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Se escucha la voz del reportero gráfico Aris Mariota, mientras, en el fondo, retumban las detonaciones de las bombas lacrimógenas y perdigones durante una cobertura de las protestas en la Universidad de Panamá. Por Grisel Bethancourt "Me acaban de apuntar con un arma", afirmó Mariota mientras mantenía la calma y enfocaba la escena. El hecho quedó registrado en un video difundido por la red Guásimo Multimedia, donde se observa a un policía antidisturbios mirando fijamente al reportero y apuntándole con su arma desde la distancia. A pesar de la amenaza, el cineasta y corresponsal no apartó su cámara, filmando desde un puente y logrando capturar el momento cuando el agente lo intimidaba. "Sí, estuvo muy cerca. Yo por decisión y vocación cubro este tipo de noticias, pero bajo ninguna circunstancia nos podemos permitir justificar, ni normalizar ser apuntados. Por más fuego cruzado en que estemos, nunca, nunca, podemos aceptar que alguien y menos un estamento de seguridad nos apunte. Nuestro oficio debe ser libre y seguro", expresa Mariota. Durante las manifestaciones y protestas universitarias en contra de la aprobada Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, los reporteros gráficos se encontraban en grupo y otros en puntos estratégicos, identificados con sus credenciales. Reporteros cubren disturbios en los predios de la Universidad de Panamá. Link del video de la amenaza https://youtu.be/POh_HxKjpjc Investigaciones por uso de armas La Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de una investigación de oficio debido al uso excesivo de la fuerza en los alrededores de la Universidad de Panamá. Según informes, al menos dos miembros de la Policía Nacional dispararon sus armas de reglamento durante los disturbios estudiantiles. Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que explicó que un miembro de su institución realizó disparos de advertencia para dispersar a los manifestantes, asegurando que el incidente no dejó heridos. La institución detalló que se está llevando a cabo una investigación interna sobre el comportamiento de uno de sus agentes. Varios videos de las protestas muestran que al menos tres policías más fueron captados en la vía que conduce al campus universitario apuntando con armas letales. Uno de ellos disparó su arma, utilizando varias municiones para reprimir la situación. Amnistía Internacional , en un informe público que hace referencia a la actuaciones policiales en disturbios, señala que los actos de protesta de una pequeña minoría no justifican el uso de la fuerza, incluso si se producen hechos que podrían considerarse violentos. "La policía debe emplear la mínima fuerza necesaria para disuadir, y el gas lacrimógeno debe utilizarse solo cuando otros métodos hayan fracasado o sean insuficientes", expresó la organización en su informe sobre las actuaciones policiales en las protestas en América Latina. El informe responde a: ¿Cuándo es ilícita la fuerza? " La policía debe regirse en todo momento por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Todo uso de la fuerza que no cumpla estos principios es ilícito." En cuanto a la seguridad de los comunicadores, su exposición al riesgo en las protestas es una constante. Recordemos el caso de Audrey Baxter en el 2023. "Todo quedó grabado." Así inicia el relato de la periodista María Mónica Monsalve de El País, sobre el ataque al fotógrafo Aubrey Baxter. El 19 de octubre de 2023, mientras las protestas contra la firma de un contrato ley para un proyecto minero se desataban, Baxter recibió un impacto en el ojo. En el video se puede ver cómo los policías de la Unidad de Control de Multitudes marchan en fila, hasta que los disparos caen sobre Baxter. En el video se escuchan sus desesperados gritos: "¡Perdí mi ojo, perdí mi ojo!". En octubre de 2024, la Policía Nacional a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) decidió archivar la denuncia por lesiones personales en perjuicio del fotógrafo Aubrey Baxter. Audrey Baxter herido en la Plaza 5 de Mayo. Foto: Tomada de internet. En relación con los hechos ocurridos ayer, Guásimo Multimedia expresó en su denuncia en redes: "Es urgente que el Estado panameño establezca protocolos que garanticen el libre y seguro ejercicio de la prensa, así como el derecho humano a la comunicación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que Panamá está adherido desde 1948." Este contexto de alta tensión, vivido por Aris Mariota, pone al relieve la seguridad y la independencia del trabajo periodístico. Con este clima de hostilidad, podría generarse un ambiente de autocensura o vulnerabilidad entre aquellos que buscan reflejar la realidad de los disturbios. Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub . Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ, IRI y Celap. Expositora en temas DD.HH. , migración irregular y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá.

Oldemar Forth Moya estuvo presuntamente en la escena de la privación de libertad de Dayra Caicedo; desde hace tres semanas no se le ha mencionado públicamente. El 19 de febrero, la estudiante y empresaria Dayra Caicedo fue interceptada por varios delincuentes al llegar a su residencia en Vista Alegre de Arraiján. Desde ese momento, su paradero es desconocido. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, aún no se ha determinado un motivo claro para su desaparición. Las primeras imágenes de su secuestro generaron una inmediata reacción pública y llevaron a la emisión de una alerta del Ministerio Público para capturar a uno de los principales sospechosos: Oldemar Alexis Forth Moya. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, en las últimas tres semanas no se ha vuelto a mencionar, lo que ha generado incertidumbre en la opinión pública. Pero no se trata solo de Forth Moya, sino de al menos otras tres personas que, junto a él, según las investigaciones ejecutaron la privación de libertad y desaparición de la estudiante de derecho de la Universidad Santa María La Antigua. Anuncio realizado por el Ministerio Público. Otras dos personas son investigadas por el Ministerio Público durante un período de seis meses. Se trata de una pareja que actualmente se encuentra bajo medidas de detención, aún no se establece una vinculación directa con Forth Moya ni con otros tres sospechosos. A pesar de la gravedad del caso, la institución policial mantiene silencio en sus redes sociales sobre la búsqueda de Forth Moya y de quienes lo acompañaron la noche del 19 de febrero. Esta falta de información ha dado pie a diversas teorías sobre lo sucedido hace tres semanas, incluyendo la posible implicación del crimen organizado. La versión del Ministerio de Seguridad apunta a la relación con pandillas , según lo expresó el titular Frank Abrego. Mientras tanto, los responsables parecen haberse desvanecido sin dejar rastro, lo que aumenta la incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Este medio obtuvo información del Órgano Judicial (OJ) sobre la supuesta aprehensión de una tercera persona en el caso, anunciada por el director de la Policía, Jaime Fernández . Sin embargo, la Secretaría de Comunicación del OJ, negó la existencia de un nuevo detenido vinculado a la privación de libertad de Dayra Caicedo. "No hay nadie que haya sido presentado ante un juez de Garantías" , confirmaron, dejando en entredicho la versión policial y generando más dudas sobre el avance de la investigación.   Versiones cruzadas en el Tribunal El 19 de febrero, Dayra Caicedo fue interceptada dentro de su vehículo mientras se estacionaba y acorralada por cuatro personas. Aunque pidió auxilio, su familia poco pudo hacer, ya que fueron amenazados con armas, según se observa en el video que ha circulado. Desde ese momento, comenzó su privación de libertad y desaparición. Dayra fue trasladada a otro vehículo y, con el paso de los días, los investigadores aseguran haber vinculado a dos presuntos sospechosos, quienes hoy están imputados. Ambos, fueron detenidos por separado en Parque Lefevre, ciudad de Panamá, a unos 32 kilómetros de distancia, aproximadamente 45 minutos en auto del lugar del hecho. Durante la última audiencia, realizada la semana pasada ante el Tribunal de Apelaciones, integrado por tres magistrados (dos mujeres y un hombre), se hicieron preguntas directas a la fiscalía. Uno de los magistrados cuestionó el recorrido de un vehículo que, según la investigación, estuvo en dos lugares distintos: una ruta desde Panamá Oeste por el Centenario–Merca Panamá, desde donde se realizó una llamada de Julio Bayo a su pareja, y otra versión que indica que Bayo tomó la ruta del Corredor Sur y cruzó un peaje. Otra pregunta del magistrado de Apelaciones, se enfocó en la presunta participación de la mujer imputada, ya que, según la investigación, ella permanecía en su residencia en Panamá Viejo a la hora del secuestro. Los informes de la investigación indican que existe una llamada de Julio Anel Bayo a su pareja la noche del crimen. El otro elemento que argumenta la fiscalía es el testimonio de un informante —cuya identidad no ha sido revelada— según el cual la imputada trasladó presuntamente en un vehículo a su pareja desde Panamá Viejo. Sin embargo, personas consultadas por este medio, que prefirieron el anonimato por seguridad, aseguran que la mujer no salió de Panamá Viejo esa noche y que era habitual que conversara todas las noches con su pareja por teléfono. No se mencionó algún video o algún elemento de los autos en el recorrido. Según una fuente, la imputada no conoce personalmente a Dayra Caicedo. Aunque hizo compras en su almacén, no fue la víctima quien la atendió, sino un familiar. Este sería un elemento que sustenta la fiscalía ocurrido días antes del hecho. Tras la privación de libertad de la estudiante, se desplegaron operativos en Panamá Viejo en la madrugada y a plena luz del día, como el punto de referencia en la que se centraron, pero no hubo rastros de la víctima. Lo más reciente, hace 48 horas se aseguró de una tercera captura. La supuesta persona que alegó tener la Policía no fue presentada ante un Tribunal de Garantías en Panamá Oeste. Archivos Abiertos pidió información al Ministerio Público, pero no se dio una respuesta al cierre de la nota. Los datos recopilados en la investigación se basan en testimonios de informantes, mientras que un iPhone perteneciente a la víctima sigue sin aparecer. Según la versión de un testigo, el celular estableció un perímetro entre Santa Elena y Panamá Viejo; sin embargo, la fiscalía no sustentó bajo un peritaje forense su versión del iPhone cuando fueron consultados por el magistrado en la audiencia de apelación. La vida de Dayra "No hay transparencia y la investigación está mal enfocada en la búsqueda de la víctima. Lo importante es encontrar a Dayra, pero se habla muy poco de su búsqueda", señaló Julio Alonso, asesor en investigación criminal y miembro de la Asociación de Profesionales de Investigación y Ciencias Forenses. Alonso, exinvestigador de Homicidios, de la Unidad Antisecuestro y Narcóticos de la otrora Policía Técnica Judicial, sostiene que en la mayoría de los casos de privación o contra la libertad individual, si no se solicita un rescate en un plazo de tres días, es más difícil identificar el móvil del crimen. "En muchas ocasiones, las líneas de investigación se desvían debido a información errónea y sin el respaldo técnico-científico necesario", puntualizó Alonso. Todo apunta, según el experto, a que la investigación se ha alejado de la rápida captura del principal sospechoso y otros tres involucrados, así como de esclarecer el móvil que llevó a la privación de libertad de la joven. Oldemar Forth Moya, principal sospechoso del hecho criminal, tiene antecedentes y, según fuentes consultadas, operaba en Panamá Este. La madre de Dayra Caicedo, en declaraciones a Telemetro Reporta  el pasado 21 de febrero, pidió desesperadamente que le devolvieran a su hija. "Soy de Darién, si hay personas involucradas en esto, por favor, vean el sufrimiento que tengo… Necesito que mi hija vuelva". Pasan los días y horas sin fe de vida. Hasta el momento, no se conoce oficialmente del ofrecimiento de recompensa por las autoridades de investigación para obtener información sobre el paradero de Dayra, como se hace en otros casos; ni tampoco de la solicitud de un rescate por los captores para ser devuelta a su familia.

