Los principales desafíos del gobierno de Mulino

En su segundo año de gobierno, José Raúl Mulino enfrenta un escenario marcado por profundas contradicciones. Mientras su administración defiende la estabilidad económica, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos como las disyuntivas recientes con China y el impulso de proyectos estratégicos de infraestructura que aún no se concretan, persisten desafíos que alimentan el descontento ciudadano. La confrontación con sindicatos, educadores y otros sectores sociales, el desempleo, la inseguridad, la elevada deuda pública, la falta de acceso al agua potable y el déficit de infraestructura mantienen una creciente deuda social. A ello se suma el debate sobre el futuro de la mina de cobre, una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversión y generar empleo, pero que continúa enfrentando un amplio rechazo de sectores ciudadanos, ambientales y populares, convirtiéndose en uno de los mayores retos políticos de la administración.

Mientras la Asamblea Nacional escoge su nueva directiva entre reuniones de partidos aliados con el ejecutivo, la diputada opositora de Vamos, Jeanine Prado cuestiona al Presidente al parecer  decidido a construir personalmente los votos para la elección del 1 de julio.

"Si ese es el camino, ¿qué pasó con el discurso de que el Ejecutivo no interfería en la Asamblea? La separación de poderes no puede ser un principio que se invoque solo cuando conviene.", dijo Prado.

Las distancias y conveniencias políticas se enmarcan aún más en el poder .

Desafíos del gobierno:

Desempleo: La tasa de desempleo se ubicó en 10.4 % al cierre de 2025, equivalente a más de 210 mil personas sin trabajo, mientras la informalidad sigue afectando a una parte importante de la población económicamente activa.

Deuda pública: La deuda del Sector Público No Financiero supera los B/.60 mil millones, lo que obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares al pago de intereses y amortizaciones, reduciendo el espacio para nuevas inversiones sociales.

Seguridad ciudadana: Durante el primer semestre de 2026 se registraron 158 homicidios, de los cuales las autoridades atribuyen cerca del 76 % al crimen organizado y al narcotráfico. También persisten cuestionamientos por fugas de privados de libertad.

Agua potable: Miles de familias continúan enfrentando interrupciones en el suministro, especialmente en Panamá Oeste, Azuero y otras regiones, donde la crisis hídrica sigue sin una solución definitiva.

Infraestructura: El déficit en carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y saneamiento continúa siendo una de las principales deudas del Estado, pese al anuncio de megaproyectos.

Conflicto social: La confrontación con educadores, sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos sociales se intensificó tras la reforma de la CSS y el debate sobre la mina.

Mina de cobre: El Gobierno sostiene que la actividad minera representa empleo e ingresos para el país, pero enfrenta un importante nivel de desconfianza ciudadana y demandas de mayor transparencia y consenso.

Conflictos de interés: Han persistido cuestionamientos sobre ministros y altos funcionarios que mantienen vínculos con actividades privadas relacionadas con sus áreas de gestión, reavivando el debate sobre ética y transparencia.

Salud: A pesar de los programas para reducir el costo de algunos medicamentos, continúan las denuncias por desabastecimiento, mora quirúrgica y deficiencias en la atención hospitalaria.

Polarización: El Gobierno inicia su tercer año con un clima de confrontación política y social que aún no logra superar.