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Altos funcionarios del pasado gobierno crearon una oficina VIP y una red de influencias que otorgó permisos ilegales para fusiles de guerra. Así lo revela el documento reservado del tráfico ilegal de armas y falsificación de documentos de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Zaida Herrera y Grisel Bethancourt, para La Prensa y El Digital Panamá, en alianza con CONNECTAS/ICFJ El 24 de septiembre de 2017, Félix Eduardo Figueroa murió al irrumpir, encapuchado, en un local comercial. Había entrado a robar, con tres personas más en Plaza Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, en Panamá, según versiones periodísticas. Su asesinato involucró a dos ciudadanos panameños, uno de ascendencia asiática y un arma de procedencia ilegal. La pistola, según se desprendió de las pesquisas, había sido comprada en 1.500 dólares y su vendedor había hecho el traspaso. Sin embargo, estaba relacionada con una investigación acerca de armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con los registros de compra de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Se trata del caso de tráfico de armamento más relevante de los últimos años en Panamá. El cargamento reportado por la ATF consistía en 66 armas que llegaron a Panamá, de manera ilegal, entre 2013 y 2017, cuando en el país estaba en vigor una veda de importación de armas, por lo que estaba prohibida su introducción. Entre ellas, había un fusil de asalto AR 15, identificado como “arma de guerra”. wi Tavor, modelo de arma de guerra fabricada por Israel. / Foto tomada de Internet.) El listado también incluía fusiles y escopetas de guerra, como las usadas por el ejército israelí, de marca Iwi Tavor –serie T0018824–, Iwi Tavor Sar –serie T0068334– o como la pistola Iwi Jericho –serie J0005720– que usa las Fuerzas de Defensa de Israel. Al listado se agregaban armas tipo nueve milímetros, escopetas y rifles, varias de ellas con especificaciones para tiro de campo o deportivo. Las armas fueron introducidas desde Florida por Yu Ki Tong, ciudadano británico nacido en Hong Kong y residente en Panamá, reveló la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Ingresaron a través de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá sin verificación, ya que contaban con los permisos de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), organismo adscrito al Ministerio de Seguridad.icas Una llamada anónima alertó a la Fiscalía, que inició una investigación en septiembre de 2017. Cuatro meses después, argumentó, ante una juez de garantías, que, al parecer, el armamento entró a Panamá bajo la fachada de equipo deportivo que en su mayoría fue vendido a miembros del Club de Tiros de Balboa, del que Yu Ki Tong era socio. Según las indagaciones, las armas fueron legalizadas con ayuda de funcionarios de la DIASP. Esquema de la D.N.I.P. de la Policía Nacional de las armas incautadas. Esta investigación periodística realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS tuvo acceso a 43 tomos del expediente preliminar del caso, declarado bajo reserva en 2018, por disposición de un Tribunal de Garantías. El expediente señala que las autoridades panameñas contactaron a sus homólogos de la ATF, quienes confirmaron que Yu Ki Tong compró armas de fuego en Estados Unidos y proporcionaron un listado de las armas de fuego que adquirió en aquel país. El expediente muestra que, durante la argumentación de la teoría del caso, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada hizo una correlación de hechos probatorios que determinaron la participación de tres personas: Yu Ki Tong, como autor intelectual de los supuestos delitos de tráfico de armas y explosivos, así como de falsificación de documentos; Ovidio Fuentes –entonces, director de la DIASP–, en calidad de cómplice primario, e Ivette Flores Forero –jefa del Departamento de Permiso de Armas–, como cómplice secundaria. La información sobre este caso que llamó inmediatamente la atención del público panameño aparece en la carpetilla de investigación 201700057925, en un informe emitido el martes 12 de diciembre de 2017, por la División de Delitos de Posesión y Tráfico Ilícito de Armas de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Ivette Flores Forero, jefa del Departamento de Permiso de Armas. Crédito: Facebook de Ivette Flores Yu Ki Tong, ciudadano británico nacido en Hong Kong y residente en Panamá. Crédito: Elvis Rodríguez El 14 de enero de 2020, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, hizo revelaciones en torno a esta investigación a La Prensa, después de un año en que el Ministerio Público no emitió ningún comunicado. Especificó que, presuntamente, la DIASP emitió permisos para la importación de armas en tiempo de veda. “El modus operandi, explicó el fiscal, era introducir las armas sin cumplir los registros (Ley 57 de 2011)”, señaló La Prensa. “Las armas eran introducidas al país por un particular de ascendencia asiática que habría tenido trato preferencial de la DIASP”, aseguró Márquez. Cobros indebidos y falsificación de documentos Ovidio Fuentes, militar panameño que alcanzó el rango de comisionado policial. Fue el penúltimo director de la DIASP. Crédito: Elvis Rodríguez Ovidio Fuentes es un militar de carrera panameño, que alcanzó el rango de comisionado policial. Fue el penúltimo director de la DIASP, oficina dedicada al trámite de porte y tenencia de armas de fuego, explosivos y municiones. Fue designado en ese puesto por el gobierno del antiguo presidente de la República, Juan Carlos Varela (2014-2019), el 4 de agosto de 2017, con un salario de 3.500 dólares más gastos de representación de 500 dólares. El entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, lo juramentó en el cargo. Un empresario, quien también fuera jefe de armería de una institución de seguridad del Estado, bajo reserva de su nombre, aseguró que “la DIASP quería tener el control de la emisión de permisos de porte de armas, sin estar preparados en personal e instalaciones para guardar las armas y menos con bases de datos legales para verificación. Esto ha traído burocracia, caldo de cultivo para la corrupción, y demoras en la confección de un trámite netamente administrativo, pero con métodos arcaicos; lo que los hace incumplir una ley que ellos mismos promulgaron, que es la de 30 días para contestar las solicitudes de trámites”, denunció. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada incautó armas de grueso calibre/Foto El Digital Panamá. En su investigación, la Fiscalía recolectó armas de fuego; entrevistó testigos; allanó residencias y apartamentos; ubicó datos en bancos, en el Registro Público, notarías, archivos, entre muchas otras fuentes. Indira Pineda, perito de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en entrevista ante la Fiscalía, aseguró que hallaron evidentes “irregularidades” en la DIASP. Entre ellas, la falta de las pruebas balísticas obligatorias para armas de grueso calibre. De manera discrecional, se decidía cuáles sí o cuáles no debían pasar por este requisito, pese a ser mandatorio. > Vea más historias de las Américas Una fuente que suministró información a la Fiscalía –que prefirió reservar su identidad y a quien, en esta investigación, identificamos como GP–, reveló en entrevista que, para otorgar los permisos, la DIASP solicitaba altas cantidades de dinero. Además, denunció la existencia de una “burocracia” con el propósito deliberado de presionar a la gente a que pagara. “Tengo un arma desde hace tres años –confesó– que no me han dado, me refirieron donde un abogado y me dijeron: ‘habla con él’. Cuando hablé con él, el tipo me dijo: ‘son 1.500 dólares y te saco eso”. Conversación de Whatsapp entre Yu Ki Tong y un presunto comprador de armas. Crédito: Imagen tomada de la carpetilla de información de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. GP dijo que, al ver que la tarifa era de 1.500 dólares, analizó las cifras. Dedujo: si en Panamá hay 160.000 personas con armas legales y si el 10 por ciento pagó 1.500 dólares para agilizar su trámite, se han cobrado indebidamente millones de dólares. “Me puse a pensar: ¿por qué tengo que pagar? Que se quede esa vaina ahí”, concluyó. Buscamos a otros usuarios de armas, para verificar lo dicho por GP. Confirmaron que sabían del cobro extraordinario por agilizar los permisos; sin embargo, por lo delicado de este caso y las implicaciones que ellos también tendrían al aceptarlo, prefirieron reservar sus identidades. Asimismo, la Fiscalía encontró incongruencias en los registros alfanuméricos identificados. Por ejemplo, se detectó, en el permiso No. 73.128, asignado el 7 de agosto de 1996, una pistola calibre 380, modelo Davis, con serie