza, en que gobierna para escuchar a la gente y no a dirigentes.
En Bocas del Toro y otras regiones, la conculcación de garantías fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la información, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos ciudadanos.
La comunidad internacional ha advertido sobre las posibles responsabilidades ante estas violaciones, por lo que es crucial que se abran espacios de diálogo y se busquen soluciones que garanticen justicia, respeto y derechos para todos.
La provincia caribeña entra en una especie de normalidad y control policial, bajo la otra cara del obligado silencio y el estado de excepción.
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