Las mujeres periodistas no solo informan sobre desigualdades, estigmas o los acontecimientos diarios; hoy, se consolidan como agentes de cambio. Promueven la inclusión de políticas de equidad de género, se sindicalizan e impulsan la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Por: Raquel E. Rodríguez Periodista independiente - Sindicalista. La jornada de Aurelia Marín inicia a las 6:00 a.m. No necesita despertador; su mente ya está en marcha. Como veterana del periodismo, sabe que la noticia no espera. Mientras comienza su día, realiza las tareas del hogar, monitorea las redes, revisa su celular, sigue las noticias y atiende a su familia, incluyendo a sus preciadas mascotas. Sus primeras coberturas dependen de las agendas de prensa. Cada jueves, sin falta, asiste desde muy temprano a las conferencias presidenciales. Es habitual verla reportear todo lo relacionado con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y, en paralelo, abordar temas económicos, bancarios y asuntos comunitarios o sociales. Ha hecho preguntas claves, incisivas e incómodas, y al mismo tiempo, guía a muchos periodistas en las coberturas diarias. Su lado humano la distingue como una lideresa: comparte información y organiza su noticiero radial. Al mediodía, prepara el Informativo Expectativa, transmitido todas las tardes por Radio Sonora. Es consciente de que el periodismo es una profesión de sacrificio. “Si no estás dispuesta, no puedes ser una buena periodista. Hay que tener vocación” , afirma. Con 40 años de trayectoria, ha sido presidenta del Colegio Nacional de Periodistas y miembro destacada del Sindicato de Periodistas, donde ha recibido un reconocimiento de honor. Ser mujer y periodista no es fácil; se necesita valentía. Aurelia considera que las periodistas panameñas son “valientes” . Ha enfrentado diversas situaciones en las que ha tenido que "tragar sapos" y aprender a resistir, pero nada la detiene. “Estamos preparadas y hay que tener una coraza” , enfatiza. Aurelia Marín. Foto cortesía. Cuando cae la noche, Aurelia sigue pendiente del acontecer nacional. A medianoche, concluye su jornada para descansar y retomar el trabajo al día siguiente. Su consejo para las futuras comunicadoras es que se deshagan de dudas y miedos, pues solo así lograrán sus metas.   El papel de la mujer periodista El periodismo ha sido históricamente un campo dominado por hombres, pero en las últimas décadas, las mujeres han comenzado a ocupar un lugar destacado en esta profesión. La historia de Aurelia, una lideresa del periodismo, se alinea con la promoción de políticas de equidad de género en entornos laborales, gremios, asociaciones y sindicatos, donde las mujeres han impulsado la creación de espacios seguros para las trabajadoras. Es fundamental que los sindicatos reconozcan la importancia de abordar las necesidades específicas de las mujeres en el ámbito laboral, lo que los ha llevado a implementar medidas más justas y equitativas. En particular, el papel de la mujer periodista en el movimiento sindical ha cobrado relevancia no solo por su contribución a la información y la comunicación, sino también por su capacidad para influir en la defensa de los derechos laborales, los derechos humanos y la promoción de la equidad de género en el trabajo. Ana Bolena Ayarza de Colón durante la marcha el Día del Trabajador 2024. Foto cortesía. Las mujeres periodistas en el ámbito sindical han desempeñado un papel crucial al dar voz a trabajadoras y trabajadores. A través de sus reportajes, artículos y coberturas, visibilizan las problemáticas que enfrentan los empleados, especialmente en sectores donde la desigualdad de género es más pronunciada. Al abordar temas como la brecha salarial, el acoso laboral y las condiciones de trabajo, estas periodistas no solo informan, sino que también empoderan a otras mujeres para que se organicen y luchen por sus derechos. Sharon Pringle Félix, periodista, escritora, feminista y educadora popular, considera fundamental que las mujeres se agremien, se agrupen o se sindicalicen en diversas profesiones. Además, expone la realidad sin rodeos: “Existe un estigma hacia la mujer sindicalista, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, hay más mujeres fundando sindicatos. En Panamá aún tenemos una deuda pendiente, pero hay quienes están marcando la diferencia desde las Secretarías Generales” . Pringle Félix destaca que aún persiste una cultura en la que el poder sigue emanando del hombre. Mientras esto no cambie en nuestras sociedades, será necesario que las mujeres levanten su voz, y para hacerlo con impacto, deben organizarse. Cultura patriarcal A pesar de los avances, las mujeres periodistas en el ámbito sindical enfrentan numerosos desafíos. La cultura patriarcal y la resistencia a incluir la perspectiva de género en el sindicalismo siguen siendo obstáculos significativos. "No podemos seguir sentadas mientras otras están marchando, no podemos seguir calladas mientras otras alzan la voz". Sharon Pringle Félix. Con frecuencia, las mujeres son subestimadas o sus aportes minimizados en un entorno históricamente dominado por hombres. Además, la escasa representación femenina en posiciones de liderazgo dentro de los sindicatos limita su capacidad para influir en la agenda sindical. El trabajo de las mujeres periodistas en el área sindical trasciende la esfera laboral. Al visibilizar las luchas de las trabajadoras, contribuyen a un cambio cultural que desafía las normas de género tradicionales. La abogada y periodista Vielka Dudley sostiene que en Panamá existen diversas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han luchado durante años por ganarse un espacio de importancia en el desarrollo del país y, por qué no, en la transformación de los patrones y reglas sociales. Aunado a ello, se han promulgado leyes e impulsado instituciones para salvaguardar los derechos de la mujer. Sin embargo, Dudley considera que estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que no existen instancias que garanticen efectivamente el cumplimiento de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos laborales. Vielka Dudley. Foto cortesía. Por ello, la periodista Vielka Dudley hace un llamado de atención ante los hechos recurrentes de discriminación. A pesar de compartir igualdad de condiciones con los hombres en la profesión, las mujeres siguen siendo las más afectadas en cuanto a posiciones y salarios. “La mujer es la más afectada y menos reconocida. A nuestro juicio, no existe una regulación eficiente ni instancias donde se puedan denunciar abiertamente las irregularidades de discriminación en contra de la mujer ” , enfatiza. Ante estos desafíos, el papel de la mujer periodista en el ámbito sindical es clave para la promoción de los derechos laborales y la equidad de género. Aurelia Marín, Vielka Dudley y Sharon Pringle Félix no solo enriquecen el periodismo con su profesionalismo y carreras alternas, sino que también fortalecen el movimiento sindical y promueven una sociedad más justa e igualitaria. Actualmente, más de 200 miembros forman parte de la estructura del Sindicato de Periodistas, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De ese total, aproximadamente el 20 % son mujeres activas en la organización. Más de seis han liderado el gremio periodístico y han formado parte de la junta directiva de su sindicato. Muchas de ellas dirigen sus propios medios independientes y se mantienen firmes en la defensa de los y las periodistas en temas como derechos laborales, salud, género, capacitación y relaciones intersindicales. El periodismo avanza hacia una mayor inclusión y representación.  Aurelia Marín, concluye en que, pese a los desafíos de la profesión, continuará ejerciéndola por vocación. Como ella, las demás entrevistadas siguen con sus voces resonando en la lucha por los derechos laborales y la equidad de género. Periodistas del Sindicato fueron capacitados en el 2024 por la Fundación Friedrich Ebert. Edición por Grisel Bethancourt, directora de Archivos Abiertos.

Migrantes irregulares retornan a Panamá para tomar una ruta marítima qué los lleve a Colombia. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Desde que el presidente panameño José Raúl Mulino se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y aceptó recibirlos, miles de migrantes expulsados se acumulan en Panamá, sin que nadie sepa cómo regresarán a sus países. Sometidos a largos viajes por carretera y alojados en condiciones deplorables, se convierten en un nuevo y enorme drama humanitario . Por Grisel Bethancourt, miembro de #CONNECTASHub Adriana* es de Venezuela, llegó a la estación temporal de recepción migratoria    (ETRM)  en Lajas Blancas, territorio panameño, acongojada y llena de incertidumbre. Sus pasos, marcados por la fatiga, habían recorrido un largo camino de sombras y esperanzas rotas. Con ella, su pequeña hija de dos años, frágil y enferma, se encontraba al compás de su angustia nuevamente en el Darién. Pasó con ella su primera noche en Panamá en una cama de cartón, aunque no le ha faltado comida y atención médica, pero vencida por el agotamiento y sin esperanzas. Necesita volver a Venezuela donde se reencontrará con sus otros dos  hijos también menores de edad, por quienes se embarcó en esa aventura. Los días y las noches son agobiantes por los gallinazos que abundan en el lugar atraídos por los desperdicios y entran a las chozas donde duermen los migrantes. El sueño americano de Adriana se desvaneció entre fronteras y caminos truncados. Desde que dejó su tierra natal hasta su llegada a México hace cinco meses, tras atravesar las penurias de la selva del Darién y recorrer Centroamérica, cada jornada fue un eco de promesas que nunca se cumplieron. Su pareja partió hace dos años a Estados Unidos y  le prometió una nueva vida. Pero ella no pudo lograr la cita de los controles migratorios estadounidenses en la frontera de México. Él se cansó y la dejó a su suerte al otro lado del muro. Ahora, bajo el peso de la desesperación, se siente derrotada en el Darién. La madre venezolana es una de los más de 400 nacionales de ese país trasladados a Panamá procedentes del Centro de Atención al Migrante –CATEM- localizado en Paso Canoas, territorio costarricense. Allí las autoridades ticas les realizan un control biométrico para verificar que no tienen antecedentes delictivos, condición impuesta por el gobierno panameño. Llegar a la frontera no fue fácil. “Tuve que rebuscarme, pedir y buscar ayuda en la calle para poder comprar los pasajes de retorno, anduvimos de país en país hasta llegar a Costa Rica, donde nos recibieron bien; pero llegó el momento en que tuvimos que salir de allí por las gestiones entre los dos países”, cuenta Adriana. El puerto de Llano Cartí es el principal punto de embarque de cientos de venezolanos. Crédito: Ministerio de Seguridad de Panamá. El precio de ser venezolana La migrante está consciente de que entre Panamá y Venezuela no hay relaciones diplomáticas ni consulares, lo que “para nosotros es un tema imposible”. Por eso es imposible hacer cualquier trámite para que Venezuela se haga cargo de su repatriación.  Cuando en Costa Rica los embarcaron en el bus para atravesar Panamá hasta el Darién, les prometieron que regresarían a su país desde la frontera con Colombia. Pero las promesas se desvanecieron durante el viaje por carretera, cuando el grupo que la acompañaba se enteró que no llegarían a la ETRM de San Vicente (en la provincia de Darién) y tampoco serían trasladados vía aérea a Cúcuta, la principal ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela.  Al ingresar en lo que los migrantes conocen como la ONU de Panamá, es decir la ETRM de Lajas Blancas (también el El Darién), donde los albergan, Adriana se angustió aún más: ¿Qué va a pasar con nosotros los venezolanos y los que vienen en camino sin una ayuda monetaria para retornar?  “¡Esto no es vida, es inhumano!”, dice. “Mi papá no puede enviarme más dinero porque no tiene y tengo que pagar una multa porque estamos bajo migración de Panamá”, aseguró en su tercer día en Lajas Blancas. Su voz se escucha por WhatsApp quebrada por el dolor de verse atrapada en un limbo. Nadie responde. Nadie tiene respuestas. Niños y adultos en Panamá deben permanecer en la ETRM de Lajas Blancas, Darién, donde tienen condiciones mínimas. Foto cortesía. El papel del Gobierno panameño Panamá abrió las puertas a los migrantes tras un memorándum de entendimiento con Estados Unidos suscrito el 1 de julio de 2024. El acuerdo exige “ la colaboración en el manejo de la migración, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación segura y efectiva, que incluya la revisión de casos que requieran protección”. En la sección 1.4, el gobierno estadounidense se compromete a ayudar económicamente a migrantes irregulares y a apoyar a extranjeros detectados en el flujo migratorio.  Pero como contó la migrante, ella tuvo que sufragar sus gastos desde Costa Rica y debe hacer lo mismo para llegar a Colombia desde Panamá. Todo esto sucedió luego de la visita, el 2 de febrero, del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acordó con el presidente panameño, José Raúl Mulino, una ampliación del memorándum del año pasado, en términos desconocidos para la opinión pública.  Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad calculan más de 400 personas que retornaron provenientes de México y Centroamérica, en su mayoría venezolanas.  Desde el 19 de febrero y durante tres días caravanas de autobuses panameños ingresan al Darién con ellos. Estos son los primeros de miles de migrantes que atravesaron una vez la ruta de Darién hacia Norteamérica, y que otra vez llegan a su nueva realidad en las cercanías de la  selva.  El gran reflujo migratorio ocurre luego de que en la tercera semana de enero, Donald Trump cerró el acceso que atrajo a miles de personas durante la era de Joe Biden. Las deportaciones y el endurecimiento de medidas como la apertura de la base de Guantánamo para recibir a los deportados, hizo que otros miles retrocedieran hacia  América Central. Mulino ha sido objeto de fuertes críticas por el “acuerdo de cooperación” con Rubio, que muchos vinculan con las amenazas de Trump acerca del Canal, sin contar con un plan claro para manejar la llegada masiva de personas expulsadas desde Estados Unidos y otras que retornaron voluntariamente. Mientras tanto, Mulino espera concretar otro acuerdo con el gobierno de Colombia para que cientos de venezolanos regresen por esta vía hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela.  