AP-443909. Sin embargo, la primera prueba balística asignada a la DIASP fue en 2012 (antes pertenecían a la Dirección de Investigación Judicial) y la numeración que fue utilizada para el permiso de la pistola 380 correspondía a permisos emitidos entre 1991 y 2008. Es por este tipo de incongruencias que la Fiscalía determinó que hubo falsificación de documentos públicos. La Fiscalía estableció, presuntamente, la responsabilidad de Ovidio Fuentes, quien no tuvo más opción que entregarse a las autoridades en octubre de 2018, cuando aún formaba parte de la institución y había solicitado su jubilación como comisionado de la Policía Nacional. Los negocios de Yu Ki Tong El número de prueba balística es única en cada arma de fuego. No pueden existir dos o más armas con la misma prueba. Sin embargo, tras la auditoría iniciada por la Fiscalía dentro de la DIASP, las pruebas determinaron que en muchos expedientes existen armas con pruebas de balísticas “erróneas”, detalla la investigación. Hay armas que Yu Ki Tong había comprado en Estados Unidos en 2016 y mantenían pruebas de balística ya registradas entre 1991 y 2008. Esta información está incluida en el reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El 12 de julio de 2018, la jueza de garantías Ruth Aizpú autorizó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la incautación de datos del teléfono móvil de Yu Ki Tong, según consta en el tomo 36 del expediente. Conversación de Whatsapp del teléfono móvil de Yu Ki Tong, según el reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Crédito: Imagen tomada de la carpetilla de información de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Una de estas conversaciones deja en evidencia los alcances y poder que Yu Ki Tong tenía en la oficina de la DIASP para ayudar a legalizar permisos de porte y tenencia de armas. Se verificó, vía WhatsApp, el 7 de diciembre de 2018, a las 4:04:29, desde el número de celular +507 6613-7610. La conversación fue entre un hombre no mencionado en el proceso, al que identificaremos en esta publicación con las siglas G.J. y Yu Ki Tong (Y.K.T.). G.J. ¿Tendrás un buen contacto para mover un permiso de una pistola que hace un mes está en la DIASP y no sale? Y.K.T. Creo que sí… Vendí una pistola a un paisano mío, hace como tres meses atrás y al parecer ya salió. Puedo preguntarle a quién él movió y a quién él pagó. ¿Quiere que lo averigüe? G.J. Sí, investígate por favor. Hay una pistola de un tipo que necesito ver si le sale el permiso. La pistola no es mía, es de alguien más pero necesito que el tipo la tenga. Y.K.T. Ok. Te aviso. Conversación de Whatsapp, incluida en el reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Crédito: Imagen tomada de la carpetilla de información de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. En otra prueba testimonial, un empresario de origen judío, a quien identificaremos como el comprador M.H., dijo a la Fiscalía que hizo la transacción de tres armas marca Glock, una AR 15 y una calibre 40. Pagó un total de 10.000 dólares mediante cheque de una entidad bancaria nacional a su vendedor, el mismo asiático que se dedicaba también a la venta de armas con permisos incluidos. Otro ciudadano de origen asiático residente en Panamá, identificado con las siglas R.l.W., narró a la Fiscalía que conoció a Yu Ki Tong, en el Club de Tiros de Balboa, uno de los más grandes y adecuados del país para la práctica de tiro, utilizado también, en ocasiones, para entrenamientos de la Fuerza Pública de Panamá. “Nos hicimos amigos”, afirmó e indicó que Yu Ki Tong tenía armas de segunda para vender, lo que le interesó. Entonces, le mostró los permisos de armas de una pistola nueve milímetros, por la que pagó, en efectivo, 3.500 dólares. Manifestó que su vendedor “mantenía el formato de traspaso de armas, le dijo que ya tenía el contacto”. Pasado unos dos meses, ya tenía el traspaso del arma, aseguró el testigo. Carlos Pérez, vicepresidente de la junta directiva del Club de Tiros de Balboa, confirmó que este lugar tiene 450 miembros, aproximadamente, pero ninguno tiene procesos legales. “Las autoridades solamente tienen que enviarnos una notificación de que el socio está siendo investigado y al socio se le hace una suspensión, obviamente; eso pasa por una votación de la junta directiva donde se muestra la evidencia de lo que el Ministerio Público manda, porque siempre mandan los oficios. Se les suspende hasta que el Ministerio Público o el Órgano Judicial determine si la persona es culpable o inocente. Mientras tanto, se mantiene la suspensión de la persona”. Conversación de Whatsapp que muestra presunta compra-venta de arma en un club. Crédito: Imagen tomada de la carpetilla de información de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. A pesar de lo dicho por Carlos Pérez y tomando en cuenta que las investigaciones contra Yu Ki Tong se iniciaron en 2017, las conversaciones recabadas por el Ministerio Público del teléfono celular de Yu Ki Tong, muestran que él seguía asistiendo al Club de Tiros, dónde encontraba a sus clientes, al menos hasta principios del año 2018. Entre los documentos recibidos por la fiscalía se encuentra el recibo de la compra de un arma Iwi Travor en Estados Unidos. En la siguiente conversación del 27 de diciembre de 2017, a la 1:48 p.m. desde el celular +507 6981-8789, entre Yu Ki Tong y otro asiático, al que identificaremos como PP, se puede observar cómo ofrecía la venta y traspaso de armas en el “club”: Y.K.T.: No quiero molestarte mucho, pero ¿tú quieres ese Rem 700? PP: Sí, me interesa. Y.K.T.: Ok. Entonces no vendo a nadie, solo a ti. PP: ¿Cuándo lo llevas para probarlo? Y.K.T.: Bueno… ¿cuándo te vas a pasar por el polígono. Este sábado paso. PP: ¿No puede ser antes? Y.K.T.: ¿O mañana? PP: ¿Mañana a qué hora? Y.K.T.: Eso de la una 1 o 12? PP: Vale, mañana a la una. Al día siguiente, a las 4:50 pm: Y.K.T.: (Camino al club) Está bien, dos y media pero te voy a entregar en forma original de fábrica. PP: De forma original te doy 2100. Ese stock vale 400 por eso. Y.K.T.: Ok. Ni tú ni yo, forma original 2200. Me lo deposita y mañana te preparo los papeleos. PP: Hey, ¿los papeles un vez me lo hagas me entregas el arma verdad? Y.K.T.: Una vez que se firme el traspaso y todo es tuyo. Y lo puedes tener en tu casa y todo. Y por ahora no hay necesidad de llevar el rifle donde DIASP. En la misma conversación: Y.K.T: Mañana te veo en el club a las 10. Si quieres ahí mismo puedo traspasar el Rem 700. El informe de la ATF, donde constaban las armas compradas en Estados Unidos a diferentes casas comerciales, incluyó que, para que Yu Ki Tong pudiera comprar armas en Estados Unidos, mantenía estatus de residente en Coral Spring, en el estado de Florida. Así operaba la DIASP El 18 de septiembre de 2018, a las 10:05 de la mañana, Ivette Flores Forero cumplió con una citación judicial y respondió un interrogatorio ante el fiscal especializado de delincuencia organizada, Gilberto Salado. Reveló el modus operandi del mercado ilegal de permisos de armas expedidos durante el periodo de Fuentes: “Yo mantenía acceso a los expedientes de las personas no recomendadas. Me pedían que firmara un permiso de arma, el cual ya venía firmado por el director Ovidio Fuentes”, explicó la mujer de 54 años, quien, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017, fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas de la DIASP. La entrevista rendida por Ivette Flores Forero, registrada en la investigación 20170005725, muestra que, en la DIASP, se registraba un flujo de trámites de permisos de armas ilegales, en el periodo contenido de veda de importación que fue emitida mediante decreto ejecutivo en 2012. Flores Forero también dijo que los trámites consistían en mandar a buscar el expediente directo de los archivos de la DIASP, orden emitida por Fuentes, donde reposaban los registros de armas de fuego, sin el consentimiento de ella, como jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas. La finalidad era confeccionar el permiso de porte o tenencia el mismo día, sin cumplir con los requisitos establecidos. “Los expedientes para permisos de armas de fuego de las personas VIP, que Ibeth, Maika o María –que es otra secretaria de Fuentes– me pedía que firmara ya venían firmados por el director Ovidio Fuentes, para hacer ver que el mismo ya había cumplido con los requisitos de dicho trámite”, detalló Flores Forero al ente investigador. Flores Forero, contadora pública autorizada, también contó que Fuentes mantenía una pirámide de mando dentro de la DIASP, con varios funcionarios de su círculo cercano. Además, señaló que había omisión de los pasos requeridos en el proceso digitalizado de los permisos de armas, en la DIASP, con lo que los