Reos regresan a las mazmorras de Coiba
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El regreso de privados de libertad a Coiba reabre una de las páginas más oscuras de la historia panameña. Mientras el Gobierno argumenta razones de seguridad, expertos advierten que la corrupción y la pérdida de control en las cárceles siguen siendo el verdadero problema de fondo.
Por Grisel Bethancourt
Veintidós años después de que el Estado panameño cerrara la temida colonia penal de Coiba, 29 detenidos considerados de alta peligrosidad amanecieron nuevamente en la isla.
Entre los trasladados figuran reclusos procedentes de distintos centros penitenciarios, incluidos algunos que permanecían en Punta Coco, un penal destinado a personas vinculadas con estructuras criminales y condenadas por delitos como narcotráfico y crimen organizado.
El traslado ocurre en medio de una crisis penitenciaria agravada por la reciente fuga masiva de 199 detenidos de La Joyita, un episodio que expuso graves fallas de seguridad y por el cual varios mandos policiales se encuentran bajo investigación.
La decisión del Gobierno de reactivar un centro de detención en Coiba reabre viejos fantasmas. Durante décadas, la isla fue sinónimo de castigo, aislamiento y violaciones a los derechos humanos. Por sus celdas pasaron opositores de la dictadura militar, delincuentes comunes y miembros de las desaparecidas Fuerzas de Defensa.
Fue allí donde militares asesinaron al dirigente revolucionario Floyd Britton y desaparecieron su cuerpo en 1968. También en Coiba fueron hallados en 2021 los restos de Juan Nicasio Lekas, opositor al régimen militar, identificado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses décadas después de su desaparición. La isla también albergó a cientos de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa que participaron en levantamientos militares tras la invasión estadounidense de 1989.
A estas historias se suman episodios oscuros que forman parte de la memoria colectiva panameña, entre ellos la llamada masacre de los Perros de San Joaquín y numerosos testimonios sobre abusos ocurridos dentro del penal.
Sin embargo, Coiba es mucho más que su pasado penitenciario. La isla forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su extraordinaria biodiversidad marina y terrestre. Ubicada frente a las costas de Veraguas, es la isla más grande de Panamá, con una superficie aproximada de 503 kilómetros cuadrados.
El fracaso del sistema
La reapertura de un centro de detención en Coiba plantea una pregunta inevitable: ¿qué ha fallado en el sistema penitenciario panameño?
La crisis no parece limitarse a la infraestructura. Durante años, informes, investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles han señalado problemas estructurales relacionados con corrupción, tráfico de drogas, ingreso de armas, extorsiones y la creciente influencia de grupos criminales dentro de las cárceles.
El propio Ministerio de Seguridad reconoció indirectamente las vulnerabilidades de Punta Coco. En el comunicado mediante el cual anunció el traslado de los 29 detenidos, señaló que la medida responde a la situación que presenta ese centro, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.
La institución destacó además que el nuevo centro ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas cuenta con personal especializado y equipos de última generación para impedir la continuidad de esas actividades criminales.
No obstante, el Gobierno no ha explicado públicamente cómo se tomó la decisión de habilitar nuevamente instalaciones penitenciarias en Coiba, cuándo fueron acondicionadas ni bajo qué parámetros operará este nuevo esquema de detención.
Mi Ambiente entre dos discursos
El Ministerio de Ambiente aseguró que el traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a instalaciones ya existentes del SENAN en Isla Coiba no ha provocado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba ni ha implicado nuevas construcciones dentro del área protegida.
Según la entidad, la operación fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, motivo por el cual MiAmbiente afirma que no tenía conocimiento previo del traslado. Además, reiteró que la utilización de las instalaciones actuales difiere de la propuesta de establecer un centro penitenciario permanente en la isla.
Mi Ambiente sostuvo que mantiene su rechazo a cualquier proyecto que implique nuevas edificaciones o la transformación de Coiba en una cárcel permanente, al considerar que ello sería incompatible con las normas ambientales, legales y de protección del sitio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad.
El diario La Prensa publicó el contenido de la carta fechada el 10 de mayo enviada por el ministro Juan Carlos Navarro a su homologa Dinoska Montalvo, donde se menciona que el Parque Nacional Coiba corre peligro de convertirse en isla penal frente al sitio que es patrimonio ambiental declarado por la UNESCO, debido a los compromisos existentes, por lo que hay una inviabilidad legal.
Una advertencia desde la historia
Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), considera que el debate trasciende la coyuntura actual.
"Históricamente, las autoridades panameñas han justificado este tipo de centros de reclusión bajo el argumento de albergar exclusivamente a personas consideradas de alta peligrosidad. Sin embargo, la experiencia panameña demuestra que las medidas excepcionales suelen ampliarse con el tiempo y terminar alcanzando a sectores distintos de aquellos para los cuales fueron originalmente anunciadas", advierte.
Para Guzmán, la preocupación no surge de especulaciones sino de lecciones históricas concretas. Por ello insiste en que cualquier medida de aislamiento extremo debe estar sometida a vigilancia democrática permanente para evitar que, en el futuro, pueda utilizarse contra dirigentes sindicales, líderes comunitarios, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos o personas perseguidas por razones políticas.
El exinvestigador forense, Julio Alonso —quien ha seguido de cerca la evolución del sistema penitenciario— considera que el traslado no resuelve el problema de fondo.
"El detenido siempre buscará mecanismos para sobrevivir y adaptarse. Si no se combate la corrupción dentro del sistema, simplemente se traslada el problema de un lugar a otro", sostiene Alonso.
La corrupción como denominador común
La periodista Rekha Chandiramani, en su reciente investigación ¿Cómo entran las armas a la cárcel?, documentó cómo algunos pabellones son custodiados directamente por unidades policiales, a pesar de que la ley establece que la seguridad interna corresponde a custodios civiles adscritos al Sistema Penitenciario.
En otra investigación, titulada La Policía de Panamá: un Frankenstein uniformado, más de una decena de fuentes consultadas por la periodista señalaron la penetración del crimen organizado en distintos niveles de la estructura policial.
"El detenido siempre va a buscar la forma de sobrevivir y el sistema ha fallado por los niveles de corrupción. Si desean evitar el problema delincuencial deben iniciar por controlar las cárceles, donde la parte criminal no ha parado: extorsión, narcotráfico, comercio de dinero, entre otros", dijo por su parte, Alonso.
Las conclusiones de estas investigaciones apuntan a una realidad incómoda: la crisis penitenciaria no es únicamente un problema de edificios, muros o celdas. Es también el resultado de redes de corrupción que permiten el ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
La prófuga más peligrosa y más evadida es la responsabilidad penal de los encargados del Sistema Penal en Panamá. Julio Alonso
Si el Estado pretende recuperar el control frente al avance de las organizaciones criminales, deberá comenzar por recuperar el control de sus propias cárceles.
Porque el retorno de 29 hombres a Coiba no solo revive el recuerdo de una prisión que Panamá creyó dejar atrás en 2004. También expone las profundas grietas de un sistema que, dos décadas después, sigue sin resolver los problemas que lo llevaron a fracasar.
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Foto portada, imagen de video del Ministerio de Seguridad.
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