El abogado panameño Ariel Corbetti, especialista en negocios internacionales, argumenta que “se está asumiendo un problema que no es nuestro. El recibir deportados no es nuestro deber y debe estar en un texto legal que lo autorice”, advirtió. Para el jurista el gobierno no ha definido las responsabilidades de las partes y “que estamos actuando para complacer a los norteamericanos. El problema no es panameño, no está claro si somos víctimas o cómplices,  el gobierno está actuando de forma unilateral sin contar con nadie más. Sin el aval del órgano legislativo”, expresó Corbetti. Por su parte Mulino niega la opacidad y que se estén violando leyes y acuerdos, como también cuestiona las críticas directas por redes sociales de la población, líderes y opositores.  Contradicciones migratorias Sin embargo, el nuevo acuerdo contradice posturas anteriores. El 5 de diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó “que, a la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña”. Si bien el gobierno ha prometido buscar soluciones humanitarias, la realidad es que el sistema carece de una normativa migratoria clara. Mulino solo menciona que organismos como la oficina del Alto Comisionado de la Onu para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) gestionan los retornos voluntarios y mantienen los recursos necesarios provenientes de Estados Unidos para albergar y repatriar a migrantes en un corto plazo.  Dentro del flujo de “beneficiarios” de esta cooperación llegaron 299 migrantes deportados desde Estados Unidos , que fueron puestos bajo custodia policial en un hotel de la ciudad de Panamá. Mientras piden ayuda, algunos han presentado solicitudes de refugio y recursos de hábeas corpus porque, argumentan, no pueden regresar a países donde están en peligro. De ellos, según el gobierno, 13 han retornado voluntariamente y 106 han sido trasladados al albergue de San Vicente, en el Darién.   Varias lanchas salieron hacia Puerto Obaldía con migrantes antes del naufragio en Guna Yala. Foto: Ministerio de Seguridad de Panamá. Al encenderse las alarmas de la nueva crisis humanitaria con miles de migrantes en territorio panameño, los medios han constatado que al menos un centenar de migrantes pakistaníes, iraníes, chinos y de otras nacionalidades asiáticas niegan estar dispuestos a regresar a sus países voluntariamente.  Ante este panorama  el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc sostiene que el gobierno panameño a través del Servicio Nacional de Migración debe definir la regularización temporal del estatus migratorio de esos migrantes.   Desde un contexto geopolítico, el catedrático y economista Anastacio Rodríguez  explica que Panamá se ha convertido en el muro de contención de la migración de Estados Unidos. Para él, existe el peligro de que esta población migrante se quede y cree un conflicto interno “como una bomba de tiempo”. Rodríguez considera el actual flujo de extranjeros como una “migración desordenada que puede generar discriminación y xenofobia.” Derechos vulnerados Tanto en Lajas Blancas como en San Vicente el tiempo se ha detenido para los  migrantes. Panamá no puede ofrecerle más que un techo temporal, sin que nadie sepa cómo van a salir de allí. Mientras Adriana resiste esta pesadilla, a pocos metros en la misma sede temporal de Lajas Blancas se encuentra su compatriota Coromoto Gálvez*, retenida con otra venezolana por el Servicio Nacional de Migración desde hace cuatro meses. Ella llegó con esposo panameño tras sortear toda clase de peligros.  Desde que pisó San Vicente, Migración los separó y Jorge, como panameño, se vio obligado a abandonar el lugar y bajo la impotencia y dolor tuvo que dejarla encerrada sin comunicación. A pesar de estar registrado su matrimonio, el Servicio de Migración ha denegado las peticiones para su salida y se encuentra inmersa en una maraña legal que no le resuelve la situación.   Tras permanecer prácticamente sola desde el cierre de la frontera con Colombia, en las últimas semanas Coromoto ha sentido el impacto de la llegada de cientos de personas al campamento donde permanece. Con lágrimas expresó lo que califica de “terror” y acoso verbal y  psicológico de funcionarios que a diario la instan a salir hacia Costa Rica y a dejar a su esposo en Panamá.   El economista Rodríguez recuerda que tras la migración irregular hay una gran  cantidad de mujeres, niños y niñas que se ven vulneradas y violentadas en sus derechos . Situación de migrantes https://x.com/GriselB/status/1892778018352882089?t=9SfoGy4b8fwAxoCAr2YghA&s=19 Corbetti concluye en que si Panamá es un puente para la migración irregular hay que exigir un tratamiento de humanidad y que los países de donde provienen se hagan cargo de los migrantes. Por el momento una fuente de Seguridad informó que el gobierno panameño no ha concretado la devolución de cientos de venezolanos a través de Colombia, y que muchos de los migrantes han optado por arriesgarse y utilizar una ruta marítima no convencional desde el territorio indígena Guna Yala hacia la frontera colombiana de Sapzurro, municipio de Acandí. O salir desde poblados costeros de la provincia de Colón o Puerto Obaldía, donde salen al menos siete lanchas al día hacia Colombia.  En medio de la crisis humanitaria, nadie se explica por qué el Gobierno panameño insiste en llevar a los migrantes de regreso a la región del Darién, donde las condiciones son extremadamente precarias y cualquier gestión resulta prácticamente imposible. Muchos se preguntan si se trata de una especie de castigo, y para otros, es simplemente una tortura más.  *Nombres cambiados para proteger a los migrantes Publicado en Connectas.org Grisel Bethancourt Periodista panameña de investigación, periodismo judicial, consultora y documentalista, y Miembro de #CONNECTASHub. Fundadora del proyecto periodístico digital Archivos Abiertos y ex presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Ganadora de premios de prensa 2001, 2022, 2023, 2024, elegida mejor periodista radial, mejores reportajes escritos, galardonada en temas de género, defensa de los derechos humanos de periodistas, en el día Internacional de la Mujer por la labor arriesgada en la pandemia de Covid-19. Participó como escritora por Panamá en el libro Faces Assassination publicado en el 2021 del Global Initiative. Becaria del ICFJ y Celap. Expositora en temas DD.HH. y seguridad pública en Porto Alegre, Managua y Panamá. CONNECTAS es una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas

Archivos Abiertos en el 2024  se afianzó como una plataforma de investigación y reportajes especiales. Ha dado paso a colaboraciones en temas que hacen cada vez más especial el periodismo de investigación en Panamá. Agradecemos a ustedes que sean parte de nuestros lectores y con ello nos alientan a seguir con el espíritu para continuar con el trabajo periodístico de excelencia.   La revista Intersect ha destacado a Archivos Abiertos como uno de los medios digitales con periodistas de trayectoria que han ganado relevancia, en el ecosistema de los canales digitales.   Esta plataforma fue reconocida en diversas premiaciones nacionales con escritos e historias reportadas en el 2023 y 2024. Hemos participado en medios formales como La Estrella y La Prensa al ganar con ello 3 premios de prensa junto a prestigiosas periodistas locales.   Para el 2025 nuestro trabajo continuará ofreciendo trabajos de excelencia con independencia. Entregamos a ustedes un resumen de los reportajes destacados con nuestra participación y el apoyo de publicaciones en medios. Bajo Chiquito, El Pueblo Selvático que la Migración Transformó   Por Grisel Bethancourt Ganador del Mejor Reportaje Escrito del Fórum de Periodistas / La Prensa Bajo Connectas.org   El éxodo de personas hacia los Estados Unidos cambió la vida de un pueblo en el Tapón del Darién. Su gente, que antes dependía de la pesca y la agricultura para sobrevivir, ahora ve en cada migrante y su familia una oportunidad de negocio. Desde el aire, Bajo Chiquito parece una pequeña telaraña multicolor atravesada por una callecita pavimentada por la que van y vienen migrantes arrastrando carretillas con mercancía de un local a otro a los que les pagan, en promedio, 15 dólares al día. El río Tuquesa —donde atracan lanchas de motores de alto caballaje— bordea la telaraña y es por donde llegan los migrantes. CONNECTAS llegó hasta Bajo Chiquito para constatar la transformación inédita de un pueblo selvático que dependía de la pesca y la agricultura. Históricamente ha ocupado los primeros lugares de pobreza en Panamá, pero desde hace un par de años la migración transformó su realidad. Si bien sus 300 habitantes estaban acostumbrados al paso de los migrantes, el flujo de personas se disparó después de la pandemia. Según los registros oficiales, en 2020 cruzaron 6.465 personas de manera irregular, para el año siguiente, fueron 133.726. Sólo en los primeros seis meses de 2023, van 184.569 migrantes con rumbo a Norteamérica.   https://www.connectas.org/especiales/bajo-chiquito/   Foto: La Estrella Agonizan los Manglares de Panamá Viejo Por Marlene Testa y Grisel Bethancourt Ganador de los premios Mejor Reportaje- Audubon y Senacyt /La Estrella Una extensión del dosel del bosque de manglar de Panamá Viejo, en la Bahía de Panamá, ya no es verde. Una porción – frente a un tramo del Corredor Sur- perdió sus hojas. Los troncos y ramas secas, apenas sostenidos por los fangos, parecen anunciar la muerte del humedal. Otra porción aún conserva sus hojas, pero su color parece indicar que están a punto de caer. Se trata de árboles jóvenes, de cerca 20 ó 23 años. A mediodía, en plena estación seca, con el sol en su cenit, el escenario impresiona. el impacto del fenómeno de El Niño en el 2015 - 2016, lo confirma. La experta en temas de manglares explica que esta es una reacción de los árboles al incremento de temperatura y escasez de lluvias, que es propia de eventos extremos. https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/agonizan-los-manglares-de-panama-viejo-CN5861026 Foto: La Estrella Violencia asola a la niñez panameña   Por Zaida Herrera, Eduardo Mendoza y Grisel Bethancourt   Publicado por La Estrella Las muertes violentas cegaron la vida de 47 niños y adolescentes en el 2023, frente al creciente aumento en la tasa de homicidios en el país, el principal móvil fue la rencilla entre pandillas .   El estremecedor sonido de las balas resonó en La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. A plena luz del día, un hombre, armado hasta los dientes, irrumpió en una actividad deportiva en busca de su enemigo. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre la comunidad cuando una niña de dos años quedó en medio del atentado, perdiendo su vida inocente. A su lado, una adolescente de 13 años sobrevivió milagrosamente a la ráfaga de balas. Seis meses después, la Torre 7-A de Curundú se sumió en la oscuridad de una nueva víctima. Un enfrentamiento entre bandas delictivas desencadenó disparos cruzados, y una niña de 8 años quedó atrapada en la danza de balas, convirtiéndose en otro trágico episodio de la violencia que azota a la niñez panameña. Estos dos relatos representan la punta del iceberg de la tragedia que ha envuelto a la niñez panameña. Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado, dos de ellos los que acabamos de relatar.   https://www.archivosabiertos.net/post/violencia-asola-a-la-ni%C3%B1ez-paname%C3%B1a Foto: UNICEF Panamá ¿Escuelas Seguras? Desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes ante la violencia   Por Sharon Pringle Félix y Grisel Bethancourt Ganador Mención Honorífica Reportaje Escrito/ Premios UNICEF-CELAP  Allan sentía   miedo, estaba triste. Un día, ante la amenaza de cinco compañeros de noveno grado, le dijo a su madre: “Mamá me puedo quedar en casa y mandas una justificación, así vamos la otra semana cuando no hay mucha gente” .  El niño no quería tener más problemas, a tal punto que solo tomaba agua en casa para no ir al sanitario en el colegio. En junio de 2024, dos hermanos (niño y niña) que estudian con Allan, invitaron al salón a supuestos amigos del mismo centro escolar, quienes lanzaron una caja con libros al abanico de techo del salón, éstos volaron hasta averiar el artefacto, parte de las hojas cayeron en la cabeza de una compañera. Otra estudiante, grabó la escena con el teléfono celular de Allan. Dicha acción provocó que los responsables del hecho lo acosaran, e intimidaran en agredir con arma blanca y de fuego. Este es uno de los muchos casos de violencia escolar que se registran en nuestro país. Según el Ministerio de Educación -Meduca, solo en el transcurso del año 2024 se han reflejado situaciones de violencia en más de 200 centros educativos oficiales panameños, son sucesos que se conjugan en lo cotidiano de una jornada escolar. El presente reportaje utiliza nombres ficticios para proteger la identidad de los menores de edad afectados por violencia escolar, asimismo, se cuidó la ubicación exacta y centros escolares citados.   https://www.archivosabiertos.net/post/escuelas-seguras-desaf%C3%ADos-que-enfrentan-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-ante-la-violencia Foto: Archivos Abiertos/Omar Bonilla La carne animal, un asunto político   Por Sharon Pringle Félix Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más. Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud. Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   https://www.archivosabiertos.net/post/la-carne-animal-un-asunto-pol%C3%ADtico