funcionarios buscaban atajos que le permitieran, premeditadamente, obviar las reseñas de los solicitantes y las pruebas de balística; asimismo, se intercambiaban los números de los permisos de armas, determinando quién sí y quién no debía recibir, de manera expedita, “permisos VIP de armas de fuego”. El testimonio de Flores se fortalece por la declaración de Ramiro Salcedo, un ingeniero en Sistemas que labora en la compañía que brindó los servicios de captación de datos para los permisos de armas, llamada SGA, utilizada por la DIASP. Como se puede leer en el expediente, Salcedo indicó que “el director tenía acceso a ver qué estaba en su bandeja para firma y dar autorización o negación”. Asimismo, ratificó que la jefa de Permiso de Armas, Ivette Flores, podía corroborar el estatus del trámite de los permisos, a pesar de que ella negó a este equipo periodístico, vía WhatsApp, tener acceso a los trámites VIP supuestamente ordenados por su jefe, Ovidio Fuentes. Conversación vía Whatsapp con la jefa de Permiso de Armas, Ivette Flores. Captura de pantalla. Durante ese contacto telefónico con Ivette Flores, al preguntarle si lo declarado por ella al Ministerio Público sobre la existencia de la oficina VIP es correcto, respondió: “Sí, es correcto, esa oficina fue creada por Ovidio Fuentes, y puso como jefa a la capitana Iveth González de Harker. Ella era homóloga en funciones conmigo. Hacía el mismo trabajo que yo, pero yo no tenía acceso a los expedientes que ella tramitaba ya que trabajaba directamente con Fuentes”. También se le preguntó, vía WhatsApp, durante cuánto tiempo operó esta oficina y cuántos expedientes se tramitaron de esa forma. Respondió: “Yo fui trasladada a mediados de mayo de 2017 y hasta ese momento ella [Iveth González] continuaba haciendo los permisos VIP desde la oficina de Agencias de Seguridad donde la habían puesto como jefa. No le puedo decir hasta cuándo. Por lo que sé, después que salí de allí, ese trámite continuó”. —¿Qué sucedió con los demás mencionados en el proceso? —Me sorprendió que a todos los sobreseyó la Fiscalía; más, cuando el último registro en el Oracle de las armas del chino se hizo en 2018, cuando yo no estaba allí. En nuestra conversación, Ivette Flores dijo ser inocente y se enfocó en defenderse de las acusaciones en su contra. Sin embargo, evidenció que sabía de la existencia de la oficina VIP. Asimismo, esta policía, quien en ese entonces estaba a la espera de su jubilación –de acuerdo con su versión–, sabía de las visitas regulares de Yu Ki Tong a la DIASP y de lo que hacía, pero aseguró que ella no participó en esta trama. Conversación vía Whatsapp con la jefa de Permiso de Armas, Ivette Flores, sobre el caso de Yu Ki Tong, Captura de pantalla. Era un secreto a voces Según reveló una filtración de supuestas conversaciones vía WhatsApp del celular del ex presidente Juan Carlos Varela, conocida como “VarelaLeaks”, la Procuradora General de la Nación a esa fecha, Kenia Porcell, reclamó a Varela su silencio ante las constantes denuncias que ella le hacía sobre comisionados de la Policía Nacional que se dedicaban al tráfico de armas. Estas conversaciones nunca fueron aceptadas ni negadas por los policías mencionados en los “VarelaLeaks”. Por su parte, el abogado, ex fiscal y ex director del Sistema Penitenciario en el gobierno de Ricardo Martinelli, Ángel Calderón, dijo, en entrevista para este trabajo, que le llamó la atención que en este caso tan emblemático y delicado, la ciudadanía no supiera qué ha pasado, y que el fiscal que llevaba el caso saliera a defender abiertamente a uno de los involucrados. Se refería a las declaraciones del entonces fiscal superior, David Mendoza, que estuvo al frente de la investigación, quien dijo a los medios de comunicación –tras solicitar una prórroga de seis meses– que “para no poner en riesgo la investigación”, no quiso indagar a Fuentes sobre el caso porque ostentaba un cargo de mando y jurisdicción de nivel nacional. Además, se preguntó: “¿Cómo era posible que existía una persona y una empresa en medio de la veda con permiso para introducir armas al país?, ¿dónde están las personas que firmaron esos permisos? Porque para introducir un arma se debe tener una resolución firmada por el ministro (de Seguridad)”. Ángel Calderón agrega que, “aunque se pretenda camuflar una importación con una serie de documentos legales, involucra que se investigue desde quien firmó hasta el último que hizo la revisión. Porque, es cierto, cuando tú vas a hacer el registro de un arma intervienen muchas personas y te piden cualquier cantidad de documentación para hacer el registro de un arma, así es que mal puede decir que no está enterado de la arma que se está metiendo, si es legal o ilegal, porque a esas personas (DIASP), les compete hacer la verificación de todo lo referente a esa arma que se está registrando”. La veda de importación de armas El 7 de noviembre de 2017, el fiscal adjunto de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, Jairo Enrique Samaniego Amaya, dijo que la institución que dirigía “inició la suspensión para la importación de armas de fuego al territorio nacional mediante el resuelto No. 136/DIASP/10 del 26 de octubre de 2010, debido a que, para el año 2010, el Ministerio de Seguridad Pública observó un incremento excesivo en las solicitudes de importación de armas de fuego por las empresas de derecho privado debidamente registradas y autorizadas para dedicarse a este tipo de actividad comercial restringidas, controlada, fiscalizada, supervisada y reglamentada por el Estado”. El 26 de octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública debió establecer un conjunto de controles e intervenciones administrativas, en supuesto beneficio de la seguridad ciudadana y del ejercicio de las actividades de su competencia. Sin embargo, fueron obviados por la propia DIASP, bajo la jefatura de Fuentes. El ex ministro de Seguridad, Rolando Mirones, confirmó que hay 17.000 personas con permisos de armas pendientes en Panamá. Lo hizo en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el 30 de noviembre de 2019, donde fue citado por el pleno de diputados para que rindiera informes por el aumento en la delincuencia que vivía el país a principios del gobierno del actual presidente de la República, Laurentino Cortizo. En esa comparecencia, Mirones testificó: “Yo no tengo idea por qué hicieron una veda de importación de armas, no tengo la menor idea, yo asumo, porque yo no fui el que la creé, nosotros solo la recibimos, ni siquiera del gobierno anterior sino más atrás, el gobierno del presidente Martinelli. Yo tengo que asumir que esa veda se dio porque había una gran cantidad de permisos de armas sin tramitar, porque no hay un sistema automatizado y esos permisos de armas están ahí durmiendo el sueño eterno, hay permisos metidos en gavetas por todos lados. No sé cuál era el objetivo de hacer esto”. Las declaraciones de Mirones fueron respaldadas en la entrevista que se le hizo a Ivette Flores Forero para esta investigación periodística, en la que dijo: “cuando llegué allí había una mora muy grande. Había solicitudes desde el año 2009 y permisos hechos que no le entregaban a los usuarios”. La veda de importación de armas fue cuestionada por la opinión pública y eso tuvo una reacción inmediata del entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, quien, ante la Asamblea Nacional, dijo: “Insisto, eso pasó por varios gobiernos atrás. Asumo que viendo esa cantidad de permisos que estaban acumulados tomaron la decisión de detener la importación para bajar el número de permisos que se estaban solicitando y tramitar esos permisos responsablemente. Bueno, eso no lo hicieron; hicieron la veda, pero no cumplieron con eliminar la cantidad, la mora que tenían”. Por otra parte, la Asamblea Nacional preguntó al ex ministro Mirones si la veda de armas, establecida hacía más de ocho años por las administraciones gubernamentales pasadas junto con sus respectivos Ministros de Seguridad, logró disminuir los índices de crímenes perpetrados en el país. “La veda no tuvo ese resultado”, respondió. “Es muy sencillo. Las armas que utiliza la criminalidad, no son armas compradas a ningún importador, esas armas entran de contrabando por las fronteras, específicamente por la frontera con Costa Rica y evidentemente esas armas no son compradas en el mercado legal, así que una veda de importación de armas de ninguna manera va a parar el fenómeno criminal, porque son armas que se adquieren de manera ilegal”. Consecuencias legales del caso Yu Ki Tong y los funcionarios de la DIASP fueron objeto de intervención, seguimiento y vigilancia por la Unidad Sensitiva, especializada en la materia con autorización de un juez de garantías. Esas diligencias