Panameños en una guerra ajena
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Muchos se fueron con promesas, después de ver anuncios en tiktok que podrían solucionar económicamente el desempleo y las cosas no resultaron como esperaban. Quedaron en el frente de batalla de un conflicto bélico y algunos han perdido la vida.
Por Grisel Bethancourt
La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para algunas familias panameñas. Lo que comenzó como una oportunidad para obtener mejores ingresos terminó llevando a varios ciudadanos hasta una zona de combate, donde algunos perdieron la vida, otros permanecen desaparecidos y varios lograron regresar al país.
El caso volvió a cobrar fuerza tras conocerse que uno de los panameños fallecidos será repatriado. Paralelamente, familiares de otros jóvenes continúan buscando información sobre su paradero, mientras esperan respuestas de las autoridades panameñas.
Tienen 90% de probabilidades de morir
Camilo Flórez, conocido como "Bob", un exmayor de la Policía Nacional de Panamá, asegura que la guerra que encontró en Ucrania fue muy distinta a la que imaginó antes de viajar. Tras incorporarse como instructor, decidió desertar porque, según relata, presenció "torturas", actos de "corrupción" y un sistema que, afirma, termina exponiendo a los combatientes extranjeros a riesgos mucho mayores de los que les prometen al momento de ser reclutados.
Durante una entrevista en el programa 180 Minutos, de Radio Red, sostuvo que quienes llegan al país conocen que se incorporan a un escenario de guerra, pero aseguró que el verdadero engaño comienza una vez ingresan a determinadas unidades militares. Explicó que muchos terminan siendo enviados a la primera línea de combate, pese a que, según él, esa no era la función para la que fueron contratados.
Flórez también afirmó que existen casos en los que las muertes de combatientes extranjeros no son reportadas como fallecimientos, sino como desapariciones. Según su testimonio, esta situación dificulta que las familias conozcan el destino de sus seres queridos y, además, puede afectar el acceso a las compensaciones económicas previstas para quienes mueren en servicio.
De acuerdo con su relato, los contratos contemplan incentivos económicos que pueden alcanzar unos 400 mil grivnas ucranianas (alrededor de 9 mil dólares) al ingresar en una misión de combate. Sin embargo, aseguró que en algunas unidades esos pagos son objeto de presuntas irregularidades y que, en la práctica, "el problema es sobrevivir para poder cobrarlos".
El exoficial panameño también denunció que a varios voluntarios extranjeros les retienen los pasaportes una vez llegan al país. Añadió que, si deciden abandonar las filas o son capturados, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, conoció casos de combatientes que fueron enviados al frente apenas una semana después de incorporarse.
Flórez manifestó su sorpresa al conocer que hay muchos panameños participando en la guerra entre Rusia y Ucrania. A su juicio, muchas personas desconocen la realidad que se vive en el terreno y toman la decisión motivadas por expectativas que luego no corresponden con lo que encuentran.
"Esto de la guerra no es un juego. No todo lo que brilla es oro", advirtió durante la entrevista. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes consideran viajar para integrarse al conflicto: "Yo les diría que no vayan. Hay mucha corrupción. Tienen muchas posibilidades de morir. No vayan a la guerra".
La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por familiares de ciudadanos que viajaron al extranjero tras recibir ofertas de empleo. Las diligencias buscan establecer si durante ese proceso se cometieron delitos en territorio panameño.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que el Estado panameño no tiene ninguna relación con las personas que decidieron participar en el conflicto y reiteró que cualquier denuncia debe ser presentada ante el Ministerio Público y las autoridades competentes.
Los testimonios de familiares muestran historias distintas. Algunos aseguran que sus parientes fueron convencidos con promesas laborales que terminaron llevándolos al frente de guerra. Otros sostienen que aceptaron contratos para prestar servicios en zonas de combate, mientras algunos sobrevivientes han relatado las dificultades que enfrentaron para abandonar el conflicto y regresar a Panamá.

El tema también fue abordado por el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, quien reveló en una entrevista con TVN que al menos dos exmiembros de esa institución murieron mientras combatían en Ucrania. Según explicó, las familias conocen el desenlace, pero hasta el momento no han podido recuperar los cuerpos.
Ortega agregó que otro integrante de las Fuerzas Especiales permanece desaparecido desde hace más de un año, luego de viajar hacia la zona de conflicto. A su juicio, estos casos reflejan una realidad que comenzó a observarse hace varios años entre exuniformados que buscaron oportunidades fuera del país.

El excomisionado recordó además que, cuando dirigía la Unidad de Fuerzas Especiales en 2010, varios integrantes abandonaron la institución para trabajar en países como Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Según indicó, esa migración respondía a ofertas de empleo relacionadas con servicios de seguridad.
La presencia de ciudadanos extranjeros en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido documentada desde el inicio del conflicto. Algunos llegaron como voluntarios, otros fueron contratados por empresas o unidades militares y, en distintos países, las autoridades investigan denuncias sobre posibles mecanismos de reclutamiento mediante engaños o falsas ofertas de trabajo.
En Panamá, las investigaciones apenas comienzan. Mientras las autoridades determinan si existieron responsabilidades penales, varias familias enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o esperan el regreso de quienes nunca imaginaron que una oferta de trabajo terminaría llevándolos a una guerra librada a miles de kilómetros de su hogar.
El gobierno ucraniano no se ha pronunciado a raíz de estas denuncias.





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