Las ciencias sociales se sientan a la mesa en la nueva sociedad.   Por Sharon Pringle Félix Periodista Independiente, especial para Archivos Abiertos.   Si los alimentos de carne animal enlatados a disposición en supermercados o restaurantes tuvieran una etiqueta de lo que contienen en lenguaje de comprensión popular o expusieran su tratamiento hasta llegar al plato a quienes la consumen, es probable que más de la mitad de quienes leen este escrito pensarían dos veces consumirlos, por múltiples motivos, entre ellos los relacionados con los que se expondrán en estos renglones o quizá más.   Para los pueblos ancestrales cuando se habla de carne, se contempla la armonía en convivencia con otros seres vivos y, aunque no se comprenda fácilmente desde Occidente, existe una amplia gama de posibilidades ajenas a las prácticas en las sociedades urbanas de estos tiempos. De tal forma, la reflexión sobre este alimento puede separarse en un antes y un después del capitalismo. Por ejemplo, la carne animal se encuentra con lo espiritual, la entrada de las colonizaciones ha sido un golpe para las culturas originarias. Por tal, es objeto crucial de investigación, desde el tema nutricional, cultural, y desde el ámbito de la salud.   Un repaso histórico refleja el paso de la humanidad frente a sus hábitos y acciones referente al consumo de carne animal. La industrialización de la violencia animal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX en Chicago y se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, cuando las granjas industriales se convirtieron en la forma dominante de la cría de ganado, años antes, en 1940 el vegetarianismo ya existía como estilo de vida, elevando sendas voces desde organizaciones británicas a fin de detener el consumo de animales.   No fue hasta 1970 que el movimiento por los derechos animales toma fuerza, las posiciones de organizaciones sociales y feministas de la época abogaban por un trato más humano a los animales domésticos, y un alto al especismo. El eco de las mujeres europeas resuena en las Américas cuando la feminista afroamericana Ángela Davis  en la 27º Conferencia de Empoderamiento de Mujeres de Color este 2024 afirmaba: " No solía mencionar que soy vegana, pero eso ha evolucionado. Creo que es el momento adecuado para hablar de ello porque es parte de una perspectiva revolucionaria.”    La carne y las ciencias sociales Existe una demora de la sociología en abordar los temas de la comida. De eso da cuenta el artículo “ La carne y el cambio social: Perspectivas sociológicas sobre el consumo y la producci ón de animales ”, divulgado en la versión 311 de la Revista Nueva Sociedad, publicación latinoamericana de ciencias sociales abierta a las corrientes de pensamiento progresista, proyecto de la Friedrich Ebert (FES), la pionera de las fundaciones políticas alemanas (1925), creada como legado de socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente alemán elegido democráticamente.   En el mencionado artículo, sus autores Frithjof Nungesser y Martin Winter brindan elementos de análisis, referenciando a investigadores, políticos e historiadores con los que dejan evidencia de que el consumo de carne no está predeterminado “ por la naturaleza ”, sino inducido, regulado y restringido social y culturalmente. Por tanto, al co-relacionarse esos factores de producción y consumo de carne, desencadenan conflictos relacionados con la crianza de los animales, la degradación ambiental y el tema del acceso de carne a ciertos niveles altos de la sociedad.   Nungesser es profesor en el Instituto de Sociología de la Universidad de Graz, mientras que, Winter está especializado en sociología cultural, de género, estudios sobre ciencia, tecnología, e investigación social cualitativa.   Los autores mencionan al sociólogo francés Pierre Bourdieu y su aporte sobre la relación del consumo y los patrones que se asumen con respecto a las sociedades dependiendo de la clase. Además, proponen a estudiar la correspondencia entre carne, género y clase, comprendiendo que la producción de carne debe entenderse en el marco de relaciones humanos-animales específicas de cada cultura.   Entre valores nutricionales y mercado Dicho escrito de Nungesser y Winter, refleja una serie de variables que minuciosamente presentadas preocupan a comensales o no de la carne animal. Es que la concepción de este alimento cambió a medida que el conocimiento nutricional viró hacia un modelo bioquímico y dejó de ser considerada un alimento difícil de digerir para pasar a ser un alimento saludable y nutritivo.   Lo anterior quiere decir que los conocimientos nutricionales fueron puestos en función del mercado. Entonces la ciencia nutricional para calmar el conflicto social dispuso calcular las raciones de alimentos y justificar así científicamente el suministro de alimentos a los trabajadores.   Sin duda, el aumento del consumo de carne animal está ligado al establecimiento de una sociedad de clases capitalista y a la asignación de trabajos manuales duros a los varones. De hecho, la cita de los autores al nutricionista Carl Voit (1831-1908) aporta una polémica en cuanto a la otrora recomendación de que especialmente los trabajadores (varones) tenían que consumir grandes cantidades de proteínas. En lo cotidiano, que inicia desde el ámbito privado de sentarse a la mesa, invita a recordar la relación familiar y analizar quién suele acceder al trozo de carne más grande en casa, y de seguro no será porque le guste a alguien o no, sino por un mandato nutricional y de relaciones de poder. Sí, tal vez se dificulte comprender que detrás de su plato de comida hay un poder que  regula sus hábitos, y en el caso de las mujeres el consumo de carne animal por su connotación de ser un riesgo para la salud del atractivo del cuerpo femenino.    Foto. Cortesía   Consumo de carne y relaciones de poder A simple vista hay una latente en temas de género y consumo cuando los autores citan a Carol Adams, quien sostiene que el dominio patriarcal está vinculado al dominio humano sobre los animales. Describe analogías semánticas entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales, que se vuelven especialmente obvias en la publicidad sexualizada de la carne.   Podría pensarse en una variable adicional a la relación género, clase y carne, como el tema de raza como término politizado desde los pueblos originarios, que en este apartado no fue considerado, pero abriría un abanico de análisis.   Escudriñar estas cosas de la carne animal es crucial, implica un tema de ética humana donde sí importa el sector o contexto donde se ubique, ya que no implica lo mismo una población que está apenas accediendo a comer mollejas de pollo, probablemente estresado en jaulas calurosas, y otra que accede al corte más exquisito de res criado en aire acondicionado, con alfombras y un gasto energético importante.   Es que la disponibilidad y asequibilidad crecientes de la carne solo fueron posibles gracias a una profunda transformación en la cría de ganado y la producción de carne. Es tan reciente lo que conocemos como matadero, surgió apenas a principios del siglo XIX. De allí cambió la práctica de consumo que conocemos al día de hoy, que según la FAO ha disparado excesos significativamente, dando a la faena anual de ganado un aumento en el mundo 783% en los últimos 55 años. En el mismo lapso, la población mundial aumentó apenas 138%.   Transformando los conflictos en reflexiones Los conflictos de los que hablan los autores se podrían transformar en posibilidades de convivencia y de nuevas formas de habitar desde cada cuerpo.   Entendiendo la supremacía de la clase dominante, se comprende que no es un conflicto de la carne per se, esa sería apenas una mirada, es el tema de clases, de fondo un dominio del ser humano hacia los animales como cultura. En cada contexto, la carne se representa como un objeto diferente de estudio, el acuerdo entre los autores y otros especialistas citados, da cuenta de una hipótesis de las ciencias sociales: hay un sistema configurado donde solo quienes tienen acceso a mejores ingresos económicos pueden alimentarse mejor.   En este panorama, no está fácil establecer patrones adecuados de consumo en lo moral si tomamos en cuenta el aspecto de clases, porque accede a comer quien más y mejor tiene y quién más ostenta el poder. Esto presenta nuevas reflexiones, va más allá de enunciarse con etiquetas de comensales, que en algunos casos persuade un mercado-sistema que logra moldear e inventa eufemismos que rápidamente adquieren seguidores.   Por otro lado, hay quienes condenan a quienes comen carne, pero se extralimita en otros privilegios alimenticios. Esta contradicción moral hace  tornar la relación humana lejana a la riqueza de la diversidad, en función del dominio de unas prácticas que cree perfectas contra otras, y añade conflictos racistas por el tema religioso y cultural. Tal parece que la carne desde la Biblia a nuestros días sigue siendo análisis.   El análisis de la carne animal, su consumo y todo lo que entorna este tema, convoca a ahondar en conversas y espacios desde lo político y la política, de lo contrario se pueden seguir hábitos tendientes a una acción predadora incontrolable y salir corriendo ante el primer puesto de comida rápida y devorar una presa de pollo frito crujiente, ultra grasoso después de estas reflexiones, o ir a un restaurante y mientras se enfría la comida entrar a Instagram o Facebook a postear el mejor ángulo de la deliciosa lasagna  de tres carnes, para luego ver cuántos me gusta o visualizaciones logra.   ¿Podrá el ser humano y humana crear nuevas formas de convivir y hacer uso de la carne y al mismo tiempo bajar los niveles de sobre consumo que imponen las actuales sociedades de clases? Es una gran pregunta en un contexto mundial donde hablar de consumo de carne animal es similar a participar de un juego de ajedrez, cada jugador intentaría mover la ficha que le hace avanzar en una disputa, con la conciencia de que está ejerciendo el mejor de los movimientos. Al final del juego, aunque tarde, siempre aparece el aprendizaje. Foto de Portada, Omar Bonilla.

Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado. Por Grisel Bethancourt, Zaida Herrera y Eduardo Mendoza. Las muertes violentas cegaron la vida de 47 niños y adolescentes en el 2023, frente al creciente aumento en la tasa de homicidios en el país, el principal móvil fue la rencilla entre pandillas. El estremecedor sonido de las balas resonó en La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. A plena luz del día, un hombre, armado hasta los dientes, irrumpió en una actividad deportiva en busca de su enemigo. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre la comunidad cuando una niña de dos años quedó en medio del atentado, perdiendo su vida inocente. A su lado, una adolescente de 13 años sobrevivió milagrosamente a la ráfaga de balas. Seis meses después, la Torre 7-A de Curundú se sumió en la oscuridad de una nueva víctima. Un enfrentamiento entre bandas delictivas desencadenó disparos cruzados, y una niña de 8 años quedó atrapada en la danza de balas, convirtiéndose en otro trágico episodio de la violencia que azota a la niñez panameña. Estos dos relatos representan la punta del iceberg de la tragedia que ha envuelto a la niñez panameña. Nueve casos de muertes violentas de niñas fueron registrados el año pasado, dos de ellos los que acabamos de relatar. Sin embargo, la cruel realidad es aún más sombría: 47 niños y adolescentes perdieron la vida en 2023, un aumento impactante del 30% en comparación con el año anterior y constituyendo un 8% de todos los homicidios del mismo período. Colón se convierte en el epicentro de esta epidemia, con 17 casos, todos vinculados por el trágico común denominador del uso de armas de fuego. El área metropolitana le sigue de cerca con 13 casos. Uris Vargas, fiscal Superior de la Sección de Homicidio y Femicidio, revela que la rencilla entre pandillas fue el móvil en al menos siete de estos casos. Durante las investigaciones de homicidios, un equipo multidisciplinario, compuesto por fiscales del Ministerio Público, trabajadores sociales y criminólogos, se adentra en el entorno de las víctimas para dilucidar los motivos del homicidio y señalar a los autores. Sombras en el hogar y el flagelo de la violencia infantil Los especialistas han identificado hogares en vulnerabilidad en el área metropolitana, donde la disfuncionalidad, la adicción de los padres, el abandono escolar y la presencia de pandillerismo o bandas juveniles contribuyen al riesgo de los niños y adolescentes. Danilo Toro destaca la alarmante influencia del mercado oscuro de armas en estos entornos. La Organización Mundial de la Salud, en 2022, alertó sobre la violencia como una de las principales causas de disfunción en adolescentes, resaltando la necesidad de abordar este fenómeno que afecta principalmente a varones. Armas Ilegales Los expertos, tras analizar esta ola de violencia, coinciden en que es imperativo que los sistemas de seguridad y justicia protejan a la niñez y la juventud. Carlos De Icaza, exjefe de la Unidad Antipandillas y subcomisionado retirado de la Policía Nacional, arroja luz sobre la conexión entre la violencia y la existencia descontrolada de armas ilegales en manos de personas sin la capacitación necesaria. De Icaza denuncia las distintas modalidades del crimen organizado, destacando la facilidad con la que las personas menores de edad son inducidas a cometer delitos y homicidios, dada su inimputabilidad. La carencia de educación y control en el hogar se presenta como el caldo de cultivo para la participación de los jóvenes en grupos delictivos. El Mercado Oscuro de las Armas Danilo Toro, sociólogo, pone al descubierto un mercado alarmante que promueve comportamientos negativos mediante la disponibilidad fácil de armas. Critica la falta de políticas públicas efectivas para contrarrestar los asesinatos de niños y adolescentes con armas de fuego, señalando la urgencia de acciones profundas por parte de las autoridades. La ausencia de una dirección clara y medidas preventivas coloca a la sociedad en una encrucijada, evidenciando una problemática que requiere intervenciones urgentes y profundas, según las palabras del sociólogo. El criminólogo Carlos González, de la Universidad de Panamá, contextualiza la situación al señalar que la delincuencia juvenil florece en contextos socioculturales de bajos ingresos económicos. La exclusión social, la pobreza y la distribución desigual de la riqueza son terrenos fértiles para que la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) se convierta en víctima de violencia y abuso en una sociedad marcada por la brutalidad. González apunta a la crianza, el entorno social y el bienestar proporcionado por el Estado como factores homogéneos que influyen en los homicidios, destacando la responsabilidad de la sociedad en prevenir la caída de los