recolectaron los indicios que vinculaban, además, a más de ocho funcionarios de menor rango policial, con funciones en los archivos, registro, permiso de armas y que atendían directamente las órdenes de Ovidio Fuentes. El 4 de abril de 2018, el juez de garantías, José A. Carrillo, resolvió autorizar la diligencia de incautación de datos a la DIASP, para lo que guardara relación con permisos de armas, expedientes de personas o de armas y cualquier otro elemento digital o físico que fuese de interés de la investigación. Todos los involucrados fueron puestos a órdenes de un juez de Garantías del Primer Distrito Judicial de Panamá y, el 18 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio sustituyó la detención provisional de Yu Ki Tong por otras medidas cautelares. Él reportó la pérdida de sus documentos como el pasaporte. Documento de identidad del ciudadano Yu Ki Tong como residente estadounidense. El 9 de octubre de 2018 Ovidio Fuentes y varias personas de su círculo cercano, que participaron en los trámites irregulares, enfrentaron una audiencia de garantías. Los medios de comunicación identificaron que el director de la DIASP le dio un trato preferencial a Yu Ki Tong, según las únicas declaraciones de la fiscalía. Dos meses después, al argumentar ser funcionario de mando y jurisdicción a nivel nacional, Fuentes se sometió a la justicia y logró que el juez dictara a su favor una medida cautelar de firmar los miércoles de cada semana. Para aquel momento ya se habían registrado 27 diligencias por la fiscalía, para recabar pruebas. Yu Ki Tong, Ivette Flores Forero y Ovidio Fuentes fueron llamados a una audiencia intermedia. Esta investigación periodística encontró, a través del expediente, que en medio de la investigación, el 24 de octubre, cuando Ovidio Fuentes aún se mantenía en el cargo, Yu Ki Tong presentó una solicitud de autorización para salir del país, a un evento de tiro deportivo. Se le otorgó la autorización No. 023/ DIASP/ 17, la cual evidencia que el director de la DIASP no tuvo objeción alguna a la solicitud presentada por Yu Ki Tong, para salir del territorio panameño con sus armas de fuego, en medio de una investigación en marcha. Para ese momento, la Fiscalía debía esperar que se resolviera un recurso en la Corte que determinara a qué jurisdicción le correspondía la investigación de Fuentes. Posteriormente, la Fiscalía continuó con la investigación y solicitó, en la audiencia intermedia, el llamamiento a juicio para Yu Ki Tong, contra quien pidió 33 años de cárcel; además, solicitó ocho años de prisión para el comisionado Ovidio Fuentes y dos años para la cómplice secundaria, Ivette Flores Forero. Los demás imputados en el proceso fueron sobreseídos en octubre de 2019, luego de no demostrarse la vinculación del círculo personal de los funcionarios de Fuentes y al determinarse la responsabilidad directa de Ovidio Fuentes e Ivette Flores Forero. La audiencia de fase intermedia se realizó el 14 de enero de 2020, en Plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio. Allí, el fiscal adjunto, Jairo Samaniego, detalló que se registraron armas de guerra –prohibidas para civiles, en Panamá– y una más que mantenía investigación en un caso delictivo. Argumentó que ésta sería una prueba contundente para la fase de juicio. Intentamos obtener una entrevista con el fiscal que lleva el caso; sin embargo, respondió a través de la oficina de Relaciones Públicas: “Ese caso ya está en el OJ (Órgano Judicial) a espera del juicio. Sobre la investigación ya no hay más que lo que se dio en la audiencia intermedia. Que al estar ya en el OJ no puedo adelantar nada antes del juicio”. Esto a pesar de que días antes habló con el diario La Prensa sobre el caso. En el Ministerio de Seguridad también se negaron a suministrar información solicitada en referencia a la cantidad de permisos que se expidieron en la DIASP durante la administración de Ovidio Fuentes, cuántos dejó pendientes y las razones de la demora en los trámites en hasta cinco años, cuando la Ley indica un tiempo máximo de 30 días. Intentamos contactar a Ovidio Fuentes por varios medios, para una entrevista sobre este asunto, y no tuvimos éxito. Tampoco quiso responder a las interrogantes que le planteamos en diciembre de 2019, en las afueras del Tribunal, mientras que Yu Ki Tong expresó, durante la audiencia intermedia, no haber vendido armas de fuego y ser un deportista de tiro desde los 18 años, amante de las armas de fuego. Por su parte, Ivette Flores Forero mantuvo su declaración sin cambios y fue sometida a un impedimento de salida del país y a notificarse ante la Fiscalía. Actualmente se mantiene una auditoría en la DIASP y se prevé automatizar el sistema con estándares de seguridad. La fase de juicio oral fue programada para el 15 de marzo de 2021 en la sala 9 a las 9:00 a.m. Vea esta historia también en La Prensa y El Digital. · Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. Créditos Apoyo Editorial: Carlos Gutiérrez Fotografía y Producción: Elvis Rodríguez

Darío Fernández Jaén, era gente de la campiña, raizal, amante de su tierra Penonomé, atesoraba a su familia. Le gustaba comunicar y solucionar las necesidades del pueblo. Pero su voz fue apagada para siempre al realizar una denuncia que impactaría en la comunidad sobre el crimen organizado y la usurpación de tierras, sus miembros decidieron silenciarlo para siempre. Por Grisel Bethancourt especial para Global Initiative Against Transnational Organized Crime. El 6 de noviembre de 2011, mientras en el Distrito de Penonomé se celebraban las fiestas patrias, uno de sus barrios, San Antonio, se vio estremecido en cuestión de segundos. Un disparo en su cabeza cegó la vida del líder, político, abogado, periodista y educador, Darío Fernández Jaén. El exgobernador, era un hombre muy confiado, que jamás pensó que estaba en peligro. Mientras caminaban, se adelantó esa noche al paso de su esposa, Alma Alzamora de Fernández y su hijo Darío Fernández Alzamora, quien ya lo aguardaba en la puerta de su hogar. La confusión reinó a las 7:45 de la noche. Darío Fernández Jaén había recorrido más temprano las calles junto a políticos y amigos. Aquel hombre de 65 años, caminó sin sospechas, pasó por el famoso parque El Manguito. Su último saludo fue a un vecino; mientras al borde de la calle, Joel Guerra Flores, se le acercó por detrás y le propinó un disparo en la cabeza que le causó la muerte, tras el impacto se desvaneció malherido frente a su esposa y su hijo. Previo al mortal ataque la víctima era acechada; horas antes Miguel Arner García tocó a la puerta de la residencia del político, sin poder ubicarlo. Le tocó hacer guardia a una mujer, Deshy Quirós, alias “China”, quien hizo la llamada de aviso al sicario para la ejecución, que dio fin a la vida de Fernández. La oscuridad fue cómplice del hecho. El sicario se escabulló por el callejón “perra brava”, tras el planificado crimen. Días antes, testigos lo vieron rondando el área. Este crimen no fue al azar, el gatillero no conocía a la víctima. Fue un asesinato por encargo. Penonomé a 42.5 kilómetros de la capital de la República de Panamá, era el epicentro de una noticia que corrió muy rápido por todo el país, las televisoras confirmaron la infortunada noticia. Había muerto uno de los más prominentes políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Hasta ese momento era un confuso hecho. El Ministerio Público y la Policía Nacional activaron sus investigaciones La organización criminal recayó en afectaciones graves según la teoría del caso: en el hurto de fincas, estafas, falsificación, homicidio, intimidación y soborno de testigos. La acción criminal tocó propiedades abandonadas o desatendidas, dueños fallecidos, enfermos, ausentes o extranjeros. Se apoderaron de las fincas por medios fraudulentos: falsificación de documentos e identidades, de juntas de accionistas, de donaciones, de poderes legales y se hicieron traspasos múltiples en tiempos cortos, gravámenes, sociedades recién creadas, utilizaron identidades de fallecidos, de personas con nombres parecidos, registraron ventas de buena fe a precio real. Darío el periodista, el político, el educador Darío Fernández Jaén, era gente de la campiña, raizal, amante de su tierra Penonomé, atesoraba a su familia. Le gustaba comunicar y solucionar las necesidades del pueblo. Se tituló como periodista, dirigió su propia estación Radio Mi Favorita. Su amigo Ricardo Fernández, compañero de luchas, en una biografía le describe a Darío Fernández una sonrisa perenne que amortiguaba cualquier angustia propia. Hombre incansable. Como educador se trasladó a lugares del campo a ejercer la profesión. El abogado y político maduró experiencias y se avocó al proceso revolucionario que dirigió