Gallego: El silencio que rodea su desaparición

Por Grisel Bethancourt

Última entrega

El silencio que rodea su desaparición pesa en el aire. La Comisión de la Verdad, en su informe de 2001, documentó que uno de los mayores obstáculos para localizar los restos de las víctimas fue su identificación. La Comisión, creada por el gobierno, buscaba que se conociera la verdad, que las familias pudieran saber qué ocurrió con sus seres queridos.

“Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer lo acontecido a sus parientes, en caso de desaparición forzosa”, señala el informe. Se investigaron crímenes contra 110 personas, asesinadas y desaparecidas en todo el territorio durante la dictadura militar, entre 1968 y 1989, tras el golpe de Omar Torrijos.

El caso del padre Jesús Héctor Gallego Herrera, de 33 años, se judicializó en 1991. La iglesia solicitó una reapertura y se abrió causa criminal contra militares como Melbourne Walker, Eugenio Magallón, Nivaldo Madriñán y Oscar Agrazal, miembros del S-2 y G-2. Desde entonces, reina el código del silencio.

Sus restos han sido buscados en sitios como el antiguo Cuartel Los Pumas en Tocumen, Cañazas, San Francisco de la Montaña, el penal de Coiba y el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa. El Ministerio Público continúa la búsqueda en estos lugares, con la esperanza de encontrar alguna pista.

Eugenio Magallón Romero, condenado a 15 años por su participación en la desaparición forzada del sacerdote, no ha colaborado con las autoridades. Los otros tres condenados ya fallecieron. Magallón fue declarado culpable en 1994, pero permaneció prófugo hasta su captura en 2025 en Chiriquí. Ahora cumple su condena en el Centro Penitenciario de Chiriquí.

A pesar de los esfuerzos, Magallón Romero se ha negado a colaborar, lo que dificulta esclarecer completamente este caso emblemático. La búsqueda en los terrenos del INA en Divisa se reactivó en diciembre de 2024, tras nuevos indicios surgidos por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jesús Héctor Gallego Herrera, sacerdote colombiano que llegó a Panamá en 1967, dedicó su vida a Santa Fe de Veraguas. Allí promovió la organización de comunidades campesinas, creando cooperativas y sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Su trabajo generó tensiones con los sectores de poder, y fue detenido, torturado y desaparecido por miembros de la Guardia Nacional.

El Ministerio Público mantiene su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Consideran su caso un crimen de lesa humanidad y llaman a quienes tengan información a colaborar con las investigaciones.

Gallego se convirtió en un obstáculo para quienes explotaban a los campesinos, liberándolos de malos tratos y bajos salarios desde. Su doctrina de fe fue tildada de comunista por quienes temían su influencia.

Kilmara Mendizabal, hermana de Marlene Mendizabal, asesinada en Veraguas, y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos Forzadamente, Héctor Gallego (COFADEPA-HG), denuncia que el Estado ha incumplido con su deber. Para ella, las autoridades solo hacen un “simulacro” para aparentar cumplimiento con la Corte Interamericana, mientras las víctimas y sus familias esperan la verdad.