jóvenes en el abismo de la delincuencia. Dinero fácil La socióloga Rubiela Sánchez sostiene que el homicidio de un adolescente que está inmerso en pandillas y el narcotráfico es el detonante final, “es la evidencia de que hemos fracasado como sistema y sociedad”. ”No hemos realizado programas efectivos para impedir que el narcotráfico deje de ser lo más atractivo en algunas comunidades donde es perceptible la frustración de no tener recursos para subsistir en una sociedad tan consumista, que te bombardea con propaganda de lo que está de moda, el celular modelo último, las zapatillas o hasta el apoyo que puedes dar a tu familia para las necesidades básicas”, dice la socióloga. Para el psicólogo Fernando Gómez es fundamental que los padres ejerzan una labor responsable como cuidadores. “Tómense en serio la labor de los padres. Estén allí, no sean ausentes porque muchas veces los niños encuentran estos malos caminos porque los padres no los han aconsejado o acompañado suficiente”, señaló Gómez. Los asesinatos de infantes (0 a 5 años) es otra cruda realidad. En el país han ocurrido casos que son investigados y cuyas víctimas tuvieron un día de vida. La estrangulación de un bebé por su propia madre fue un hecho ocurrido en Las Mañanitas, ciudad capital, narró una fuente de investigación consultada. La autora del homicidio aseguró haber tenido un aborto espontáneo, pero al ser examinada por médicos se comprobó que había dado a luz. El niño había nacido vivo. Fue el esposo quien encontró al bebé dentro de un cesto de ropa sin vida. Este caso fue investigado por la Sección de Femicidio y Homicidio del área Metropolitana, el cual se encuentra a la espera de la fase de juicio oral, donde la madre es la imputada. El efecto de la violencia En los hogares hay todo tipo de hechos violentos, entre ellos, el maltrato. Muchos de los casos nunca se denuncian. En ocasiones por la edad y condición de desarrollo y dependencia de la víctima (bebés e infantes, niños). Según el “Análisis de Situación de violencias contra niños, niñas y adolescentes en Panamá”, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) del 2018, cada vez hay mayor número de niños y adolescentes víctimas de violencia que requieren la protección del Estado , tanto en su forma de prevención como de atención. Una persona que pasa por una situación de violencia, incluso quien la presencia puede experimentar consecuencias mentales, estrés, miedo, establece el psicólogo Fernando Gómez. En conclusión, la violencia desatada sobre la niñez panameña ha creado silencios rotos y gritos ignorados. La ineficiencia del sistema educativo, el acceso peligroso a armas de fuego y la ausencia de políticas públicas forman un tejido social frágil que exponen a las personas menores a un entorno desafiante. Danilo Toro, el sociólogo, insta a la sociedad y al gobierno a tomar medidas decisivas para proteger el futuro de la juventud y restaurar la integridad de un sistema educativo colapsado. En medio de este paisaje desolador, cada niño y niña perdida clama por un cambio que les devuelva la esperanza y la seguridad que les han sido arrebatadas. Publicado en La Estrella de Panamá. Foto Larish Julio

Un fenómeno similar ocurrió entre 2015 y 2016. Los manglares de Panamá Viejo, Juan Díaz y La Maestra perdieron sus hojas y la coloración del follaje. Por Grisel Bethancourt y Marlene Testa Una extensión del dosel del bosque de manglar de Panamá Viejo, en la Bahía de Panamá, ya no es verde. Una porción – frente a un tramo del Corredor Sur- perdió sus hojas. Los troncos y ramas secas, apenas sostenidos por los fangos, parecen anunciar la muerte del humedal. Otra porción aún conserva sus hojas, pero su color parece indicar que están a punto de caer. Se trata de árboles jóvenes, de cerca 20 ó 23 años. A mediodía, en plena estación seca, con el sol en su cenit, el escenario impresiona. Digna Barsallo, la directora de Costas y Mares Ministerio de Ambiente (Miambiente) pasaba por el Corredor Sur - frente al tramo de Panamá Viejo y Coco del Mar - y su asombro fue mayúsculo al percatarse que el manglar había cambiado el natural verde de sus hojas por el ocre. De inmediato se encendieron las alarmas. Lo asoció al cambio climático que incide en la severidad de El Niño, caracterizado por la disminución de las lluvias y el aumento de temperaturas marinas. Las normales oscilan entre 27° y 28°. Pero, actualmente alcanzan los 37 ° y más. Barsallo notificó la situación: envió un correo a la Dirección de Información Ambiental y pidió una investigación que evalúe las evidencias y determine las causas de la degradación de los manglares de la Bahía de Panamá. Tania Romero, bióloga que estudió el impacto del fenómeno de El Niño en el 2015 - 2016, lo confirma. La experta en temas de manglares explica que esta es una reacción de los árboles al incremento de temperatura y escasez de lluvias, que es propia de eventos extremos. La decoloración y caída de las hojas son los primeros signos de la agonía del ecosistema. Es también un mecanismo de sobrevivencia de los manglares– que empiezan a perder sus hojas y su coloración - para reservar energías y mantener por un mayor tiempo la estructura del árbol (ramas y troncos), agregó Romero. Pero, no son los únicos. Los manglares de Juan Díaz - que están cercanos a la planta de tratamiento de aguas servidas– también tienen áreas con apariencia fúnebre. Muro de defensa El manglar de Panamá Viejo está cercano al afluente del Río Abajo, que le proporciona el agua dulce, y al litoral pacífico. Acompaña la línea de edificios y viviendas erigidos en el límite de una zona histórica, donde reposan las ruinas de la primera ciudad de Panamá, fundada hace 504 años. Funciona como una barrera natural que amortigua los efectos de los oleajes y marejadas contra las estructuras. Esos árboles salados son organismos vivos que requieren de ciertas condiciones para crecer y desarrollarse. Normalmente pueden sobrellevar los excesos de agua dulce y salada a los que están expuestos en el área de transición. Cuando la marea sube, los árboles absorben las sales y nutrientes a través de sus raíces. Al bajar la marea, el exceso de sal, que queda en sus raíces, se lava con la lluvia. En la temporada seca, se pierde ese recurso. Eventos climáticos extremos como El Niño puede conllevar a la planta a un “estrés hídrico”, que impediría cumplir la función de eliminación de sales, añadió la bióloga Tania Romero. Pueden sobrevivir dos o tres meses en este ambiente extremo por su capacidad de resiliencia. Pero con un fenómeno como El Niño - que duplicaría el periodo de la estación seca- las probabilidades de sobrevivir de los manglares son escasas. Primero caerían las hojas y luego las ramas. Por último, podrían perder el tronco. A un tronco debilitado – sin hojas ni ramas - podrían caerle insectos y hongos que descomponen la madera. Más aún cuando han sido expuestos a un evento previo y extremo de La Niña – que provoca exceso de lluvias –, y que trae consigo escorrentías de ríos que se acumulan en las raíces de los manglares y las cubren, impidiéndoles absorber y expulsar sales. “La superficie que tenían para eliminar la sal es reducida porque las raíces han sido cubiertas en un 25% y probablemente 50%. Solo tendrían un 50% para ayudarse en la sequía extrema”, concluyó Barsallo. Aunque, habrá algunos organismos que no morirán del todo y tendrán la capacidad de regenerarse. El Niño 2015 -2016 Un fenómeno similar ocurrió entre 2015 y 2016. Los manglares de Panamá Viejo, Juan Díaz y La Maestra perdieron sus hojas y la coloración del follaje. Esto ocurrió a lo largo de la costa entre la Ciudad de Panamá y la provincia de Darién. Hubo una alta mortalidad: 70% en áreas cercanas al mar y 20% en otras más alejadas. Los de Juan Díaz y La Maestra sufrieron un evento de mortalidad masiva. Los de Panamá Viejo experimentaron la defoliación de las hojas, pero se recuperaron rápidamente, aseguró Steve Paton, investigador de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). Los primeros estudios – que se realizaron entre agosto y septiembre de 2016 - apuntaban a un incremento de la actividad herbivoría -que es cuando un insecto consume una planta – como causa de la muerte de los manglares. Para confirmar o descartar la hipótesis, un equipo multidisciplinario de tres instituciones y nueve organizaciones, liderado por Senacyt, realizó un monitoreo de insectos (polilla), hongos y enfermedades. También hicieron una evaluación ecológica y fisiológica de los manglares, así como pruebas fisioquímicas al agua y suelo, y estudios de los niveles de almacenamiento de carbono. Las conclusiones están consignadas en el documento “Estudio y Monitoreo de los Manglares de la Bahía de Panamá”. La polilla no era la causa de las afectaciones a los manglares. Su presencia era normal en la época en que se produjo el fenómeno y no causó afectaciones severas, según el documento. Los científicos agregaron que, aunque estos insectos son los que más usan el foliar del manglar, sus ataques son esporádicos. Además, forman parte de la fauna de los manglares y son enemigos naturales de ciertas plagas que afectan los árboles. Ubicados en la Bahía de Panamá, que forma parte de la Convención Ramsar sobre protección de humedales, estos manglares son considerados como uno de los sitios importantes de migración de aves de Norte a Sur de América y viceversa. Se estima que, solo de aves playeras, transitan anualmente hasta dos millones de ejemplares por esta zona. Salinidad tóxica Como consecuencia de la sequía de 2015 y 2016, hubo una evaporación extremadamente alta que provocó que la salinidad del suelo de los manglares alcanzara niveles tóxicos. Los árboles que se habían desarrollado bajo condiciones de abundantes lluvias y nutrientes, no lograron tolerar la escasez de lluvias, durante ese periodo. Así lo establece el estudio del equipo multidisciplinario. ”La acumulación de estrés hídrico causado por tres años seguidos de lluvias por debajo de lo normal”, pudo haber causado la muerte de los manglares, indicó Steve Paton, investigador de Senacyt. El mismo episodio (2015-2016), que se experimentó en la Bahía de Panamá, fue reportado en toda la cuenca del Pacífico. En Australia, se reportó la mortalidad masiva de manglares en la Bahía de Carpentaria. En Ecuador, se ha estudiado cómo diferentes eventos de El Niño alteran los niveles del mar en el Golfo de Guayaquil. Hombre vs naturaleza A esta cadena de situaciones hay que sumarle el grave impacto de las actividades humanas. Las aves conviven en el manglar junto a latas vacías, botellas de plástico, restos de neumáticos y suelas de calzado, que han llegado al bosque arrastrados por la marea, favoreciendo la contaminación. Hay, además, otras actividades producidas por los seres humanos que también atentan contra la conservación de los manglares. Entre ellas están el uso de suelo, el manejo inadecuado de aguas servidas y el desarrollo humano desordenado que incrementa la sedimentación. Extensión de manglares Panamá, con 187.064 hectáreas de manglares, es uno de los países de Centroamérica que tiene más bosques azules. El país, con costas en el Pacífico y el Atlántico, tiene 12 de las 75 especies puras que existen en el mundo. Pero desde la década de los 70 ha perdido más del 50 %. Sin embargo, en algunos lugares ha aumentado su cobertura por procesos naturales. Eran muy apreciados por las sociedades precolombinas, pero la introducción de la ganadería, hace cinco siglos, provocó que la sabana se convirtiera en el ecosistema principal y que los manglares empezaran a ser percibidos como “inútiles” para la actividad humana. Aún se tiene la percepción de que los manglares son poco productivos y deben ser sustituidos por inversión inmobiliaria. Pero la realidad es que las afectaciones a los bosque de manglar comprometen los bienes y servicios de captación de carbono, reciclado de nutrientes, capacidad de refugio de especies marinas de importancia comercial, al tiempo que reduce la defensa de las costas frente a la intrusión de aguas marinas y su protección contra las tormentas. La sequía de 2023 El 2023 fue el segundo año más seco en 98 años de registros en la reserva biológica de Barro Colorado. Estuvo apenas 5mm por arriba del más seco, 2015, según datos suministrados por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI, por sus siglas en inglés), Con este reporte coinciden los efectuados por personal del Parque Natural Metropolitano. Estuvo marcado por la llegada de El Niño que alcanzó una intensidad fuerte en Panamá para agosto, septiembre y octubre. Y así se ha mantenido el primer mes del año 2024. En Panamá, se estima que las precipitaciones se reducirían entre un 15% y 40% por causa de su severidad. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre hubo lluvias normales. Eso quiere decir que los manglares entraron en la época seca con más agua que en 2015 y 2016. Las lluvias de 2013 y 2014 fueron por debajo de lo normal. Pero, el 2021 y 2022 fue muy húmedo. Pero, cada evento de El Niño es diferente y las condiciones que lo proceden también lo son. Por tanto, “es difícil predecir cómo se comportará el manglar ante este nuevo episodio de sequía asociado al fenómeno del clima”, señala Omar López, otro investigador asociado a la Senacyt. “Este año hay una sequía, como no hemos visto en toda la historia ni en los últimos 100 años”, pronostica Julio Montes de Oca, Director de Resiliencia Costera de Audubón Américas. La conservación del manglar ha tomado relevancia en el ámbito nacional en los últimos cinco-siete años por su potencial de mitigación al cambio climático, que es irónicamente una “oscura” amenaza para el ecosistema, dice Montes de Oca. Sin embargo, en los manglares de la Bahía de Panamá poco se ha avanzado. “Se ha logrado el desarrollo del plan de manejo, pero de manera concreta no se han implementado las recomendaciones vertidas” en el informe para mitigar su impacto contra eventos extremos, concluye López. La ausencia de prevención, unida a la fuerte amenaza climática, compromete el futuro de los manglares panameños. Mientras tanto en Panamá Viejo se decoloran las hojas esperando la acción reivindicadora del ser humano o un milagro de la naturaleza. Reportaje Publicado en La Estrella / Foto Eric Marciscano. Premio Mejor Reportaje 2024, Sociedad Audubon de Panamá.