el otrora General Omar Torrijos Herrera (1968-1981). Fue fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Coclé y tres veces elegido Gobernador de esa provincia, en los periodos 1984-1987; 1994-1999, 2004-2009. Génesis del crimen Fue en octubre de 2011 cuando Darío Fernández desde su micrófono en Radio Mi Favorita registró una denuncia cuya víctima develó un fraude de tierras, un caso relacionado al autor intelectual del delito denunciado, era la misma persona que utilizó el nombre de su madre, Juana Marta Jaén, para legalizar falsamente las escrituras de la Finca 70. El entonces fiscal Roberto Moreno constató que Fernández Jaén hizo denuncias directas contra una organización criminal. “Lo denunció con vehemencia”. “Destapó el escándalo, les afectó sus ingresos”, reiteró. “Pero cometieron un error, se sintieron confiados, y se metieron en propiedades con dueños activos”, explicó el exfuncionario. La fiscalía determinó que se trataba de una organización criminal, descrita en el Código Penal panameño, con participación de tres o más personas, unidos para proyectos delictivos, hubo asociación ilícita para delinquir y homicidio doloso agravado. La Sentencia No. 14/2013 del Tribunal de Juicio de Coclé, caso No. 2011-0000-0718, el 26 de junio de 2013, estableció la responsabilidad penal contra Miguel Arner García, alias “Picoro”; Joel Guerra Flores, alias “Chiri”; Alfredo Nouvet Conte, alias “Fello”; Deshy Quirós Matal, alias “China” y Mayra Hall Conte. Las condenas oscilan entre los 33, 38 y 41 años de prisión. Los abogados de los imputados no aceptaron los cargos y desacreditaron la teoría del caso. José Guerra Flores, alias “Chiri”, autor material en el homicidio agravado y co-autor en la asociación ilícita para delinquir agravada, al ejecutar el asesinato buscaba la impunidad del fraude de tierra. Un testigo protegido lo señaló como autor del hecho. El y otros dos hombres eran miembros de una banda denominada “Los Barracudas” de la capital panameña. Se comprobó que hubo cruce de llamadas constantes, dinero en efectivo y premeditación del crimen, según la fiscalía. Darío Fernández tuvo conocimiento de la existencia de esta organización criminal, liderada por -Ricardo Martínez Quirós-, (presunto autor intelectual del delito), quien a la fecha de esta nota es prófugo de la justicia. Mantiene alerta en Interpol y se sospecha su paradero en un país suramericano, confirmó el exfiscal. “Es difícil determinar si hubo corrupción de funcionarios, pero en el caso particular nuestro, de mi clienta –Devon Ann Rolls-, nosotros le dimos aviso al director del Registro Público, de que la finca iba a ser traspasada por segunda vez y que los funcionarios del Registro Público, no impidieron el segundo traspaso de la finca”, reveló el testigo y abogado, Rodolfo Aguilera. En el -antiguo- Newsmuseum de Washington, Estados Unidos, Darío Fernández Jaén aparece como el primer y único periodista panameño, reconocido como víctima de sicariato, en un acto contra la libertad de expresión y la denuncia de corrupción de tierras en Panamá. *Versión en español del perfil de Darío Fernández, investigado y escrito por la periodista panameña Grisel Bethancourt para el libro Faces of Assassination, una compilación de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://assassination.globalinitiative.net/face/dario-fernandez/

Por Grisel Bethancourt 7:50 de la noche del lunes 9 de marzo, la población en Panamá recibió la confirmación por parte de las más altas autoridades de salud del país del anuncio del primer caso de coronavirus. A medida que pasaban los días se iban conociendo nuevos casos y la incertidumbre por lo desconocido y el miedo aumentaba. Supermercados, farmacias abarrotadas y las empresas distribuidoras de productos de limpieza y salud se desabastecían ante el descontrol de una parte de la población que buscaba equiparse de productos para evitar el contagio. Era evidente que a gran parte de los residentes en el país, nacionales o extranjeros, le invadía el temor y la incertidumbre. La corrupción, la inseguridad, el alto costo de la canasta básica familiar y los escándalos de alto perfil que se ventilaban por meses en redes, cadenas de WhatsApp o medios pasaron a segundo plano en esos primeros días de la llegada del “coronavirus” a Panamá. COVID, pandemia, coronavirus, virus, contagios, miedo y sobre todo muerte se convirtieron en las palabras más utilizadas por los habitantes de este país. Las conferencias de prensa diarias encabezadas por la ministra de Salud de ese entonces y su equipo más cercano de trabajo se convirtieron en los momentos de mayor rating del prime time de la televisión local y en tendencia inmediata las redes sociales Twitter e Instagram. Paralelamente a esta crisis de salud otra crisis iba en aumento: la delincuencia. 16 días después de ese nueve de marzo ante el considerable aumento de casos bajo un Decreto Ejecutivo la población quedó confinada en una cuarentena. “Ante los casos registrados y confirmados en Panamá se hace inminente extremar las medidas sanitarias para la mitigación de la enfermedad del coronavirus”, señalaba el decreto de ese entonces. Paralelamente a esta crisis de salud otra crisis iba en aumento: la delincuencia. El país de la gran economía se desplomaba en sus actividades comerciales y financieras, cedía ante la COVID-19. El accionar del crimen organizado daba señales de no estar en cuarentena. La ley 67 de 1947 que aprueba el Código Sanitario de Panamá señala que corresponde al Ministerio de Salud tomar las medidas necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad comunicable o mortalidad especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional. Mientras que el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Panamá dispone que toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad e inmigración. Tanto el artículo 27 de la Constitución Política como la Ley 67 que aprueba el Código Sanitario en la República de Panamá establecen las reglas que la mayoría de los residentes del país ha estado obedeciendo, el crimen organizado las desafiaba e infringía. Mientras los estamentos de seguridad rigurosamente hacían cumplir a la población el decreto sanitario vigente, que entre otras cosas, impedía la plena movilidad de hombres y mujeres e implementa un toque de queda estricto, parece que a la delincuencia no. Las cifras sobre el crimen organizado en el país durante el periodo de marzo al 30 de julio así lo demuestran. Los homicidios entre los meses de marzo y julio de 2020 reflejan 205 víctimas, los femicidios con 12 casos, la incautación de droga alcanzó 45.8 toneladas y se judicializaron a integrantes de nueve pandillas. Las denuncias receptadas estuvieron por el orden de 22,319 a nivel nacional, según el análisis estadístico para este reportaje. Las cifras fueron comparadas durante el periodo comprendido de cinco meses de confinamiento (marzo – junio de 2020) Las cifras fueron comparadas durante el periodo comprendido de cinco meses de confinamiento (marzo – junio de 2020) y cuarentena por género y movilidad de dos horas diarias; lunes, miércoles y viernes las mujeres, martes y jueves los hombres. Sábado y domingo de cuarentena total. Los resultados demuestran un aumento en la criminalidad. Un informe anual que realiza el Observatorio (https://www.seguridadcciap.com/el-observador-n-13/) de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá denominado “Seguridad Ciudadana en Tiempos de COVID” detalla una radiografía de la seguridad ciudadana del país, registrando importantes hallazgos en casos de homicidios que aumentaron en la comarca Ngabe Buglé o en la región de Azuero, los que demostraron un aumento significativo, explicó Renán Arjona, Coordinador del Observatorio. “Me llamó mucho la atención las estadísticas de homicidios que se dan en la comarca Ngabe Buglé, hay un 800% de aumento o sea, hubo 8 homicidios en el primer semestre del 2020 frente a víctimas del primer semestre del 2019”, agregó Arjona. La abogada penalista y criminóloga Guillermina Mc Donald al hacer un análisis de los primeros meses de cuarentena en el país frente a la ola de criminalidad explicó que estos crímenes que han ocurrido están estrechamente relacionados a la masacre que hubo en el centro penal La Joyita el 17 de diciembre de 2019 que dejó 13 muertos. Recordó la jurista que para ese momento comenzaron a circular una serie de videos, fotografías de crímenes horrendos, era una advertencia de lo que iba a ocurrir. Atribuye la criminalidad en el país durante este primer periodo de pandemia a que “los estamentos de seguridad se pusieron a cuidar entre comillas a los ciudadanos para que no salieran, a tratarlos como delincuentes cuando los encontraban en la calle, sin embargo, los verdaderos delincuentes hacían lo que les daba la gana y nunca fueron agarrados in fraganti”. Nosotros somos responsables, cuestionó la criminóloga McDonald, quien aseguró que no es una crítica, ya que los estamentos de seguridad en las conferencias diarias trataban de explicar todo, pero no nos hablaban cómo estaban evitando el crimen. Lo mataron el 11 de mayo. Él me llamó para felicitarme, me cantó y bailó. "Voy a hacer un viaje", fueron las últimas palabras de Gabriel Antonio Batista en ese día tan especial para su madre, Graciela. Esta mujer vivió el giro más inesperado de su vida, en su cumpleaños. Una madre que no asume en estos cuatro meses, el asesinato de su penúltimo hijo, de siete que procreó, a manos de desconocidos en un atroz hecho de sangre, mientras el confinamiento era severo y solo volvió a ver el rostro de Gabriel, de vuelta en un ataúd frente a su casa. No pudo despedirlo en el cementerio, por ello, el féretro fue llevado a su puerta, narró Graciela. El hecho corresponde a un triple homicidio ocurrido la noche del 11 de mayo en un paraje, entre El Chumical y Bique del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cuando tres hombres identificados como Gabriel Antonio Batista de 35 años, Yoel Gordón Camarena, de 32 años y Giordiano Erico Case Meneses, de 30 años recibieron una descarga de disparos de fusil Ak-47 y de pistola 9 milímetros. Una cuarta víctima sin identificar también apareció sin vida cerca a esta área. Gabriel tenía un bote de pesca, llevaba gasolina en el carro, ese día iba a emprender un viaje al mar, pero no hubo retorno. Su madre siempre le advertía que no confiara en nadie, no contara sus cosas, solo una persona sabía hacia donde iba ese día. Advierte que "lo vendieron". Al recabar información en investigaciones propias, una de las versiones indican que fueron los autores del crimen dos hombres vestidos de policías o que se hicieron pasar por supuestos policías. Ese 11 de mayo en la escena del crimen, junto a los tres cuerpos había un pico, una pala y un machete, explicó su madre, tras conocer cómo encontraron a su hijo. El brazo de Gabriel estaba comenzando a ser desmembrado, tenía un corte, pero quien o quienes perpetraron los tres crímenes, no tuvieron tiempo para terminar el encargo y desaparecer los cuerpos de las tres víctimas, según fuentes que pidieron reserva. El 12 de mayo, los diarios locales informaron de los cuatro asesinatos en Panamá Oeste, las autoridades policiales confirmaron la noche sangrienta. Tres de las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidas en los pabellones 11 y 14 del centro penitenciario La Joyita. Gabriel mantenía 14 disparos en su cuerpo. Rápidamente crearon una teoría de posible vendeta ligada a la masacre de la cárcel La Joyita, ocurrida el 13 de diciembre de 2019, producto de una división de una banda delincuencial que operaba dentro del penal, donde se disputaban el liderazgo de territorio y narcotráfico. La cuarentena había revivido la estela de muertes que produjo la división de cabecillas, que dirigía una peligrosa organización de El Chorrillo y Panamá Oeste, dentro y fuera del penal. Graciela confirmó que su hijo conocía a alguna de las víctimas. Más allá del por qué ocurrió la muerte de su hijo, no ha encontrado justicia. "Dios solo sabe por qué hace las cosas, pido que me dé fuerza de voluntad, era uno de los más chicos. Rezo mucho a Dios, tengo una foto al lado de mi cama…perder a un hijo a esa edad. Me sentía tan mal que no pude ir al cementerio", dijo con una voz resignada de madre. "Esto, está como que no pasa nada, como es el hijo de la cocinera, no pasó nada. Lo mataron y ya. Unos cuantos están enterrados, muertos y ya", reclama Graciela. Esta escena de una estela de crímenes de forma sigilosa, evadiendo retenes, pasando por ellos, uno tras otro en Panamá Oeste el mes de mayo, alcanzaron el máximo de casos en el confinamiento total durante la cuarentena con más de cincuenta (50) hechos de sangre de niños, mujeres y hombres como víctimas de la delincuencia organizada. El jefe policial del área de Panamá Oeste, Leslie Howard para esta fecha indicó ante un diario local que se trataba de una guerra pandilleril, luego del fraccionamiento de los integrantes de una de ellas. Era el panorama del día a día en el país en áreas donde la noche de encierro era desafiada para delinquir. Existen una serie de hechos correlacionados al aumento de delitos en la que están inmersos grupos criminales junto a pandillas, homicidas y narcotraficantes. El Coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera, basado en el estudio realizado sobre el comportamiento criminal, que hay muchas aristas, muchas situaciones que le han afectado a las víctimas del delito para denunciar y por ende no presentan denuncian formal. “No es que no quieren, es que las condiciones del país no les permite llegar al lugar a ponerla”, argumentó Arjona. Las cifras obtenidas del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) y la revisión de los informes de gestión y estadísticas del Ministerio Público para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, nos permitió en este reportaje hacer una comparación gradual de cinco delitos de incidencia a nivel nacional. Se trata de homicidio, femicidio, crimen organizado, pandillas y narcotráfico. Todos tuvieron características al alza en un periodo de tiempo comprendido entre marzo – julio del 2020, donde hubo mayores restricciones de movilidad por motivos de la COVID-19. Para los años 2017 a 2019 en los meses estudiados, los homicidios registraron un promedio de 179 casos, para el año 2020 en los mismos meses se contabilizan 205 crímenes, lo cual representa un incremento del 14.50% del año actual. GRAFICA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS “Al mes de mayo de 2020 le corresponde la más alta cifra durante la cuarentena con 56 homicidios. Hubo un detonante..” Los diarios locales informaron que del 1 al 16 de mayo, fueron las dos semanas más sangrientas con 35 homicidios. El periódico Mi Diario publicaba en uno de los hechos de sangre, que en plena pandemia tres sicarios llegaron a la puerta de una casa en Panamá Norte, llamaron a su propietario y le propinaron 6 disparos. Dramas como este se repitieron en las casas de otras de las víctimas. El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino aseguró a Mi Diario que los hechos criminales estuvieron ligados a la delincuencia organizada. “Nosotros vamos hacer lo que haya que hacer para combatir el crimen organizado”. “Negar la entrada de la droga a Panamá, porque la pelea es la droga”, indicó el ministro de Seguridad Pública. GRÁFICA: HOMICIDIOS 2017 En un análisis sobre los hechos demostrables en los comparativos del actuar criminal durante las fechas de confinamiento de la pandemia, el exfiscal contra la Delincuencia Organizada, Roberto Moreno recordó y coincide con otros entrevistados, que antes de la pandemia la masacre en la cárcel generó una serie de venganzas entre pandillas y la pandemia permitió que fuera más fácil ubicar a estas personas que estaban en sus casas para ajusticiarlos por motivo de esa masacre. "La pandemia no hizo que esto se olvide. Siguen con sus conflictos y con sus venganzas. Siento que la misma pandemia ha sido un distractor, porque muchos de los recursos de la Policía, que es el ente que debería manejar la inteligencia para anticipar el actuar de estas organizaciones criminales estuvo distraída. El recurso humano es limitado en las actividades propias de la situación de pandemia y también recordar que las organizaciones criminales no están inactivas durante la pandemia", argumentó el exfiscal Moreno. La variación porcentual de las estadísticas criminales por el delito de homicidio demuestran en el periodo de 2017 al año 2020, el comportamiento del crecimiento del delito, lo ha tenido el año vigente desde marzo al mes de julio, pese a la restricción de movilidad por género y en horarios de dos horas organizado por el último número de la cédula de identidad. El mes de mayo se convirtió en el es más violento de los últimos cuatro años del mismo periodo con un 64,7% de crímenes cometidos en el país. Que hace un total de un incremento de homicidios en un 14,5 % en comparación con los mismos meses de estudio del 2017 al 2020. El actuar del crimen organizado es particular, el exfiscal Moreno mantiene una teoría algo discutida en la sociedad y la comparte diciendo que, al estar supuestamente la población confinada en sus domicilios, la Policía consideró que no era necesaria esa patrulla permanente porque se supone que los ciudadanos están recluidos en casa, pero los criminales, sobretodo el crimen organizado que no siguen las reglas de la sociedad, que no respetan la norma y la