Mientras los jueces del Sistema Penal Acusatorio se enfrentan cada día a los vaivenes de la interinidad, familiares y víctimas cuestionan sus decisiones y sienten que la justicia muchas veces no toca a sus puertas. Se logran acuerdos de pena como si se tratara de restaurantes de comida rápida. Por Grisel Del Carmen Bethancourt Cuesta ESPECIAL PARA LA PRENSA EN COLABORACIÓN CON ARCHIVOS ABIERTOS Segunda Entrega Panamá fue de los países que más retrasó la transformación del sistema penal hacia la nueva versión del Sistema Penal Acusatorio, que ya hay en casi todos los países de América Latina. Su diseño se hizo superando las debilidades y falencias de los países que ya tenían más de 10 años de administrar justicia penal, destacó Carlos Lee, abogado y miembro del Pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, aunque sea un modelo bueno, no basta con tener una ley buena, sino que hace falta voluntad política para que dé resultados, argumentó. En Panamá, desde la implementación del SPA, los gobiernos no han tenido la disposición de apoyar con los recursos económicos necesarios, como está propuesto en el diseño, enfatizó. Pero Lee no se quedó en la crítica y fue más allá. Junto a Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se declararan inconstitucionales los artículos 7 y 8 de los renglones que establecen el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público, dado que la propia Constitución les otorga independencia para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales. En febrero de 2022, la Corte declaró la inconstitucionalidad de dichos artículos, por lo que el Órgano Judicial mantiene la potestad de su presupuesto para cada vigencia fiscal. Desliz o injerencia Pero el Órgano Judicial no solo ha vivido los embates a su presupuesto, sino también a su independencia. Las recientes críticas públicas contra jueces del SPA por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, puso en entredicho la separación que debe existir entre los poderes del Estado. El funcionario cuestionó públicamente al sistema luego de que una juez otorgara detención domiciliaria a un ciudadano que supuestamente agredió a un motorizado (lince). Pino no dudó en decir: “Tengo una fiel confianza con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que las cosas van a cambiar (…) Yo lo he dicho anteriormente, de muchos casos donde la Policía aprehende y los jueces desapreheden (…) son cosas que van a cambiar, hay un proceso que se está llevando a cabo”. Él sabrá por qué lo dice. En enero de 2022, el ministro de Seguridad Pública se reunió con la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Según explicó el Órgano Judicial, intercambiaron opiniones de diversos temas de interés para la Administración de Justicia. “Que se respete la independencia judicial y se les permita a los jueces resolver de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto”, solicitó enérgicamente el Colegio Nacional de Abogados, al considerar este acto como injerencia del Ejecutivo en la justicia penal. Por su parte, el exministro de seguridad pública, Rodolfo Aguilera, les recordó a los policías que no está dentro de sus funciones criticar ni dictar las políticas públicas del Estado ni de otros órganos. Lo cierto es que el Órgano Judicial, en los once años de implementación del SPA, ha concedido como medida cautelar de detención domiciliaria solo el 2.88 por ciento del total de 62,820 medidas distintas a la detención previsional. Acuerdos de pena, una comida rápida Ante la crisis que vive el SPA, se está usando la figura del acuerdo de pena de manera constante para descongestionar el sistema. Eso es un error, según el docente Carlos Lee. Otros van más allá. El jurista Miguel Ángel Rodríguez, experto en SPA, calificó esta práctica como la “macdonalización” en el proceso penal, es decir, es como un servicio de comida rápida. Hasta el mes de agosto, solo en el primer distrito judicial (Panamá, Darién, Colón, Panamá Oeste y comarcas) se han validado más de 534 acuerdos de pena, solicitados por el Ministerio Público ante el juez de Garantías luego de llegar a un consenso con el victimario. Mientras Lee sostiene que si hay la certeza clara del hecho punible, al Ministerio Público no le debe interesar el acuerdo de pena porque puede probar lo investigado, Rodríguez enfatiza en que hay diferentes estudios que cuestionan la rapidez de los ofrecimientos del Ministerio Público para obtener un acuerdo de esta índole. Es más, para Lee no hay que perder de vista que la intervención de la víctima es fundamental por las afectaciones causadas. En los últimos 11 años, se han registrado 27 mil 578 acuerdos de pena en todo el país bajo el Sistema Penal Acusatorio. Actualmente, se evalúa el anteproyecto de ley 77 que modifica el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de excluir a los agresores sexuales de este tipo de acuerdos. Ni defensa ni garantía En ocasiones, los supuestos victimarios se convierten en víctimas del sistema, como le ocurrió a “Carlos”, en ese entonces de 20 años. Él aceptó un acuerdo de pena de 4 años por porte de ilegal de arma. La propuesta la hizo la fiscalía de Investigación, pena que fue sustituida por trabajo comunitario en una entidad. A solo cinco meses del cumplimiento de la medida, fue llevado a una audiencia debido a que la entidad donde laboraba fue cerrada. Sorpresivamente, la defensora pública designada no le ofreció alternativa como tampoco apelaría ante la juez. Carlos se vio indefenso y, ante el hecho, la juez le concedió una prórroga de 72 horas. Tuvo que cambiar su defensor, quien consiguió dónde culminar el trabajo comunitario. La defensora pública cerró todas las puertas, pese al llamado enérgico de la juez. Acuerdos de pena son como una comida rápida Demandas no se hacen esperar Bajo el Sistema Penal Acusatorio, también hay personas que fueron investigadas y señaladas, pero cuyo proceso culminó con una absolución. En el ínterin, vivieron una pesadilla. Una de ellas es Katherine Cuesta. Hace cinco años, durante el funeral de su hijo, la policía se apostó en los predios de la iglesia para dar seguimiento y vigilancia a su esposo por una investigación antidroga y lavado de dinero, denominada “El Gallero” Dos días después, se realizó un allanamiento simultáneo, por parte de la Fiscalía, en conjunto con la Policía. Las dos hijas de Cuesta, menores de edad, fueron llevadas del lugar a la Policía de Menores. Cuesta, como esposa, aún no tenía cargos en su contra. La defensa interpuso un hábeas corpus que declaró ilegal una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Antidrogas. “Finalmente, me declararon no culpable”, añadió. Sus hijas quedaron afectadas y su salud muy comprometida, informó. Cuesta presentó una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, por los perjuicios causados durante el proceso. Se salvó de cumplir 50 años En 2020, se registró un hecho sin precedentes: la Policía Nacional entregó a la Fiscalía de Homicidios a un joven capturado en la provincia de Colón como el presunto vinculado al asesinato de siete víctimas de la llamada “Masacre del Búnker”. Se trataba de Miguel Almanza, oriundo de El Achiote de Tagua, en la Costa Abajo, un lugar muy alejado de Valle Verde, donde fue capturado el supuesto sospechoso. El joven Miguel Almanza. Foto Cortesía. El defensor de Almanza, José Antonio Moncada, probó la inocencia de su cliente porque los tiempos no eran cónsonos con los hechos. De acuerdo con Moncada, la sección de Homicidios del Ministerio Público de Colón, desestimó el escrito del que inicialmente fue el defensor público de Almanza, que señalaba que el retrato hablado que se había realizado no coincidía con la fotografía del supuesto victimario. Ante un tribunal, Moncada desacreditó la teoría de la Fiscalía y Almanza fue dejado en libertad, si bien, también interpuso una demanda ante la Sala Tercera de la Corte. Monstruo de dos cabezas Mientras tanto, la justicia, después de once años, sigue funcionando con dos sistemas: El Penal Acusatorio y el Inquisitivo Mixto. Este último no puede ser indefinido porque el país no puede tener a estas alturas una justicia paralela, declaró José Abel Almengor, exmagistrado de la Corte. ¿Cuál es la solución? Según los juristas entrevistados, es la implementación urgente de los concursos para el nombramiento permanente de los jueces a fin de que los operadores de justicia actúen en derecho, con una real independencia. *Foto de portada Tomado del organojudicial.com.pa

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia sostiene que es urgente que se realicen los concursos para el nombramiento de los jueces a fin de evitar el miedo y permitir las decisiones en Derecho. Por Grisel Del Carmen Bethancourt Cuesta ESPECIAL PARA LA PRENSA Y ARCHIVOS ABIERTOS La vulnerabilidad de los jueces, despidos judiciales y falta de una carrera judicial, pudieran ser los factores que inciden en las decisiones que se dan en los tribunales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), donde hay demandas ante la Corte Suprema de Justicia y falta de credibilidad en el sistema tras once años de funcionamiento. ¿Qué se sabe de sus jueces y qué hacen? “La primera necesidad de los jueces es su independencia basada en lo que la ley contempla para ello… y dejarlos trabajar en total autonomía”, enfatizó la magistrada de Apelaciones, Yiles Zoiné Pittí, en su presentación como aspirante a magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “La sociedad debe saber que hay jueces que no tienen temores”, sustentó la magistrada, en referencia a que tanto ella, como todos los jueces del SPA, están nombrados de manera interina. En las últimas semanas, se ha cuestionado la independencia del sistema, los criterios de los jueces y de los fiscales en las investigaciones, tanto así, que algunos abogados atribuyen la reciente destitución de la entonces juez de Garantías, Elkis Martínez, a una decisión en derecho que no agradó a uno de los actores del sistema. Así lo ve la exjueza La propia exjueza Martínez se refirió al hecho, que calificó como un error: La Oficina Judicial del SPA debió agendar primeramente una audiencia de causa compleja (en la mañana) donde se imputarían cargos a decenas de procesados por los delitos de conspiración relacionados con drogas y blanqueo de capitales, pero agendó para esa hora la de vencimiento de plazo y ella no fue notificada de esa audiencia. Por ende, tuvo que aplicar el control de garantías en la audiencia de vencimiento de plazo y solicitar un escrito de acusación en 48 horas a la Fiscalía. Esta decisión fue rechazada tras presentarse una acción de amparo que revocaba la orden de la exjueza Martínez. Luego de resuelto el amparo de garantías en su contra, recibió la notificación que ponía fin a su carrera como juez, mediante el Acuerdo 1036 del 9 de mayo de 2022. ¿La razón?: Su cargo era de libre nombramiento y remoción. Aun así, no puede asegurar que estos fueron los motivos de su destitución. “Hay un ahogamiento o muchas audiencias que fijar. No podía apadrinar las deficiencias del Ministerio Público y la Oficina Judicial”, recalcó. “A través de mí se quiso enviar un mensaje y llegó alto y claro”, consideró Martínez, quien presentó un recurso de reconsideración y regresó al sistema, pero el 6 de octubre pasado le notificaron que se mantenía la destitución, si bien tres magistrados de la Corte emitieron salvamento de voto y uno fue razonado. En ese momento, su nombramiento era interino, como el de todos los jueces del SPA. ¿Actúan en Derecho o por miedo? En este aspecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, fue tajante al decir que decisiones complicadas sobre casos de delincuencia organizada o narcotráfico, hacen que el juez esté en condición de vulnerabilidad. “Los abogados no distinguimos causas simples o sensitivas, todo debe ser igual”, sustentó. Araúz, quien mantiene el tema en la palestra, explicó que desde el día uno, con la aplicación y nacimiento del Sistema Penal Acusatorio en 2011, la posición del juez es interina. Esto trae como consecuencia que cualquier juez puede ser cesado sin ningún tipo de procedimiento, y ante estas decisiones, existe la duda de que ese mismo juez pueda actuar sin ningún tipo de independencia judicial por temor a ser destituido. Por su parte, el abogado penalista, Valentín Jaén, argumentó que esta decisión genera un mal precedente porque se provoca un terror que va a impedir que los jueces actúen en Derecho, además, atenta contra la seguridad jurídica de cualquier sujeto que enfrenta un proceso y que su suerte esté definida por un juez de Garantías, cumplimiento o de juicio. “Pareciera que estuviéramos ante un terror judicial”, destacó. En esa misma línea, el abogado defensor, Carlos Brown, insiste en que “hay un miedo”; muchos jueces piensan más en la institución que en tomar sus decisiones en Derecho, a pesar de que en las audiencias la fiscalía llega con falencias. Y aún hay más: Una exjuez destituida este 2022, quien pidió reserva de su identidad, recordó que todos sus excolegas están interinos, y que actualmente muchos jueces no están poniendo su puesto en juego. Ellos devengan un salario de 3,500 dólares más 1,500 de gastos de representación. Sin respuestas Para implementar la carrera judicial en el SPA y efectuar los concursos para nombrar a los jueces, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó vacantes todos los puestos de jueces de Garantías, de Juicio Oral y de Cumplimiento desde el 6 de enero de 2022, con el fin de llenar dichos cargos a través de los procedimientos que establece la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial. Pero aún no se ha hecho. Sin embargo, en el 2016, con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial, que incluye a Panamá, Colón, Darién y las comarcas indígenas, 292 funcionarios fueron nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia del exmagistrado José Ayú Prado. Se trataba de designaciones fuera del marco de la ley de Carrera Judicial, con nombramientos para jueces, defensores de oficio, magistrados y directores de oficinas judiciales que ingresaron dentro del SPA. Ante este nombramiento masivo, se desconocía cuántos nuevos funcionarios habían sido designados por los superiores de la Sala Cuarta y por el Pleno. Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia ante el Pacto de Estado, explicó cómo este procedimiento se asemejaba a lo ya ocurrido a inicios de la instalación del SPA en Coclé cuando, mediante un Acuerdo de la Sala Cuarta, los magistrados nombraron a sus homólogos de apelaciones, por lo que se presentó una demanda de inconstitucionalidad no resuelta a la fecha. Pero esta no es la única sin respuesta. Con el nombramiento de los 292 funcionarios judiciales en 2016, mediante los Acuerdos 397 y 398 de 27 de julio de 2016, el Pacto de Estado por la Justicia pidió a la Corte, ese mismo año, que explicara los criterios tomados en cuenta para estas designaciones, debido a que la ley de Carrera Judicial establece un procedimiento para el nombramiento de las instancias inferiores de jueces, magistrados, defensores de oficio y personal directivo de las oficinas judiciales. Su expresidente, Ayú Prado, tampoco respondió. Lee sostiene que esta decisión inconstitucional afecta al sistema. La Alianza, como impulsora de la Carrera Judicial, cuestionó los errores, pero también determinó que el Estado había invertido en funcionarios de seis años de trayectoria, por lo que todos los cargos debieron ser sometidos a la aplicación de la Carrera Judicial, con concursos abiertos con los que se acreditara la capacidad y la experiencia en el sistema. Desde el 2 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2022, se realizaron 470,302 audiencias de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio. Solo en el primer distrito judicial (Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y comarcas) se efectuaron 231,031. Este medio solicitó a la Oficina de Comunicación, tanto de la Corte como del Ministerio Público, una entrevista con un encargado del Sistema Penal Acusatorio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la Corte, mientras el Ministerio Público argumentó que los fiscales no emiten opiniones. * Foto Archivo

Mi encuentro con un héroe. Elías Cornejo en sus recorridos por Darién se encontró con "K" un niño de Maracaibo, quien cuenta sus más ingenuas anécdotas en el tapón junto a su madre. Cornejo coordina el Servicio de Migrantes de Fe y Alegría, organización que da seguimiento a la crisis migratoria en Darién y Chiriquí por los flujos de grupos humanos que atraviesan la selva, puntos ciegos o que aguardan para cruzar la frontera hacia Chiriquí. Por Elías Andrés Cornejo, artículo especial para Archivos Abiertos. El Zapallal es una pequeña comunidad cerca de Santa Fe, Darién. Allí, desde julio, el Padre Eric y un equipo de personas de la comunidad, más un voluntario que viene desde Pacora, acogen diariamente entre 60 a 100 personas. Sus cuentas son enormes: 8,000 personas atendidas. “Todo comenzó con una cena” nos contaba el Padre Eric, claretiano panameño, oriundo de Aguadulce. “Venía de misa y me encontré a un grupo de migrantes caminando. Compré unas galletas y jugos, organizamos a algunas personas de la iglesia y les ofrecimos una cena y que se quedaran en la capilla”. Desde entonces el flujo no paró. El Zapallal empezó recibiendo personas que no pasaban por las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) en San Vicente o Lajas Blancas. Hoy son muchos los que dejan las ERM y van “a la iglesia”. Con colchonetas básicas, donaciones de ropa y comida se ha improvisado un albergue que valientemente gerencia Alberto, un joven laico católico cuya fe lo sostiene en esta titánica tarea. Han conseguido coordinar, con las autoridades, salidas de buses con aquellos que tienen el dinero para seguir. Otros comen, duermen y siguen a pie su camino; cada día esto se vuelve una escena común en la carretera hacia ciudad de Panamá. No son cantidades enormes, son grupos de tres o cuatro, familias, amigos o conocidos en el trayecto desde Necoclí o la selva. Nada los detendrá en su camino, van a los Estados Unidos. Parafraseando diríamos que están “tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos”. Niños y adolescentes migrantes En el Zapallal vimos alrededor de cuarenta niños y adolescentes. Entre los 3 meses y los 17 años. Aun entre el dolor, sus risas y ojos curiosos, nos seguían. Nos acercamos a uno, le preguntamos por su nombre. Su respuesta me dejó en silencio por varios minutos: “Soy un super héroe. Soy el capitán América”. Era lo que su mamá le repitió todo el camino de la selva. En mi corazón, me repetí varias veces, no hijito “eres el capitán milagro, el capitán esperanza”. Por seguridad a este héroe le llamaré “K”, tiene 5 años y una mirada viva y una sonrisa que es una luz. Me dijo “quiero un jugo y otro para mi amigo”. Le dije que se lo compraría, pero me dijo “quiero de naranja”, cómo me voy a negar a un súper héroe. La solidaridad se vive más entre los pobres. “mi mamá me cargó mucho y después un señor” “K” me contó que, en el camino hubo mucho lodo, “pero mi mamá me cargó mucho y después un señor”. Su mamá estaba en cama, tenía los pies ampollados. Le pregunté por ella y me dijo: “está dormida, pero ya se va a despertar”. Un chamo vivo e inquieto. Morocho de Maracaibo. De hecho, la mayoría de los que estaban allí, 160 en total, eran maracuchos (unos 100). Ya luego con su jugo, se fue con su amigo a jugar, no sin antes decirme: “gracias, señor”. “K” es parte de la historia de tantos que sin saber por dónde, caminan hacia el norte, aquí da igual si son venezolanos, haitianos, cubanos, senegaleses o de cualquiera de las más de 90 nacionalidades que se han arriesgado por el Darién. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, abuelos y abuelas que huyen de estructuras de muerte y cargan en sus mochilas casi vacías, sus historias y sueños, con los pies llagados y cansados avanzan y como dice la canción de Calle 13 muestran que seguimos siendo un pueblo “sin piernas, pero que camina”. Sus historias hablan de horrores y nos marcan a sangre la pregunta ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién permite este flujo imparable? ¿Quién gana con el dolor de tantos? La respuesta fáciles “las bandas delincuenciales”, “los coyotes”, “los malos gobiernos”. Y sí, quizás sea parte de la respuesta. Pero sabemos hay más. Los que tranzan bajo las mesas en las que se insultan y se pelean, los de siempre. Los que todo lo miran en números, en ganancias y pérdidas. También Estados Unidos con sus políticas migratorias ambiguas, las autoridades de los países en ruta que no vieron venir la ola, que pensaron que todo acabaría con el flujo de los haitianos. No hicieron un estudio de la realidad, a conciencia. Foto tomada de OIM 2022 de migrantes venezolanos www.iom.int Y es que el problema migratorio no es de cuántos entran y cuántos se van o se quedan. Es ¿por qué lo hacen? Y repito, hay respuestas ya acartonadas, fáciles, de manual. No son números, son historias que calan, que obligan y exigen respuesta. No podemos seguir siendo mudos testigos de su dolor. Pero para ello debemos estar cohesionados y claros en las razones que nos exigen actuar frente a esta realidad. 111 mil venezolanos habrían cruzado la selva de Darién hasta septiembre de 2022. Hoy mi héroe va camino al norte, y seguro irá con su escudo, su mamá. Quizás nunca lo vuelva a ver, pero estoy seguro de que sí, en el día de mi juicio, no para decir que soy bueno, sino que vi el rostro de Dios en medio de su pueblo. Porque con esta presencia de miles de seres humanos en camino, Dios está pasando por Panamá y está llamándonos a ser testigos de su amor, a responder y construir la esperanza. A no dar la espalda o girar la cabeza para otro lado. Y aunque parezca “cliché” y no nos suene bonito, quizás mi “capitán América de Maracaibo” nos esté diciendo:¡América, Únanse! Foto principal: Cortesía de Elías Andrés Cornejo Twitter Elías Cornejo: @https://twitter.com/eacrmetal

La minería en Panamá en el primer trimestre de 2022 presentó un aumento en su valor agregado bruto de 9.2 por ciento, sus actividades como la concesión en Remance en Veraguas se desarrolla en comunidades con grave signos de pobreza. El oro es mudo testigo de las grandes concesiones mineras y las instituciones prefieren guardar silencio ante la Ley No. 171 y nuevos estilos de gobernanza ambiental. Por Grisel Bethancourt El 4 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó la protección ambiental del Río Santa María, el fallo correspondía a una demanda contra la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo que había objetado por inexequible (inconstitucional) la Ley No. 171 aprobada por la Asamblea Nacional; el alcance de la decisión en el artículo 8, prohíbe los estudios de exploración minera, de hidroeléctricas y cualquier actividad que afecte la cuenca hidrográfica. El fallo fue celebrado en La Gorda en Veraguas, poblado donde reside doña Cristina de Hernández, miembro del Comité Campesino de Remance, que prefiere la conservación del río Santa María y rechaza toda actividad minera. En el lugar perteneciente al distrito de San Francisco de la Montaña, opera la concesión minera del Estado identificada como Greenfield Mining, para la extracción metálica de minerales (oro y otros). El distrito de Remance es el epicentro del proyecto de minería promovido por la empresa Greenfield Resources Inc., donde viven 1,618 habitantes, es una zona rural ubicada en la sabana veragüense, considerada por las autoridades distritales como un área pobre conjuntamente con San Juan y San José custodias del río Santa María, su principal cuenca hídrica. Localización en Veraguas del proyecto minero Greenfield Mining, ubicado en el corregimiento de Remance Sin embargo, frente al fallo, especialistas en materia de economía, descentralización, participación ciudadana y gobiernos locales cuestionan cómo el gobierno central y el Ejecutivo toman las decisiones que impactan a los territorios, donde el gobierno local no tenga una respuesta o un planteamiento para contrarrestarlo, no solo en minería sino desconociendo la autonomía de los gobiernos locales sin haberles consultado. Los antecedentes de la actividad minera en Remance se remontan a 1989 cuando durante 10 años se registró la actividad extractiva que produjo beneficios de 75,000 oz de oro (Au); a mediados de los noventa los derrames tóxicos contaminaron las quebradas y ríos, donde hubo una mortandad de animales marinos de subsistencia como peces y camarones, y mucha gente adulta comenzó a enfermar. “Se murieron los quinchos –armadillos-, muchos animalitos”, doña Cristina. Actualmente la Cuenca del río Santa María está bajo la declaración de Patrimonio Natural Nacional y área protegida bajo la categoría de “Reserva Hidrológica”; para el Ministerio de Ambiente todo proyecto, obra o actividad que se desee desarrollar en la zona hídrica, deberá contar con el aval ministerial y las mismas deben ser concordantes con los objetivos por los cuales se estableció el sitio. Foto. Cuenca del río Santa María en Veraguas Poderes públicos en entredicho En el marco de la demanda fallada a favor de la Ley No. 171, se pudo observar el planteamiento del procurador general de la Nación, Javier Caraballo que evidencia el poco interés de ejercer los poderes públicos en armónica colaboración, al referirse a la adopción de la Ley No. 171 y a la cual consideró no existía un vicio de inexequibilidad. Caraballo contempló que la Asamblea Nacional se orientó a las medidas de conservación citadas en el artículo 120 de la Constitución Política y no a su infracción. Explicó el procurador, que el artículo 51 de la Ley General de Ambiente establece que las áreas protegidas pueden ser establecidas por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios internacionales ratificados por Panamá. Por su parte, Cortizo en su objeción sostuvo que se invadía el ámbito de competencias del Órgano Ejecutivo en la medida que la Asamblea o el legislador intervenía las funciones de declarar la protección del río Santa María y establecía normas para su administración. La