convivencia. No van a preocuparse por ese tema de la cuarentena; van a buscar la forma de seguir en sus planes o actividades eso es una posibilidad y por supuesto hay que hacer un estudio. Nahaniel Murgas, que dirige la Fiscalía Superior de Asociación Ilícita o Antipandillas del Ministerio Público de Panamá concuerda en que no hay que perder la objetividad, la mayoría de las víctimas y victimarios -al referirse a la masacre de La Joyita- estaban próximos a audiencia ante los tribunales por el delito de pandillerismo y otras causas por los cuales estaban siendo investigados. "En este periodo de pandemia por las restricciones a las actividades propias del Ministerio de Seguridad, se han registrado homicidios en las propias residencias de estos pandilleros, por las rivalidades existentes entre grupos, por el control territorial, porque estas personas tenían casos pendientes dentro de su organización", describió el fiscal Antipandillas. Una de las razones de lo que pasa en el área Oeste del país es lo ocurrido con la masacre del centro penitenciario La Joyita en diciembre de 2019, esto ha traspolado y se han incrementado a principios de año los homicidios, detalló Murgas. Agrega que es una estructura criminal que estaba sólida y que por problemas internos se ha polarizado; eso ha traído una secuela de consecuencias que incrementaron los homicidios. "El Ministerio Público con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial se ha enfocado en estas investigaciones en distintas facetas tanto de homicidios, pandillas y el resto de los despachos investigan cada una de sus actividades delictivas", asegura el fiscal Antipandillas. Las pandillas en Panamá son parte de la modalidad del crimen organizado, son subcontratadas por grupos criminales superiores para cometer actos delictivos como la movilización de droga, el sicariato, inclusive para participar en los pocos secuestros que hay en el país y esta es la forma como las pandillas subsisten, detalla la fiscalía de Asociación Ilícita. Del año 2015 al periodo de septiembre de 2020, la Fiscalía de Asociación Ilícita ha judicializado a 2,500 integrantes de pandillas. Bajo el sistema judicial mixto inquisitivo se registraron 37 operativos antipandillas en el 2017 - 2018; con el Sistema Penal Acusatorio para las anualidades 2019 -2020 las cifras de operativos fue de 7 con un total en estos cuatro años de 44 operativos a nivel nacional. Solo en la capital del país de marzo al 5 de agosto se registraron 72 homicidios, aunque no todos por delitos de pandillerismo, pero existen casos donde pandilleros estuvieron involucrados, según informes de esta fiscalía. GRÁFICA OPERATIVOS DE PANDILLERISMO La Cámara de Comercio en su Observatorio de Seguridad Ciudadana estableció que en la última encuesta de victimización que realizaron en el año 18-19 al preguntar ¿Por qué considera que el barrio en el que habita es inseguro? El 30% respondió que por pandillas o bandas frente a un 19% que hubo en el 2017. Un 24% por presencia de delincuente y un 13% por venta de drogas. "Por primera vez nos dicen en una encuesta que por venta de droga hay una percepción de inseguridad donde habitan. Eso lo que indica es que en esas área se estaba desarrollando un problema crítico de narcotráfico que hay que atender, que las instituciones de seguridad deben estar más alertas, más atentas porque se percibe inseguridad en esas poblaciones", detalla Renán Arjona, Coordinador del Observatorio que presentó el estudio denominado: Informe en tiempo de COVID. Arjona continúo su análisis detallando que "si miramos Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas han aumentado los casos de homicidio en comparación al 2019. Son provincias que tienen áreas costeras en las playas, entonces allí hay una situación que se está dando". La connotación del narcotráfico bajo el mando de grupos criminales, la subcontratación de pandillas y el resquebrajamiento de estas estructuras delincuenciales, para resguardar la droga y el control territorial son los ejes principales de los detonantes de crímenes cometidos en el 2020. "Pareciera que se trasladó la violencia a Panamá Oeste. Es el epicentro de la violencia. Se ha notado en Colón la disminución es muy positiva, todos estamos contentos con eso, pero no sabemos si es por medidas concretas o realidades distintas de las organizaciones criminales", señaló sobre la situación del accionar de violencia de las bandas del crimen organizado, el exfiscal Roberto Moreno. El narcotráfico nos pone en la mira nacional e internacional de las autoridades que luchan contra este flagelo. Es uno de los temas que inciden en las cifras del crimen organizado analizados en este reportaje. NARCOTRÁFICO foto Cortesía SENAN 1 de mayo de 2020, en el portal de una residencia, con un toque de queda vigente, un hombre encapuchado disparó contra Matilde Pierce Pineda, asesinándola en el sector 7 de Belén en el corregimiento de Tocumen. La mujer recibió heridas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza, tórax y en el pie izquierdo. En un hospital del sector Este de la capital dictaminaron su muerte. El pistolero en medio de la oscuridad caminó y huyó de la escena sin ningún tipo de restricción. 28 de mayo de 2020. Un hombre fue llevado en una avioneta hasta San Miguel, una isla del pacífico panameño. No dudó en interceptar a su objetivo, era una mujer. El victimario logró estar cerca y le disparó. Se trataba de Luz María Berríos, oriunda de la isla, quien se convertía en la cuarta víctima en seguidilla de crímenes en el país en un lapso de doce horas. Un supuesto sospechoso fue atrapado por las autoridades. Para el mes de julio, una madre de 17 años y su pequeña hija de 2 años no sobrevivieron a un ataque con arma blanca, en un hecho registrado en la comunidad rural de Nueva Providencia, provincia de Colón. Estas historias fueron parte de la estela de noticias que se dedicaban a diario en medios locales, cifras iban en aumento contra mujeres. El femicidio como delito penal tuvo incidencia en los casos de hechos criminales en el país. Es también el 2020 el que se perfila con mayores hechos con 12 casos en el periodo de cuatro meses de marzo a julio, durante la cuarentena por la COVID-19. Solo el mes de julio presentó la mitad del total de casos de muerte contra mujeres, que en comparación a los meses estudiados desde el 2017 a 2020 para ese mes, la cifra comparativa superó el 260%. En total, el aumento fue sustancial de 71.4% en este periodo de pandemia con crímenes contra mujeres tipificados como femicidio. La Comarca Gnäbe Buglé, área indígena ocupa el primer lugar con 5 casos en el 2020. ENTIERRO Foto Ministerio Público El rango de edad de las víctimas de femicidio en el primer semestre del año 2020 estuvo entre los 5 a 54 años. De los crímenes en la comarca Ngábe Buglé hay un 800% de aumento porcentual. O sea, hubo 8 homicidios en el primer semestre del 2020 frente a cero víctimas del primer semestre del 2019, destacó Renán Arjona, del Observatorio de Seguridad Ciudadana. No hubo discriminación contra la mujer para cegarles la vida en diferentes condiciones de vulnerabilidad y desventaja frente a sus victimarios. GRAFICA DE FEMINICIDIOS 2017-2020 El 29 de junio de 2020, una embarcación con cuatro tripulantes fueron aprehendidos en una operación de interdicción marítima en aguas panameñas. 492 paquetes de droga se mantenían ocultos en la lancha que atravesaba el Archipiélago pacífico de Las Perlas, en el área de la isla de Pedro González, reportó el Servicio Nacional Aeronaval un día después de la incautación. En el caribe cuatro ciudadanos colombianos en el mes de mayo fueron interceptados con la ayuda de las autoridades norteamericanas a través de un guardacosta, al noreste, cerca de la costa arriba de Colón con más de una tonelada de droga. El operativo antinarcóticos se realizó en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Guna Yala y Colón. El narcotráfico podría ser el epicentro de la ola criminal en el territorio nacional. El exfiscal contra la Delincuencia Organizada, Roberto Moreno se atreve a decir que las organizaciones criminales aprovecharon el narcotráfico para hacer sus traslados de la sustancia ilícita por el territorio nacional o por nuestras costas. Aunque las cifras de narcotráfico mantiene números bajos de incautaciones en los últimos 7 meses del año con 45,8 de toneladas decomisadas en el país, Moreno argumenta que el narco "ha aprovechado la situación de que había menos gente, personas en las playas, pescadores, era el momento ideal para ejecutar sus delitos; ellos no tienen las limitaciones que tiene un ciudadano normal para movilizarse, tienen los recursos y la forma de permear mediante actos de corrupción, incluso, conseguir salvoconductos y formas para moverse, entonces esta pandemia no ha sido un obstáculo de ninguna clase para que el crimen organizado continúe sus actividades". "Me llama la atención que pareciera que las incautaciones han disminuido, probablemente han pasado, eludido los controles con mucha más cantidad de droga de la que se incauta. Esta actividad no ha disminuido, ha continuado porque en los mercados destinos Norteamérica, Europa no ha habido cuarentena, usan sus mascarillas, pero no ha habido cuarentena como tal. Así que el consumo no ha disminuido, si la gente está activa en esos mercados donde se distribuye la droga, la demanda está activa y hay oferta", explicó Moreno. Entre el 2017 al 2019 en Panamá hubo un promedio de incautaciones del 79,3% de toneladas de drogas por los estamentos de seguridad. El Subprocurador de la Nación y Fiscal Superior Antidrogas, Javier Caraballo aseguró a este equipo periodístico que sí hay una relación directa o proporcional en muchos de los homicidios, que se han dado. Pertenecen a un área territorial o a una pelea de ingreso o salida de drogas del país, al referirse a los grupos criminales locales. Caraballo explicó que una vez inician las restricciones de la pandemia tienen un bajón en las incautaciones que habían estado fuertes en los tres primeros meses del año. Había más retenes en la calle. Resulta interesante que este bajón se mantiene entre abril y mayo, y los grupos criminales logran reajustarse y empiezan a tener incautaciones importantes al mes siguiente. Al liberarse las restricciones el fenómeno vuelve a subir el nivel de incautaciones y estas dos últimas semanas (a inicios de septiembre) han sido bastante importantes; más de 40 toneladas de droga son las cifras que mantiene la fiscalía de drogas en cuanto a estupefacientes y cargamentos incautados. En cuanto a la relación del narcotráfico y los homicidios apuntó y coincidió el Fiscal de Drogas con los hechos sangrientos en Panamá Oeste, que son áreas con acceso al mar. "Las células de estos grupos criminales que se han hecho fuertes y han logrado establecer y marcar su territorio para introducir droga por esta área y frente a cualquier otro grupo que intente introducir droga por esta área, ellos reaccionan de forma violenta. Es decir a través del tumbe de drogas, quitarle la droga a otro grupo, a través de ajusticiar a estas personas que intenten utilizar sus rutas", sentenció. NARCOTRÁFICO Foto Cortesía SENAN Estos informes oficiales de la fiscalía indican que lo mismo ocurre en la provincia de Colón con estos grupos criminales, muchos de los homicidios y las vendetas que se dan son precisamente, que grupos se sienten en capacidad de dominio de un puerto y sienten que hacen peligrar este e incurren en homicidios. La percepción del Observatorio de Seguridad Ciudadana en cuanto a la delincuencia organizada y el narcotráfico hace comparaciones con algunos países de América Latina, considerando que ha disminuido la delincuencia y el narcotráfico producto del cierre de fronteras y aeropuertos, para estos grupos criminales es muy difícil el transporte de carga de cocaína o algún tipo de droga de un país a otro al tener entradas cerradas, generalmente lo están haciendo por mar. Las cifras en las incautaciones indican que hay cambios interesantes durante la enfermedad de la COVID-19, este aspecto importante lo compartió el Subprocurador Caraballo al indicar que entre el 89 a 90% que se incauta es cocaína, al ser Panamá un área de paso desde el país productor Colombia. Sigue habiendo una variación importante en las incautaciones específicamente en cargamentos de marihuana, ahora el 70% es cocaína en las incautaciones y el 30% restante marihuana. "No hay una explicación clara de la tendencia, entran 600 a 700 paquetes de marihuana, hace muchos años esto se había superado". Caraballo tiene su propia teoría del aumento de ingreso de la marihuana al mercado del tráfico ilícito en este tiempo de pandemia, al señalar que el cambio radica en que es más barata. Todavía no puedo decirlo de forma categórica". Este periodo de pandemia ha permitido la venta de golosinas en el modo de microtráfico con sustancias como la marihuana. También introducidas en gelatinas, brownies y chocolates confeccionados por grupos criollos. "Es extremadamente peligroso y el joven burla la supervisión del padre. El consumo puede resultar más perjudicial que por las vías tradicionales", aseguró el fiscal Antidrogas de Panamá, cuya modalidad es más frecuente en México como en algunas áreas de Estados Unidos. Guillermina McDonald exfiscal y jurista en el área penal plantea que el tema de la droga no ha parado durante la cuarentena y no va a parar, no es un secreto que cuando agarran un cargamento está destinado a ser agarrado para que otro mucho más grande pase. INCAUTACIÓN DE DROGAS Los operativos de crimen organizado han dado un giro, aunque en comparación al periodo de marzo a julio de 2017 a 2019 donde no se registró ningún golpe a estos grandes grupos criminales; este año asestaron cinco los golpes a la delincuencia organizada. Mientras que la recepción de denuncias ha estado baja, la variación ha sido de hasta de un 36% menos que en el 2019. El crimen organizado está establecido en la Ley en base a la convención de Palermo, donde hay grupos de más de 3 personas que tienen permanencia en el tiempo, no puede ser una actividad de una sola ocasión, una actividad recurrente. Las actividades de crimen organizado son muchas y las que más impactan a Panamá es que es territorio de tránsito y lo que deriva es el narcotráfico, como el delito blanqueo de capitales, los cuales generan mucho dinero y es la forma de utilización en el comercio. Los narcotraficantes no pueden aparecer con una bolsa de 15 mil dólares o un carro, no se lo van a permitir, es buscar la forma de convertir sus ganancias a dinero utilizable en el comercio, explicó el exfiscal Roberto Moreno. GRÁFICA SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Renán Arjona en el análisis de la Cámara de Comercio sobre las cifras criminales, piensa que hay muchas aristas, muchas situaciones que le afectan a la víctima del delito para denunciar y por ende no presentan denuncian formal. "No es que no quieren, es que las condiciones país no les permite llegar al lugar a ponerla". Arjona se refiere a delitos menores como robo, hurto o por ejemplo violencia doméstica que tienen algún tipo de incidencia en las estadísticas criminales. Por su parte, Roberto Moreno observa que hay mucha superficialidad en las investigaciones, los estamentos de seguridad están abrumados, tienen que ver con estrategias de investigación, los países tienen que tener estrategias de investigación criminal, no solo criminológicas sociales. Hay que definir cuáles son los temas prioritarios y mandar los recursos, la capacitación y los esfuerzos hacia ese tema, esa decisión es de las autoridades, tienen que decir en qué nos queremos enfocar, lograr y cuáles son los delitos de prioridad. McDonald apunta a que la falencia durante la pandemia se encuentra en una verdadera política criminal de hacer prevención y readaptación de los ciudadanos que vuelven a caer en la actividad criminal. Explica desde el punto de vista criminológico se pensó que la COVID-19 iba a evitar que un sector de la sociedad no saliera, pero se encontraron con otro sector de la sociedad que sufre de sociopatía y muchos son psicópatas que iban a reaccionar contra eso. Sin seguir las reglas. Los grupos organizados se han valido de todas sus artimañas, dinero e ingenio, al punto de penetrar a funcionarios del sector público en cargos de alto perfil. El fiscal Javier Caraballo admite que frente al tráfico internacional esos grupos criminales buscan penetrar al sector público. Insiste en que cada vez que se descubre a un funcionario mandamos un mensaje de cero tolerancia y certeza del castigo. Al respecto, el exfiscal Moreno reflexiona al considerar que el gobierno junto a sus estamentos de seguridad deben trabajar mucho más la inteligencia de profundidad, las raíces, de la organización completa. No solo agarrar mulas, brokers, a los que llevan la droga, que son los de abajo y para eso se requiere la colaboración internacional, transnacional; tiene que haber colaboración de los estamentos de seguridad de forma transnacional, alianzas, grupos conjuntos de investigación con las hermanas repúblicas de Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos. Así como los delincuentes se comparten información así los estamentos de seguridad deben compartirse información, recursos y colaborar, de otra forma esto no tiene solución, indica el experto. *Reportaje auspiciado por el proyecto Abriendo Datos #Panamá una iniciativa del International Center for Journalism (ICFJ)