ex vicealdesa del distrito de Panamá y ambientalista, Raisa Banfield considera que hay una ausencia de políticas coherentes, falta de respeto a los acuerdos, lo que genera un país que toma decisiones de acuerdo a los intereses del poder, como sucedió con el Pacto del Bicentenario donde hubo un consenso de declarar la moratoria minera y no llegamos a feliz término. El alcalde del distrito de San Francisco en Veraguas, José Valencia explicó cómo se empezó a trabajar el anteproyecto de ley junto con el doctor Evidelio Adames protector del río Santa María y un personal técnico ad honorem. Lo hicimos porque a ninguna autoridad le interesaba llevar adelante este tema tan importante, dijo el alcalde; llegamos a un acuerdo con el diputado Eugenio Bernal para presentar el anteproyecto en la Asamblea de Diputados y que fuese declarada ley, y fue a través del Consejo Provincial donde se hizo la entrega de la iniciativa. Foto. Cortesía. Alcalde del distrito de San Francisco, José Valencia Muy cerca del río Santa María está el proyecto minero Greenfield Mining, se ubica en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. La concesión para exploración de minerales metálicos (oro y otros), fue otorgada a la empresa Greenfield Resources Inc. por la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias y publicada en Gaceta Oficial No. 21,127 de 24 de septiembre de 2012. En el contrato No. 12, artículo tercero se resolvió continuar el trámite de solicitud de concesión para la extracción de minerales cuyo vencimiento era en el 2016; no fue hasta el 17 de febrero de 2021 que fue revivida la actividad en la zona minera de Remance, publicada en la Gaceta No. 29220, con la firma del ministro Ramón Martínez, que incorporó a Greenfield Resources Inc. al régimen de concesiones mineras de la zona de Veraguas. Mientras que en la comunidad de La Gorda, Cristina y su familia están claros que no es la mina la garante del progreso en la población, si no su gobierno local y que por el momento el río Santa María no estará en peligro después del rechazo hace tres meses del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, por varias inconsistencias que podrían producir afectaciones graves. “No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”, cuestiona Banfield frente a los argumentos que la minería será una actividad sostenida. Cristina de Hernández es oriunda de La Gorda y forma parte del Comité Campesino de Remance Concesiones del Estado vs los Municipios Actualmente existen quince concesiones de extracción de minerales metálicos otorgados por la Dirección de Recursos Minerales del MICI, pero hay quienes sostienen que los gobiernos locales deben jugar un papel dirigido a fomentar el equilibrio entre el MICI y el Ministerio de Ambiente para el desarrollo sostenible de los distritos donde hay concesiones que impactan territorios. Infografía. Distribución de las concesiones del Estado para la minería metálica en Panamá. Datos Mici “Los gobiernos locales son importantes en la gestión ambiental y con el desarrollo sostenible, deben tener conocimientos jurídicos, mayores presupuestos, al Municipio le toca fomentar la participación ciudadana y hacer consultas, es un deber constitucional”, considera el abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, hijo. El abogado Mitchell es consciente que normalmente los alcaldes no se atreven a contradecir los poderes. El verdadero papel del alcalde es el equilibrio del distrito y recordó que el Municipio se define como autónomo, cuando vemos en la práctica debemos saber de qué partido es el alcalde para saber cómo se va a comportar. "No firmé encuesta"... Foto. Cristina de Hernández narra solicitud de firma de una encuesta En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría III del proyecto Greenfield Mining, el alcalde de San Francisco de Veraguas, José Valencia reveló que al aplicarse las encuestas de participación ciudadana alzó su voz de protesta luego que no les informaron de la encuesta. “Si es cierto, la muestra fue muy pequeña”, definió así la cantidad de personas encuestadas en doce comunidades de tres corregimientos incluyendo la cabecera del distrito, San Francisco. En total el EIA realizó la encuesta a 360 personas, dirigida a los actores y beneficiarios del proyecto, directos o indirectos, en donde los resultados demostraron que en La Gorda solo 25 personas fueron encuestadas, a pesar de ser una comunidad adyacente a la mina correspondiendo al 13 por ciento; en San Francisco solo tres personas fueron consultadas, 1.6 por ciento; siendo el área de El Naranjal con la mayor cantidad de encuestados, correspondiente al 22 por ciento con un total de 41 personas. Cantidad de personas consultadas en el Estudio de Impacto Ambiental Nilva Góngora es socióloga y especialista en el tema minero, explicó que la encuesta alcanzó el 47 por ciento de respuestas negativas para la extracción mineral del proyecto Greenfield Mining, lo que considera un hallazgo importante. Lo que se traduce en una división de la opinión en las comunidades sobre el proyecto. “Es un informe muy escueto para ser un estudio Categoría III, además de esta rama de la actividad económica es muy impactante en lo social y ambiental, por lo que no da contundencia”, describió la socióloga. Observó Góngora que la encuesta de Participación Pública contenida en el EIA del proyecto, tiene sus falencias, es muy poco profesional y solo le convenía que contestaran. Para la docente universitaria los datos dan cuenta que vas a tener un problema de rechazo al proyecto y sugirió que debían conocer la historia, preguntarse que la gente sabe; así mismo notó, que no hay ningún compromiso de cómo se van a mitigar los problemas de la población asociada. Según el alcalde Valencia, la muestra fue muy pequeña, no fue abarcadora, esta debió abarcar a más pobladores tanto de las áreas aledañas a la cuenca hidrográfica y de las comunidades donde se pretende hacer la explotación minera. La excusa de la pandemia La excusa perfecta radicó en que al momento de efectuar la encuesta de participación pública en Remance para el proyecto Greenfield Mining, estaban en medio de la pandemia de Covid 19 por lo que el Municipio fue obviado del proceso, contó el alcalde de San Francisco. Comunidad de La Gorda donde se realizó el foro público participación ciudadana y la encuesta para la EIA del proyecto minero Greenfield Mining Olmedo Carrasquilla de Voces Ecológicas de Veraguas formó parte de un colectivo denominado “Coalición de la Pandemia Minera”, en el espacio se reveló cómo la industria utilizó la crisis sanitaria del Covid 19 para llegar a poblaciones empobrecidas entre estas Remance, en la provincia de Veraguas en Panamá. Carrasquilla señala en el informe de nueve países, que en Panamá el gobierno impulsó el extractivismo minero, donde se realizaron estudios de impacto ambiental con el desconocimiento de los gobiernos locales y con encuestas sociológicas a los pobladores. William Hughes, catedrático de economía y escritor de la obra “Minería, Desarrollo o Destrucción”, quien estudió en sitio los detalles de la concesión de la mina Santa Rosa en Remance, Veraguas y narró las vicisitudes de la población con el envenenamiento de las aguas de afluentes y quebradas, sostuvo que la pandemia produjo la relevancia de la minería para que esta vez se reactivara. En medio de la pandemia de Covid 19 en 2021, en La Gorda fue contratado un personal del proyecto Greenfield Mining para realizar una encuesta en diversas poblaciones impactadas por la mina. Cristina solo se excusó con el hombre que llegó a su casa: “No te puedo dar mi firma, no firmo”. Argumentó la adulta mayor qué, cómo saben que no se leer pensaron que podían envolverme, a ella nunca le plantearon lo que decía el cuestionario de dicha encuesta que se encuentra dentro del Plan de Participación Pública del EIA, y que posteriormente el 8 de febrero de este año, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones elaboraron un informe técnico demostrando las falencias y afectaciones futuras por una posible actividad minera en el distrito de Remance. Hasta el año 2010 en el último censo de población, el 15.4% de la población de San Francisco presentaba analfabetismo de un total de aproximadamente 20 mil personas en esta condición en la provincia de Veraguas. Una de ellas es Cristina, oriunda de este distrito. El silencio de Greenfield En este reportaje solicitamos a la empresa Greenfield Resources Inc. responder una serie de preguntas correspondientes al EIA, en cuanto a la demografía, niveles de alfabetización de los encuestados y la posición por el rechazo del EIA a cargo del Ministerio de Ambiente y otras nueve instituciones, pero tras dos intentos de envío de correos a su representante legal y abogada en el proceso, como de comunicaciones vía whatsapp no fue posible obtener una respuesta. José Hernández del Comité Campesino de Remance por su parte, quien participó en marzo de este año en el foro público en la casa comunal de La Gorda, poblador del lugar, reconoce que es la única vez que vio personal de la mina en su comunidad. Reconoce que La Gorda pasa por la pobreza, falta de luz, carreteras, transporte, salud y oportunidades que no le dan las autoridades del corregimiento. Foto. José Hernández de 68 años es oriundo de La Gorda y participó en el foro público Las contradicciones de la minería La presencia del proyecto Greenfield Mining en Remance deja interrogantes de lo que ocurrirá en el futuro, al mantenerse vigente la concesión minera en Veraguas. Tampoco se conoce cómo se desarrollará las actividades en la mina con el reciente fallo de la Ley No. 171 que prohíbe la exploración minera, ley que aún tiene pendiente su reglamentación. Mientras la Ley No. 171 garantiza la gobernanza como un órgano dentro del río Santa María, a través del Consejo Directivo de la Cuenca, se enfatiza que queda prohibida la minería, las hidroeléctricas para la protección de este bien hidrográfico que recorre 3,400 km2 en varias zonas centrales del país. El doctor y epidemiólogo, Evidelio Adames conservacionista de la cuenca y gestor de la Ley aún no comprende cómo se había ignorado la restauración de la sábana veragüense y el sistema de la cuenca. Se requiere oxígeno y agua limpia recuerda Adames; y cómo se pretende dar una concesión minera en las faldas del río Santa María, sin tener el control de los metales y derrames tóxicos, en áreas de pendientes y que pueden poner en riesgo al río. Para el epidemiólogo lo que se quiere es dar cumplimiento a las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como país. Así mismo defiende el sistema de gobernanza donde 18 organismos, entre ellos, siete instituciones no pierden su rol. Es un órgano colaborativo y nadie pierde su poder, para hacer cumplir los objetivos del milenio, para que se promuevan y con la concesión como que no cuadra. El Ministerio de Ambiente confirmó que le corresponde emitir la reglamentación de esta Ley, por tratarse de un área protegida. En este sentido, la reglamentación, entre otros aspectos, debe señalar la forma como serán escogidos los representantes de los centros académicos universitarios, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones comunitarias de base, quienes también forman parte del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María, que se crearía con esta Ley. El abogado Mitchell ante la falta de un sistema jurídico respetado en el país, sostiene que se sufre la inseguridad jurídica ante el embate de empresas y desmanes que solo pueden incumplir con la complicidad de los diferentes gobiernos. “Nosotros sabemos que se trata de desarrollar y vender la idea de sacar riquezas en mancuerna del gobierno con empresarios”, concluye Hughes, quien apuesta por evitar las concesiones mineras y dar alternativas a la gente de las comunidades con proyectos agroindustriales sostenibles, para la autosuficiencia alimentaria, reducir las posibilidades de pobreza, mejorar sus condiciones y evitar las concesiones mineras. El distrito de San Francisco en Veraguas mantiene un presupuesto de $73 mil para el Municipio, además de $53 mil de la descentralización lo cual no alcanza para suplir los proyectos carreteros, luz, equipamientos de escuela, entre otras necesidades de 20 comunidades, que incluyen a la zona minera de La Gorda. Pese a la aplicación de nuevas leyes, compromisos internacionales ambientales, la protección de zonas protegidas de la Cuenca y a nivel arqueológico, el Ministerio de Comercio e Industrias guardó silencio, no respondió las interrogantes de la Ley No. 171, al rechazo del EIA del proyecto minero en Remance, frente a la negativa de muchas voces que sostienen el cuidado del medio ambiente frente a las concesiones mineras y un nuevo estilo de gobernanza ambiental para la cuenca del río Santa María. Investigación auspiciada por el Programa "Construyendo experiencia investigativa y conexiones a partir de la rendición de cuentas transnacional", implementado por IRI (Instituto Republicano Internacional). Infografías: Diseñador Manuel Fernández. Fotografías: Olmedo Carrasquilla.